viernes, 30 de abril de 2021

DiariodeSevilla.es: La juez impone una fianza de 2,8 millones al Dioni de Almensilla

Desfalco en la junta de compensación del Sector F
La instructora abre juicio oral sólo contra cuatro acusados y por un delito continuado de apropiación indebida.
Jorge Muñoz - 30 Abril, 2021 - 14:54h
 
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río ha impuesto una fianza de 2,8 millones de euros al ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, por un delito continuado de apropiación indebida, en relación con el desfalco que presuntamente llevó a cabo y que acabó con su fuga a República Dominicana.

La juez ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra sólo cuatro de los investigados, después de que la Audiencia de Sevilla archivada en diciembre pasado la causa a otros miembros de la junta de compensación, y junto a Julio Mateos se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla el que fuera presidente de la junta de compensación durante varios años Ismael Perea, ex concejal socialista de Almensilla; el auditor Juan Carlos Navarro y Manuel López, gerente de una empresa proveedora de la junta de compensación.

En el auto, que tiene fecha del pasado miércoles, 28 de abril, y al que ha tenido acceso este periódico, la juez fija una fianza de 2.896.148 euros para Julio Mateos; 410.260 euros para Ismael Perea; de 247.553 euros para Juan Carlos Navarro, y de 137.473 euros para Manuel López. Además, la juez ha declarado responsables civiles subsidiarios a la asesoría Asema, a un bufete de abogados de la mujer de Juan Carlos Navarro y a una entidad bancaria.

La juez ha rechazado la apertura de juicio oral contra otros investigados, miembros de la junta de compensación, a los que se atribuían hasta otros cinco delitos: falsedad en documento mercantil, encubrimiento, corrupción entre particulares, falsedad contable y prevaricación. En este sentido, la instructora considera que "de las diligencias practicadas en fase de instrucción no se derivan indicios de la comisión de dichos delitos, no habiéndose practicado diligencia alguna en dicho sentido y como bien saben las acusaciones personadas, la ausencia de determinación de un delito en el auto de transformación a procedimiento abreviado no impide que pueda ser objeto de acusación siempre que el hecho estuviese imputado cuando el acusado prestó su declaración y pudiera solicitar las oportunas diligencias sobre el mismo, lo que no ocurre en el caso de autos", precisa.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros para el ex tesorero de la junta de compensación Julio Mateos Palacios, que está en libertad desde mayo de 2019 tras haber pagado una fianza de 40.000 euros, mientras que solicita cuatro años y medio de cárcel y multa de 6.000 euros para el ex presidente de la junta de compensación Ismael Perea; y un año menos un día de prisión y 3.000 euros de multa para el auditor Juan Carlos Navarro. En el caso de Manuel López, la Fiscalía solicita su absolución, aunque las acusaciones particulares reclaman una condena de entre tres y cuatro años.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa al Dioni y a Ismael Perea como coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor Juan Carlos Navarro es considerado como cómplice del mismo delito.

Desfalco en dos fases

La fiscal del caso sostiene que entre los años 2009 y 2015 Julio Mateos Palacios e Ismael Perea -que fue presidente de la junta de compensación desde 2008 hasta diciembre de 2012-, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación, con ánimo de enriquecerse injustamente y de común acuerdo, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la junta de compensación mediante el libramiento de cheques a favor de los propios acusados o de terceros que con ellos colaboraban, logrando de este modo incorporar a sus respectivos patrimonios un total de 2.466.506,85 euros".

El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Un primer periodo en el que ambos acusados actuaron conjuntamente entre los años 2009 y 2012, y el segundo entre 2012 y 2015, en el que el tesorero acusado "actuó solo" con colaboración de otras personas, dado que el acusado Ismael Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012, y en el que por razones profesionales privadas, el nuevo presidente designado "no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos, sin que conste que la junta de delegados designara a un sustituto para ello como los estatutos legalmente exigen".

En el primer periodo, añade el Ministerio Público, Julio Mateos e Ismael Perea, "a sabiendas de que no se prestaban servicios remunerados para la junta de compensación por ninguno de ellos ni por la mercantil Asema, de la que era administrador único y gestor, firmaron una serie de cheques con cargo a los bonos de la misma" que fueron ingresados a su favor por ambos acusados o en la cuenta corriente de Asema.

Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Julio Mateos cobró 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 cheques a favor de Asema, librados en su mayoría al portado.

En el segundo periodo, el único cuya firma estaba autorizada para disponer de los fondos era el entonces tesorero Julio Mateos, circunstancia que "aprovechó para continuar detrayendo a su favor fondos de la junta de compensación si bien ya en solitario, logrando apoderarse en este segundo periodo de 223.607,19 euros", dice el fiscal.

