lunes, 29 de septiembre de 2014

ElConfidencial.es: El caso Bankia convierte la ley de auditoría en una ‘camisa de fuerza’ para las Big Four

El caso Bankia convierte la ley de auditoría en una ‘camisa de fuerza’ para las Big Four - Noticias de Empresas
GUINDOS AMENAZA CON LA ‘FACTURACIÓN CERO’


Ni media fisura. Más o menos esta es la consigna lanzada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que los servicios técnicos de su departamento se pongan las pilas en la redacción de la nueva Ley de Auditoría que el Gobierno quiere aprobar antes de que acabe el año. El conflicto desatado con Deloitte por su intervención en el caso Bankia ha decantado la posición más beligerante del titular de la política económica, lo que se va a traducir en una normativa especialmente dura, una verdadera ‘camisa de fuerza’, para las grandes firmas de auditoría que trabajan en España.

El caballo de batalla de la futura legislación reside en lo que se define con el epígrafe de ‘Facturación Cero’, un criterio extraordinariamente restrictivo impuesto por la Unión Europea para impedir que ningún auditor pueda contratar servicio adicional alguno con un mismo cliente. La aplicación generalizada de un requisito tan estricto en nuestro país obligará a un replanteamiento del modelo económico en el que se han desarrollado todas las empresas auditoras y en virtud del cual muchas de ellas actúan también de manera simultánea como entidades consultoras de las principales empresas del Ibex 35.

Para las llamadas Big Four, como son la propia Deloitte, KPMG, PwC y Ernst&Young, la adaptación al nuevo marco legal sin un proceso transitorio constituye un verdadero desafío en la gestión de su negocio. De ahí la intensa capacidad de lobby que algunas marcas han estado ejerciendo en los últimos meses en medios próximos al Ministerio de Economía con el fin de suavizar una normativa que puede poner ‘patas arriba’ las relaciones comerciales dentro del mercado español de auditoría. Las consecuencias se harán sentir también en muchas de las sociedades cotizadas, que tampoco son muy dadas a cambiar la contratación de este tipo de servicios.

(Reuters) 
(Reuters)
El Gobierno parecía receptivo en un primer momento a buscar un consenso con la Comisión Europea ya que la reglamentación en ciernes responde a una directiva comunitaria cuya trasposición al ordenamiento mercantil deberá hacerse efectiva no más tarde de 2016. Los borradores iniciales que han circulado en medios del sector se habían estructurado a partir del actual texto refundido de la Ley de Auditoría vigente desde el año 2011, en el que se deja un cierto margen de incompatibilidad. La regulación actual permite que las firmas facturen anualmente hasta un 15% de sus ingresos en trabajos distintos del propio análisis o investigación de cuentas, considerando a dichos efectos porcentuales la media de los tres últimos ejercicios.

El contencioso abierto con Deloitte
La situación ha cambiado de manera radical después de las tensiones que ha generado el conflicto con Deloitte por su intervención en el caso Bankia. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en su calidad de organismo regulador dependiente del Ministerio de Economía, ha impuesto una multa a la empresa auditora por su labor de asesoramiento en la salida a bolsa de la entidad financiera durante la etapa presidencial de Rodrigo Rato. Más allá de la penalización de 12 millones de euros, lo que verdaderamente preocupa a la firma es el quebranto que la sanción vaya a producir en su imagen reputacional. De momento, Deloitte ha sido excluida por el Banco de España en el reparto de los test de estrés que se vienen realizando desde primeros de año al sector bancario por imperativo del Banco Central Europeo.

Salida a Bolsa de Bankia. (Efe) 
Salida a Bolsa de Bankia. (Efe)

La entidad está dispuesta a defenderse con todas las consecuencias en lo que puede suponer un pleito por todo lo alto con el Ministerio de Economía. La auditora cuenta con el respaldo de la CNMV, pues no en vano el organismo de supervisión que entonces presidía Julio Segura fue el que solicitó la participación de Deloitte en los trabajos de la oferta pública. El Banco de España ha descalificado también la severidad de la multa y, por si fuera poco, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido la actuación profesional llevada a cabo por el socio responsable de Deloitte, Francisco Celma, que se negó a avalar en su día las cuentas de la entidad de crédito nacionalizada.

Tras la encendida polémica con Deloitte se esconde también una batalla sorda y larvada desde hace tiempo entre la CNMV de Elvira Rodríguez y el ICAC, que preside Ana María Martínez-Pina. El organismo regulador de la bolsa no está de acuerdo con el ordenamiento actual que atribuye al instituto dependiente del Ministerio de Economía la plena tutela sobre el mercado de la auditoría en España. La Comisión de Valores quiere para sí el control y la supervisión sobre las cuatro grandes firmas del sector, que son las que realizan los análisis de todas las empresas del Ibex donde se concentran, por lo demás, las mayores atenciones y suspicacias de los inversores internacionales.

La sensibilidad de Guindos no alcanza para satisfacer las pretensiones de la CNMV, sino que se inclina, más bien al contrario, por estrechar el cerco del Ministerio de Economía y aplicar ahora nuevas medidas drásticas con el argumento que supone la directiva  de Bruselas. No es la primera vez que el Gobierno busca amparo bajo el paraguas comunitario para enarbolar la bandera reformista en sectores de actividad económica. Las Big Four deberán ‘atarse los machos’, que diría un torero, para lidiar con una regulación que puede marcar época en el mercado de la auditoría en España. Todo sea para que al Gobierno no le coja el toro y la multa a Deloitte pueda ser legitimada pese a la opinión en contrario de la CNMV y el Banco de España.

VoxPopuli.com: Salvedades en la auditoría de Adif al no justificar activos por 4.400 millones

Salvedades en la auditoría de Adif al no justificar activos por 4.400 millones
El interventor delegado en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que no disponía de toda la documentación que solicitó para verificar dichos activos. También apunta a que la red de Feve que pasó a Adif está sobrevalorada.
Raúl Pozo - 29.09.2014

La auditoría del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) correspondiente al último ejercicio presenta una serie de salvedades presentadas por la Intervención General del Estado relativas a los activos de la compañía pública. El interventor asegura no haber dispuesto de la documentación necesaria para verificar una serie de activos valorados en algo más de 4.400 millones de euros, un extremo que podría afectar a las cuentas presentadas por la empresa pública, que arrojan pérdidas de 96,6 millones de euros, un 67,5% menos que el año anterior.

En el informe de auditoría de dichas cuentas, el interventor incluye a tal efecto una serie de salvedades en las que recuerda que durante el pasado ejercicio fueron traspasados a Adif activos valorados en 11.882 millones de euros. Sin embargo, el informe constata que la información disponible no ha sido suficiente para registrar parte de esos activos y, por lo tanto, tampoco los costes que llevan asociados.

De este modo, el informe concluye que “con la información disponible y las evidencias de auditoría obtenidas, no resulta posible evaluar el efecto que las situaciones descritas pudieran tener sobre las cuentas anuales consolidadas de 2013”.

Pero ésta no es la única salvedad incluida en el informe de auditoría de Adif. El interventor también señala que la sociedad absorbió el pasado año los activos de la desaparecida Feve, que presentaban un valor contable de 524 millones de euros, pero que dichos activos habían sido considerados como sobrevalorados en la auditoría que la propia Intervención del Estado había realizado a Feve en 2012.

Activos sobrevalorados
El documento, incluido en las cuentas anuales de la compañía que publicó el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), recuerda que la Intervención del Estado concluyó que los activos de Feve estaban sobrevalorados debido a una serie de deficiencias de control interno, en especial en lo relacionado con los procesos de bajas por renovaciones.

Los activos fueron incorporados a Adif sin proceder a una nueva valoración y la información proporcionada por la compañía no es suficiente para que el auditor cuantifique “el importe por el cual dichos activos se encontrarían sobrevalorados al cierre del ejercicio”.

Adif redujo un 67,5 % sus números rojos en 2013, cuando contabilizó unas pérdidas de 96,6 millones de euros, gracias a la disminución de las provisiones y a los menores gastos de explotación y financieros. Estos resultados no incluyen los de la sociedad Adif Alta Velocidad, cuyas cuentas está previsto que se publiquen en breve.

