viernes, 31 de julio de 2015

elEconomista.es: El Tribunal de Cuentas detecta que IU y CiU estaban en quiebra en 2013

El Tribunal de Cuentas detecta que IU y CiU estaban en quiebra en 2013 - elEconomista.es
Los 32 partidos fiscalizados percibieron 206,17 millones públicos.
Xavier Gil Pecharromán - 31/07/2015

Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya -la antigua CiU-,e Izquierda Unida se encuentran en quiebra técnica, al presentar un patrimonio neto negativo, según los datos del informe de fiscalización de los partidos políticos españoles, correspondientes al ejercicio 2013, elaborado por el Tribunal de Cuentas, y dado a conocer este jueves.

El patrimonio neto de la coalición CiU al cierre del ejercicio 2013 presentaba un saldo negativo de 8,6 millones de euros, lo que supone una reducción de 659.000 euros sobre el ejercicio de 2012.

Además, Unión Democrática de Cataluña contaba con un saldo negativo patrimonial al concluir 2013 de 13,1 millones de euros, mientras que Convergència Democràtica de Catalunya tenía un saldo positivo de 8,8 millones, aunque la tendencia de los últimos años ha sido a reducirlo en un orden de más de 1,5 millones de euros anuales.

Por su parte, las cuentas de Izquierda Unida presentan en las cuentas de 2013 un saldo negativo de 11,7 millones de euros. La deuda fundamental se contabiliza en IU Federal -8,2 millones de euros, Andalucía -3,01 millones de euros- y Madrid -2,1 millones de euros-.

En el caso de Iniciativa per Catalunya-Les Verds (ICV), se acumulaba en diciembre de 2013 una deuda de 1,7 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas, presidido por Ramon Álvarez de Miranda, ha fiscalizado 32 formaciones en total, que han percibido, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento, recursos que fueron otorgados por el Estado, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Las grandes cifras

La financiación pública percibida por los partidos políticos, en el ejercicio 2013, ha supuesto un total de 216,7 millones de euros, según se desprende de las comunicaciones remitidas por las Instituciones otorgantes a las que el Tribunal de Cuentas les ha solicitado información (entre las que no se incluyen
los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes).


Los recursos privados contabilizados por cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes han ascendido a 42,8 millones de euros y las donaciones recibidas a 5,9 millones.

Por otra parte, la deuda contabilizada por los partidos políticos mantenida con entidades de crédito, a finales del ejercicio 2013, ascendía a 205,7 millones de euros, de los que 127 millones corresponden a deudas con garantía hipotecaria.

Se han detectado incumplimientos de la prohibición de recibir donaciones anónimas en dos de los partidos fiscalizados, si bien estas donaciones supusieron importes insignificantes.

Además, se ha comprobado la ausencia de cuentas bancarias específicas para el ingreso, en exclusiva, de las cuotas y aportaciones de los afiliados, adheridos y simpatizantes; el ingreso de donaciones en cuentas no destinadas exclusivamente a recursos de esta naturaleza; y donaciones procedentes de personas jurídicas, sin que conste el acuerdo preceptivo del órgano social competente.

Por otra parte, algunas formaciones se encontraban obligadas a reintegrar los remanentes pendientes de aplicación de las subvenciones que fueron otorgadas para sufragar los gastos de seguridad; en otros casos, se ha verificado el incumplimiento de la prohibición legal de realizar pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros; asimismo, existían formaciones que continuaban manteniendo participaciones en sociedades mercantiles, estando prohibida la realización de cualquier actividad mercantil por los partidos políticos.

Las fundaciones vinculadas

En relación con las fundaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos, se ha optado por fiscalizar las que fueron identificadas como vinculadas por las formaciones con representación en las Cortes Generales, ascendiendo a un total de 41 fundaciones objeto de fiscalización. De estas, cinco no presentaron cuentas argumentando que no habían percibido donaciones por la falta de actividad en dicho periodo. No obstante, otras fundaciones que no han tenido actividad durante el ejercicio han presentado cuentas.

lunes, 27 de julio de 2015

AudiConta.es: Cambios en las normas generales de auditoría en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015)

Cambios en las normas generales de auditoría en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015) | Auditoría y Contabilidad España
Analizamos a continuación los principales cambios y novedades que se contemplan en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), publicada en el BOE el pasado 21 de julio de 2015: la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

 Ley Auditoría de Cuentas

Ley de Auditoría de cuentas cambios y novedadesPara ponernos en antecedentes, recomendamos consultar nuestra sección AUDITORÍA, donde analizamos paso a paso la tramitación de la nueva LAC.

Profundizando en las novedades y reformas que introduce la nueva LAC, comenzaremos analizando las normas que regulan la actividad de auditoría de cuentas de carácter general (Título Preliminar y Título I Capítulos 1 a 3).

Puesto que los cambios introducidos por la nueva Ley de Auditoría de Cuentas son numerosos, hemos realizado un análisis de los mismos en un documento que puedes descargarte en el siguiente enlace, o pinchando sobre la imagen de la izquierda.

Asimismo, puedes descargarte la  tabla comparativa de la redacción de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas y del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Ley de Auditoría de cuentas cambios y novedades

Por último, puede ser útil consultar la tabla de correspondencia del articulado del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (22/2015). Puedes descargarlo en el siguiente enlace, o pinchando sobre la imagen a continuación.

Tabla correspondencia articulado Ley de Auditoría de Cuentas 22/2015

A continuación ofrecemos un breve esquema sobre las novedades más destacables de la nueva LAC, si bien aconsejamos consultar el análisis completo de las mismas en el documento antedicho.
    • Se amplía la responsabilidad del auditor respecto al informe de gestión (art. 4).
    • Se amplía el contenido de los informes de auditoría (art 5).
    • Se amplían las obligaciones del auditor respecto a auditorías de cuentas consolidadas (art. 7).
    • El Registro Oficial de Auditores de Cuentas incluirá información sobre sanciones impuestas a auditores y a sociedades de auditoría (art. 8).
    • Se introducen varias precisiones respecto al principio general de independencia (art. 14).
    • Los artículos 15 a 20 establecen modificaciones en el régimen de independencia del auditor, sus extensiones subjetivas y los plazos de cómputos de las mismas.
    • Se establecen novedades en materia de contratación de auditores (art. 22) entre las que destaca la facultad de los accionistas que ostenten más del 5% del capital social o de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de administración para solicitar judicialmente la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando concurra justa causa.
    • El plazo de prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría se reduce a un año (art. 23).
    • Se precisa el concepto de honorarios contingentes a los efectos de su prohibición (art. 24).
    • Se establece la prohibición de realizar la auditoría del ejercicio siguiente cuando se den supuestos de concentración de honorarios (art. 25).
    • Se incorporan normas sobre organización interna y organización del trabajo de los auditores (artículos 28 y 29).

    viernes, 24 de julio de 2015

    elEconomista.es: El Tribunal de Cuentas reelige a Ramón Álvarez de Miranda como presidente

    El Tribunal de Cuentas reelige a Ramón Álvarez de Miranda como presidente - elEconomista.es
    24/07/2015

    Los Consejeros y Consejeras del Tribunal de Cuentas han reelegido a Ramón Álvarez de Miranda, como Presidente del Tribunal, y a Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, como Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento de la Institución, respectivamente.

    Ramón Álvarez de Miranda
    Los tres Miembros, que constituyen la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, renuevan en sus cargos, a los que accedieron a finales de julio de 2012.

    La trayectoria profesional de Ramón Álvarez de Miranda en el Tribunal de Cuentas se remonta a 1986, ocupando en el año 1991 el cargo de Subdirector Técnico del Departamento Financiero de la Institución. En 1998 paso a ocupar la Subdirección Técnica en la Presidencia del Tribunal hasta 2001, fecha en la que fuera designado, por las Cortes Generales, Consejero del Departamento de Entidades Locales. A finales de julio de 2012 fue reelegido Consejero y nombrado Presidente del Tribunal de Cuentas. En esa condición es el Secretario General de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI).

    Ramón Álvarez de Miranda, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo, Censor Jurado de Cuentas, Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y funcionario del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

    Javier Medina Guijarro cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el Tribunal de Cuentas. Inició su carrera profesional en la Institución en 1979, desempeñando diferentes puestos, desde Censor Jefe de Cuentas, Delegado Instructor, Jefe de División y Director Técnico. En el año 2001 fue designado, por las Cortes Generales, Consejero de Cuentas y reelegido en julio de 2012. Desde entonces ha sido Presidente de la Sección de Fiscalización y Consejero titular del Departamento Financiero y de Fundaciones y otros Entes Estatales, cargo para el que ha sido renovado.

    Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Javier Medina Guijarro es funcionario del Cuerpo Superior de letrados del Tribunal de Cuentas (1979), Censor Jurado de Cuentas (1988) y Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).

    Entre otras actividades, ha ejercido labores de docencia en la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y en Instituciones de post-grado.

    En noviembre de 2001, Felipe García Ortiz fue designado Consejero, por las Cortes Generales, siendo titular del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas hasta julio de 2012. En esta última fecha fue reelegido Consejero y designado Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cargo para el que hoy ha sido reelegido.

    Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, García Ortiz es funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social y funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad.

    Felipe García Ortiz ha sido Secretario General del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Director General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Asesor Ejecutivo del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Director del Gabinete Técnico del Secretario General para la Seguridad Social. También ha sido miembro de la Comisión para la Reforma y Modernización de la Administración del Estado y de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Social.

    Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz son, asimismo, Consejeros de la Coponencia para la Fiscalización de la Contabilidad de los Partidos Políticos.

    jueves, 23 de julio de 2015

    UHY Fay & Co.: Responsabilidad Social Corporativa

    Responsabilidad Social Corporativa UHY FAY & CO. AUDITORES CONSULTORES, 914260723 RSC Madrid

    martes, 21 de julio de 2015

    NoticiasJurídicas.com: Contenido y novedades de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

    Contenido y novedades de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas · Noticias Jurídicas


    El objeto principal de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, publicada en el BOE de 21 de julio de 2015, es culminar el proceso de adaptación de la normativa española a la Directiva 2006/43/CEE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas, tras su modificación por la Directiva 2014/56, y al Reglamento comunitario 537/2014 sobre los requisitos específicos para las denominadas Entidades de Interés Público. La entrada en vigor de ambas normas tiene como fecha límite el mes de junio de 2016.

    Entrada en vigor
    La disposición adicional decimocuarta establece la entrada en vigor de la Ley el día 17 de junio de 2016.

    No obstante, lo previsto en los capítulos I, III y IV, secciones 1.ª a 4.ª, del título I, en relación con la realización de trabajos de auditoría de cuentas y la emisión de los informes correspondientes, será de aplicación a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha, así como a los de otros estados financieros o documentos contables correspondientes a dicho ejercicio económico.

    2.  Adicionalmente, las siguientes disposiciones entrarán en vigor día el día 22 de julio de 2015, día siguiente de la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado»:
    a)  El artículo 11, en relación con los requisitos exigidos a las sociedades de auditoría.
    b)  El artículo 69.5, en lo referente a la habilitación contenida en relación con la tramitación abreviada del procedimiento sancionador.
    c)  La disposición adicional cuarta, en relación con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

    3.  Asimismo, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 las siguientes disposiciones:
    a)  Los artículos 21.1, primer párrafo, en relación con el periodo de vigencia de las incompatibilidades, y 39.1, en relación al periodo de cómputo de incompatibilidades a que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril.
    b)  El artículo 58, relativo al Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
    c)  Los artículos 87 y 88, en relación con las tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
    d)  Los apartados uno a tres, siete a once y catorce a diecinueve de la disposición final cuarta, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
    e)  La disposición final duodécima, referida al no incremento de gasto.

    4.  Lo previsto en la disposición adicional décima (información de los pagos efectuados a las Administraciones Públicas), en la disposición final cuarta (modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) apartados cuatro a seis, doce y trece, en la disposición final primera (modificación del Código de Comercio), en la disposición final quinta (Modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) y en la disposición final decimotercera (Régimen jurídico de la reserva por Fondo de Comercio) será de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016.

    Culmina el proceso de adaptación de la normativa española a la UE
    Diversas normas se sucedieron para completar este régimen, entre las que hay que destacar dos reformas sustanciales. La primera de ellas se llevó a cabo mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que introdujo modificaciones sustanciales que afectaron a diversos aspectos, y posteriormente la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.

    Esta última introdujo importantes modificaciones que afectaban al contenido mínimo del informe de auditoría con el objeto de favorecer la comparabilidad en el entorno económico internacional; el deber de independencia de los auditores …

    Finalmente, teniendo en cuenta las numerosas modificaciones producidas, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, aprobó el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que ahora queda derogado por la nueva Ley.

    El nuevo marco normativo de la UE ha introducido cambios sustanciales derivados de la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia. Por todo ello, en la Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, que se transpone en esta Ley, y  en el Reglamento (UE) n.o 537/2014, de 16 de abril de 2014, se incorporan mecanismos para fortalecer el sistema de supervisión pública en aras a asegurar la plena efectividad del nuevo marco regulatorio.

    Objetivo
    El objetivo de la norma es mejorar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia, para reforzar la confianza en la información económica y financiera.

    En definitiva, se pretende recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público.

    Estructura
    Esta Ley se estructura en un título Preliminar y cinco títulos, en los que se contienen ochenta y nueve artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales.

    La estructura de la nueva Ley debe explicarse partiendo, de un lado y en lo que a los auditores de interés público se refiere, de su integración con el Reglamento (UE) n. º 537/2014, de 16 de abril, y de otro lado, de la necesidad de transponer la Directiva 2014/56/UE.

    Contenido
    Tal y como adelantamos en NJ, al hacernos eco de la aprobación del Proyecto de Ley, la nueva norma incorpora concretas disposiciones en aras de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías.

    La norma regula el régimen de acceso, así como el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuyo contenido público se ve modificado para incorporar el mandato europeo de publicidad de las sanciones.

    Modifica determinados aspectos del régimen de inscripción obligatoria, en el Registro Oficial citado, de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría que emitan informes de auditoría en relación con las cuentas anuales o consolidadas de ciertas sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de requisitos equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas nacionales.

    Se incorpora ex lege por mandato de la Unión Europea, la obligación de escepticismo profesional, así como la aplicación del juicio profesional, que deben presidir la realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del informe

    Destacamos entre el contenido más relevante:

    Normas de auditoría
    En lo que a las normas de auditoría se refiere, se siguen manteniendo las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. En este punto, se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría actualmente existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, según la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

    Mayor contenido del informe de auditoría
    La transparencia es otro de los objetivos de esta norma, la Ley pretende clarificar el papel del auditor e incrementar la información.

    El art. 5 regula el contenido del informe de auditoría de cuentas anuales.

    Para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría. En el caso de auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés público se les exige como novedad un informe adicional  (art. 36 de la Ley) que debe entregarse a la comisión de auditoría. En él se deben explicar cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoria, al objeto de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.

    Los contratos no podrán durar más de diez años
    En relación con las distintas opciones ejercidas respecto a las normas de honorarios, de servicios prohibidos y rotación externa, se opta por ejercer determinadas opciones más restrictivas, consistentes en fijar, en beneficio también de una mayor seguridad jurídica, determinadas situaciones que impiden realizar la auditoría de cuentas. De esta manera se pretende asegurar una aplicación consistente y uniforme de las normas de independencia, pilar fundamental en que descansa la confianza que se deposita en el informe de auditoría.

    El art. 40 regula que la contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría, señala que el período total de contratación, incluidas las prórrogas, no excederá e la duración máxima de diez años, no obstante, transcurrido este plazo y, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta.

    En cuanto a la rotación la norma establece que, una vez transcurridos cinco años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación de los auditores principales responsables del trabajo de auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para que dichas personas puedan volver a participar en la auditoría de la entidad auditada.

    Limitación de los honorarios de los auditores
    En relación con las normas de limitación de honorarios por dependencia financiera, el art. 41, sobre honorarios y transparencia, impone el requisito más restrictivo de prohibir la realización de auditoría en el ejercicio siguiente, toda vez que alcanzar determinado porcentaje de concentración, supone una amenaza de interés propio e incluso de intimidación que no puede mitigarse.

    En relación con las limitaciones de honorarios se exige que el auditor considere adicionalmente la red en que opera al objeto de evitar que mediante ésta se eluda su cumplimiento.

    Independencia de los auditores. Régimen de incompatibilidades
    El art. 16 regula las causas de incompatibilidad, con el fin de reforzar la independencia de los auditores.