Además, "con el fin de enmascarar sus actos tendentes a desfalcar los fondos de la junta de compensación", el Dioni contó con la "colaboración" del auditor de cuentas Juan Carlos Navarro, "con quien le unía una relación empresarial y de amistad de tiempo atrás", era apoderado y encargado de la gestión económica del bufete de su mujer, que representaba a la junta de compensación en aquellos procedimientos judiciales en los que la junta figuraba como parte demandada. Navarro fue además el auditor designado por el propio tesorero para emitir unos "certificados de ingresos y gastos para la propia junta de compensación".

En este sentido, dice el fiscal que ambos se concertaron para emitir una serie de talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta, dado que , tal y como cobran a tales cheques, en fechas posteriores procedía a transferir la parte que excedía de lo facturado o pactado por los servicios previamente prestados a las cuentas de Asema, sin que además dichas transferencias se apoyasen en un servicio previo de Asema al acusado Juan Carlos Navarro o al bufete del que éste era apoderado".

El fiscal considera asimismo que la entidad bancaria es responsable civil subsidiario porque "permitió que se dispusiera de los fondos de la junta de compensación mediante cheques librados con una sola firma, la del tesorero, y ello a pesar de constar que, conforme al bastanteo inicial de los estatutos realizado cuando se aperturó la cuenta para disponer de los fondos de la junta de compensación era necesaria la firma mancomunada del presidente y tesorero o quienes oportunamente les sustituyan".

miércoles, 28 de abril de 2021

Supuesto: ¿Quién nombra al auditor de las cuentas anuales consolidadas? Resolución 11.03.2021 DGSJFP

BOE.es - BOE-A-2021-6917 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén a inscribir el nombramiento de un auditor voluntario de las cuentas anuales consolidadas realizado por el consejo de administración
  • ¿Quién nombra al auditor de las cuentas consolidadas de un grupo de empresas? 
  • ¿Y si el grupo no tiene obligación de consolidar pero lo hace voluntariamente, tiene que auditar las cuentas consolidadas?
  • ¿Puede el Consejo de Administración nombrar al auditor cuando hay obligación de consolidar? ¿Y si no hay obligación pero se consolida voluntariamente?

martes, 27 de abril de 2021

CincoDías.com: El Gobierno estudia contratar a auditoras privadas para fiscalizar las ayudas europeas

  • Da acceso a la UE al nuevo sistema de control y duplica la oficina antifraude
  • El Ejecutivo prevé aprobar hoy el Plan y enviarlo en unos días a Bruselas
Madrid 27 ABR 2021 - 06:24 CEST

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que aspira a captar los 140.000 millones en subvenciones y créditos europeos con los que dejar atrás la crisis del Covid-19. Un aspecto clave de la hoja de ruta de inversiones y reformas es el mecanismo de fiscalización del uso de las ayudas comunitarias, que no solo deberá garantizar un correcto y eficiente uso de los recursos comunitarios sino que será clave para garantizar su llegada, pues los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de objetivos. Una delicada tarea para la que el Gobierno baraja contratar a auditoras privadas.

El sistema de fiscalización ideado por el Gobierno busca conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas, reforzándolos, junto con otros de nueva creación que permitan verificar “la fiabilidad de los hitos y objetivos” marcados, y evitar “las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación”. Se articulará en tres niveles con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la cúspide de la pirámide.

El primero lo ejecutarán cada una de las administraciones que impulsen proyectos con ayudas europeas, que deberán usar las bases de datos y plataformas de contratación públicas así como las herramientas de análisis diseñadas por la Comisión: el sistema Aracne.

Hacienda emitirá una orden ministerial que regule la información a facilitar en cada caso y su contabilización. A su vez, se impulsará un nuevo sistema de gestión integral del Plan de Recuperación, que cotejará los avances de cada proyecto con las solicitudes de fondos, del que se lanzará una versión esencial en 2021 que se completará “plenamente en 2022”. El modelo, desarrollado por la IGAE, estará administrado por la Secretaría General de Fondos Europeos, que podrá dar acceso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas Europeo. A su vez, “se ha doblado la estructura de personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude”.

Un segundo nivel de control ex ante, que podrá ser reforzado por el Consejo de Ministros, lo ejercerán los órganos de control interno y asesoría jurídica de las administraciones contratantes, que deberán contar con un sistema de alertas a la IGAE.

El tercer mecanismo de revisión, de auditoría ex post, correrá a cuenta de la propia IGAE, en colaboración con las Intervenciones Generales autonómicas, que también deberán participar en el segundo nivel de control. La autoridad “tendrá libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos” y a “cualquier otro registro” afectado. “Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información” que le requiera la IGAE, aclara el Gobierno.