A cierre del ejercicio, la cifra de negocios ascendió un 118,3 millones de euros, el 90,7 % menos que los 1.273,7 millones contabilizados en 2012, tal y como publicó el BOE.

Por divisiones, 68,6 millones de euros procedieron del canon por utilización de la red de interés general titularidad de Adif, 33 millones por el canon por utilización de estaciones y otras infraestructuras ferroviarias, y 16,6 millones por la tasa de seguridad del transporte ferroviario.

viernes, 26 de septiembre de 2014

elEconomista.es: Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social

Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social
26/09/2014

Inditex renueva su presencia en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) por decimotercer año consecutivo. La puntuación global obtenida por Inditex la sitúa por delante del 98 % de las empresas del sector del comercio minorista a nivel mundial. En esta puntuación se combinan elementos de las dimensiones económica, medioambiental y social; en todas ellas el grupo se ha situado como una de las empresas con más sólida responsabilidad corporativa.

La familia de índices de sostenibilidad del Dow Jones datan de 1999, y se elaboran en colaboración con RobecoSAM, firma especializada en inversión sostenible. Las empresas se seleccionan, de entre las 2.500 que integran el Dow Jones Global Total Stock Market Index, en función de un análisis global del desempeño económico a largo plazo, criterios medioambientales y sociales, e indicadores específicos para cada ramo de actividad. El método empleado es sistemático, de manera que los inversores puedan tomar decisiones de forma rigurosa y consistente con arreglo a los resultados.

Entre las dimensiones que se examinan está el gobierno corporativo, la gestión del riesgo, la marca (branding), paliación del cambio climático, estándares de la cadena de suministro y prácticas laborales. Se tiende, pues, a rechazar aquellas compañías que no operan de manera ética y sostenible. Los resultados se vertebran en diversos índices: uno global, el DJSI World (que hoy integra a 319 empresas), y varios geográficos: Europa, Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), América del Norte y Asia Pacífico. Inditex pertenece a la edición global y la europea.

Activa en todos los frentes
Inditex ha incorporado la sostenibilidad a toda su estrategia comercial. En los últimos años ha plasmado este compromiso en una serie de estándares, que resumen la filosofía del grupo en cada aspecto fundamental del proceso productivo.

Así, el rubro "Right to Wear" comprende protocolos que garantizan que todos sus productos cumplen los estándares de salud y seguridad más avanzados ("Clear to Wear" y "Safe to Wear"); una cultura empresarial centrada en la ética, el respeto a los demás y su diversidad, la honradez, la transparencia y la profesionalidad ("Teams to Wear"); un esquema de auditoría que asegura que todos los productos son fabricados en cumplimiento del Código de Fabricantes y Proveedores ("Tested to Wear"); acciones de inversión social que buscan fortalecer lazos con las comunidades en las que Inditex está presente ("Social to Wear"), y, por último, una estrategia que vela por una fabricación y comercialización de productos respetuosa con el medioambiente ("Green to Wear").

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Todos estos esfuerzos requieren, no obstante, de transparencia para que pueda juzgarse si, en efecto, son acatados. Por este motivo, Inditex participa activamente de las iniciativas globales más punteras en materia de rendición de cuentas (reporting). Sigue desde 2002 los criterios del índice Global Reporting Initiative; está adherida a la iniciativa The Global Compact, de Naciones Unidas, desde 2001 (ha obtenido el nivel más avanzado en el último informe de progeso de la organización) y es asimismo miembro desde sus inicios del International Integrated Reporting Council (IIRC). Las memorias anuales del grupo siguen los estándares definidos por todos ellos.

jueves, 25 de septiembre de 2014

NoticiasdeAlmería.com: Una auditoría del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos

Una auditoría del SAT en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos | Noticias de #Almeria
Sólo en 2013 ya rondaba los 24.000 euros a pesar de quienes imparten los cursos lo hacen de modo altruista
 Una auditoría interna del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Almería, y que lidera a nivel nacional Diego Cañamero, ha desvelado que la denominada “cuenta de campaña” tenía un déficit de 24.000 euros en el año anterior, según han informado a Noticias de Almería fuentes de la organización.

Esta cuenta es la que recibe el dinero “que viene de Europa” y que se utiliza para financiar diversos programas relacionados principalmente con inmigrantes, y que a principios de ese año partía en positivo. A ese déficit hay que añadir los otros casi 8.700 euros de la asesoría laboral en esa misma fecha, pero que según las fuentes consultadas, en junio ya había crecido hasta los 14.000 euros negativos.

Esta información fue trasladada a la dirección nacional del sindicato que abrió una comisión de investigación al respecto, pero según miembros de la organización “no han investigado los programas ni proyectos de Europa, ni nada sobre el dinero que llegaba, con regularidad, de organizaciones europeas”. Lo que se preguntan los sindicalistas que han denunciado ante Noticias de Almería todo esto es que “si esos programas iban para los inmigrantes y sobre todo en los últimos años para la formación y el aprendizaje del español ¿por qué todos los profesores que lo impartían eran voluntarios y no cobraban y cuando no había voluntarios, no se daban esas clases?”.

Dicho de otro modo, que llega dinero de la Unión Europea al SAT de Almería para dar cursos a inmigrantes, quienes los imparten lo hacen de modo altruista, y aún así la cuenta bancaria en la que se recibe registra un importante déficit según la auditoría.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Coordenadas BDO: NIAS también para el Sector Público

Coordenadas BDO - Detalle Artículo
NIAS también para el Sector Público 

El pasado 18 de febrero se publicó Resolución por la que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) inicia el proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría. 

Este proceso pretende lograr la adaptación y mejora de la normativa técnica de la auditoría del sector público, a través de la elaboración de un cuerpo normativo consistente con las NIA-ES que han sido aprobadas por el ICAC.

En la propia Resolución de la IGAE se menciona que la elaboración de normativa técnica de auditoría específica para el ámbito público constituye una tarea básica para el propio desempeño de la función de control, debiendo tomar como referencia tanto la regulación aprobada para el sector privado como las pautas seguidas en el ámbito internacional.

Desde el punto de vista del sector privado, este proceso ya ha culminado con la aprobación de las NIAS-ES, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en las que además se han suprimido todas las referencias en las diferentes NIA al sector público, por estar fuera del alcance del TRLAC y su normativa de desarrollo.

Internacionalmente también se está produciendo este proceso adaptativo hacia las NIAS a través de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo las está aplicando en los últimos años en la ejecución de sus trabajos y en la elaboración de sus informes de fiscalización.

Es interesante destacar que mediante este proceso de adaptación, también se pretende crear el marco adecuado para facilitar el desarrollo de mecanismos de coordinación técnica en materia de auditoría con las administraciones territoriales, en aras a lograr un cuerpo normativo con consistencia en el ejercicio de la función de control en el ámbito público, con independencia de que su ejercicio se efectúe directamente por los órganos de control o bien acudiendo a la colaboración de firmas privadas.

Este proceso contemplará, asimismo, el análisis y, en su caso, el desarrollo de la normativa complementaria, incluidas las normas sobre control de calidad, que contribuirá, sin lugar a dudas, a lograr un cuerpo normativo completo y adaptado a la realidad del sector público.

El órgano encargado de gestionar este proceso será la Comisión de Normas de Auditoría del Sector Público (CNASP), que tendrá como misión servir como órgano de consulta en la adaptación e integración de las nuevas normas de auditoría del sector público. La Oficina Nacional de Auditoría (ONA), iniciará, dirigirá, coordinará e impulsará el proceso de adaptación e integración de las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) y las Normas Técnicas de Auditoría (NTAS) aplicadas por la Intervención General de la Administración del Estado a las NIAS-ES.

Con todo ello, estamos probablemente ante el cambio normativo más importante de los últimos años, que no sólo va a tener implicaciones para los auditores sino también para los órganos de dirección y gobierno de las sociedades y entidades del sector público auditadas. Este cambio representa además un paso fundamental en el camino de la convergencia, tan importante en una economía global.