    En concreto, se recogen diversas causas de incompatibilidad subjetivas, y servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea Entidad de Interés Público, su matriz y sus dependientes.

    Se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la auditoría, incorporando los relacionados con operaciones realizadas con los instrumentos financieros, la tenencia de intereses significativos y la aceptación de obsequios de valor significativo. Mantiene el período de cómputo temporal de determinadas situaciones de incompatibilidad al ejercicio anterior al que se refieren los estados financieros auditados, reduciéndolo a un año para la gran mayoría, que coinciden con los servicios que se prohíben para los auditores de entidades de interés público.

    Destacan, entre otros, los servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía, salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera.

    Determinados familiares del auditor tampoco pueden prestar esos servicios incompatibles a la entidad auditada. Por ejemplo, el cónyuge del auditor no puede llevar la contabilidad de la auditada.

    Requisitos más estrictos para los auditores de entidades de interés público
    El capítulo IV, dividido en cuatro secciones, contiene los requisitos más estrictos exigidos a los auditores de entidades de interés público.

    En primer lugar, debe emitirse un informe de auditoría cuyo contenido es mucho más amplio que el previsto con carácter general, en segundo lugar, estos auditores deben publicar el informe anual de transparencia, y los de la red auditora. Además, se exige que se publique de forma separada al de la red a la que pudiera pertenecer en aras de alcanzar una mayor transparencia y evitar cualquier confusión, sin perjuicio del contenido que adicionalmente podrá desarrollarse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

    Régimen de supervisión pública
    Se regula el sistema de supervisión pública cuya plena responsabilidad corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, autoridad responsable en materia de auditoría de cuentas, delimitando este ámbito por las funciones que se atribuyen y los sujetos a los que alcanza. A las que viene ejerciendo actualmente se incorporan las que exige la nueva normativa, referidas a la vigilancia de la evolución del mercado de auditoría

    Régimen sancionador
    Se introducen ciertas modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones. Dichas modificaciones se refieren básicamente a:
    • La inclusión de nuevos tipos infractores.
    • La introducción de algunas modificaciones en la clasificación de los tipos infractores.
    • La modificación de las normas de publicidad de las sanciones y de denuncia.

    Tasas del ICAC
    En materia de tasas destaca la creación de la tasa por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

    Disposiciones  adicionales, transitorias y finales
    Destaca la novedad incorporada mediante la disposición adicional tercera, en la que se regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público, de acuerdo con los requisitos, excepciones, dispensas, composiciones y funciones que contiene la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, e incorporando su contenido en el articulado del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

    En las tres disposiciones transitorias se incorporan las que se contenían ya en la Ley 12/2010, de 30 de junio, así como las referidas a deberes o requisitos que se consideran novedades con esta Ley al objeto de establecer un periodo transitorio que facilite la aplicación de los nuevos deberes o requisitos. Es el caso de los referidos a las sociedades de auditoría y a las situaciones de incompatibilidad.

    Las disposiciones finales regulan determinadas modificaciones normativas, principalmente para ajustarse a la normativa de la Unión Europea, debiendo destacarse la referida a las comisiones de auditoría, y recogen determinadas habilitaciones, destacando la modificación que deja sin vigor la definición de entidades de interés público por razón de tamaño contenida en el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.

    En concreto se modifican las siguientes normas:
    • Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885
    • Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
    • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
    • Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
    • Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
    Deroga:
    La Ley deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en ella, y en particular, el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio .

    Business Ethics Through Movies "A Case Study Approach"

    Ecobook - librería de economía
    Business Ethics Through Movies "A Case Study Approach" | Teays, Wanda | 9781118941942

    ISBN: 978-1-118-94194-2
    Editorial: Wiley & Sons Ltd.
    Fecha de la edición: 2015
    idioma: Ingles
    Encuadernación:
    Nº Pág.: 318

    Materias: GESTION DE EMPRESAS
    Reseña: Business Ethics Through Movies: A Case Study Approach examines a wide range of ethical dilemmas, principles and moral reasoning that arise in contemporary business through a series of popular films and real-world case studies. 
    * Engages readers in learning about ethical theory by using movies and both national and international case studies in business as the vehicle for analysis and reflection 
    * Facilitates comprehension of ethical issues by showing how characters in films confront issues, make choices, and face the consequences 
    * Draws from a variety of actual cases in Business Ethics from the 1982 Tylenol poisoning and the 1989 Exxon Valdez disaster to recent examples such as the Foster Farms salmonella outbreak and the chemical spill in West Virginia 
    * Reveals the important role that ethics plays in setting the moral foundation of a business or corporation 
    * Develops critical thinking skills through applying analytical checklists to ethical dilemmas raised in films and in actual cases in Business Ethics 
    indice: Introduction to the Text i Acknowledgements ix 
    UNIT 1 Moral Navigation: Business Ethics & Society 1 
    1.1 Tools for the Journey 2 Spotlight: A Hijacking Ethics Codes: Apple; Google 
    1.2 The Moral Compass: Integrity in Business 18 Spotlight: Up in the Air; Michael Clayton Case: The Tylenol Case Ethics Code: Johnson & Johnson 
    1.3 Show Me the Money: Greed is Not Good 38 Spotlight: Wall Street; Big Men Cases: Martha Stewart s Insider Trading; Costco s Tainted Berries Ethics Code: Costco 
    1.4 Talk to Me: The Impact of Technology 57 Spotlight: Her; The Net; Disconnect Cases: Edward Snowden and the NSA; Target s Data Breach; Target s Online Tracking Ethics Code: Yahoo! 
    UNIT 2 Moral Leadership: Ethical Theory 76 
    2.1 Aerial Surveillance: Ethical Theory 77 Spotlight: The Insider 
    2.2 The Ends Justify the Means: Teleological Ethics 96 Spotlight: Contagion; Park Avenue: Money, Power, and the American Dream; Blue Jasmine Case: The Ford Pinto Ethics Code: Ford Motor Company 
    2.3 Duties Rule: Deontological Ethics 117 Spotlight: Shattered Glass; Arbitrage; Quiz Show; Food Inc. Cases: Beech-Nut s Apple Juice; Minute Maid Lemonade; Foster Farms Chickens Ethics Codes: National Public Radio (NPR); Dole Food Company, Inc. 
    2.4 Moral Character: Aristotle s Virtue Ethics 136 Spotlight: Erin Brockovich; Roger & Me; Salmon Fishing in the Yemen Cases: Kellogg s and Michael Phelps; The European Horsemeat Scandal Ethics Code: GM s Corporate Citizenship; Kellogg s K Values 
    2.5 The Caring Community: Feminist Ethics 156 Spotlight: The Company Men; Erin Brockovich; Under the Clear Blue Sky Case: Film Recovery Systems, Inc. Ethics Code: Microsoft 
    UNIT 3 Moral Reflection: Thorny Questions 177 
    3.1 Finding the Balance: Addressing Environmental Disasters 178 Spotlight: Civil Action; Local Hero Cases: WR Grace Co.; West Virginia Chemical Spill; Exxon Valdez Ethics Code: Exxon Mobil Corporation 
    3.2 Going Postal: Addressing Workplace Violence 194 Spotlight: John Q; Polytechnique; Murder by Proxy: America Goes Postal Cases: Gunman at LAX; The Montreal Massacre; Virginia Tech Rampage Ethics Code: Los Angeles World Airports (LAWA) 
    3.3 Stand By Me: Addressing Workplace Inequities 213 Spotlight: Made in Dagenham; Matewan Cases: UAW and H&M on Pay Equity; The Fast Food Workers Strike; H&M and Child Labor; Marriage Equality Ethics Code: H&M 
    3.4 Enough Already: Addressing Workplace Harassment 230 Spotlight: North Country; The Invisible War; Disconnect Cases: Eveleth Mines; Bullies in the NFL Ethics Code: Amazon.com 
    3.5 Working for Change: Global Justice & Human Rights 245 Spotlight: Sleep Dealer, Darwin s Nightmare, Fires of Kuwait Cases: Bangladesh s Sweatshop Collapse, Coca-Cola in Colombia, Pfizer in Nigeria, Dunkin Donuts Ad Campaign Ethics Code: Dunkin Donuts 
    3.6 Transformation: The Art of Personal Power 263 Spotlight: Groundhog Day; Invictus Cases: Kudumbashri s Work Skills Program Ethics Code: The Coca-Cola Company 
    APPENDIX 
    4.1 Movies in this Book 277 
    4.2 Cases in this Book 278 
    4.3 Ethics Codes Cited in this Book 279 
    Index  

    Publicada la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015, de 20 de jullio)

    Publicada la nueva Ley de Auditoría de Cuentas | Libro de contabilidad

    La crisis financiera acaecida en los últimos años ha llevado a cuestionar la adecuación y suficiencia del marco normativo comunitario y se ha producido el debate de cómo la actividad de auditoria podría contribuir a la estabilidad financiera, culminando el mismo en la aprobación de la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ambos con el fin último de reforzar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito de la Unión Europea.