Y es en este tercer nivel de fiscalización donde el Ejecutivo contempla la posibilidad de contratar a auditorias privadas para reforzar la vigilancia. Así, el Plan de Recuperación, contempla posibilidad de que sea “necesaria la colaboración de firmas privadas de auditoría para efectuar ciertos trabajos”, dejando en manos de la IGAE, o sus órganos de control, “realizar su contratación” y establecer “cláusulas en los pliegos de contratación para prevenir posibles incompatibilidades respecto a los organismos objeto de control, así como cualquier conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución de los contratos”. Después de todo, estos mandatos recaerían previsiblemente en las cuatro principales firmas del ramo, KPMG, Deloitte, PwC y EY, que habitualmente prestan servicios a las grandes empresas del país con las que el Gobierno busca impulsa proyectos de colaboración público-privada.

Este nuevo sistema de información, detalló ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), permitirá que Bruselas tenga acceso directo y continuo a las actuaciones de todas las administraciones: desde la instalación de una electrolinera para coches eléctricos que impulse un ayuntamiento, al plan estatal de corredores ferroviarios, pasando por los proyectos autonómicos, ilustró. A fin de cuentas, recordó, España recibirá un anticipo de 9.000 millones cuando la UE dé el visto bueno a su plan, pero los siguientes pagos semestrales (16.000 millones en subvenciones este año, 27.000 el próximo y el resto, hasta los 70.000, en 2023) solo se desbloquearán al ir cumpliendo hitos.

El plan se aprobará hoy, pero, según fuentes oficiales, tardará días en enviarse a Bruselas porque hay pendientes miles de páginas de documentación. Previsiblemente se mande el viernes, último día de plazo, junto con el Plan de Estabilidad.

El reto de llegar a las pymes

Calviño. Otro reto del Plan de Recuperación, más allá de como fiscalizarlo, es cómo lograr que el maná europeo acabe calando en las pymes, grueso del tejido productivo español, y es aprovechado para los objetivos marcados. Así lo admitió ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en el foro Fondos europeos: La gran oportunidad para la transformación de la economía y la empresa española, organizado por El País y Deloitte. “No se trata solo de dar recursos a las pymes, sino de que mejoren su productividad”, dijo. En el caso del plan de 3.000 millones para digitalizarlas, ilustró, su Ministerio aún ultima si articular el proyecto a través del sector financiero, la capilaridad de las empresas de telecomunicaciones, las cámaras de comercio o las asociaciones empresariales; calibra cómo asegurar una buena gestión de los recursos públicos minimizando la burocracia; y estudia cómo garantizar que las ayudas no subvencionan el e-commerce que ya tiene una empresa, sino que le hacen dar un paso más, por ejemplo.

Reforma laboral. Calviño avanzó que el Plan no pasa por “tejer y destejer” reformas previas, como la laboral del PP, sino en sentar las bases del futuro en este campo, el fiscal o el de pensiones.

elPaís.com: Auditores de EY en España denuncian ante sus jefes semanas de trabajo de 84 horas: “Es insostenible”

Jóvenes empleados de la oficina de Barcelona envían un correo electrónico dirigido a los socios donde reclaman cambios en la cultura corporativa
Álvaro Sánchez - Madrid - 27 abr 2021 - 6:02 CEST 

Tras años de abandonos prematuros y quejas en privado, el hartazgo por las condiciones laborales en algunas de las consultoras llamadas big four (PwC, KPMG, Deloitte y EY) parece estar generando fricciones entre directivos y empleados. Los auditores de segundo año de EY en su sede de Barcelona han trasladado a sus superiores a través de un correo electrónico su cansancio ante las largas jornadas de trabajo, que en los momentos más duros rondan las 84 horas semanales —el equivalente a 12 horas al día todos los días de la semana—. El mensaje, enviado el pasado jueves a los socios de dicha oficina, al que ha tenido acceso este diario, también critica la falta de personal, plazos de entrega inalcanzables, una rotación de plantilla exagerada, y ausencia de apoyo para hacer frente al teletrabajo. Todo ello, en un entorno de sueldos congelados de 24.000 euros anuales. “Nos hemos visto desbordados en innumerables ocasiones, trabajando hasta altas horas de forma continuada de lunes a domingo”, reza el texto.

La queja se ha planteado tras terminar la denominada busy season, el agotador periodo de varios meses a comienzos de año en que se cierran las cuentas anuales de grandes empresas y hay que revisarlas contra reloj antes de la presentación de resultados. “Tras una busy season durísima, en la que en algunos casos se han llegado a registrar picos de 84 horas trabajadas por semana (lo que equivale a más de dos semanas de trabajo en una), hemos decidido que es momento de tomar cartas en el asunto”, señala la misiva.

