miércoles, 30 de julio de 2014

Francis Lefebvre: "Manual de Auditoría"

Manual de Auditoria | Mementos | Tienda Online | EFL
Manual Auditoría - Adaptado a las NIAs
Una herramienta imprescindible para dominar todo lo que implica una Auditoría

  • ISBN: 978-84-15911-44-9
  • Incorpora las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), con efecto desde el 1 de Enero de 2014.
  • Proporciona soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que surgen al auditor en su actividad diaria.
  • Cada concepto teórico es aclarado con ejemplos prácticos.
  • Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la información.
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Ayto. Almería: Dieciocho empresas y asociaciones se suman al Ayuntamiento creando una red de Responsabilidad Social

Dieciocho empresas y asociaciones se suman al Ayuntamiento creando una red de Responsabilidad Social 

Presidido por la concejala (sic) del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, se ha celebrado hoy el acto de firma de constitución de la Red de Responsabilidad Social, dentro del marco de las actuaciones del Proyecto AIRE, Almería Integración y Responsabilidad Social, promovido por el Ayuntamiento de Almería. La Red de Responsabilidad Social está integrada, además de por el Consistorio, por 18 empresas y colectivos que han participado en la implantación de este nuevo modelo de gestión empresarial, dirigido a la contribución activa y voluntaria, al mejoramiento social, económico y ambiental, y que han desarrollado y elaborado su propio plan de actuación en cuanto a la llamada responsabilidad social.

Martínez Labella ha destacado “el compromiso cada vez mayor de las empresas, pero también de la propia administración y de la sociedad, respecto a las relaciones sociolaborales, la contratación y motivación de empleados o en la relación con proveedores y clientes, aspectos todos ellos que convergen en el objetivo de mejorar la situación competitiva y valorativa de las empresas, incrementando su valor añadido. Ese es el objetivo que persigue este sistema de gestión que vienen implantando muchas empresas y que ahora, a través de esta nueva red, concebida como una estructura ágil, flexible y viva, articula un instrumento de participación activa, donde todas las entidades participantes se asociarán libremente y participarán como iguales”.

La finalidad de esta red es “crear una estructura estable y permanente para promover el desarrollo integral del Territorio desde la Responsabilidad Social” y que permita a sus participantes continuar alcanzar una serie de objetivos específicos que se han incluido en los estatutos de esta nueva red.

Objetivos
Entre esos objetivos destaca la creación de un espacio común para el debate y la reflexión en torno a estrategias y acciones para la planificación territorial y el desarrollo y crecimiento económico desde la sostenibilidad social y medioambiental; crear y difundir normativas, herramientas, metodologías y materiales didácticos que faciliten la implantación de la Responsabilidad Social en pymes, administraciones públicas y agentes sociales, generando nuevo conocimiento a través de la experiencia y la aplicación práctica; intercambiar experiencias, conocimiento e información entre los distintos agentes territoriales; promover la implementación de la responsabilidad social en todas las áreas de la gestión empresarial, en la negociación colectiva y en la gobernanza de las administraciones públicas; sensibilizar y dinamizar al tejido empresarial, entidades públicas y agentes sociales para la creación de empleo de calidad, la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social y la implantación de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; promover y difundir medidas de acción positiva (selección de personal en condiciones de igualdad, flexibilidad de horarios de trabajo, medidas de conciliación, reserva de plazas para la atención a niños/as o a personas dependientes, etc.), facilitando a las mujeres y a personas en riego de exclusión social su incorporación al mercado de trabajo; impulsar la implantación de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública; dotar al tejido económico de plataformas para el establecimiento de sinergias y alianzas que fortalezcan su competitividad y apoyen su crecimiento y expansión; incentivar la generación de ideas y acciones innovadoras individuales y colectivas para la protección medioambiental, además de conocer e intercambiar experiencias con otras redes nacionales o transnacionales y cooperar con ellas en el ámbito de los objetivos que se han propuesto.

Martínez Labella, por último, ha agradecido a las empresas y colectivos participantes “su aportación al proyecto AIRE y específicamente su incorporación a la Red de Responsabilidad social, contribuyendo al objetivo marcado por el Ayuntamiento de Almería y del Proyecto AIRE para que Almería se convierta en territorio socialmente responsable”.

Las 18 empresas, pertenecientes a diferentes sectores, que se suman a esta iniciativa son: 
  • Manuel Torres Rodríguez, 
  • Génave Multiservicio, 
  • Ruano Formación, 
  • Ruano Informática, 
  • Asociación Verdiblanca, 
  • Verdiblanca Medioambiente, 
  • Parque Tecnológico de Almería (PITA), 
  • José Ángel Ferrer Arquitectos, 
  • Estrategia Creativa, 
  • Almeriense de Publicidad, 
  • Academia Forma3Almería, 
  • Servicios de Ayuda a Domicilio Martín SL, 
  • Formedia formación, 
  • Tiempo de Lenguas, 
  • Realtrack Systems SL, 
  • José Antonio Berenguer, 
  • Fundación para el estudio y la promoción de la acción social (FEPAS) y la 
  • Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM).
 
Foto de Familia

martes, 29 de julio de 2014

Wiley: "Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing" - Steven Collings

Wiley: Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing - Steven Collings
ISBN: 978-1-118-76541-8
480 pages
July 2014
Auditing has hit the headlines over recent years, and for all the wrong reasons, and in today’s environment, the result of negligent auditing can be serious resulting in sizeable fines and even withdrawal of audit registration which can be costly in terms of fee income.

Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing presents the relevant standards in a concise and jargon-free way, enabling auditors to appreciate the reasoning behind the standards and undertake audit work effectively. This book focuses on the main areas of the auditing standards and also addresses some key areas where audit firms are failing and which have been flagged up by audit regulators. The FAQs cover the main parts of each standard, and each question will be answered in a practical context, with worked examples showing how the standards are applied in real situations.