    La nueva normativa de la Unión Europea pretende:
    • Incrementar la transparencia en la actuación de los auditores clarificando la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de una auditoría y lo que realmente es. Interesa destacar los nuevos requisitos de contenido del informe de auditoría, que serán mayores en el caso de los emitidos en relación con las entidades de interés público. Así, a quienes auditan éstas entidades se les obliga, por un lado, a remitir un informe adicional a la Comisión de Auditoría de estas entidades que refleje los resultados de auditoría y por otro lado, los auditores de cuentas deben incorporar al informe anual de transparencia determinada información financiera que se concreta en la Directiva. Igualmente, se persigue reforzar los canales de comunicación entre los auditores y los supervisores de las entidades de interés público.
    • Reforzar la independencia y objetividad de los auditores para lo que se incorporan requisitos más restrictivos que los de la Directiva 2006/43/CE, potenciándose la actitud de escepticismo profesional y la atención especial que debe prestarse para evitar conflictos de interés o la presencia de determinados intereses comerciales o de otra índole, teniendo además en cuenta los casos en que opera en un entorno de red. Para ello, el citado Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, incorpora para los auditores de entidades de interés público, una lista de servicios distintos de auditoría prohibidos, que no pueden prestarse a aquellas entidades, su matriz y sus controladas; determinadas normas por las que se limitan los honorarios que pueden percibir por los servicios distintos de los de auditoría permitidos o en relación con una determinada entidad de interés público; así como la obligación de rotación externa o periodo máximo de contratación. Igualmente, se refuerzan las funciones atribuidas a sus Comisiones de Auditoría, en particular, las relacionadas con dicho deber, al mismo tiempo que se fortalece su independencia y capacidad técnica.
    • Se arbitran determinadas medidas que permiten dinamizar y abrir el mercado de auditoría, incorporando el denominado «pasaporte europeo» para así contribuir a la integración del mercado de la auditoría, si bien con las medidas compensatorias que puede tomar el Estado miembro de acogida dónde se pretenda ejercer la actividad, y declarando la nulidad de las cláusulas contractuales que limitan o restringen la facultad de elegir auditor. Las medidas anteriores se acompañan de las que se incorporan en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, relacionadas con los incentivos a la realización de auditorías conjuntas, la participación de entidades de menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica, que se regulan simplificando la elección del auditor, y la obligación de rotación externa. Al objeto de mejorar el entorno y las iniciativas empresariales, la normativa de la Unión Europea incorpora tres grupos de medidas dirigidas a reducir los costes de transacción que conlleva la realización de actividades en el ámbito de la Unión Europea para las entidades pequeñas y medianas: la aplicación proporcionada a la complejidad y dimensión de la actividad del auditor o de la entidad auditada, la facultad de que los Estados miembros simplifiquen determinados requisitos para pequeñas entidades auditoras y disposiciones específicas para pequeñas y medianas entidades auditoras.
    • Lograr un mayor grado de armonización, no sólo en las normas que rigen la actividad, sino en las que la vigilan y disciplinan, así como en los mecanismos de cooperación de la Unión Europea e internacional. En este sentido, se refuerzan las competencias de la autoridad supervisora pública al mismo tiempo que se introduce el criterio de riesgo como rector en las revisiones de control de calidad que ha de realizar dicha autoridad y se atribuyen a ésta facultades para imponer unas mínimas normas disciplinarias. En relación con los auditores de entidades de interés público, se incorporan mecanismos, de un lado, para hacer un seguimiento respecto a la evolución del mercado y de otro lado, en relación con la vigilancia de riesgos que pudieran darse en las entidades financieras calificadas de importancia sistémica, estableciendo un diálogo sectorial y anónimo entre quienes auditan estas entidades y la Junta Europea de Riesgo sistémico.
    Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente el objeto principal de la nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas es adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, en lo que no se ajusta a ella.

    La Ley se divide en:

    Título Preliminar.  Ámbito de aplicación, objeto, régimen jurídico y definiciones. Incluye las disposiciones generales del régimen jurídico por el que ha de regirse la actividad de auditoría de cuentas, recogiendo su ámbito de aplicación y el sistema de fuentes jurídicas que integra su normativa reguladora, que será de aplicación asimismo a quienes auditan las entidades de interés público.

    En lo que a las normas de auditoría se refiere, se siguen manteniendo las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. En este punto, se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría actualmente existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, según la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

    También se recogen definiciones a los efectos de esta Ley, entre las que destaca la de pequeñas y medianas entidades, en la medida en que, como se ha destacado, se incorporan menciones específicas por razón del tamaño, y siguiendo los parámetros contenidos en la Directiva 2013/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas. Debe destacarse que estos parámetros no coinciden, a los efectos de esta Ley, con los definidos como aquellos que determinan que una auditoría es obligatoria.

    Título I. De la Auditoría de cuentas. Dividido a su vez en cuatro capítulos. El primero de ellos define las modalidades de auditoría de cuentas y el nuevo contenido del informe de auditoría, que incorpora ciertos contenidos adicionales de acuerdo con la facultad otorgada a los Estados miembros. Al mismo tiempo, se amplía su alcance respecto al informe de gestión que en su caso se emita. Igualmente, se regula el régimen a aplicar en caso de auditoría de cuentas consolidadas, que se modifica para incorporar determinadas precisiones en relación con el trabajo de evaluación y revisión del auditor del grupo.

    El segundo capítulo regula el régimen de acceso al ejercicio de la actividad de auditoría, así como ROAC, cuyo contenido público se ve modificado para incorporar el mandato europeo de publicidad de las sanciones. Se incorpora la posibilidad de que una sociedad de auditoría autorizada en otro Estado miembro pueda ejercer su actividad en España, siempre que quien firme en su nombre el informe esté autorizado en España. Por otra parte, y sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea, se modifican determinados aspectos del régimen de inscripción obligatoria en el ROAC de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría que emitan informes de auditoría en relación con las cuentas anuales o consolidadas de ciertas sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de requisitos equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas nacionales. En todo caso, en lo que se refiere al régimen de autorización, dado que la relevancia pública exige a quien realiza esta actividad el cumplimiento ex ante de un conjunto de requisitos y condiciones, la mera presentación de declaraciones responsables o de comunicaciones previas no permite por sí misma el inicio de esta actividad. Por la misma razón, no cabe entender estimada por silencio la petición que en su caso se realice para poder ejercer la actividad de auditoría de cuentas.

    El tercer capítulo regula los distintos aspectos que han de regir el ejercicio de la actividad auditora e incorpora ex lege por mandato de la Unión Europea, la obligación de escepticismo profesional, así como la aplicación del juicio profesional, que deben presidir la realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del informe. También se establece el régimen de independencia al que todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se encuentran sujetos, incluidos los auditores de quienes auditan entidades de interés público. Se mantiene el régimen contenido en la norma que ahora se deroga y que se configuraba como un sistema mixto al basarse, por una parte, en la enunciación de un principio general de independencia, y por otra parte, en la enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se considera que, en el caso de concurrir, los auditores no gozan de independencia, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo de auditoría.

    La nueva Directiva a transponer incorpora unos requisitos más restrictivos, no contemplados anteriormente, tales como:
    • la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que cualquier persona, no solo el auditor, que pueda influir en el resultado de la auditoría se abstenga de participar en el proceso de toma de decisiones de la entidad;
    • que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría tome medidas para evitar conflictos de interés o de relación comercial u otra clase, directas o indirectas, reales o potenciales, que puedan comprometer la independencia;
    • que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, su personal o quien le preste servicios en el ejercicio de la actividad de auditoría, y determinados parientes, no posean interés significativo directo ni realicen determinadas operaciones con instrumentos financieros de la entidad auditada;
    • que dichas personas no participen en la auditoría si poseen instrumentos financieros de la auditada o tienen algún interés o relación comercial o financiera con la misma.
    Finalmente, recoge determinadas exigencias en relación con los regalos, situaciones sobrevenidas que afecten a la entidad auditada y prohibiciones posteriores, y con el periodo mínimo durante el cual la obligación de independencia debe observarse.