Fuentes de EY aseguran que es la primera vez que reciben una queja colectiva sobre las condiciones laborales, achacan parte de los problemas a la “fatiga pandémica”, e insisten en que se trata de casos puntuales. Además, sostienen que disponen de mecanismos como los días de vacaciones o las horas extra para compensar posibles excesos en la carga de trabajo. Este viernes han convocado una reunión entre el equipo de recursos humanos y los auditores júnior —en torno a una treintena, la mayoría de entre 23 y 25 años— para limar asperezas y diseñar un plan de acción.

Más información

Los auditores ven sus actuales condiciones como impropias de una de las cuatro mayores firmas de servicios profesionales del mundo. Y denuncian que dado que la plantilla “es extremadamente corta” y la rotación “exagerada”, han tenido que dedicarse ellos mismos a formar a las nuevas incorporaciones, una tarea para la que no se sienten preparados, e incluso asumir funciones de jefes de equipo que no les correspondían por su rango, por lo que reclaman un bonus que recompense esa anomalía. La conjunción de jornadas de trabajo interminables, plazos cortos, y obligaciones por encima de su puesto en el organigrama, afirman, “han llevado a transformar un ecosistema laboral que ya es duro de por sí en un ecosistema insostenible a largo plazo”, lo que amenaza con causar nuevas salidas y elevar la rotación aún más. La firma, en cambio, ve inviable contratar y formar personal extra solo para los meses de más trabajo.

Dos creencias permitían hasta ahora lidiar a los empleados del sector con la idea de dedicarse a la empresa en cuerpo y alma y aguantar horarios extenuantes: la expectativa de un gran aprendizaje y el convencimiento de que se trata de una fase pasajera que sirve de trampolín para alcanzar una posición mejor que irá acompañada de un alto salario. Para las nuevas generaciones, sin embargo, esas promesas parecen haberse vuelto insuficientes. “Tiene que haber un cambio de cultura, porque las generaciones que estamos y las que vienen no creo que aguantemos tanto el chaparrón”, afirma un joven auditor de EY que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. Otro en su misma posición relata haber visto a compañeros llorar, hiperventilando, o con ansiedad. “He llegado a salir a la calle a las diez de la noche y que se me salten las lágrimas de la desesperación, y esa misma noche volver al trabajo”.

Aunque las reivindicaciones se gestaron en Barcelona, el correo ha circulado rápidamente entre los empleados del resto de España, donde hablan de problemas similares, siempre bajo condición de anonimato. Un auditor de segundo año de la oficina de Madrid se molesta cuando alguien dice que es el trabajo que han elegido. “Cuando firmas te crees el lobo de Wall Street, pero cuando van a la Universidad a informarte no te cuentan que vas a tener jornadas de 14 horas o no vas a tener tiempo de comer algunos días. Nadie elige esto. No hay información suficiente. Se hace público que sirve para dar el salto a puestos muy buenos, pero no creo que haya que privar a gente válida de llegar solo porque no es capaz de aguantar física o mentalmente esa exigencia”.

Los auditores dibujan en el correo electrónico un escenario de presión elevada, donde en ocasiones se empieza a trabajar en cuentas de grandes clientes el día 15 y la fecha límite es solo tres días después. Y encuentran dos paradojas: la firma comparte con ellos “trucos para desconectar”, pero a la vez les exige acabar tareas sin apenas margen. Y mientras en Navidad altos directivos comunicaron que la compañía sigue creciendo, la respuesta a las quejas sobre las condiciones laborales sigue fórmulas como “deberíais dar las gracias por tener trabajo” o “debemos ajustarnos el cinturón para no tener que proceder a reducciones de plantilla como otros competidores”.

EY cuenta con casi 5.000 empleados en España. Y los problemas no alcanzan a toda la plantilla. “Yo de momento no me puedo quejar, pero soy consciente de que he tenido suerte con los clientes y los equipos”, dice una auditora de primer año de la oficina de Barcelona. Los propios firmantes del correo electrónico lo concluyen con una mano tendida. “Nos gustaría comentar lo expuesto para solucionar esta situación, pues nuestro trabajo nos gusta”. Una petición que la empresa ha recogido convocando la reunión del viernes.

El fenómeno de las largas jornadas de jóvenes bien formados recién salidos de la Universidad trasciende las fronteras españolas. La llamada de atención de los auditores júnior de EY llega un mes después de que un grupo de empleados del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs enviara a la dirección de la firma una presentación en la que denunciaban los problemas de salud que les generaban semanas laborales de hasta 95 horas.

lunes, 26 de abril de 2021

ICAC: Guía informativa sobre la aplicación de la Ley 11/2018, Información no Financiera

Guía informativa sobre la aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, ha elaborado una guía con mero valor informativo en la que se da respuesta a las cuestiones consultadas; si bien esta guía, según se indica en la nota de acompañamiento, no constituye una norma técnica ni crea nuevas obligaciones jurídicas.