En Ecobook.com:
http://www.ecobook.com/libros/frequently-asked-questions-in-international-standards-on-auditing/9781118765418/

CincoDías.com: "La necesaria transparencia y claridad", por Valentín Pich y Carlos Puig

La necesaria transparencia y claridad | Economía | Cinco Días
29-07-2014 22:06

La transparencia y la claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de los agentes económicos en general y de las Administraciones públicas en particular, en cuanto que contribuyen a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada. Su ausencia crea un caldo de cultivo que propicia la aparición de casos de corrupción y de fraude, conductas que se erigen hoy en día como la segunda preocupación de la población, detrás del paro, según el último barómetro del CIS. Esta percepción se ve corroborada por los datos del último informe anticorrupción de la Unión Europea, según el cual el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada –siendo este uno de los porcentajes más elevados dentro de los 28 países de la UE–, aunque, sin embargo, solo un 2% de españoles asegura haber recibido propuestas en este sentido, frente al 4% de media en la Unión Europea.

La información sobre el actuar de la administración pública debe ser lo más correcta y fiable posible

Carlos Puig de Travy y Valentín Pich
Pero independientemente de que estas sensaciones se correspondan o no de manera exacta con la realidad, está claro que es lo que el ciudadano percibe lo que pone de manifiesto que estas malas prácticas minan los principios de nuestro modelo de sociedad y evidencian que la transparencia y la claridad han de configurarse como unos elementos indispensables para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones que la afectan y cómo se manejan los fondos públicos. Pero el conocimiento de las actuaciones en el caso de las Administraciones públicas, al igual que cuando se trata de entidades privadas, debe venir acompañado de las mayores garantías de que la información es lo más correcta y fiable posible, y responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Esta necesidad fue captada por el actual Gobierno, que la materializó en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se establecen una serie de principios éticos generales y también obligaciones concretas para los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal. Esta norma –que debe valorarse positivamente– obliga a los responsables públicos a informar al ciudadano sobre a qué se aplican los fondos públicos, así como a dar a conocer los informes de fiscalización.

Se pone, por tanto, de manifiesto la conveniencia de un proceso de mayor control del sector público, basado en la transparencia y la comprensibilidad, que contribuya a cumplir los objetivos que se marca la ley, en el que entendemos que la colaboración entre este sector y el privado se hace imprescindible por una doble razón. Por una parte, por la falta de medios de la Administración y la mayor flexibilidad del sector privado para ajustarse a las necesidades tanto temporales como espaciales de cada momento y, por otra, porque es necesario que exista la mayor independencia posible entre quienes ejecutan las políticas de gastos y quienes realizan la labor de control, a través de auditorías financieras y de cumplimiento de legalidad, y de auditorías operativas, necesarias para medir el grado de la eficacia en la aplicación de programas y para realizar controles en materia de contrataciones públicas y de concesiones administrativas, así como con respecto al otorgamiento y/o recepción de subvenciones, entre otros.

Por otra parte, el tamaño del sector público sigue siendo indefinido y difuso, a pesar de los innumerables esfuerzos de racionalización acometidos, por lo que sería deseable trabajar en la realización de un registro centralizado de los entes que lo componen. Y aunque su número se haya visto reducido en los últimos años como consecuencia de la situación económica, es indudable que el control de todos ellos requiere de unos importantes recursos que la Administración, hoy por hoy, debe racionar.

Ahora, que los recursos son escasos y las necesidades crecientes, una gestión eficiente es imprescindible
Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de ellos que se escapan a los controles mínimos deseables. En este sentido, podemos hablar de que en el ámbito estatal se pueden quedar fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. En las comunidades autónomas, muchas unidades de gestión de algunas áreas, además de algunas sociedades mercantiles, dándose la mayor carencia en fundaciones. Pero es en el ámbito local donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave, tanto en ayuntamientos como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.

Para modificar esta situación, en los últimos años se viene produciendo una importante colaboración entre el sector público y el privado que consideramos que es necesario incrementar en estos momentos y mejorar los marcos de actuación, para lo que sería recomendable una regulación específica y más amplia, que no solo contemple esa cooperación, sino que establezca los criterios exigibles a los auditores privados, la normativa a aplicar y un régimen de responsabilidades independientemente de la contractual. La colaboración público-privada en el control debe potenciarse regulando el control de calidad de estos trabajos, potenciando el diálogo, compartiendo formación y experiencias, haciendo trabajos conjuntos y desarrollando la normativa reguladora de estas actuaciones.

Contribuir a mejorar esta situación debe ser también un objetivo de las instituciones que tenemos encomendada la ordenación de la actividad de los profesionales que más pueden hacer en beneficio de la misma, a través de los mecanismos a nuestro alcance; máxime si tenemos en cuenta la labor de profilaxis que desempeñan dichos profesionales, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico. Conseguir avanzar en materia de transparencia y comprensibilidad de las cuentas públicas es una obligación demandada de manera evidente por la sociedad, con la cual estamos comprometidos y a la que servimos, al tiempo que es un requisito exigible para apelar a la complicidad de la sociedad en unos momentos en que los recursos son escasos, las necesidades crecientes y donde una gestión eficiente es imprescindible.

Valentín Pich y Carlos Puig de Travy son miembros de la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

BOE.es: Insuficiencia de medios de la IGAE que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría


Disposición 8114 del BOE núm. 183 de 2014 - verFichero.do

Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.

lunes, 28 de julio de 2014

EuropaPress.es: Los auditores salen en defensa de su profesión, una de las "más reguladas y controladas"

Los auditores salen en defensa de su profesión, una de las "más reguladas y controladas"
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Instituto de Censores Jurados de Cuentas y la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas de España han salido este lunes en defensa de la profesión, después de haber sido objeto, según denuncian, de "descalificaciones" y de "filtraciones carentes de rigor", y han asegurado que se trata de una de las actividades que están "más reguladas y controladas".