Aprovechando estas reflexiones nos parece importante recordar que el cambio que de forma inminente nos va a afectar es el que se producirá por la entrada en vigor de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el 15 de octubre de 2013, que serán de aplicación obligatoria para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 y, en todo caso, en los trabajos de auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2015, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Esta  fecha de entrada en vigor ya se acerca y una vez se cierren las auditorías del ejercicio 2013 ya tendremos que empezar la planificación de nuestros próximos trabajos en base a este nuevo marco normativo,  con el  consiguiente  proceso de adaptación que conllevará en mayor medida para nosotros pero también para nuestros clientes. 

Asimismo, no podemos considerar que éste va a ser un proceso estático en el tiempo sino que se convierte en un proceso dinámico ya que las NIA son objeto de revisión y modificación periódica por parte de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) y las modificaciones o incorporaciones que lleve a cabo el IAASB deberán pasar el mismo proceso de traducción y adaptación para su aplicación en España.

Esperemos que todo este esfuerzo encaminado a la mejora, homogeneización y mayor transparencia en la información financiera contribuya a conseguir los objetivos básicos del auditor, que no son otros que, obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales y han sido preparados conforme a un marco de información financiera que le sea de aplicación,  de forma que sirvan para dar una mayor credibilidad a nuestros informes y, en definitiva, al trabajo del auditor.

Celia Bertomeu

Fundación Mapfre: Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir

Becas carnet de conducir para jóvenes en paro


Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir 

FUNDACIÓN MAPFRE ha lanzado una convocatoria de 100 becas, de 500 euros (libre de impuestos) cada una, destinadas a que jóvenes en situación de desempleo obtengan el permiso de conducir.
Podrán beneficiarse de estas becas todas aquellas personas que tengan entre 18 y 29 años (ambos inclusive), que vivan en el domicilio familiar, y que acrediten estar en paro desde al menos el 31 de mayo de 2014 hasta el momento de la solicitud.

Para poder acceder a estas becas las personas interesadas deberán registrarse en la web www.seguridadvialparajovenes.com y aprobar el curso se seguridad vial que se encuentra en dicho site.

Estas becas forman parte del programa seguridad vial para jóvenes que FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla en colaboración con  algunas de las más prestigiosas autoescuelas españolas, con el objetivo de  provocar un cambio de actitud entre los jóvenes con respecto a la seguridad vial.

La convocatoria está abierta desde hoy miércoles, 17 de septiembre, hasta el día 17 de diciembre de 2014.

Consulta las bases - Más información

lunes, 22 de septiembre de 2014

elEconomista.es: "Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas", entrevista a Mario Alonso (Censores)

"Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas" - elEconomista.es
Araceli Muñoz 7:05 - 22/09/2014
Con una larga trayectoria profesional como economista, abogado, así como presidente y cofundador de la firma auditora Auren, Mario Alonso recibe a elEconomista un año después de ganar las elecciones a la presidencia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

En un momento de muchos cambios para el sector de las auditoras, Alonso recibe a este diario para hablar de los retos a los que se enfrenta este negocio.

- ¿Cuál es su opinión sobre el panorama actual del sector?
- Estamos pasando por un momento duro. Sin embargo, lo que hace la crisis es que la auditoría tenga muchísima más importancia. Ahí está el valor del auditor: poner encima de la mesa cuáles son los resultados reales. Por eso, en un proceso de crisis como el actual, la confianza de los auditores es absolutamente relevante.

Además, estamos viviendo un momento de unos cambios normativos que van a tener unos efectos muy importantes. Muchas veces los gobiernos pueden tener tentaciones de ir a procesos de sobrerregulación cada vez que hay una crisis económica o saltan escándalos financieros. Por eso, una de las soluciones que suelen proponerse es apretar más la regulación a los auditores y eso me parece que no tiene demasiado sentido. Somos una de las profesiones que más regulada, vigilada y controlada está.

- ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva ley de auditoría?
- Por el momento, lo que tenemos es el marco de juego que se ha establecido en Europa: una directiva que afecta a todos los trabajos de auditoría de cualquier tamaño y un reglamento, que es aplicable exclusivamente a las entidades de interés público (EIP). Antes de ver los cambios que llegan a las auditorías de las EIP, hay que pensar en los objetivos fijados para regular la profesión.

El primero es la armonización, que haya normas comunes en todos los países. Como se han dado numerosas opciones para que cada país lo adapte según su criterio, creo que este objetivo de homogeneización va a ser difícil de alcanzar. Otro de los objetivos es reducir la concentración del sector y mejorar los temas de independencia. Estas medidas están enfocadas a la rotación.

Sin entrar en detalles, la independencia es el mayor valor de los auditores, vivimos de la objetividad y es el principal activo de nuestro trabajo. Estamos tratando de hacer ver al legislador español la posibilidad de extender al máximo el periodo de rotación, sobre todo en aquellos casos en que exista la co-auditoría. Ésta, desde el punto de vista voluntario, puede ser una oportunidad para abrir el mercado y luchar contra esta concentración.

Otro tema muy importante son los llamados "servicios prohibidos", en el que también da la posibilidad de exceptuar dos servicios. Consideramos importante que se permitan los servicios fiscales y los de valoración de empresas, porque pueden ser perfectamente compatibles. No se debe legislar en base a casos puntuales, por lo que se debería hacer una ley que satisfaga tanto los intereses públicos como los del sector.

- ¿Serán las 'big four' las menos beneficiadas?
- El mercado es libre de elegir y yo creo que es muy difícil imponer reglas en cuanto a esto. Al final, la libertad de empresa permite elegir la auditora que mejor se adapte a sus necesidades. Las firmas que concentren mayor número de EIP pueden ser las menos beneficiadas por los cambios en la rotación.

No obstante, es importante decir que las firmas, independientemente de su tamaño, tienen la capacidad para auditar cualquier empresa: el corte no hay que darlo en los conocimientos técnicos ni en el peso de la marca, sino en los medios y la estructura.

- Ahora se habla mucho del caso Gowex, pero antes de éste ha habido otros, desde Enron a Pescanova. ¿Hasta qué punto estos casos han puesto en duda la credibilidad del sector?
- En España se emiten más de 60.000 informes y se podrían contar con los dedos de la mano los casos con auditores, en los que hay que analizar si éste tenía responsabilidad, porque en la mayoría de ellos todavía no hay un pronunciamiento judicial.

Sin nosotros, la crisis podría haber sido mucho mayor, ya que hemos alertado en muchas ocasiones que las cuentas no reflejaban la situación real de la compañía. Yo siempre digo que el auditor es como un árbitro: nunca se habla de él cuando no pasa nada, pero cuando se ha cometido un error...

- ¿Creen que los organismos públicos deberían ser auditados por empresas privadas?
- Hay que decir, clarísimamente, que los propios medios de la Administración entendemos que no son suficientes para poder auditar al conjunto de la Administración Pública. Por ejemplo, aproximadamente, sólo un tercio de las entidades locales en España se auditan. Yo creo que tenemos formación, experiencia y profesionalidad suficiente para colaborar con ellos.

Si se está demandando que las privadas se auditen, con muchísima más razón tenemos que pedir esto mismo a los organismos públicos. Se habló que la ley de transparencia iba a obligar a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a auditarse, pero finalmente no vio la luz porque políticamente no interesa. Estamos plenamente convencidos de que esto debería llegar y que los privados tienen que colaborar en la auditoría pública para reforzar la confianza e incrementar su transparencia.

- ¿Y los partidos políticos?
- Deberían ser auditados, igual que los sindicatos o las fundaciones. También quería enfatizar que desde el ICJCE estamos defendiendo una libre competencia en los concursos públicos, de forma que las exigencias que se pidan para licitar sean proporcionadas al trabajo a realizar y, en el caso de que no sea necesario pero los pliegos sí exigan un determinado tamaño, hemos presentado recursos y todos los que estamos interponiendo los vamos ganando. No se puede poner cortapisas al mercado.