Consulta documento (PDF)

Albiazules.es: La fotografía exacta de las cuentas del club hasta la temporada 19/20

26 abril 2021
La primera temporada de gestión absoluta y sin reservas del Consejo de Administración estuvo marcada por la pandemia, por la finalización abrupta de la competición deportiva y la presentación de un experiente (sic) de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectó a 36 trabajadores.
(...)

Evolución positiva pero insuficiente para revertir la situación de insolvencia.

Donde ha podido quedar demostrada la evolución positiva en el club desde que es gestionado por el Ayuntamiento es a través de patrimonio neto. El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. En el balance de situación es la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. De hecho, el informe de auditoria elaborado por ‘Fides Tartessos Auditas’ destaca la «incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento«. Y es que el club en la temporada 19/20 presenta «un patrimonio neto negativo de 12,2 millones de euros«, lo que unido a otras cuestiones indican «la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento y, por tanto, de que sea capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos con normalidad«, tal y como aseguran los auditores. Eso sí, también recuerdan que «la sociedad elabora sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, asumiendo que el accionista mayoritario continúa financiando la actividad de la sociedad. La dirección de la sociedad no tiene dudas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente pues a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no les consta que el accionista mayoritario tenga la intención de cambiar su voluntad de continuar financiando la actividad de la sociedad, lo que permite asegurar que la sociedad va a cumplir con sus compromisos de pagos, tanto actuales como futuros«.

Evolución del patrimonio neto:
  • Temporada 16/17: -19.498.420,67 euros.
  • Temporada 17/18: -19.878.207,08 euros.
  • Temporada 18/19: -14.655.381,03 euros.
  • Temporada 19/20: -12.236.256,69 euros.
Es importante entender, según explican en ‘San Juan Asesores’ que el patrimonio neto de una empresa es la diferencia o balance resultante entre el activo y el pasivo. El activo está compuesto por todos aquellos recursos de los que dispone la empresa para poder realizar su actividad (en el caso del Decano se (sic) liquidez en la tesorería, infraesruturas como en su estadio o la Ciudad Deportiva, etc). Mientras tanto, el pasivo nos indica cómo se han financiado dichos activos (deudas, préstamos, facturas pendientes de pagar, etc). El patrimonio neto son, por tanto, todos los fondos propios que hayan aportado los socios, además de aquellas reservas guardadas por la empresa y los beneficios que la operativa haya generado. Así, entendemos el patrimonio neto como el excedente, que supuestamente corresponde a sus accionistas. En el caso de un club de fútbol como el Recreativo, es una muestra clara de su situación de insolvencia, tras años de pérdidas acumuladas.

Asimismo, la Ley de Sociedades de Capital estipula que una sociedad que vea reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, será objeto de disolución. En el caso del Decano, es una situación herederada de temporadas anteriores y a pesar de haber haber pasado el patrimonio neto de -19 millones a -12 millones será necesario en un futuro acometer una ‘operación acordeón’, es decir, una reducción de capital y posteriormente de ampliación de capital para evitar lo que ley están obligados, convocar la Junta General en un plazo de dos meses para que se apruebe la mencionada disolución o se promueva el concurso de acreedores.

viernes, 23 de abril de 2021

ABC.es: Merkel asegura que «no tenía razones para suponer ninguna irregularidad en Wirecard»

Merkel asegura que «no tenía razones para suponer ninguna irregularidad en Wirecard»
La ayuda de la canciller fue muy valiosa para la compañía, según han declarado ante ella varios miembros del comité de investigación.
Actualizado:23/04/2021 13:38h

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de la empresa de transacciones digital Wirecard, que quebró el año pasado tras descubrirse un fraude multimillonario, la canciller Merkel ha defendido su ayuda para que la empresa consiguiese una licencia para operar en China alegando que «no tenía razones para suponer entonces ninguna irregularidad». Los diputados preguntaron por un viaje a China en 2019, durante el cual Merkel mencionó a la empresa Wirecard y ella ha recordado que Wirecar AG no recibió ningún trato especial durante ese viaje y que los esfuerzos de Wirecard por ingresar al mercado chino estaban en línea con los objetivos del gobierno federal, como en el caso de muchas otras empresas que también mencionó en conversaciones con las autoridades chinas, asegurando que «es normal que el Gobierno Federal y el canciller defiendan los intereses de las empresas alemanas en los contactos bilaterales».