   En un comunicado, ambos organismo aseguran que la profesión está regulada por la aplicación obligatoria de las normas internacionales de auditoría, los controles de calidad periódicos (cada tres o seis años), la implantación exigida de sistemas de control de calidad interno o el reporte anual de actividades a los reguladores, entre otros.

   Además, indican que la auditoría está sometida a numerosos controles preventivos adicionales por parte del órgano regulador, en una doble vertiente: control técnico o investigación, que puede solicitarse a instancia de una denuncia, y control de calidad o inspección. De ambos, en caso de incumplimiento, puede derivarse importantes sanciones económicas o incluso, la inhabilitación del auditor.

   Los auditores apuntan que en España hay más de 1.200 auditores y 1.300 firmas de auditoría, que dan empleo total a más de 30.000 personas, y añaden la importancia para el conjunto de la economía española de que sus trabajos sean "rigurosos" y sean "comprendidos y respetados".

   "Ningún sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones consecuencia de las dudas que generan actuaciones aisladas, sobre todo si no han sido objeto del pertinente análisis del supervisor o de un procedimiento judicial, o de filtraciones carentes de rigor", denuncian los auditores.

ALTO NIVEL TÉCNICO.
   Además, afirman que numerosos estudios muestran la buena percepción que tienen las empresas españolas sobre la utilidad de la auditoría --en 2011 los trabajos de auditoría de carácter voluntario representaron el 27% del total de las auditorías realizadas--, y agregan que tanto el acceso a la profesión, para lo que es necesario acreditar 3 años de experiencia, como la formación continuada avalan el nivel técnico de los profesionales de la auditoría.

   Por último, los auditores apelan a la necesidad de que se investigue "de manera rigurosa y con la máxima rapidez posible" cualquier indicio de actuación irregular por parte de un auditor y muestran la "total predisposición" de las corporaciones de auditores para trabajar en las medidas que puedan ayudar a evitar que estas situaciones puedan producirse.

   "En momentos como el actual, la actividad que desempeñamos los auditores está siendo fundamental para sentar las bases con las que restablecer la confianza en la información que utilizan los mercados y los usuarios en general. Además, no hay que olvidar la labor de profilaxis que desempeñan los auditores, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico", concluye el comunicado.

Expansion.com: Los auditores piden que se valore su trabajo y se investiguen malas prácticas

Los auditores piden que se valore su trabajo y se investiguen malas prácticas
28/07/2014

Madrid, 25 jul (EFECOM).- Los auditores han pedido hoy que se valore su trabajo y se investigue de manera rigurosa y con la máxima rapidez posible cualquier indicio de actuación irregular por parte de un auditor, una petición que llega tras el escándalo de Let's Gowex, cuyas cuentas falsas fueron validadas por M&A Auditores.

En un comunicado remitido hoy, La Corporación de Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas señalan que ningún sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones por las dudas que generan actuaciones aisladas -sobre todo, si no han sido objeto del pertinente análisis del supervisor o de un procedimiento judicial- o de filtraciones carentes de rigor.

Además, destacan que la auditoría es "probablemente" la actividad profesional más regulada y controlada, pues puede ser investigada a instancia de una denuncia o inspeccionada la calidad del trabajo; y de ambos, en caso de incumplimiento, pueden derivarse importantes sanciones económicas e, incluso, la inhabilitación del auditor.

Los auditores consideran que su nivel técnico se basa en su experiencia, estudios complementarios, el hecho de que deban aprobar un concurso-oposición y su formación continuada obligatoria.

Por eso están convencidos de que la calidad de los trabajos de auditoría es independiente de la dimensión de quien los realiza.

En España hay más de 8.000 entidades de interés público y sus auditorías son realizadas por 261 auditores diferentes, entre los que hay grandes, medianas y pequeñas firmas.

Por ello, a su juicio, "no se puede afirmar con rigor que la dimensión sea un requisito obligatorio para hacer auditorías de organizaciones complejas".

En el mercado de la auditoría, las firmas pequeñas y medianas juegan un papel prioritario, y resulta incuestionable su capacidad para llevar a cabo trabajos de auditoría de calidad a un abanico muy amplio de clientes, cumpliendo con los estándares de transparencia y confiabilidad que el mercado exige al sector.

Una aclaración que llega semanas después de que el ex fundador de Gowex, Jenaro García, confesara en la Audiencia Nacional que falseó las cuentas del operador de wifi y quedara en entredicho el papel de José Antonio Villanueva, de la firma M&A Auditores y encargado de validarlas.

Todo ello a pesar de que el propio Villanueva fue sancionado en junio de 2011 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por cometer una infracción grave al incumplir las normas de auditoría en las cuentas anuales del ejercicio 2006 de la empresa Comercial Quemoil.

En cualquier caso, justo cuando el Gobierno ultima un proyecto de ley para limitar el trabajo de las auditoras y prohibir que presten otros servicios a las empresas a las que auditan, el colectivo recuerda que en España hay más de 20.000 auditores y 1.300 firmas de auditoría.

Novapolis.es: Alumnos de la UAL tendrán un acceso 'vip' a los servicios de Google

Alumnos de la UAL tendrán un acceso 'vip' a los servicios de Google
Escrito por Martín Corpas    Lunes, 28 de Julio de 2014 08:33

El Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad ha puesto en marcha el servicio UALCloud, un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración de Google específico para entornos de educación (Google Apps for Education) y personalizado para la Universidad de Almería.

Gracias al convenio firmado por la Universidad de Almería con Google, la universidad facilitará a los estudiantes universitarios el acceso al catálogo de aplicaciones principales entre las que destacan por su utilidad GMail (correo electrónico y contactos), Calendar (agenda y calendario online), Drive (almacenamiento de archivos en la nube, que además de ofrecer un espacio de 30Gb para cada usuario permite la edición colaborativa de archivos: documentos, hojas de cálculo, presentaciones, cuestionarios...) y Hangouts (mensajería instantánea, llamadas de voz y videoconferencia múltiple con hasta diez participantes).