- Los últimos escándalos han puesto en entredicho el papel del asesor registrado del MAB. ¿Cree que este mercado debería estar sometido a una regulación más estricta?
- Es cierto que hay que hacer una reflexión sobre la regulación que tiene el MAB, dejar más claro la figura que tiene el asesor registrado y la revisión. Lo que sí me parece posible y razonable es que se incluya como EIP a cualquier empresa que cotize en este mercado, para que la nueva normativa también le afecte.

domingo, 21 de septiembre de 2014

elMundo.es: La Cámara de Cuentas alertó en enero de la 'práctica habitual' de las exoneraciones

La Cámara de Cuentas alertó en enero de la 'práctica habitual' de las exoneraciones | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE EN LA FORMACIÓN
  • Instó a agilizar la gestión de las subvenciones para no convertir la excepción en norma 
  •  La Junta incumplía «todas las condiciones y requisitos» en ayudas a los consorcios
Actualizado: 21/09/2014

La Cámara de Cuentas de Andalucía alertó en enero al Gobierno andaluz del uso «de forma generalizada de la figura de la exoneración» para poder seguir dando subvenciones a entidades y organismos que no habían justificado en tiempo y forma ayudas anteriores. Lo hizo en el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de formación para el empleo, justo antes de que la Consejería de Educación, Cultura y Empleo decidiera cerrar tres de esos organismos por sospechas de fraude en los cursos.

El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas ya señala que la exoneración se había instalado como «práctica habitual» en la administración, por lo que recomendó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) introducir medidas que agilizaran la gestión económico-presupuestaria de los pagos para no tener que recurrir a ello.

Aquí se da una circunstancia digna de destacar, que da una idea de lo enredado que está el asunto en la administración andaluza: los consorcios escuela de formación están adscritos desde hace un año y medio a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pero el SAE, que es el que financia estos consorcios mediante ayudas públicas y el que recibe estas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, depende de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ya declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que decidió retirar las ayudas a tres consorcios por sospechas de fraude en los cursos al poco de llegar al cargo, en octubre de 2013. El 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno decidió disolver esos tres consorcios: Forman, dedicado a las nuevas tecnologías, de Málaga; Formades, sobre equitación, de Almonte (Huelva), y CTI, que impartía soldadura naval, de San Fernando (Cádiz).

El informe de la Cámara de Cuentas destapó numerosas irregularidades en la gestión de las ayudas a la red de consorcios escuela de formación de la Junta, entonces compuesta por 14 centros y ahora por 11, tras disolverse los de Málaga, Almonte y San Fernando.

Los auditores cuestionaban que las ayudas se dieran en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, 'a dedo' o, por utilizar su terminología, de forma «nominativa». También señalan que hay casos en los que el alto cargo que concede las subvenciones es el mismo que las solicita como representante del consorcio de formación de las industrias del ocio de Mijas.

Rosario de irregularidades
El rosario de irregularidades en estas subvenciones es variado, a tenor de lo reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas. Los auditores señalan que el SAE «incumple todas las condiciones y requisitos» que se deben cumplir en la tramitación de estas ayudas. Por ejemplo, no hay valoración técnica de los proyectos subvencionados, ni constan «las actas de revisión, que evidencien que se haya comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria presentadas cumplen los requisitos exigidos» y, además, las cuantías de las subvenciones se determinaba de manera discrecional.

De hecho, hay consorcios que recibieron subvenciones en las que «se constata que hay un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro», dicen los auditores.

«Como consecuencia de las deficiencias expuestas -continúa el informe-, hay que señalar que ni las propuestas de resolución aprobadas ni las resoluciones dictadas se presentan adecuadamente motivadas».

Como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado miércoles, la Junta de Andalucía disolvió tres consorcios en enero por sospecha de fraude en los cursos de formación. El director general Carlos Cañavate reconoció que retiró las ayudas a tres de esos consorcios porque, «inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE». Y, según declaró el alto cargo, «una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y la subcontratación».

Entre lo que relató Cañavate a la UCO destaca también su relato del traspaso de las competencias de formación desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la de Educación, Cultura y Deporte. La situación que encontró a su llegada al cargo en octubre de 2013 «era desastrosa» hasta el punto de que la Intervención mandó suspender los pagos de las ayudas.



¿Transparente o translúcida?
La transparencia sirve de algo si va acompañada de la agilidad. De las respuestas del Gobierno de la Junta de Andalucía a las preguntas de la oposición sobre los consorcios escuela de formación, que han sido numerosas en los últimos meses, se deduce una transparencia con matices. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2013, los diputados gaditanos del PP Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Sanz registraron una pregunta al consejero Luciano Alonso, responsable de Educación, Cultura y Deporte, sobre el consorcio CTI de San Fernando, que entonces formaba a personal en soldadura naval. La pregunta fue contestada el 17 de febrero de 2014, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había acordado su salida o, en su caso, la disolución del citado consorcio. En todo caso, ello no se mencionaba en la respuesta. La diputada del PP Ruiz-Sillero registró en el Parlamento de Andalucía entre octubre y noviembre de 2013 una petición para obtener copia de todos los reparos de la Intervención existentes en los expedientes de subvenciones de todos los consorcios. La Junta de Andalucía puso a disposición del PP los expedientes, de lo cual se deduce que existen reparos de la Intervención, pero la oposición nunca llegó a ver los documentos porque los requisó justo antes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden de la juez Mercedes Alaya. Teniendo en cuenta que los registros se practicaron en mayo pasado, la falta de agilidad de la Administración provocó que la transparencia, tan proclamada por la presidenta Susana Díaz, quedara en nada.

jueves, 18 de septiembre de 2014

elPaís.com: La CNMV y el Banco de España se enfrentan a Economía por multar a Deloitte

Aseguran que la auditora realizó los informes por los que le acusan a petición de los supervisores.
Consideran que los cargos del Instituto de Contabilidad y Auditoría se basan en conjeturas
Íñigo de Barrón - Madrid 18 SEP 2014 - 22:24 CEST

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha sancionado con 12,4 millones a Deloitte, el auditor de Bankia, por los trabajos que realizó para ese banco antes de la salida a Bolsa.

La decisión ha provocado un duro e insólito enfrentamiento de la CNMV, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas (organismos donde el Gobierno nombra a sus máximos responsables) porque están en contra de la multa y del procedimiento seguido por el Instituto.

El ICAC, presidido por Ana María Martínez-Pina, acusa a Deloitte de una infracción “muy grave” y otras dos graves que vulneran la Ley de Auditoría de Cuentas por no actuar con independencia ya que además de ser auditor realizó otros trabajos para Bankia. Entre estos está una ayuda a la segregación de activos de la matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) respecto a su filial Bankia. También le multa por no seguir las normas técnicas de auditoría, es decir, no realizar correctamente algunos trabajos. El ICAC no cuestiona la validez de las cuentas de Bankia ni el informe de auditoría. Tampoco se plantea retirar la licencia a Deloitte para seguir auditando en España.

La CNMV, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas coinciden en criticar al ICAC porque la base de la sanción a Deloitte es que realizó unos trabajos de ayuda a Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, que se los encargó la propia Comisión de Valores, como ha quedado demostrado en una carta. Los dos supervisores admiten que esta práctica es habitual en otros países y que eso no puede hacer presuponer que exista falta de independencia del auditor.

Los supervisores dicen que la propuesta de sanción utiliza presunciones de culpabilidad no probadas

La CNMV ha admitido que le pidió a Bankia que Deloitte revisara el formato y el contenido de los estados financieros de marzo y de junio de 2011, previos a la salida a Bolsa en julio de aquel año. También fue el organismo de control de los mercados el que reclamó a Deloitte que colaborara con Bankia en la segregación parcial de activos y pasivos del grupo BFA, que luego se reflejó en los estados financieros proforma.

La CNMV no cree que estos trabajos supusieran una colaboración en los documentos contables porque las decisiones de qué créditos o cuentas se quedaban en la matriz o la filial correspondió a los gestores.

Una de las acusaciones más duras de los tres organismos contra el ICAC es que en su propuesta de sanción utiliza una presunción de culpabilidad que no puede considerarse prueba sustantiva. Aseguran que utiliza afirmaciones no probadas.