En ese momento, según le han recordado los interrogadores, ya había informes críticos de los medios de comunicación sobre la empresa y los diputados le han pedido que relate cómo y en qué momento se enteró del escándalo de Wirecard, que había estado falsificando sus balances durante años, además de explicaciones sobre por qué antes del viaje a China, recibió la visita del exministro de Economía Karl-Theodor zu Guttenberg, quien trabajaba para Wirecard, y que informó sobre sus planes de expansión en China a Merkel. «¿Que Karl-Theodor zu Guttenberg fuera a tomar el té no le llamó especialmente la atención?», ha preguntado Jens Zimmermann, diputado socialdemócrata en la comisión, a lo que Merkel a respondido que «no hace falta ni decirlo, si cualquier ex ministro de mi gobierno quiere hablar conmigo, tiene acceso, no es necesario que haya una razón sustancial, al menos desde mi punto de vista».

La ayuda de Merkel fue muy valiosa para la compañía, según han declarado ante ella varios miembros del comité de investigación, porque Wirecard pudo contrarrestar gracias a esa foto informaciones críticas que ya habían aparecido en la prensa. De esta forma, han reprochado a la canciller, Merkel contribuyó involuntariamente a una extensión del supuesto fraude de balance. Ella ha insistido en que, en ese momento, no tenía información sobre ninguna irregularidad. «Con el hombre más poderoso de China no se presiona por cualquier chiringuito», ha afeado a la canciller el diputado de Die Linke (La Izquierda) Fabio de Masi, «no es posible tratar con el quince asuntos, quizá dos o tres».

Con la declaración de Merkel, concluye la fase más mediática de esta comisión de investigación, que puede prolongarse todavía durante meses, después de que en esta semana hayan declarado en sede parlamentaria por este escándalo los ministros de Economía y de Finanzas, Peter Altmaier y Olaf Scholz. El socialdemócrata Scholz, que ha puesto en marcha una reforma en profundidad del supervisor financiero BaFin a raíz del escándalo, aseguró el jueves ante la comisión de investigación que el Gobierno alemán no tiene «responsabilidad ninguna» en este caso y ha calificado como «cuento absurdo» la acusación de que el Ministerio de Finanzas o el propio BaFin protegieron a Wirecard, que durante unos años fue considerado ejemplo de las empresas alemanas.

Wirecard quebró en junio del año pasado tras reconocer un agujero en sus cuentas de 1.900 millones de euros, el mayor fraude de una empresa en la historia del DAX 30 alemán, además de las pérdidas que su bancarrota generó para muchos pequeños inversores, estimadas en unos 22.000 millones de euros. La Fiscalía de Múnich considera que la empresa falseaba sus cuentas desde 2015 y que estaba diseñada para la manipulación sistemática de datos y balances. El pasado mes de julio, la fiscalía dictó el ingreso en prisión preventiva de tres exdirectivos de Wirecard, incluido su ex consejero delegado Markus Braun. El número dos de la empresa y pieza clave en el caso, Jan Marsalek, está en paradero desconocido desde junio.

miércoles, 21 de abril de 2021

IFAC.org: IFAC Sees Continued Opportunity to Harmonize Corporate Sustainability Reporting

IFAC Sees Continued Opportunity to Harmonize Corporate Sustainability Reporting | IFAC
Proposed European Commission legislation spells out important components to completing the corporate reporting ecosystem
Apr 21, 2021 | English 
 
IFAC, the International Federation of Accountants, which comprises 180 member and associate organizations and represents more than 3 million professional accountants globally, welcomes the publication of the much-anticipated draft text of the European Union’s revised Corporate Sustainability Reporting Directive.

This ambitious proposal demonstrates leadership on the issue of corporate reporting. The legislation seeks to put sustainability-related reporting on the same footing as traditional financial reporting. This is long overdue. Specific proposals, such as where sustainability information is reported, mandatory assurance, a digital reporting taxonomy, and expanded scope for oversight by audit committees, are all important elements of enhancing the corporate reporting ecosystem to include sustainability-related information.  

As progress on the IFRS Foundation’s Sustainability Standards Board accelerates, IFAC believes policymakers have a unique opportunity to build a truly global system for sustainability reporting. We hope the EU’s important work ultimately contributes to—and amplifies the impact of—the emerging global system.

IFAC CEO Kevin Dancey said, “It is great to see a commitment to the needs of investors as well as other stakeholders, and to cooperation and alignment with international initiatives, including proposed work of the IFRS Foundation as well as the efforts of various public authorities. IFAC urges the IFRS Foundation to move with speed so that the benefits of baseline standards for enterprise value reporting will be available to all jurisdictions, while preserving the flexibility for disclosures that meet local needs addressing wider sustainability development goals. These are truly exciting times. We will continue to engage with the various stakeholders in this space as we all work toward the shared goal of a global system for reporting sustainability-related information in the public interest.”

Read Kevin Dancey’s recent letters to IFAC member organizations here and here.

ICAC: Sobre la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera y su publicación en la página web. TRLSC.