Los alumnos podrán acceder a todos ellos a través de una cuenta de correo con el nombre de la Universidad de Almería. Es decir, a partir de ahora podrán abrirse una cuenta Google Apps del tipo: usuario@inlumine.ual.es.

Con las implementación de las GoogleApp realizadas para la UAL se tiene acceso a las aplicaciones desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Se puede acceder al correo vía web o dispositivo móvil o a través del programa de correo preferido (Outlook, Thunderbird, etc.). Se dispone un espacio de 30 GB para almacenar correo con potentes filtros antispam y antivirus. Permite, además, tener un calendario en línea que puede ser individual y compartido. Se puede editar, supervisar y elaborar documentos desde cualquier lugar y con quien se quiera. Incluye procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, un visor en línea de archivos PDF y un administrador de documentos. Además tiene soporte de gráficos, estadísticas y todo tipo de cálculos. Existe también la posibilidad de publicar la página web del alumno en Internet y proporciona acceso a muchas más aplicaciones.

Se trata de herramientas ideales para la comunicación y el trabajo en equipo. Además de correo, Google dispone de herramientas de comunicación (chat, voz y videoconferencia) que permiten comunicarse con otras personas en tiempo real y desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Las aplicaciones de Google ofrecen la tecnología avanzada que necesita la comunidad universitaria para comunicarse y trabajar de forma conjunta, sin el coste ni la complejidad que conlleva el mantenimiento del hardware y del software in situ, y sin publicidad ni cuotas.

República.com: "Reformar no sólo las auditorías", por Primo González


Reformar no sólo las auditorías - Primo González | Republica.com

Los fallos cometidos en las auditorías de Pescanova y en Gowex, dos de las quiebras más sonoras de los últimos años en España, han suscitado un creciente interés por mejorar la calidad de la auditoría de cuentas en España. Los inversores y accionistas que tienen su dinero en compañías cotizadas en los mercados de capitales tienen todo el derecho a disponer de cuentas veraces y de balances transparentes en aquellas empresas en las que han invertido su dinero. Causa perplejidad la lectura de las anomalías que se han constatado en el funcionamiento de estas dos empresas, alguna de ellas durante más de diez años de forma ininterrumpida falseando balances sin que el auditor independiente se diera cuenta (versión poco creíble) o no lo denunciara a quien correspondía mediante la emisión del oportuno dictamen que certificara la falsedad de lo que los gestores estaban poniendo sobre el papel.

El funcionamiento de las empresas de auditoría está siendo, por lo general, bastante correcto en España y las que se han salido del tiesto son auditoras en algún caso muy pequeñas y sin medios adecuados para el desempeño de su trabajo, lo que a la postre pone en riesgo su independencia de criterio. Un auditor que carezca de independencia a la hora de certificar la autenticidad de los balances y cifras de una compañía carece de credibilidad.

Y esa situación debería ser supervisada más de cerca por las autoridades competentes, como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía. Entre las misiones y obligaciones del ICAC está la de un control directo de la actividad de los auditores, mediante sistemas de control de la calidad e investigaciones adecuadas, como el propio Instituto declara en sus normas fundacionales y reglas de funcionamiento. En los dos casos mencionados de empresas cuyas auditorías no revelaron anomalía alguna durante largos años, Pescanova y Gowex, el ICAC ha fallado estrepitosamente. Pero ninguno de sus máximos responsables ha presentado explicaciones por estos fallos ni ha dado a conocer las razones por las que estas dos empresas han tenido un grado de inspección y vigilancia oficial tan deficientes.

En las crisis de Pescanova y de Gowex, los fallos de supervisión han sido clamorosos, aunque no todo se remite a la responsabilidad del ICAC. Hay otros organismos y entidades, como la CNMV o el MAB (Mercado Alternativo Bursátil, este último en el caso de Gowex) que también han tenido parte muy sustancial de responsabilidad y nadie ha presentado reclamaciones a estas entidades ni por la labor de sus dirigentes. La cadena de errores en estos dos casos empresariales involucra a varias instituciones públicas cuyos fallos de supervisión y vigilancia han sido espectaculares, sin que en ningún momento se hayan adoptado medidas para tratar de evitar que vuelvan a producirse.

El Gobierno se propone ahora una rápida reforma de la legislación que regula el papel de los auditores. Es su primera reacción tangible tras los lamentables hechos que han rodeado las crisis empresariales mencionadas y otros que puedan producirse con similar impunidad en el futuro. El objetivo del Gobierno viene prácticamente obligado por la legislación comunitaria, que impone una normativa común a toda la Unión Europea en cuestión de funcionamiento de las compañías de auditoría. La nueva regulación establece una serie de normas de incompatibilidad de trabajos para los auditores y limitaciones de plazos a la hora de mantener a un auditor en cada compañía.

No está claro que los casos detectados de incumplimiento de su correcto quehacer hubieran impedido las dos crisis empresariales mencionadas. La respuesta del Gobierno es, por lo tanto, insuficiente, además de muy tardía. Las lecciones de estos dos casos de quiebras empresariales requerirían un abanico bastante más amplio de medidas correctoras. El papel de instituciones como el ICAC o la CNMV, además del MAB y de BME, tendría que ser sometido a un análisis crítico y reformista bastante más exigente.

domingo, 27 de julio de 2014

EuropaPress.es: El auditor imputado pide a Alaya que cite a Monteseirín por el delito societario en Mercasevilla

Un imputado pide a Alaya que cite a Monteseirín por el delito societario en Mercasevilla
SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.' e imputado en el presunto delito societario que la juez Mercedes Alaya investiga en cuanto a la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, ha solicitado a la magistrada que cite a declarar "en la condición que procesalmente proceda" a todos los integrantes del Consejo de Administración de Mercasevilla en el cargo en fecha 17 de febrero de 2009, entre ellos el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

   La instructora imputó a Alonso Rivero por su participación en el "examen y verificación de las cuentas anuales de Mercasevilla del ejercicio 2008 y de ejercicios anteriores que inciden en este último". Mercasevilla, según la juez, declaró beneficios de 258.024 euros merced a sus cuentas de 2008 cuando en realidad las pérdidas se elevaban a 7.885.285 euros, con lo que la directiva de la empresa y 'Price Waterhouse Coopers S.L.', como empresa contratada para auditar las cuentas, "omitirían intencionadamente ciertas prácticas contables inadecuadas".