También echan en cara al ICAC que no haya permitido que Deloitte presente informes de peritos independientes en el proceso, como se hace habitualmente. Por último, contradicen el argumento del ICAC sobre que la facturación de Deloitte en servicios de no auditoría era excesiva y le restaba independencia.

elMundo.es: El auditor de Mercasevilla dice que Monteseirín le engañó

  • El alcalde de Sevilla ocultó, por ejemplo, las razones reales del cese de Fernando Mellet
  • Un informe oficial afirmaba que no había novedad relevante cuando ya se estaba investigando el cobro de comisiones
Actualizado: 18/09/2014 17:23 horas 

El auditor de Mercasevilla, imputado de presunto delito societario, ha reiterado hoy a la juez Mercedes Alaya que fue "engañado" por Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde socialista de Sevilla, para emitir su informe de auditoría, por lo que pide que sea incorporado a la causa.

El auditor ha declarado hoy ante la juez tras presentar un recurso a su imputación, y ha subrayado que su informe habría sido "completamente diferente" si desde la dirección de la lonja se le hubiera informado de que el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, fue cesado por pedir comisiones y no dejó el cargo de forma voluntaria, como le dijeron.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, el auditor de Price Waterhouse José Ignacio A.R. se refiere a la denominada carta de manifestaciones, que califica como un "pilar fundamental de la confianza que se puede depositar en una entidad" y que firmó el alcalde y el ex consejero delegado y concejal Alfonso Mir en 2009.

En esa carta, que le fue remitida por el alcalde y el concejal en febrero de 2009 y reiterada en marzo, se afirmaba que desde el cierre de las cuentas "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas y que no esté reflejado en las mismas".

Según el imputado, la carta de manifestaciones "contribuyó enormemente al engaño del equipo de auditoría" que él representaba.

Si hubieran sabido que se había cesado a Mellet de forma inmediata, ha señalado el auditor, su informe hubiera "dado un giro muy importante", ha asegurado antes de indicar que también se podían "haber ahorrado muchos problemas".

El acta de la declaración recoge que "si en la carta de manifestaciones le hubieran puesto de manifiesto la realidad de la sociedad, hubiese realizado en su informe de auditoría (sic) salvedades y el resultado hubiese sido completamente diferente".

El auditor ha resaltado que cuando emitieron su informe, el alcalde ya sabía que Mellet estaba siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por pedir 450.000 euros a condición de adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y por solicitar comisiones sobre los ERE de la lonja.

"Solo ese hecho hace que el escenario cambie radicalmente", ha enfatizado el auditor, que lamenta que nadie del consejo de administración de Mercasevilla, ni del PSOE ni del PP, le informara de los motivos reales del cese de Mellet, que según el acta del consejo de administración se debía a una decisión personal por enfermedades familiares varias.

El auditor y su equipo fueron invitados a ese consejo de administración celebrado el 17 de febrero, aunque sólo hasta el momento en que se debatía el cese de Mellet, de cuyas causas reales se tuvo que enterar por la prensa, "igual que el resto de ciudadanos, lo que es indignante", ha recalcado.

Además, ha asegurado que también habría cambiado su informe de auditoría si hubiera sabido que la Junta decidió no pagar las jubilaciones del ERE de 2007.

En esta causa, una de las cinco sobre Mercasevilla que investiga la juez Alaya, están imputados los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, junto a otros trabajadores de la lonja, por presuntos delitos societarios en su gestión.

En su recurso, el auditor mantiene que el alcalde "consciente y deliberadamente quiso y consiguió engañar al auditor para que nada reflejase en su informe de auditoría y con ello evitar que los accionistas y terceros conocieran la verdadera situación de la compañía durante ese ejercicio".

lunes, 15 de septiembre de 2014

Goal.com: "Joan Laporta no nos dio el informe de la auditoría de las cuentas"

Josep María Bartomeu: Joan Laporta no nos dio informe de la auditoria de las cuentas - Goal.com
El presidente del Barcelona declaró en el juicio interpuesto a la anterior directiva del club. Se reclama a la directiva saliente 48,7 millones de euros por pérdidas
15/09/2014 16:22:00

En la Ciudad de la Justicia de Barcelona ha arrancado hoy con el juicio interpuesto por la actual directiva del FC Barcelona contra la del ex presidente Joan Laporta. Se reclama a los anteriores mandatarios 48,7 millones por pérdidas. El actual presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, ha acudido para declarar ante las preguntas de los abogados de los demandados.

En su comparecencia, Bartomeu comentó que las cuentas expuestas en junta por parte de la directiva saliente no estaban auditadas: “Laporta no nos dio ningún informe de auditoría. Fue el auditor, después, que observó siete puntos desfavorables y hablamos en junta que lo correcto era llevar unas cuentas reformuladas a los compromisarios, y que reflejasen la realidad del club”, aseguró en esta información recogida por la Agencia EFE.

Las pérdidas en torno a las que gira la demanda se basan en el ejercicio de 2003 y por ello el representante del ex directivo Xavier Sala I Martín se ha dirigido a Bartomeu para saber si asumía la gestión de ese año. Una temporada que también tiene relación con el cierre negativo de 2010: “Yo asumo la gestión cuando era directivo. En 2003 cogimos un club en una situación compleja, una etapa mala e intentamos hacer cambios para mejorar la economía. En el 2010 fue una sorpresa para nosotros, porque pensábamos que la realidad era buena, pero nos encontramos con un endeudamiento por encima de las posibilidades y con problemas de tesorería”, indicó el presidente del Barça.

Los representantes de los demandados, que destacaron el mandato de Laporta como boyante en lo económico, encontraron en el máximo dirigente blaugrana una respuesta en las que incidía que el crédito sindicado que negoció el club antes de cambiar de junta en 2010, tenía condiciones “muy desfavorables” y que la nueva directiva las “mejoró”.

viernes, 12 de septiembre de 2014

UAL: 6 becas de formación dual en Cajamar.

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA POR LA QUE SE CONVOCAN 6 BECAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL UAL-GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR 2014-2015, PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMER - Universidad de Almería
La Universidad de Almería junto con el Grupo Cooperativo CAJAMAR, conscientes de las necesidades de cualificación en su sector de actividad, asi como de las posibilidades de desarrollo de enseñanzas universitarias, manifiestan su voluntad de contribuir a la mejora de la formación del alumnado de la Universidad de Almería, facilitando que se lleve a cabo una formación práctica actualizada y directamentre relacionada con la actividad propia del sector productivo, de tal manera que puedan alcanzar una competencia profesional con vistas a su futura incorporación al mundo laboral o empresarial.

jueves, 11 de septiembre de 2014

Auditool.org: Casos de Fraude, falsificación de cheques

Casos de Fraude: Falsificación de cheques
En en El caso de...

Antecedentes de la empresa
Una empresa dedicada a la venta de refacciones automotrices con 335 sucursales en 20 ciudades de los Estados Unidos. Facturación anual 115 M USD.

Hallazgos
La compañía, para realizar el pago a sus proveedores, tenía la práctica de elaborar cheques de manera manual y de enviar los mismos por correo para que fueran cobrados por el proveedor.

Había elaborado cheques a dos proveedores por importes de $145,000 USD y $183,000 USD respectivamente.

En la elaboración de la conciliación bancaria del mes, los cheques emitidos fueron identificados como cobrados en el estado de cuenta.

Dos meses después los dos proveedores llamaron a la compañía solicitando el pago de las facturas por sus servicios, ya que presentaban vencimiento de más de 60 días. Se verificaron los libros y se tenía registrado el pago a estos proveedores.

Se solicitó información bancaria a la institución correspondiente y la documentación proporcionada reveló que los cheques enviados a los proveedores fueron falsificados en la sección relativa al beneficiario y fueron cobrados por personas no identificadas.

Impacto
Pérdida de $328,000 USD por falsificaciones de cheques en el pago a proveedores.

Consecuencias
La mejor práctica recomienda evitar la utilización de cheques para pago a proveedores, así como no elaborarlos de manera manual y utilizar medios impresos (impresoras) para su elaboración y que los mismos sean recogidos en las instalaciones de la compañía por personal autorizado del proveedor. Las transferencias electrónicas son una opción más segura para realizar el pago a proveedores.