    En la nueva Ley se incorpora legalmente la obligación de establecer los sistemas de salvaguarda para hacer frente a las amenazas que pudieran derivarse de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, laboral, familiar o de otra índole. En todo caso, debe evitarse cualquier situación o relación que pudiera aparentar una posible participación en la entidad auditada, relación con ésta, o en su gestión, definiéndose qué se entiende por ésta, de modo que se pudiera concluir que la independencia resulta comprometida, tal como establece la Directiva.

    Se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la auditoría, incorporando los relacionados con operaciones realizadas con los instrumentos financieros, la tenencia de intereses significativos y la aceptación de obsequios de valor significativo. Se mantiene el período de cómputo temporal de determinadas situaciones de incompatibilidad al ejercicio anterior al que se refieren los estados financieros auditados, reduciéndolo a un año para la gran mayoría, que coinciden con los servicios que se prohíben para los auditores de entidades de interés público. Al mismo tiempo, se incluyen las actuaciones que deben realizar los auditores en situaciones sobrevenidas en las que se adquiere un interés financiero o la entidad auditada resulta afectada por una combinación de negocios. También se introducen ajustes en las incompatibilidades que resultan de circunstancias o situaciones en que incurren los familiares.

    La Directiva que se transpone establece que pueden afectar al deber de independencia la existencia de relaciones, situaciones o servicios no sólo entre la entidad auditada y el auditor o sociedad de auditoría, sino también entre aquélla y la red a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoría. En las normas de extensión se distingue entre la red auditora y la red no auditora, de forma que si las personas o entidades comprendidas en dicho ámbito incurren en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados en esta Ley y en otras disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en relación con la respectiva entidad, si bien teniendo en cuenta las particularidades que se establecen en la Ley. Se incluye también, entre otros, a quienes estén vinculados por determinadas relaciones de parentesco, como los progenitores, hijos y hermanos y sus cónyuges, dado que en estos casos existen o pueden existir las mismas amenazas a la independencia que pueden darse de igual forma que en el caso del cónyuge del auditor, excluyéndose del alcance de dicha extensión y reduciéndose el círculo de familiares para determinados supuestos.

    Por otra parte, se reduce a un año el periodo que rige para las prohibiciones impuestas con posterioridad a la finalización del trabajo de auditoría y al que está sujeto el auditor, al objeto de evitar que en la realización objetiva del trabajo de auditoría concurran o se presenten situaciones que puedan suponer un riesgo o una amenaza a la independencia por la existencia, durante dicha realización, de compromisos o expectativas futuras que puedan comprometer la objetividad del auditor en la realización de la auditoría. Únicamente se mantiene el periodo de prohibición de dos años para el caso de auditores de entidades de interés público.

    Se regula la responsabilidad civil de los auditores en el ejercicio de la actividad de auditoría y la fianza que deben prestar, sin que se haya incorporado modificación alguna.

    Se incorporan, de un lado, los principios y políticas a los que deben ajustarse la organización interna del auditor y la sociedad de auditoría, que deben orientarse a prevenir cualquier amenaza a la independencia y deben garantizar la calidad, integridad y carácter crítico y riguroso con que se realizan las auditorías. De otro lado, se regulan las normas mínimas a las que ha de ajustarse la organización del trabajo del auditor.

    Se prevén los deberes de conservación y custodia, y de guardar secreto de la documentación referente a cada auditoría y demás documentación generada y exigida de acuerdo con esta Ley, incorporándose determinadas excepciones en favor de ciertas autoridades internacionales en los términos previstos en la misma.

    El capítulo cuarto contiene los requisitos más estrictos exigidos a los auditores de entidades de interés público, además de aquello establecido en el título I que no resulte contradictorio o exceptuado por lo regulado en dicho capítulo. También se regulan los informes que tienen que emitir estos auditores con el fin de aumentar la confianza de los usuarios de la información económica financiera auditada y su responsabilidad en relación con la auditoría realizada. Así, en primer lugar, debe emitirse un informe de auditoría cuyo contenido es mucho más amplio que el previsto con carácter general, exigiéndose en el Reglamento de la Unión Europea información sobre la independencia y sobre su capacidad para detectar irregularidades, incluidas las debidas a fraude. En segundo lugar, estos auditores deben publicar el informe anual de transparencia, respecto al cual el citado Reglamento de la Unión Europea incorpora determinada información financiera sobre sus ingresos y desglose, cuyo criterio se determina en esta Ley, y los de la red auditora. Además, se exige que se publique de forma separada al de la red a la que pudiera pertenecer en aras de alcanzar una mayor transparencia y evitar cualquier confusión, sin perjuicio del contenido que adicionalmente podrá desarrollarse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

    Respecto al régimen de independencia, incluye en primer lugar, además de las correspondientes referencias al articulado del Reglamento (UE) n.º 537/2014, la remisión a lo previsto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I, habida cuenta que el artículo 6 de dicho Reglamento establece la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 22 ter de la Directiva, precepto que resulta incorporado en las citadas secciones, y que obligan a cumplir, entre otras, las previsiones establecidas en relación con el régimen de independencia, así como la obligación de evaluar la existencia de amenazas que comprometan su independencia y de aplicar las medidas de salvaguarda a aplicar. Se amplía el periodo de cómputo al que deben extenderse las prohibiciones y se prohíben también los servicios detallados cuando se realizan por los familiares próximos.

    Por otro lado, recoge el ejercicio de las opciones atribuidas a los Estados miembros en relación con la duración máxima de contratación de los auditores y las normas de limitación de honorarios por concentración con respecto a una entidad de interés público. Respecto a la duración, no se opta por prolongar la duración máxima, habida cuenta que se entiende que las excesivas relaciones prolongadas generan una amenaza de familiaridad de tal entidad que la independencia se entiende comprometida.

    En relación con las normas de limitación de honorarios por dependencia financiera, se entiende adecuado imponer el requisito más restrictivo de prohibir la realización de auditoría en el ejercicio siguiente, toda vez que alcanzar determinado porcentaje de concentración supone una amenaza de interés propio e incluso de intimidación que no puede mitigarse. En relación con las distintas opciones ejercidas respecto a las normas de honorarios, de servicios prohibidos y rotación externa, se opta por ejercer determinadas opciones más restrictivas, consistentes en fijar, en beneficio también de una mayor seguridad jurídica, determinadas situaciones que impiden realizar la auditoría de cuentas. En relación con las limitaciones de honorarios se exige que el auditor considere adicionalmente la red en que opera al objeto de evitar que mediante ésta se eluda su cumplimiento.

    Finalmente, en el Titulo I, se incorporan las especificidades que son aplicables a estos auditores en relación con las normas de organización interna, de organización del trabajo y del traspaso de expedientes y el artículo 45 autoriza a determinar reglamentariamente los requisitos que deben reunir quienes auditen entidades de interés público, lo que resulta justificado por la necesidad de asegurar la adecuada disposición de medios y capacidades para auditar entidades cuya información tiene una compleja dimensión e indudable impacto económico en los mercados.

    Título II. Supervisión pública.  La plena responsabilidad de dicha supervisión recae en el ICAC y se establece que a las funciones que viene ejerciendo actualmente se incorporan las que exige la nueva normativa, referidas a la vigilancia de la evolución del mercado de auditoría.

    La atribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la competencia supervisora en relación con las funciones atribuidas a las Comisiones de auditoría de cuentas de las entidades de interés público, se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cuanto única autoridad competente y responsable última del sistema de supervisión pública, según el nuevo artículo 32.4 bis de la Directiva.

    El ICAC debe cumplir con las siguientes premisas:
    • ser independiente, de modo que no participen en sus órganos rectores o en la toma de decisiones quienes ejercen la actividad de auditoría de cuentas;
    • ser transparente en lo que a los programas de trabajo e informes de actividad se refiere;
    • contar con la capacidad, los conocimientos técnicos y los recursos apropiados y suficientes y tener una financiación adecuada y segura, libre de cualquier influencia indebida por parte de los auditores y sociedades de auditoría.
    En particular, la nueva normativa de la Unión Europea exige que la autoridad competente cuente con la atribución de las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas, incluyendo la capacidad de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, la capacidad para acceder a los datos, obtener información y realizar inspecciones o demás comprobaciones que estime oportunas, para lo cual podrá contratar servicios de profesionales o ser asistido por expertos.