   En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado pide el archivo parcial de la causa y, en caso de que dicha petición no se estimara, que declaren los miembros del Consejo de Administración, ya que resultan "sorprendentes" las versiones ofrecidas por "algunos" encausados respecto a los hechos, los cuales "contravienen y faltan a la verdad" en un marco "auto-exculpatorio en el que no se duda en utilizar a los auditores como 'paraguas' o 'presunto salvavidas' en los que residenciar culpas".


   Al hilo, asevera que ni él mismo ni ningún auditor de la firma "ha asesorado jamás en materia contable, ni ha cursado instrucciones sobre contabilidad y menos aún ha intervenido ni asesorado en la confección de las cuentas anuales", ya que el auditor, "ateniéndose rigurosamente al marco de sus obligaciones profesionales, se ha limitado a la revisión auditora de las cuentas anuales confeccionadas por la empresa y formuladas por el Consejo de Administración".

   El imputado, "simplemente, se ha limitado a emitir su informe de auditoría sobre las cuentas anuales en su conjunto, sin que nunca haya emitido informa alguno u opinión sobre un hecho contable individual o sobre una anotación contable ya acontecida, ya que esa no es la labor del auditor de cuentas", dice el abogado, quien critica que algunos imputados hayan pretendido exculparse "a costa de mi representado, alegando un desconocimiento que mal compadece con su cargo, trabajo y funciones dentro de la empresa, sus conocimientos técnicos y experiencia profesional".

   No obstante, esto último "era previsible", ya que "no es infrecuente que en delitos socioeconómicos el descargo de los presuntos responsables sea culpar al auditor de cuentas, en un vano intento de negar la evidencia y funciones y tareas de cada cual", pero no obstante "resulta singular la incomprensible ausencia de llamada al proceso de quienes verdaderamente administran la sociedad investigada y quienes verdaderamente formulan y firman las cuentas anuales, esto es, el Consejo de Administración".

   En este sentido, la defensa critica que, "incomprensiblemente, en esta causa se imputa a quien audita y se ignora a quien dirige, administra, formula y firma las cuentas anuales con temerario ocultamiento de información esencial al auditor y por ende a la sociedad, sus accionistas y terceros", añadiendo que cuando el Consejo de Administración formula las cuentas anuales y el auditor comienza a desarrollar el trabajo de auditoría de cuentas, dicha labor "se cimenta sobre un necesario pilar de confianza que se materializa en un documento cual es la 'Carta de manifestaciones'".

   A través de ella, el órgano de administración "declara con carácter solemne y formal, con total transparencia, lealtad y confianza frente al auditor los hechos relevantes de la sociedad, su negocio, continuidad y avatares de ese ejercicio económico para que el auditor pueda realizar el trabajo de auditoría", agregando que, en el presente caso, "es de esperar que personas de la relevancia y entidad como los integrantes de su Consejo de Administración obren de buena fe, no falten a la verdad y que no omitan información esencial al auditor", según el escrito consultado por Europa Press.

DENUNCIA JUDICIAL
   El imputado añade que, en este contexto, tanto él como su firma auditora "se sienten absolutamente engañados por el Consejo de Administración de Mercasevilla en aquella fecha", pues si durante el periodo en el que se formulan las cuentas anuales y la fecha en la que se firma el informe de auditoría, dicho Consejo "hubiera puesto en conocimiento de los auditores la situación real, y no la aparente, de la sociedad, y las operaciones objeto de investigación judicial, habría calificado mediante la inclusión en su opinión de auditoría de la correspondiente salvedades o incluso habría denegado la opinión".

   "Y adicionalmente, si el Consejo no hubiese tomado las medidas legales pertinentes, hubiese presentado la correspondiente denuncia policial y/o judicial", dice el imputado, que asevera que "nada de eso pudo ocurrir, ya que el Consejo de Administración no solo negó la información que entonces conocía el auditor, sino que le dejó actuar a sabiendas de que la información suministrada no era correcta, estaba viciada de veracidad y era engañosa".

   "El auditor, cuando desarrolló sus trabajos, jamás pudo pensar ni imaginar que el director general de la sociedad y otros coimputados sobre los que recaía la responsabilidad de la confección de la contabilidad y de las cuentas anuales, hubieran podido cometer presuntos delitos de cohecho, sobornos, pago de comisiones ilegales por tramitación de ERE presuntamente fraudulentos, o confección de facturas falsas", asevera.

   A continuación, el imputado dice "desconocer el nivel de detalle o exacto conocimiento que tenían los integrantes del Consejo, pero las fechas ofrecen dudas muy razonables", señalando que el 17 de febrero de 2009, "el Consejo formuló y firmó las cuentas anuales y tras su formulación, en la misma sesión, aceptó 'el cese' de Fernando Mellet por razones personales", mientras que ese mismo día, el presidente del Consejo, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, Alfonso Mir, firmaron la citada carta de manifestaciones a los auditores.

INFORMACIÓN "OCULTA"
   Según esta carta, "desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, no ha ocurrido ningún hecho que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas", tras lo que el 31 de marzo de 2009 se presentó a la Junta General de Accionistas de Mercasevilla el informe de auditoría, que "obviamente no podía contemplar el efecto sobre las cuentas de la situación de la sociedad por la falta de información ocultada".