La Compañía cambió sus políticas y procedimientos en la elaboración de cheques y limitó el uso de los mismos para pagos específicos y situaciones excepcionales y migraron sus operaciones de pagos al sistema de banca electrónica, con sus debidos controles.

La Compañía informó a la Policía y las autoridades correspondientes para poder encontrar los culpables del desfalco. La Policía inició una investigación pero no fue exitosa.
Tomado de: Martín Ghirardotti y John Milner, “Falsificación de cheques”, La Auditoría Interna y la Prevención del Fraude [e-book], Kreston CSM, 2013, pp. 20-21.

BOE.es: Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Cuentas Anuales 2013

boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9280.pdf

Resolución 4B0/38110/2014, de 2 de septiembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.


INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Informe de auditoría de las cuentas anuales 
Ejercicio 2013 

 Intervención Delegada

Índice
I. INTRODUCCIÓN .
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .
III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: FAVORABLE CON SALVEDADES .
IV. OPINIÓN.
V. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .

Hispanidad.com: Caso Deloitte-Bankia. El ICAC cede ante la CNMV y el Banco de España

Caso Deloitte-Bankia. El ICAC cede ante la CNMV y el Banco de España | Hispanidad.com
11/09/2014 en Confidencial

  • Multa mínima a Deloitte por la auditoría de salida a bolsa de Bankia: 12 millones de euros cuando la propuesta del ICAC era de 50 millones.
  • Y ninguna inhabilitación, a pesar de que la falta fue calificada como “muy grave”.
  • Si Deloitte era castigado con dureza, el Banco de España y la CNMV tendrían que reconocer que se tragaron la salida de Bankia a cotización.
  • Pero, con ello, el prestigio de Ana María Martínez-Pina, y del Ministerio de Economía, caen en picado.
  • Todo ello en vísperas de la nueva normativa sobre auditoría.
Lo adelantaba Hispanidad. Hasta gritos hubo en la reunión central en la que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) decidía la sanción a la auditora-consultora Deloitte, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa.
El asunto es sencillo: se acusa a Deloitte de no haber hecho una auditoría en condiciones y de haber jugado el doble, e incompatible, papel de auditor y consultor. Diagnóstico: falta muy grave. Eso le habría costado, no sólo 50 millones de euros, como proponía la directora del ICAC, Ana María Martínez-Pina (en la imagen), y lo que es más grave, posible sanción de inhabilitación.
Un caso que podría sentar precedente sobre las incompatibilidades de un auditor. Las auditoras ganan más como consultoras que como analizadoras de cuentas.
Ocurre que tanto el Banco de España como la CNMV habían dado del visto bueno a la salida al parqué de Bankia, y castigar a Deloitte no les habría dejado en buen lugar como reguladores einspectores del sistema bancario y del mercado bursátil. Más bien habrían quedado un poco mal.
Martínez-Pina jugó fuerte frente a las presiones de ambos organismos... y ha perdido. O ha cedido, si ustedes quieren, y con ello, el prestigio del ICAC, y del Ministerio de Economía, quedan a la altura del betún.
Y todo ello en vísperas de la nueva legislación sobre auditoras y con el ‘caso Bankia’ en los juzgados.
Eulogio López

miércoles, 10 de septiembre de 2014

elMundo.es: Economía sanciona a Deloitte con 12 millones por su papel en Bankia

Economía sanciona a Deloitte con 12 millones por su papel en Bankia | Economía | EL MUNDO
El ICAC decide multar a la auditora por no ser objetiva cuando avaló la salida a Bolsa
Acusa a la firma de no ser independiente al ser consultor a la vez que auditor del banco
La compañía alega que prestó servicios a Bankia a petición de la CNMV

CARLOS SEGOVIA Madrid - Actualizado: 10/09/2014 01:00 horas

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha decidido sancionar con 12 millones de euros a Deloitte, la primera empresa auditora del país, por su actuación en Bankia durante la salida a Bolsa en 2011, según ha podido confirmar este diario de fuentes conocedoras del expediente sancionador. El organismo prevé formalizar la multa en breve y notificarla a la firma.

El ICAC, organismo dependiente del Ministerio de Economía, considera que Deloitte infringió de forma «muy grave» la Ley de Auditoría de Cuentas al no actuar con la debida independencia. Acusa a la firma de no auditar con objetividad las cuentas de aquel año cuando Bankia salió a Bolsa, porque era al mismo tiempo proveedor de otros servicios de consultoría a la misma entidad financiera que presidía entonces Rodrigo Rato. Las infracciones muy graves pueden llegar a castigarse con hasta el 6% de la facturación de la firma en España, que alcanza los 500 millones anuales. El ICAC ha optado por una multa de en torno a 12 millones, pero no pone en cuestión la licencia de Deloitte para seguir auditando en España, según las fuentes consultadas.

El ICACconcluye así una larga investigación abierta formalmente en mayo de 2013 y que no ha sido resuelta hasta ahora tras desestimar las últimas alegaciones presentadas por Deloitte. Critica que la auditora bendijo las cuentas en la salida a Bolsa, al mismo tiempo que Bankia era un gran cliente de otras de sus ramas de negocio. El banco pagó entonces a Deloitte 3,75 millones por distintos servicios de consultoría, según el expediente sancionador. Se llegó a dar la circunstancia, según la investigación, de que los mismos empleados de Deloitte que ayudaban a elaborar las cuentas, las auditaban después. La actividad de consultor, además de auditor, fue frecuente. En 2012 facturó 490.000 euros a Bankia por asesorar al equipo de Rato a cumplir los nuevos requisitos europeos de saneamiento.

La auditora ha negado categóricamente durante el proceso de alegaciones falta de independencia y ha justificado haber prestado otros servicios a Bankia en el proceso de salida a Bolsa, porque así se lo había solicitado, entre otros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero que eso no ha mermado su objetividad. De hecho, el representante de la CNMV en el comité del ICAC, Paulino García-Suárez, ha mantenido discrepancias con la presidenta del Instituto, Ana María Martínez-Pina, por el caso.

Se da también la paradoja de que la actuación de Deloitte en mayo de 2012 fue decisiva para destapar el agujero de la etapa de Rato. La decisión del socio responsable de Deloitte, Francisco Celma, de plantarse ante Rato y negarse a avalar las cuentas catapultó la caída del ex ministro de Economía del PP. El ex presidente del Comité de Auditoría de Bankia, Ángel Acebes, ha negado que Celma advirtiera de problemas en las cuentas y que siempre las auditaba sin salvedades, pero distintos testigos en el proceso judicial corroboran que éste sí avisó semanas antes. Las opiniones difieren sobre si lo hizo con el suficiente énfasis que requería el problema.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido la, en su opinión, profesional actuación de Celma. Pero no es este episodio el que juzga el ICAC, sino lo sucedido un año antes, cuando Rato presentó cuentas sin salvedades del auditor en la salida a Bolsa y prometió dividendos, pese a que Bankia estaba clasificada técnicamente en los informes internos de Deloitte como «empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad». El ICAC lo ve incoherente, pero la auditora sostiene que tal calificación era lógica por la vulnerabilidad en la época del sector financiero, pero no significaba que no creyera en su rentabilidad.

martes, 9 de septiembre de 2014

EuropaPress.es: Alaya cita a declarar al auditor de Mercasevilla

Alaya cita a declarar al auditor de Mercasevilla tras pedir éste la imputación de Monteseirín
TRAS PEDIR ÉL LA IMPUTACIÓN DE MONTESEIRÍN
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   La juez Mercedes Alaya ha citado de nuevo a declarar a José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.' e imputado en el presunto delito societario que la magistrada investiga en cuanto a la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, después de que éste solicitara la declaración "en la condición que procesalmente proceda" de todos los integrantes del Consejo de Administración de Mercasevilla en el cargo en fecha 17 de febrero de 2009, entre ellos el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha dictado una resolución en la que cita a declarar el próximo día 18 de septiembre a José Ignacio Alonso Rivero, que solicitó la imputación del exalcalde en un escrito que llevó a algunas acusaciones a pedir a la magistrada la ampliación de la declaración del auditor y también la imputación de Monteseirín en la causa, según publica 'El Mundo' este martes.