    También, se mantiene la autorización al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para desarrollar los criterios que éste debe seguir en relación con la ejecución del control de calidad.

    Destacamos dos aspectos. Por un lado, la especial prevalencia e interés que requieren los trabajos de auditoría de las entidades de interés público, lo que justifica una mayor especialización, atención y dedicación por parte del supervisor, y requiere de este la adecuada ordenación y utilización eficiente y eficaz de los medios disponibles para su debido cumplimiento. Por otro lado, la especial obligación, que ya tenía atribuida el ICAC, de velar por el deber de independencia, lo que le confiere, la función específica y cualificada de pronunciarse sobre la observancia de dicho deber en el concreto desarrollo de la actividad de auditoría por su condición de tercero objetivo, neutral e informado, a la par que técnico, que debe prevalecer frente a cualquier criterio que pudiera venir de la propia entidad auditada o de otros entes. Las funciones atribuidas al respecto a la Comisión de Auditoría se configuran como una suerte de salvaguarda preventiva que no exime al auditor de cuentas de observar el deber de independencia, ni tampoco condiciona ni excluye las competencias de supervisión que al respecto se atribuyen al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

    Se precisa de forma más detallada el alcance y finalidad de la actividad de control de la actividad de auditoría de cuentas y de sus dos modalidades, que se siguen manteniendo pero que pasan a denominarse, de un lado, inspecciones -antiguo control de calidad externo-, de carácter regular o periódico y de las que puede derivar la formulación de recomendaciones o requerimientos, para cuya realización se incorpora como criterio rector el análisis de riesgos; y de otro, investigaciones –en las que se incardina el actual control técnico– al objeto de detectar y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o actividad del auditor.

    Por último, se regulan los aspectos internacionales que resulten de la nueva normativa de la Unión Europea. El sistema de supervisión pública debe comprender los mecanismos adecuados que permitan una cooperación efectiva a escala europea entre las actividades de supervisión de los Estados miembros, en cuanto factor que contribuye a asegurar una calidad elevada y homogénea de la auditoría en la Unión Europea. Dicha cooperación descansa en el principio de reglamentación y supervisión en el Estado miembro de origen en el que está autorizado el auditor o sociedad de auditoría y dónde tenga la entidad auditada su domicilio social. En el caso de servicios transfronterizos en el ámbito de la Unión Europea, corresponderán las inspecciones a la autoridad del Estado miembro de origen, en el que esté autorizado el auditor o sociedad, y las investigaciones a la autoridad del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad auditada, tal como se precisa en el capítulo II. Se extiende el deber de colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades europeas de supervisión.

    Los mecanismos de cooperación europea se contemplan mediante la posibilidad de transmitir información al Banco Central Europeo, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, y de crear colegios de supervisores en los que se pueda intercambiar información, en particular en relación con las actividades de auditores que operen en el marco de una red.

    Título III. Régimen de infracciones y sanciones. Se introducen ciertas modificaciones, las cuales afectan principalmente a la inclusión de nuevos tipos infractores como consecuencia de las nuevas obligaciones que se imponen, así como de cumplir con el mandato europeo de que las sanciones sean efectivas y disuasorias. Asimismo, se han introducido algunas modificaciones en la clasificación de los tipos infractores aunque menores.

    Igualmente se modifican las normas de publicidad de las sanciones y de denuncia. Respecto a la denuncia, sin efecto vinculante en orden a la incoación de procedimiento sancionador, su tratamiento está supeditado, al debido cumplimiento de las competencias de control de la actividad auditora, atribuidas legalmente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de modo que permita alcanzar el objetivo último de la mejora global y en su conjunto en la calidad de los trabajos de auditoría, proyectando dichas actuaciones sobre todos los que están habilitados legalmente para ejercer la actividad de auditoría y, en especial, de quienes auditan entidades de interés público por la mayor relevancia que tiene frente a terceros.

    Título IV. Tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se regulan las tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el control y la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

    El hecho imponible de la tasa por el control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas lo constituye la prestación por parte del ICAC de un servicio que afecta a los auditores de cuentas o sociedades de auditoría y que se pone de manifiesto, entre otras actuaciones, a través de la llevanza del Registro Oficial de Auditoría de Cuentas, labores normativas, inspecciones e investigaciones o el régimen disciplinario de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. El coste de la actividad de control y supervisión es mayor en auditorías de entidades de interés público, dados los mayores requisitos que la Ley que ahora se aprueba exige a los auditores o sociedades de auditorías que las llevan a cabo.

    El Título V contiene la regulación correspondiente a la protección de datos de carácter personal.

    Finalmente destacamos la novedad incorporada mediante la disposición adicional tercera, en la que se regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público, de acuerdo con los requisitos, excepciones, dispensas, composiciones y funciones que contiene la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, e incorporando su contenido en el articulado del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

    En las tres disposiciones transitorias se incorporan las que se contenían ya en la Ley 12/2010, de 30 de junio, así como las referidas a deberes o requisitos que se consideran novedades con esta Ley al objeto de establecer un periodo transitorio que facilite la aplicación de los nuevos deberes o requisitos. Es el caso de los referidos a las sociedades de auditoría y a las situaciones de incompatibilidad.

    Las disposiciones finales regulan determinadas modificaciones normativas, principalmente para ajustarse a la normativa de la Unión Europea, debiendo destacarse la referida a las comisiones de auditoría, y recogen determinadas habilitaciones, destacando la modificación que deja sin vigor la definición de entidades de interés público por razón de tamaño contenida en el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.

    Puede acceder a la nueva Ley de Auditoría aquí.

    lunes, 20 de julio de 2015

    CincoDías.com: Una auditora debe facilitar datos de sus clientes si Hacienda lo reclama

    Una auditora debe facilitar datos de sus clientes si Hacienda lo reclama | Economía | Cinco Días
    Prevalece el deber de colaboración frente al secreto profesional.
    Madrid 20-07-2015 17:14

    Una auditora no puede invocar el secreto profesional para denegar un requerimiento de información de la Agencia Tributaria sobre uno de sus clientes. Así lo confirma una sentencia del pasado mes de abril de la Audiencia Nacional que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que “existe un deber general de información y colaboración con la Administración Tributaria”.

    Una de las sedes de la Agencia Tributaria en Madrid.

    El origen de este caso se remonta a 2006, cuando la Dependencia Regional de Inspección de Valencia reclamó toda la información de una auditoría realizada por KPMG Auditores a una sociedad limitada. En esos años, la jurisprudencia en este ámbito era escasa y era habitual que las compañías recurrieran estas peticiones.

    En principio, la Ley General Tributaria establece que todos los contribuyentes, ya sean particulares o empresas, “estarán obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”. KPMG alegó sin éxito que el requerimiento de Hacienda alcanzaba no solo al informe de auditoría, sino también a los papeles de trabajo elaborados por la compañía en el desarrollo de su cometido.

    En este sentido, la auditora señaló que facilitar cierta información supondría una vulneración de la Ley de Protección de Datos. Defendió también que la Ley General Tributaria establece límites a la obligación de informar. Ricardo Briz, socio del despacho Briz Jurídico Tributario, recuerda que la legislación vigente contempla que el deber que tienen los profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a Hacienda no alcanza “a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios de asesoramiento o defensa”.

    Sin embargo, la auditoría no entra dentro de este ámbito. Acerca de la sentencia, Briz pone en duda que toda la documentación utilizada en una labor de auditoría tenga trascendencia tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reconoce que se trata de un “concepto jurídico indeterminado”, sin embargo, en la sentencia indica que todos los documentos requeridos por Hacienda sí tenían un componente fiscal.

    domingo, 19 de julio de 2015

    ¿Quién audita la sostenibilidad y el buen gobierno en el Ibex 35?

    ¿Quién audita la sostenibilidad y el buen gobierno en el Ibex 35?

    31 empresas del Ibex incluyen en sus informes de 2014 un informe de verificación externa o revisión por parte de un tercero independiente. El 93% lo hacen con alguna de las Big Four, como Deloitte y PwC. 