   "El 1 de abril de 2009, la Junta General de Accionistas aprobó las cuentas sobre una información de la sociedad inveraz e incompleta y ese mismo día estalló el escándalo Mercasevilla en la prensa", dice el imputado, que recuerda una carta del entonces alcalde de 12 de febrero de 2009 "proponiendo el cese del director general", lo cual constituye "la prueba de que siete días antes del Consejo de formulación de cuentas anuales ya conocían los hechos presuntamente delictivos cometidos por Mellet".

jueves, 24 de julio de 2014

UDIMA: Normas Internacionales de Auditoría: Nociones Básicas

Normas Internacionales de Auditoría: Nociones Básicas 
Emitido en directo el 24 jul. 2014
Haremos referencia a las cuestiones que han cambiado, términos y definiciones, composición de las normas internacionales de auditoría entre otros aspectos.

miércoles, 23 de julio de 2014

Erasmus 2014-15: Contrato de estudios on-line

Universidad de Almería

Erasmus 2014-15  el contrato de estudios on-line ya está disponible.

Se ha comunicado a los alumnos la disponibilidad de la aplicación web del contrato de estudios on-line con este texto:

Mediante la presente se os comunica que ya se encuentra disponible la aplicación web del contrato de estudios on-line, donde se deberán reflejar las asignaturas del learning agreement de acuerdo con vuestro coordinador académico. Para este año no necesitáis imprimirlo, la OAPEE sólo nos exige el learning agreement en papel, pero es necesario para la comprobación de equivalencias, créditos y para la posterior calificación y reconocimiento de tus asignaturas.

Tendréis que:
1º- Hacer tus propuestas de equivalencias, a través de la aplicación Web, accediendo con tu contraseña de Campus Virtual:
Una vez en la aplicación, si tienes dudas de cómo hacer dichas propuestas, consulta la Ayuda que te ofrece la aplicación o la sección que dedica al mismo tema la guía de trámites del estudiante que puedes encontrar en la web del Vicerrectorado para Erasmus+ 2014-15:
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/ERASMUSPLUS002

2º- Ponerte en contacto con tu coordinador por e-mail, avisándole para que valide tu contrato, pídele que te avise a su vez cuando lo haya validado.

3º- Una vez en tu universidad de destino, si necesitas realizar cambios en tu learning agreement deberás reflejarlos también en el contrato de estudios on-line. Para ello se abrirán dos periodos en octubre y marzo, que se os comunicarán.

martes, 22 de julio de 2014

laVanguardia.com: Pedraz pide documentación sobre las subvenciones públicas y los préstamos que recibió Gowex

Pedraz pide documentación sobre las subvenciones públicas y los préstamos que recibió la empresa de WiFi
22/07/2014 14:12
Eleva el número de imputados a 11 tras citar para el próximo lunes a otra de las administradoras de las empresas pantalla

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que le remita toda la documentación "sobre las subvenciones públicas, préstamos bancarios y créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI)" concedidos a la empresa de redes WiFi Gowex desde su constitución, en 1999, hasta la actualidad.

En cuatro providencias hechas públicas este martes ordena, además, al director financiero de la compañía, Francisco Manuel Marugán, que aporte en el Juzgado los documentos en los que se reflejó la situación financiera de la empresa en la última década y que, según declaró el imputado durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, se encuentra en unas dependencias de las que dispone Gowex en el Paseo de La Habana y que no han sido registradas.

El magistrado, que ha ordenado toda una batería de nuevas diligencias, investigará también la actuación de la auditora M&A tras conocer que uno de sus trabajadores, fue sancionado por incumplimiento de las normas de auditoría en 2010. El juez mantiene imputado a otro de sus auditores José Antonio Díaz Villanueva.

Pedraz quiere que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le informe de cualquier infracción cometida por la auditora y relacionada con Gowex en el periodo comprendido entre 2008 y 2013 y que se designe un funcionario para que se ocupe del análisis y estudio de todos los informes elaborados por M&A durante ese plazo.

También requiere al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) toda la documentacion sobre la salida a bolsa y seguimiento sobre el grupo investigado.

NUEVA IMPUTACIÓN

El juez ha citado a declarar como imputada el próximo lunes 28 de julio a otra de las administradoras de varias de las empresas que el expresidente de Gowex, Jenaro García, utilizó como pantalla para emitir facturas falsas e incrementar los ingresos. Se trata de María Antonia Antúnez Gines, que sucedió al testaferro ya imputado Javier Martín Vaquero al frente de varias de ellas a partir del año 2012.

Martín Vaquero, administrador hasta ese año de K10 Market Medios Publicitarios SL, Esperada de Inversiones SL y Consultoría Asesoría y Comunicación SL, llegó a firmar diez escrituras de diez empresas diferentes sin conocer el papel que éstas iban a jugar en el falseamiento de las cuentas. Permaneció vinculado a Gowex durante tres meses en los que, según declaró a Pedraz, se limitó a hacer fotocopias y no cobró salario alguno.

La imputación de Antúnez Ginés eleva a once el número de investigados en el procedimiento. Además de Jenaro García, están imputados los consejeros Martínez Marugán y Javier Solsona, la mujer del fundador de Gowex, Florencia Maté, y el auditor Díaz Villanueva.

El magistrado también acusa de participar en el maquillaje de las cuentas a otros cuatro testaferros --Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero-- y al exconsejero Ricardo Moreno.

Imputa a todos ellos la comisión de delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.

lunes, 21 de julio de 2014

elEconomista.es: Cuatro firmas del MAB estudian pasarse a las grandes auditoras tras el escándalo de Gowex

Cuatro firmas del MAB estudian pasarse a las grandes auditoras tras el escándalo de Gowex - elEconomista.es
Bionaturis, Suavitas, NPG y Facephi piden presupuesto a las Big Four
A. Semprún 8:15 - 21/07/2014

Baile de auditoras en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB). El escándalo de Gowex, cuyas cuentas falsificadas durante años fueron aprobadas por M&A Auditores, una firma pequeña a la que sólo se le conoce un cliente, ha llevado a cuatro de de las ocho firmas que cotizan en el MAB y que también tienen auditores menos conocidos a llamar a la puerta de las conocidas como Big Four: Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY) y PwC.