   En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado pidió el archivo parcial de la causa y, en caso de que dicha petición no se estimara, que declararan los miembros del Consejo de Administración, ya que resultan "sorprendentes" las versiones ofrecidas por "algunos" encausados respecto a los hechos, los cuales "contravienen y faltan a la verdad" en un marco "auto-exculpatorio en el que no se duda en utilizar a los auditores como 'paraguas' o 'presunto salvavidas' en los que residenciar culpas".

   Al hilo, asevera que ni él mismo ni ningún auditor de la firma "ha asesorado jamás en materia contable, ni ha cursado instrucciones sobre contabilidad y menos aún ha intervenido ni asesorado en la confección de las cuentas anuales", ya que el auditor, "ateniéndose rigurosamente al marco de sus obligaciones profesionales, se ha limitado a la revisión auditora de las cuentas anuales confeccionadas por la empresa y formuladas por el Consejo de Administración".

   El imputado, "simplemente, se ha limitado a emitir su informe de auditoría sobre las cuentas anuales en su conjunto, sin que nunca haya emitido informa alguno u opinión sobre un hecho contable individual o sobre una anotación contable ya acontecida, ya que esa no es la labor del auditor de cuentas", dice el abogado, quien critica que algunos imputados hayan pretendido exculparse "a costa de mi representado, alegando un desconocimiento que mal compadece con su cargo, trabajo y funciones dentro de la empresa, sus conocimientos técnicos y experiencia profesional".

   No obstante, esto último "era previsible", ya que "no es infrecuente que en delitos socioeconómicos el descargo de los presuntos responsables sea culpar al auditor de cuentas, en un vano intento de negar la evidencia y funciones y tareas de cada cual", pero no obstante "resulta singular la incomprensible ausencia de llamada al proceso de quienes verdaderamente administran la sociedad investigada y quienes verdaderamente formulan y firman las cuentas anuales, esto es, el Consejo de Administración".

   En este sentido, la defensa critica que, "incomprensiblemente, en esta causa se imputa a quien audita y se ignora a quien dirige, administra, formula y firma las cuentas anuales con temerario ocultamiento de información esencial al auditor y por ende a la sociedad, sus accionistas y terceros", añadiendo que cuando el Consejo de Administración formula las cuentas anuales y el auditor comienza a desarrollar el trabajo de auditoría de cuentas, dicha labor "se cimenta sobre un necesario pilar de confianza que se materializa en un documento cual es la 'Carta de manifestaciones'".

   A través de ella, el órgano de administración "declara con carácter solemne y formal, con total transparencia, lealtad y confianza frente al auditor los hechos relevantes de la sociedad, su negocio, continuidad y avatares de ese ejercicio económico para que el auditor pueda realizar el trabajo de auditoría", agregando que, en el presente caso, "es de esperar que personas de la relevancia y entidad como los integrantes de su Consejo de Administración obren de buena fe, no falten a la verdad y que no omitan información esencial al auditor".

DENUNCIA JUDICIAL
   El imputado añade que, en este contexto, tanto él como su firma auditora "se sienten absolutamente engañados por el Consejo de Administración de Mercasevilla en aquella fecha", pues si durante el periodo en el que se formulan las cuentas anuales y la fecha en la que se firma el informe de auditoría, dicho Consejo "hubiera puesto en conocimiento de los auditores la situación real, y no la aparente, de la sociedad, y las operaciones objeto de investigación judicial, habría calificado mediante la inclusión en su opinión de auditoría de la correspondiente salvedades o incluso habría denegado la opinión".

   "Y adicionalmente, si el Consejo no hubiese tomado las medidas legales pertinentes, hubiese presentado la correspondiente denuncia policial y/o judicial", dice el imputado, que asevera que "nada de eso pudo ocurrir, ya que el Consejo de Administración no solo negó la información que entonces conocía el auditor, sino que le dejó actuar a sabiendas de que la información suministrada no era correcta, estaba viciada de veracidad y era engañosa".

   "El auditor, cuando desarrolló sus trabajos, jamás pudo pensar ni imaginar que el director general de la sociedad y otros coimputados sobre los que recaía la responsabilidad de la confección de la contabilidad y de las cuentas anuales, hubieran podido cometer presuntos delitos de cohecho, sobornos, pago de comisiones ilegales por tramitación de ERE presuntamente fraudulentos, o confección de facturas falsas", asevera.

   A continuación, el imputado dice "desconocer el nivel de detalle o exacto conocimiento que tenían los integrantes del Consejo, pero las fechas ofrecen dudas muy razonables", señalando que el 17 de febrero de 2009, "el Consejo formuló y firmó las cuentas anuales y tras su formulación, en la misma sesión, aceptó 'el cese' de Fernando Mellet por razones personales", mientras que ese mismo día, el presidente del Consejo, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, Alfonso Mir, firmaron la citada carta de manifestaciones a los auditores.

INFORMACIÓN "OCULTA"
   Según esta carta, "desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, no ha ocurrido ningún hecho que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas", tras lo que el 31 de marzo de 2009 se presentó a la Junta General de Accionistas de Mercasevilla el informe de auditoría, que "obviamente no podía contemplar el efecto sobre las cuentas de la situación de la sociedad por la falta de información ocultada".

   "El 1 de abril de 2009, la Junta General de Accionistas aprobó las cuentas sobre una información de la sociedad inveraz e incompleta y ese mismo día estalló el escándalo Mercasevilla en la prensa", dice el imputado, que recuerda una carta del entonces alcalde de 12 de febrero de 2009 "proponiendo el cese del director general", lo cual constituye "la prueba de que siete días antes del Consejo de formulación de cuentas anuales ya conocían los hechos presuntamente delictivos cometidos por Mellet".

lunes, 8 de septiembre de 2014

Las exenciones de IVA que afectan a las entidades sin ánimo de lucro y sus efectos (Assesoría SM Gestió BCN)

Las exenciones de IVA que afectan a las entidades sin ánimo de lucro y sus efectos | Assesoría SM Gestió BCN (Barcelona) Fiscal, laboral

La normativa del IVA contempla la existencia de una serie de actividades o situaciones en las que no se debe repercutir el IVA, ya que se considera que estas actividades por su naturaleza son actividades exentas de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de IVA.

Concretamente, estas exenciones, pueden afectar a las entidades sin ánimo de lucro tanto en las cuotas de socios como por su reconocimiento de entidad de carácter social.

Esta exención puede ser positiva para entidades pequeñas con una actividad muy delimitada, o por entidades con actividades que requieren de una alta carga de gasto en personal.

Las cuotas de socios entran en la consideración de exentas de IVA, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones (art. 20.1.12 Ley IVA):
  • Que la entidad esté legalmente reconocida y constituida
  • Que no tenga ánimo de lucro
  • Que sus objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica
  • Las prestaciones de servicios se deben realizar para la consecución de los fines de la Entidad y con interés colectivo de los socios. La exención no es aplicable en caso de prestación de servicios en interés de uno o varios socios que no sea en interés colectivo.
  • La contraprestación de las prestaciones de servicios exentos debe estar constituida por las cotizaciones fijadas en los Estatutos. Si los estatutos no determinan las cuotas, también quedarían exentas las fijadas por la Asamblea. La exención es aplicable tanto a cuotas ordinarias como cuotas extraordinarias
  • La prestación de servicios debe estar realizada directamente por la Entidad
  • La aplicación de la exención no debe ser susceptible de producir distorsiones a la competencia

Están exentas de IVA de forma automática todas las entidades que cumplan los requisitos necesarios para ser consideradas entidades de carácter social.
Estos requisitos son:
  • No deberán tener finalidad lucrativa. Los beneficios que se puedan obtener, será necesario que los reinviertan en los mismos fines sociales.
  • Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y no podrán tener interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o mediante otras personas.
  • Los socios o partícipes, sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser los destinatarios principales de las actividades exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los servicios (este requisito, sin embargo, no se exige en todos los casos, sólo en el de los servicios culturales).