    Este número supone dos compañías más que el año anterior a pesar de los cambios que se han producido en el Ibex. En los últimos meses, han salido del índice BME y Jazztel (que no contaban con este documento) y se han incorporado Acerinox (que no lo hace) y Aena, que verifica su memorias desde 2006 con Aenor. Además de Acerinox, tampoco Dia, Grifols y Técnicas auditan la información extrafinanciera con un tercero independiente.

    Las Big Four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) se han encargado de verificar 29 de los 31 informes del Ibex de 2014. En este ejercicio se han producido cambios. Abengoa ha escogido a PwC para llevar a cabo la verificación independiente de su informe de RSC, una tarea que antes hacía KPMG.

    La firma que preside Gonzalo Sánchez en España desde el pasado abril también ha asumido la verificación de la memoria de Red Eléctrica que venía elaborando en los últimos años SGS y del informe de Sacyr, que antes compartía con Aenor.

    Gamesa, por su parte, ha decidido que sea EY, que audita también sus cuentas, quien haga la revisión independiente de la información relativa a sus prácticas sociales y ambientales, de la que, en los últimos años, se encargaba Aenor.

    A pesar de estos cambios, Deloitte sigue siendo el principal auditor de las políticas de sostenibilidad del Ibex, con nueve compañías, las mismas que el año anterior.

    La firma que lidera Fernando Ruiz, que hace cuatro años realizó sólo cuatro auditorías, elabora ahora las de Abertis, ArcelorMittal, Bankinter (que sumó en 2013), BBVA, CaixaBank, Ferrovial, OHL, Repsol y Santander.

    Cambios
    Tras ganar Abengoa y Red Eléctrica, PwC se acerca a Deloitte al llevar a cabo ocho verificaciones independientes del Ibex. La firma de servicios profesionales ya contaba con Amadeus, Banco Sabadell (que comenzó a hacer el año pasado), Gas Natural, Mediaset, Popular y Sacyr. KPMG, por su parte, tras perder a Abengoa, se encarga de seis: Acciona, ACS, Enagás, FCC, Iberdrola e Indra.

    Tras incorporar Gamesa, EY trabaja en los informes de revisión independientes de los informes de sostenibilidad de otras cuatro grandes cotizadas: Bankia (que comenzó a hacer el año pasado), Endesa, Mapfre y Telefónica.

    Dieciocho de las 31 sociedades Ibex han optado por verificar sus políticas sostenibles con la misma firma que auditan sus cuentas anuales, una tendencia que se ha ido intensificando a medida que las compañías tienden a hacer el informe integrado. La mayoría de ellos entiende que la auditoría financiera y no financiera debe avanzar hacia la integración, de ahí que la misma firma se encargue de ambos trabajos.

    Otros 13 grupos, sin embargo, consideran que trabajar con diferentes firmas de servicios profesionales aporta mayor credibilidad a la información y es mejor valorada por los grupos de interés, especialmente, los inversores.

    Fieles
    Veinte grupos del Ibex permanecen fieles en los últimos cinco años a la misma firma para verificar la información no financiera. Santander acaba de sustituir como auditor de sus cuentas a PwC por Deloitte (que verifica las políticas de sostenibilidad).

    martes, 14 de julio de 2015

    CincoDías.com: La RSC fomenta la estabilidad de los mercados

    La RSC fomenta la estabilidad de los mercados | Empresas | Cinco Días
    - Madrid - 14-07-2015

    Análisis y estudios sobre la crisis económica y financiera muestran que uno de los causantes de esta ha sido la falta de información clara y transparente desde las empresas y otras instituciones hacia sus grupos de interés. Una carencia que se explica porque en muchas organizaciones las políticas de RSC no estaban en el corazón mismo del modelo de negocio. Y aunque se reconoce que la RSC, por sí sola, no habría evitado la crisis financiera, existe acuerdo en que probablemente la habría hecho menos violenta.

    La aportación de la RSC al aumento de la transparencia en el sector financiero ha sido el objeto de la tercera edición del curso sobre inversión socialmente responsable (ISR) celebrado en Madrid y organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca, la Fundación Pablo VI, Santander Asset Management España y Spainsif, bajo el título La transparencia en el mundo de las finanzas y las aportaciones desde la ISR.

    Se trata, como apuntó Ángel Benito, de la introducción de valores sociales en la empresa
    Ángel Benito, director general de mercados de la CNMV, destacó durante su intervención las múltiples iniciativas de carácter normativo relacionadas con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo en los últimos años, y especialmente en España con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno. “El objetivo último de la reforma no es otro que construir las bases precisas para que las empresas generen beneficios de forma sostenida en el tiempo minimizando las externalidades negativas mientras se potencian las externalidades positivas sobre empleados, clientes, proveedores, el resto de stakeholders y la comunidad en su conjunto”, señaló Benito.

    Se trata pues, como apuntó Benito, de la introducción de valores de tipo social en la empresa. “Lo que hemos pretendido es concienciar a la empresa de la necesidad de hacer un replanteamiento global de su forma de gestión y de funcionamiento. Un cambio para lograr que las cosas nos vayan mejor a todos”, sentenció. Porque “un marco adecuado de gobernanza puede frenar gestiones cortoplacistas perjudiciales y limitar la asunción de riesgos excesivos, contribuyendo así a lograr un crecimiento más sostenible”.

    El director general de mercados de la CNMV destacó que cada vez existe una mayor conciencia de que el buen gobierno de las empresas fomenta la estabilidad de los mercados y potencia la confianza de los inversores.

    José Mercado, presidente de Santander AM España, también ponente en el curso, quiso resaltar que, aunque tarde, se va reaccionando en el asunto de la transparencia. Mercado destacó los tres elementos que están haciendo posible esa transformación: “En primer lugar, poner el foco en el horizonte de las inversiones, sustituyendo el cortoplacismo por la inversión de largo plazo; segundo, incluyendo en el proceso de toma de decisión de las inversiones nuevos parámetros de corte social, medioambiental o de gobierno corporativo, y por último, la comercialización de productos financieros sencillos en su estructura, justos en su retribución y adaptables a las necesidades de los inversores”.

    Porque, para el presidente de Santander AM España, “la inversión socialmente responsable es una manifestación más de la creciente presión social que gravita sobre el mundo empresarial y financiero para que sus dirigentes asuman el compromiso de crear valor no solo para los accionistas, sino también para el resto de la sociedad, como una nueva forma de entender la empresa, la economía y la sociedad”.


    Criterios ISR

    En los últimos años han surgido una serie de iniciativas que están consolidando la inversión socialmente responsable (ISR) como un elemento de mejora de las empresas a las que se va a invertir, señaló en su intervención José Mercado. Como resultado de ello, Mercado recordó que el volumen gestionado a nivel mundial bajo algún tipo de inversión considerada como ISR se ha elevado hasta los 21,4 billones de dólares a inicios de 2014, con un crecimiento del 61% en los dos últimos años. “Y ya supone un 30,2% del patrimonio total gestionado de forma profesional, es decir, que casi uno de cada tres dólares gestionados de forma profesional incorpora criterios de ISR”.

    miércoles, 8 de julio de 2015

    REA+REGA: Una ley no consensuada y que nos aleja de Europa

    Madrid, 6 de Julio de 2015
     
     COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DEL REA+REGA-CGE

    Una ley no consensuada y que nos aleja de Europa

    La nueva Ley de Auditoría, que está siendo tramitada en el Senado, es una norma fundamental para la transparencia y la seguridad de los mercados y para las más de 55.000 empresas que se auditan en España. También lo es para las más de 20.000 personas que están acreditadas como auditores y para los cerca de 30.000 empleos directos e indirectos del sector.

    El REA+REGA-CGE ha ido comunicando al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, a lo largo de todo el proceso de esta Ley, todos aquellos aspectos sensibles y susceptibles de mejora, principalmente de carácter técnico, y que hacen referencia a:
    • Aleja a España de la UE, generando un sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto a los países europeos que se estima en más de 100 millones de €, equivalente a cerca de la sexta parte de la facturación del sector.
       
    • Tal y como ha declarado el Consejo de Estado, es una ley de muy difícil comprensión. Por tanto, la regulación de la Independencia, uno de los elementos clave de la norma, crea una alta inseguridad jurídica.
       
    • Supone un incremento del 100% de los impuestos a la auditoría que repercute en las empresas auditadas.
       