Bionaturis, Suavitas, NPG Technology y Facephi Biometría han pedido presupuestos a las grandes auditoras multinacionales para que revisen sus cuentas "como una señal de transparencia", tal y como aseguran desde Facephi. La compañía alicantina explica que se han puesto en contacto con dos de las Big Four para que realicen una doble auditoría a sus cuentas.

"No hemos cerrado un acuerdo con ninguna pero estamos trabajando en ello. Vamos a realizar un esfuerzo económico y un ejercicio extra de transparencia para tranquilizar a los accionistas y mostrar que Gowex es una anécdota", explican desde Facephi. De momento, solo prevén realizar la doble auditoría y mantener a su auditor, Moragues Auditores, con quien están contentos aunque "todo se verá".

NPG Technology fue la primera cotizadas del MAB que anunció el cambio de censor de cuentas. En un hecho relevante publicado el pasado nueve de julio, la tecnológica que preside Enrique Cosío explicó que habían "decidido solicitar propuesta de auditoria de cuentas a PwC o, en su defecto, a otra firma de las denominadas Big Four, para el ejercicio terminado el 31 de dicembre de 2014". Así, NPG dejaría a su actual auditor Herlg Auditores.

En esta misma línea, Bionaturis comunicó al MAB el pasado 10 de julio (Jenaro García reconoció su estafa el 6 de julio) que ha iniciado "los trámites oportunos para en plazo breve de tiempo solicitar a los accionistas la selección del auditor de cuentas para el ejercicio 2014". La biotecnológica confirmó a este diario que la intención del comité de auditoría del consejo de administración es "contar con la auditoría de una de las Big Four". En este punto, explicaron antes de tomar una decisión final la propuesta debe ser refrendada por los socios en Junta General.

Bionaturis, que actualmente está auditada por Paez & Serrano, explicó que en 2013 se gastó 24.145 euros en auditorías tanto de su balance como de las cuentas de cada proyecto de I+D.

Suavitas, con sede en Valencia, es la cuarta de las firmas del MAB que están maniobrando para cambiar de auditor. En el caso de la firma dedicada a tratamientos clínicos médico estéticos la contratación de una de las primeras del ranking está más lejos. Suavitas ha explicado a elEconomista que ha confirmado a su actual auditor, Luis Caruana, para este año pero que, de cara a 2015, van a "pedir alguna oferta a las Big Four, con las que ya colaboramos en algunos proyectos". "Estamos estudiando si seguimos con nuestro actual auditor o no. Vamos a pedir presupuestos pero no tomaremos una decisión sin analizarlo bien", explican desde Suavitas. Pese a "estudiar otras opciones", la clínica ha roto una lanza en favor de su actual auditor y ha explicado que "ser pequeño no te convierte en un mal profesional".


Las firmas que no cambian
De las 21 firmas que actualmente cotizan en el MAB (Gowex y Zinkia están suspendidas), nueve están auditadas por alguna de las Big Four (la que más compañías tiene es KPMG). Otras sociedades como 1Nkemia, Griñó Ecologic o Catenon están auditadas por grandes firmas internacionales como RSM Gassó o Mazars y no piensan en cambiar de compañía ni en realizar ninguna doble auditoría. En este punto, 1nKemia ha colgado en su web un escrito en el que defiende la profesionalidad de su auditor RSM Gassó: "Es de la máxima confianza pues pertenece al grupo RSM, el séptimo grupo auditor más grande del mundo". A su vez, Josep Castells Boliart, presidente del consejo de administración de 1nKemia explicó que que la actividad de su empresa está "continuamente auditada, tanto por las compañías farmacéuticas y químicas que auditan la actividad de desarrollo que se realiza para ellas, como por las administraciones".

Griñó Ecologic, que también tiene como auditor a RSM Gassó, ni se plantea cambiar de auditor, algo que hicieron hace poco ya que antes trabajaban con PwC. "Estamos muy contentos con Gassó y con la socia que tenemos asignada. Es muy buena y concienzuda. El sello no te garantiza la calidad del trabajo", explicó a elEconomista Fernando Pérez, directo financiero de Griñó.

La firma gallega Lumar Natural Seafood, que tiene un auditor pequeño, Luis Capellá, ni se plantea cambiarlo. Fuentes de la productora y distribuidora de congelados han asegurado a elEconomista que "defiende la transparencia de las cuentas y de la información, por lo que considera que la veracidad de los hechos no es mayor en función del tamaño de la empresa que la audite". Así, insisten en que Luis Capellá está registrado en el ROAC y cuenta con la acreditación requerida por el MAB.
Ebioss Energy tampoco tiene pensado cambiar de auditor. La firma asegura que está muy contento con Baker Tilly.

En cuanto a la crisis de Gowex, que ha resultado ser el mayor fraude del mercado tras haber alcanzado una cotización de 1.900 millones de euros, las firmas del MAB coinciden en asegurar que se deben imponer "controles más exahustivos pero que no deben pagar "justos por pecadores".

elDiaro.es: Los críticos imponen su mayoría en el TVCP frente a las pretensiones de Churiaque

Los críticos imponen su mayoría en el TVCP frente a las pretensiones de Churiaque
  • Los consejeros designados por PNV y PSE rechazan la propuesta del presidente del tribunal sobre la aprobación de las Normas Internacionales de Auditoría del Sector Público.
  • Los consejeros críticos denunciaron que Churiaque se saltó la normas de confidencialidad del tribunal por remitir documentación interna a la comisión de investigación de Epsilon.
  • Las normas internacionales fijan que "no se facilitará acceso a los papeles de trabajo ni a la información que tenga carácter auxiliar como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos".
21/07/2014 - 19:00h

Los cinco consejeros críticos con el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) -nombrados a instancias del PNV (3) y del PSE-EE (2)- volvieron a hacer valer este lunes su mayoría frente a José Ignacio Martínez Churiaque, que pretendía que el pleno aprobara las Normas Internacionales de Auditoría del Sector Público. Por contra, los críticos -que actúan en bloque desde que decidieron volver a asistir a los plenos del órgano fiscalizador- indicaron que no tenía sentido la propuesta llevada al pleno por su presidente y propusieron que la Comisión Técnica del tribunal estudiara previamente esas normas y definiera en qué afectan al funcionamiento actual del órgano fiscalizador.