Anteriormente a 2013, las entidades que querían aplicar alguna de las exenciones específicas de las entidades no lucrativas o bien por las cuotas a los socios o bien por el reconocimiento del carácter social, tenían que pedir el reconocimiento previo a la Agencia Tributaria.
Actualmente, este requisito ya no es necesario, pero, a pesar de todo, si una entidad quiere tener el reconocimiento explícito de entidad de carácter social, se puede solicitar la agencia tributaria.
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Las entidades que cumplan con los requisitos de entidad de carácter social, podrán aplicar la exención a:
  • Servicios de asistencia social prestados por entidades de carácter social (art. 20.1.8 Ley IVA): como la protección a la infancia y la juventud, la asistencia a la tercera edad, la educación especial y asistencia a personas con minusvalías , la asistencia a minorías étnicas, refugiados y asilados, transeúntes, personas con cargas familiares no compartidas, la acción social comunitaria y familiar, la asistencia a ex-reclusos, la reinserción social y prevención de la delincuencia, el asistencia a alcohólicos y toxicómanos y la cooperación al desarrollo.
  • Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, prestados por entidades de carácter social (art. 20.1.13 Ley IVA): independientemente de quién sea el destinatario de la factura, siempre que los servicios estén directamente relacionados con estas prácticas y sean prestados por entidades deportivas que tengan reconocido su carácter social.Esta exención no incluye los espectáculos deportivos.
  • Servicios de carácter cultural prestados por entidades de carácter social (art. 20.1.14 Ley del IVA): Dentro de esta exención se incluyen todos aquellos servicios culturales relacionados con las actividades de biblioteca y archivos, visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales, representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas, y finalmente a las exposiciones y similares.

En la medida que se llevan a cabo actividades consideradas exentas de repercutir el IVA, se pierde la posibilidad de deducción del IVA soportado de las adquisiciones, convirtiéndose este en un coste para la entidad.

Audalia.com: Novedades en las horas para acceder al ROAC a partir de 2015

Audalia Blog » Novedades en las horas para acceder al ROAC a partir de 2015
08.09.2014 Creado por Juan Antonio Polo


La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), en su artículo 8.2, en su párrafo b, indica acerca de la autorización para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que se requerirá “haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación práctica”, y añade que “la formación práctica deberá extenderse por un período mínimo de tres años en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, y se referirá especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos. Al menos, dos años de dicha formación práctica se deberán realizar con un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, y en el ejercicio de esta actividad en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.”

El Reglamento que desarrolla la LAC, en su artículo 35, detalla información sobre la formación práctica exigida por el artículo 8.2 de la LAC, añadiendo que “A estos efectos, no se entenderá cumplido el citado requisito de formación práctica hasta haber acreditado la realización de trabajos efectivos en dicho ámbito durante, al menos, 5.100 horas, de las cuales 3.400 deben corresponder a tareas relativas a las distintas fases que componen la actividad de auditoría de cuentas. De este último número de horas, podrá justificarse hasta un máximo de un 20 por ciento por dedicación a otras tareas relacionadas con la actividad de auditoría de cuentas.

La formación práctica a realizar con un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, y en relación a las tareas relativas a las distintas fases que componen dicha actividad, se realizará, con carácter general, con posterioridad a la realización del curso de enseñanza teórica regulado en el artículo anterior. A estos efectos, únicamente se computará con un máximo de 425 horas antes de la realización del citado curso y un máximo de 850 horas durante la realización del mismo la formación práctica correspondiente a la actividad de auditoría de cuentas y a la realización sustancial de todas las tareas relativas a la auditoría de cuentas.”

Y en la disposición transitoria segunda, indica que “Lo establecido en el artículo 35 de este Reglamento relativo al deber de adquirir formación práctica se exigirá a partir del 1 de enero de 2015.”

Esto significa, que a partir del próximo año, cambia sustancialmente el escenario de horas necesarias para poder acceder al ROAC, ya que para el cálculo de las mismas sólo se tomarán un máximo de 425 horas antes de la realización del curso de formación teórica y 850 horas durante la realización del mismo. Por tanto, una vez finalizado dicho curso se contarían con un máximo de 1.275 horas, por lo que serían necesarias otras 3.825 horas para alcanzar las 5.100 horas establecidas como requisito de acceso al ROAC. Esto equivale a algo más de 2 años completos de formación práctica, que deben realizarse con posterioridad a la finalización del curso de formación teórica.

Dado que las anteriores convocatorias para las pruebas de acceso fueron en febrero de 2011 y abril de 2013, siendo los exámenes prácticos presenciales en el mes de diciembre de dichos años, en este próximo año 2015 se espera que haya una nueva convocatoria. La fecha exacta de la convocatoria es clave, puesto que dependiendo de la misma, habrá un numeroso grupo de interesados que podrán o no presentarse.

Si la convocatoria se realiza a partir del 01/01/2015, lo hará bajo las condiciones del nuevo Reglamento, por lo que los que quieran acudir al examen por primera vez, deberán tener en cuenta cuándo realizaron el curso de formación teórica, para saber si pueden presentarse, teniendo en cuenta que deberán acumular algo más de 2 años de formación práctica posterior a la superación del curso teórico. Lo que implica que con casi total seguridad, los que realizaran el curso de formación teórica en los años académicos 2012-2013 y 2013-2014, y quieran presentarse por primera vez, no podrían hacerlo.

Esto supone una criba importante, a la par que polémica, puesto que se puede dar el caso, de que personas que acumulen 10 años de experiencia, pero que hayan realizado el curso teórico hace menos de 2 años, no cumplan el requisito de formación práctica, y sin embargo, personas que acumulen 3-4 años de experiencia, pero que realizaran el curso en su primer año, sí que cumplirían el requisito. O, sin necesidad de poner un ejemplo tan exagerado (aunque perfectamente posible), hay otro ejemplo más simple, y es el de personas que acumulen la misma formación práctica, pero que realizaran el curso en años distintos, podrían presentarse unos sí y otros no. Es más, si rizamos el rizo aún más, y teniendo en cuenta que las materias de auditoría cambian y se actualizan continuamente, ¿no debería tener mayor validez un curso de formación realizado recientemente, con la normativa más actualizada, que uno realizado hace 3 o 4 años, o incluso más? Pues sin embargo, lo que sucedería es que el que realizó el curso hace 3-4 años o más, si podría presentarse, aunque muchas de las cosas que estudió habrían cambiado, y el que lo realizó hace 2 años o menos, con un temario más actualizado, no podría. En relación a esto último, se ha planteado la posibilidad de en el futuro exigir una especie de prueba previa de actualización cuando la formación teórica realizada haya quedado demasiado “desactualizada”, aunque eso será otro tema espinoso y complicado…

De todo esto, lo que podemos concluir es que con el nuevo escenario, lo más recomendable es que si trabajas en auditoría y estás interesado en poder acceder al ROAC en el futuro, realices el curso de formación teórica necesario lo antes posible.

Otro asunto aún más complicado son aquellas personas que, después de varios años trabajando en auditoría, dieron el saldo a departamentos financieros de otras empresas. Y es que muchos no podrán cumplir el requisito de horas posteriores a la realización del curso, salvo que regresen a la auditoría.

En definitiva, el asunto del cambio en el cómputo de horas ha sido objeto de numerosas discusiones y debates, y la solución (al menos de cara a la próxima convocatoria) podría ser que dicha convocatoria se realizara antes del 01/01/2015. En ese caso se aplicaría el antiguo Reglamento, que no establecía esa limitación en el cómputo del número de horas, por lo que todos los interesados que reunieran el número de horas necesarias y hubieran realizado el curso de formación teórica podrían presentarse, independientemente de cuándo realizaran el curso.

En unos meses saldremos de dudas con este asunto, que sin duda, seguirá dando que hablar. Mientras tanto, a los interesados solo les queda ir preparándose para un posible examen, que puede que realicen en poco más de 12 meses… o dentro de más de 3 años.

* Juan Antonio Polo es Auditor en el Área de Auditoria