Sobre la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera y su publicación en la página web. TRLSC. | ICAC

  • Fecha: 21-04-2021
  • Número BOICAC: Número BOICAC 125/Marzo 2021-3
  • Sobre la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera y su publicación en la página web.

 La consulta versa sobre las siguientes cuestiones: - Si todas las empresas sin importar el tipo (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.) deben presentar estado de información no financiera (EINF).   - En caso de ser así, si están todas las empresas obligadas a publicar el EINF en su página web, o solo deben hacerlo las que presenten cuentas anuales consolidadas.   - Y en último lugar, si en el caso de que la publicidad en la web sea obligatoria, es necesario publicar el EINF completo o es suficiente con publicar un resumen del mismo.

Seguir leyendo...

CISS Contable Mercantil: Las relaciones entre auditores en el sector público, nueva norma de la IGAEntervención General de la Administración del Estado

CISS Contable Mercantil - Documento

Las relaciones entre auditores en el sector público, nueva norma de la Intervención General de la Administración del Estado

La nueva Norma de relación con auditores en el sector público emitida recientemente por la IGAE aplica a toda la auditoría pública (operativa, de cumplimiento y de cuentas) y supone una actualización, (se amplía el alcance en relación con la ahora derogada, que databa de 2007, a todas las relaciones entre auditores), de la normativa técnica de desarrollo a las NIA-ES-SP. En este artículo se desgranan de forma estructurada, sistemática y didáctica cada una de las relaciones y materias correspondientes.

Seguir leyendo...

CISS Contable Mercantil: Concepto de “auditoría de cuentas” PGC y PGC Pymes

CISS Contable Mercantil - Documento

Concepto de “auditoría de cuentas” PGC y PGC Pymes

CONCEPTO

Se entiende por auditoría de cuentas, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas (LAC)Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que:

  • a) Ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría.
  • b) Mediante la emisión del correspondiente informe
  • c) Con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la LAC.

 Seguir leyendo...

lunes, 19 de abril de 2021

Censores: Convocatoria de exámenes para el acceso al ROAC 2021

Convocatoria de exámenes para el acceso al ROAC 2021 - YouTube

 

Desde el ICJCE queremos ayudarte con este vídeo a resolver tus dudas sobre la convocatoria de exámenes para el acceso al ROAC 2021.

sábado, 17 de abril de 2021

ABC.es: "El chocolate del loro", por Ignacio Valduérteles

El chocolate del loro
Sevilla Actualizado:17/04/2021 00:50h 

Seguro que conocen la historia de aquella familia venida a menos a la que el padre reúne para contarles la situación que atraviesan y la necesidad de reducir gastos; pero la mujer no está dispuesta a renunciar a sus clases de inglés, ni la mayor a las sesiones de pilates, el hijo no piensa suprimir las escapadas de fin de semana y lo de darse de baja en el club ni se lo plantean. Al final alguien encuentra la solución: ¡suprimirle el chocolate al loro!

Nazarenos de la Quinta Angustia - M. J. López Olmedo

No es el caso de las hermandades, desde luego, pero cuando la necesidad aprieta, como ahora, la solución va más allá de reducir algunas partidas de gasto. Se trata de repensar la hermandad para mantener lo esencial e ir prescindiendo de actuaciones y gastos posiblemente muy arraigados, pero que pueden ser prescindibles.

No se me ocurrirá decir cuáles son los gastos que habría que suprimir, cada hermandad es un mundo, pero sí plantear dos herramientas que nos pueden ayudar.

La primera es la elaboración de un presupuesto base cero. A la hora de preparar el presupuesto para el próximo ejercicio los mayordomos suelen tomar como referencia el del año anterior y sobre él tratan de ajustar las distintas partidas. Ahora se trataría de partir de cero y replantearse toda la actividad de la hermandad ciñéndose a lo esencial: formación, caridad y cultos, y aún viendo si estas acciones se pueden desarrollar de otra forma que suponga menos gasto.

Es bueno repensar cada partida de gasto, comprobar su necesidad ineludible y en qué medida es 'rentable', es decir si es decisiva para el cumplimiento de los fines de la hermandad o prescindible.

Con respecto a los ingresos lo más prudente es contar como ingresos ordinarios sólo los de las cuotas de hermanos. Las rifas, tómbolas, donativos y subvenciones son ingresos extraordinarios que serán muy bienvenidos, si llegan, pero con los que no podemos contar para atender los gastos ordinarios, los de funcionamiento.

Todo esto exige el control y análisis mensual de las cuentas y para eso es necesario que la contabilidad se ajuste al Plan General Contable adaptado a las hermandades (disponible en la web del Arzobispado de Sevilla). Esta es la segunda herramienta a la que aludíamos más arriba, que además es imprescindible para la presentación de las cuentas anuales en el Protectorado Canónico.