    • Genera un incremento innecesario de la burocracia a los auditores y un incremento injustificado de las tareas del regulador.
       
    • Es una ley no consensuada ni con el sector, ni con las empresas auditadas, ni con los usuarios en general, ni con la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias. Y ello, a pesar de la disposición permanente de todos los Grupos Parlamentarios de alcanzar un acuerdo.
       
    • Afectará negativamente al mercado en general y, específicamente, a las empresas auditadas y a todo el sector de la auditoria.

    Por todas estas razones, el REA+REGA-CGE desea expresar públicamente:
    • Su profunda preocupación ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.
    • Su convencimiento de que la redacción actual restará competitividad a España y no permitirá alcanzar los objetivos que busca: la mejora de la transparencia y de la independencia de los auditores. 
    • Su propuesta de crear con carácter urgente una mesa de trabajo Gobierno-Grupos Parlamentarios-Sector en la que se consensue esta ley.
    • Su predisposición a seguir trabajando, mientras exista la más mínima oportunidad, para lograr una ley acorde con la posición de nuestro país en la Unión Europea y con la profesionalidad que día a día demuestran los auditores españoles.

    Por todo lo anterior, el REA+REGA-CGE no puede respaldar el redactado actual de este Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas y considera necesario alcanzar un consenso sobre las modificaciones técnicas a introducir en aras a conseguir una Ley moderna, de largo recorrido y que favorezca la estabilidad del mercado, así como la eficiencia y la transparencia de las empresas.

    martes, 7 de julio de 2015

    elMundo.es: El sueño americano de Camps, 817.551 euros gastados sin control

    El sueño americano de Camps: 817.551 euros gastados sin control | Comunidad Valenciana | EL MUNDO
    Un informe de Deloitte sobre las cuentas de Feria confirma que Belén Juste inyectó desde su Conselleria el dinero para asistir a la feria de Dallas / La Fiscalía investiga el uso de subvenciones

    «Hemos traído una pequeña muestra de nuestra tierra para que Dallas y Texas puedan conocerla mejor». En 2008 Francisco Camps tuvo un sueño: exportar a Estados Unidos productos típicos valencianos para su promoción e impulsar un vuelo directo entre los aeropuertos de Valencia y Dallas. El objetivo, acaparar inversiones aprovechándose de la ubicación estratégica de las dos ciudades. Ninguno de sus sueños salió adelante y Feria Valencia pagó hasta 817.551 euros para inaugurar en Dallas la primera showhouse de productos íntegramente valencianos. Así consta en un informe de auditoria de Deloitte, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que los auditores analizan pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y las subvenciones que recibió Feria para la organización de certámenes y su ampliación.

    La Fiscalía Anticorrupción investiga desde octubre el agujero patrimonial de Feria. Las pesquisas, aún en fase prejudicial, apuntan directamente al ex presidente Alberto Catalá, y a la ex directora general, Belén Juste, en la actualidad diputada nacional del PP, porque habrían gastado como si Feria fuese una empresa privada pese a que conocían sentencias y resoluciones administrativas que reconocían su dependencia del sector público. La investigación se ceñía en un principio a las obras de ampliación, que podrían acabar costando hasta 1.027 millones de euros, pero se ha ampliado a toda la gestión económica-financiera.

    Entre la documentación que revisan los interventores -reconvertidos en peritos judiciales con el amparo de la Fiscalía General del Estado para evitar perturbaciones durante la investigación- están los informes de auditorías de cuentas anuales, desconocidos hasta ahora porque Feria siempre ha ocultado sus números. Ni siquiera la Sindicatura de Comptes ha tenido acceso a sus balances.

    Deloitte detalló en sus informes las subvenciones y participaciones en certámenes oficiales que recibió Feria en 2008 y 2009, entre las que destacan los 817.551 euros para la feria de Dallas, la ayuda más alta que ha recibido para participar en un certamen, según esta documentación.

    La auditoría dice que Feria recibió el dinero del Instituto Valenciano de Comercio Exterior -un ente que no existía en esa fecha y que podría referirse al IVEX- dependiente de la Conselleria de Comercio e Industria, cuando Belén Juste era su responsable. La Generalitat quería que Feria estuviera en Dallas costase lo que costase. Y pese a que la institución nunca se había interesado antes por este mercado, en 2008 se embarcó en el sueño americano de Camps gracias a la subvención que recibió de su ex directora general.

    Modesto Crespo, Belén Juste y Francisco Camps 
    con representantes de la Dallas Regional Chamber of Commerce.
    Feria Valencia transportó los materiales en avión, lo que encareció el 'Showhouse' de Estados Unidos

    El certamen se celebró en noviembre y los costes de transporte se encarecieron por la falta de previsión de la organización. Al parecer, los gastos se dispararon porque el material se trasladó en avión en lugar de por vía marítima. Se transportaron desde Valencia todos los productos con los que se construyó la casa valenciana con criterios de contratación que se desconocen porque Deloitte no los identificó. Feria encargó en EEUU la construcción de la casa con elementos traídos desde la Comunidad, como azulejos de Castellón o telas de Valencia.

    Con la inyección del dinero desde el IVEX, la Conselleria evitó los controles de las contrataciones públicas porque Feria siempre ha gestionado sus fondos como si fuera un ente privado pese al criterio mayoritario de juristas. El showhouse fue un fracaso porque apenas tuvo visitantes, según los empresarios consultados.






    'Gürtel' y Obama

    El sumario de Gürtel también identificó este certamen por el interés de Álvaro Pérez 'El Bigotes' por organizar una cita entre el ex presidente Francisco Camps y Barack Obama, que acababa de vencer en las presidenciales estadounidenses. Camps quería hacerse una foto con Obama, también a cualquier precio, pero El Bigotes no lo consiguió. El hombre de Francisco Correa sólo le consiguió un encuentro, en diciembre de 2008, con uno de los que iban a ser ministros, el gobernador de Nuevo México Bill Richardson, que tuvo que renunciar a su puesto por un escándalo de corrupción.

    Los pinchazos de Gürtel reflejan este interés. «Sentarse con Obama ahora es imposible, porque hay en el planeta 500 tíos importantes, o 500.000, que también se quieren sentar con él», comunicó la red a Camps. Para no defraudarle, le ofrecieron una alternativa: en lugar de Obama Bill Richardson, pero al dirigente no le entusiasmó. «¿Tú qué te crees? ¿que Richardson es un presidente como los de aquí, de cualquier autonomía?» le replicó El Bigotes. La cita tuvo que aplazarse por la agenda de Camps en EEUU, lo que enfadó a la trama: «¡Es un gilipollas! Ahora mismo me entran ganas de llorar, de saltar por la ventana. Iría a verle y le daría dos hostias».



    Feria Valencia gastó en dos años 7 millones en relaciones públicas

    Pese a la «disminución del 33,36%» de metros de exposición, el recinto multiplicó estas partidas
    El informe Deloitte sobre las cuentas anuales de Feria Valencia de los años 2008 y 2009 refleja que sólo en Relaciones Públicas el recinto gastó más de siete millones de euros pese a que los metros de exposición registraron una «disminución del 33,36% respecto a las ediciones anteriores y a eventos y ferias externas». Los certámenes que mayores ingresos aportaron esos años fueron «Cevisama con unos ingresos de 6 millones de euros, Hábitat con 3,3 millones y Fimma-Medralia con 3'3 millones de euros». Aún así, la feria de Dallas fue la que mayor ayuda pública recibió. El informe Deloitte también refleja las ayudas comunitarias que recibió y que Feria supuestamente gastó sin control público pese a las recomendaciones que recibió en 2003 de la Junta Superior de Contratación Administrativa, un órgano de la Generalitat que resuelve dudas respecto a contrataciones públicas. Según esta documentación, Feria recibió esos años cerca de 20 millones de euros procedentes de los fondos Feder, además de trasferencias periódicas de la Generalitat concedidas desde el año 1987. La Junta Superior de Contratación trasladó a Feria que las obras debían ejecutarse con control público por las ayudas europeas que recibió. El informe de la Junta lo firmó Gerardo Camps como conseller de Economía. El grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia denunció esta semana que dicho informe «es un claro ejemplo de la instrumentalización que han hecho las instituciones gobernadas por el PP de la Feria». «Así cuando les convenía Feria era pública, por ejemplo a la hora de demandar fondos FEDER de la Comisión Europea reservados a las instituciones públicos» aseguró Consol Castillo.