Esto supone salir de la rutina y exige una buena dosis de generosidad, esfuerzo, capacidad de análisis y visión de futuro. Dirigir una hermandad es analizar el presente y tomar decisiones para desarrollar un proyecto de futuro, no gestionar sentimientos en un permanente bucle melancólico.

Hay una tercera herramienta, útil en algunos casos: las pólizas de crédito. No para consumirlas inmediatamente y luego amortizarlas, como si fueran un préstamo, sino para disponer de un remanente de tesorería en casos puntuales. Una póliza de crédito bien gestionada alivia muchas tensiones.

Seguro que los 'cofrades con papeles' argumentarán que éste es un planteamiento excesivamente mercantilista, que no se puede reducir una hermandad a términos económicos como si fuera una empresa, que los sentimientos religiosos no son reducibles a balances y presupuestos. Totalmente de acuerdo, pero si la hermandad no dispone de recursos económicos difícilmente podrá subsistir y dedicarse a sus fines.

Audágora Auditores: Blog sobre Contabilidad y Auditoría

Blog Contabilidad y Auditoría | Audágora Auditores

¡Bienvenid@s al blog de Contabilidad y Auditoría de Audágora Auditores!

En este blog podréis encontrar todo tipo de post sobre contabilidad y auditoría de cuentas, además de un apartado dónde tener a mano toda la normativa relacionada.

El equipo de Audágora Auditores, especialistas en contabilidad y auditoría, pone este blog al alcance de sus clientes, profesionales de la contabilidad y auditoría y al público general, con el fin de resolver todas sus dudas e inquietudes y aportar el máximo valor a la profesión, transmitiendo y compartiendo su conocimiento.

Ir al blog...

martes, 13 de abril de 2021

CincoDías.com: Los censores defienden que las empresas auditadas se recuperan antes de las crisis

Según un estudio del ICJCE, las compañías auditadas facturaron más dinero, generaron más empleo y se recuperaron antes de la crisis de 2008
Madrid 13 ABR 2021 - 13:58 CEST

Los auditores de cuentas defienden que las empresas que auditan sus cuentas se recuperan antes de las crisis económicas. Según el estudio "La auditoría de cuentas en las empresas", realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, las compañías auditadas facturaron más dinero, generaron más empleo y se recuperaron antes de la crisis de 2008.

Este estudio investiga el comportamiento de cerca de 90.000 empresas españolas que se encuentran activas, con unos ingresos de explotación superiores a 500.000 euros, desde el año 2008 hasta el 2018. Un tercio de las empresas analizadas auditan sus cuentas anuales (34,22%) y dos tercios no las auditan (65,78%).

De las empresas que se auditan, están repartidas al 50% entre sociedades anónimas y sociedades limitadas, mientras que las que no se auditan son mayoritariamente las sociedades con forma jurídica de sociedad limitada (83%). La facturación de las empresas auditadas creció más y se recuperó más rápidamente de la crisis de 2008 que la de las empresas no auditadas. Según el informe, tuvieron unas ventas promedio en 2018 de 38,74 millones de euros, un 16,43% de incremento respecto de las ventas promedio que tenían en 2008.

Por su parte, las empresas no auditadas tuvieron unas ventas promedio de 2,15 millones de euros en 2018, un 6,6% más que en 2008, 9,83 puntos porcentuales menos que las auditadas. Las empresas que auditan sus cuentas necesitaron ocho años para recuperar el nivel de ingresos que tenían al inicio de la crisis en 2008, mientras que las empresas no auditadas necesitaron un año más para superar el importe del año 2008.

El presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez indicó que "en este debate que se está produciendo a nivel mundial sobre la necesidad o no de que las empresas de menor dimensión se auditen y sobre la necesidad de adaptar las normas técnicas de auditoría a los trabajos que se hacen en ellas, este informe refleja que las pymes auditadas son más rentables, reflejan mejor en sus balances el valor de sus activos y afrontan mejor las crisis que las no auditadas".

En este sentido, defendió que, “reducir los límites obligatorios en las auditorías estatutarias es una medida que, sin duda alguna, ayudaría a las pequeñas y medianas empresas españolas a avanzar en sus procesos de profesionalización y a acceder a los recursos financieros que van a necesitar para afrontar la compleja situación económica a la que se enfrentan, por lo que debe de entrar a formar parte de la agenda de reformas del Gobierno sin dilación”.

El ICJCE ya había propuesto al Gobierno la suspensión temporal de los límites por los que una empresa deja de estar obligada a auditarse, para que no se tengan en cuenta los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, debido a la crisis económica que están viviendo las compañías por la pandemia del Covid-19.

La patronal de auditores recuerda que el derecho europeo establece la obligación de auditarse a las entidades de interés público y a las empresas medianas y grandes, sin impedir la extensión de esta obligación al resto de empresas.