Churiaque mantuvo su propuesta para obligar a que se votara, que fue rechazada por cinco votos a dos. Sin embargo, tanto él como el otro consejero nombrado a instancias del PP votaron a favor del planteamiento de la mayoría crítica, que obtuvo así la unanimidad del pleno. Estas normas han sido aprobadas en una reunión reciente por los presidentes de los tribunales de cuentas de toda España, pero Churiaque las remitió al resto de consejeros el pasado jueves. Los cinco consejeros mantienen que, tras una lectura "somera" y apresurada, las citadas normas internacionales no implican modificaciones en el manual del procedimiento del tribunal vasco, pero que en cualquier caso deben ser estudiadas por la comisión técnica. Será este órgano el encargado de proponer al pleno lo que considere oportuno en relación a este asunto.

Se da la circunstancia de que hace menos de tres semanas los cinco consejeros críticos con las acusaciones vertidas por su presidente en la comisión de investigación parlamentaria de Epsilon -que ha motivado este enfrentamiento interno inédito en el tribunal- remitieron una carta a la presidenta del Parlamento vasco en la que explicaban los "incumplimientos" sobre la normativa de confidencialidad que ha realizado el presidente al remitir a la Cámara determinada información y documentación interna relacionada con Epsilon del órgano fiscalizador.

Al enviar esa información, a espaldas de lo aprobado por el pleno del tribunal, Churiaque habría incumplido la ley de funcionamiento del tribunal en materia de confidencialidad, el manual de fiscalización y todo lo relacionado con la norma que preserva la confidencialidad de los materiales y el secreto de las deliberaciones en el órgano fiscalizador. Churiaque ha defendido su actuación -la comisión había solicitado más información- en aras a la transparencia, política de la que ha hecho bandera en esta última etapa convulsa del tribunal.

Confidencialidad
Las citadas normas internacionales de auditoría, en el apartado dedicado a la documentación y confidencialidad (punto 30), especifican que "los auditores deberán mantener y garantizar la confidencialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones". Y añade: "Los datos relativos a los entes fiscalizados obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funciones  no deberán ser utilizados para fines distintos de la propia fiscalización. La información obtenida no deberá ser facilitada a terceros ni utilizado en provecho propio. En concreto, y salvo que una Ley establezca expresamente lo contrario, no se facilitará acceso a los papeles de trabajo ni a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos". 

En la reunión de ayer -la última antes de las vacaciones- la mayoría crítica mantuvo su decisión de garantizar solo la función fiscalizadora del tribunal mientras no se discuta sobre la reprobación de la actuación de Churiaque en la comisión de investigación de Epsilon. En un escrito firmado por los cinco consejeros -y al que se dio lectura en la reunión anterior-, los consejeros ya habían anunciado que acudirían a los plenos "exclusivamente para garantizar el ejercicio de la función fiscalizadora" del tribunal y que "no trataremos ningún otro asunto que no responda estrictamente a la misma".

En lo relacionado con el resto de puntos del orden del día hicieron valer su mayoría. No aprobaron el acta anterior, aprobaron el reparto del control de calidad con algunos cambios y pidieron al presidente que motive las razones de su propuesta de convenio con la entidad Transparencia Internacional.

domingo, 20 de julio de 2014

Fiscalización.es: Normas internacionales de fiscalización del sector público

Normas internacionales de fiscalización del sector público


En la reunión de la Comisión de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, celebrada en Santa Cruz de Tenerife el 27 de junio de 2014, se ha aprobado una adaptación de sus procedimientos de fiscalización a las normas internacionales de fiscalización del sector público (ISSAIs) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Esta adaptación supone una modernización de los principios y normas de auditoría del sector público que contribuirá a unificar pautas de trabajo, exigencias técnicas y de calidad en el control de los fondos públicos. Las normas de la INTOSAI son el marco de referencia internacional en la fiscalización pública, y su adaptación por parte de las instituciones de control externo de nuestro país permite disponer de herramientas técnicas homologadas, acordes con las exigencias que se demandan en la actualidad para la fiscalización del sector público.



Incorporar estas normas permitirá coordinar los trabajos entre las diferentes instituciones de control, promoviendo la colaboración y favoreciendo una convergencia en los métodos y prácticas de trabajo, dando más confianza, credibilidad, coherencia y globalidad a la función fiscalizadora. Esto conllevará una fiscalización más eficaz y eficiente de los recursos públicos en todos los ámbitos.

En la página web de la Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares encontramos una importante referencia que resume los antecedentes y el contenido del proceso de adaptación y cuyo texto incorporamos a continuación.

La primera reunión de los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Externos de las Comunidades Autónomas, tras la renovación del Pleno del Tribunal de Cuentas acaecida en julio de 2012, se celebró el 30 de octubre siguiente y en ella se adoptó el compromiso de establecer una Comisión de normas y procedimientos, bajo la presidencia del Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La primera reunión de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas- Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas tuvo lugar el día 13 de mayo de 2013 en la sede del Tribunal de Cuentas. En ella se pudo comprobar la coincidencia total en la necesidad de homogeneizar, armonizar y actualizar las normas de auditoría pública sobre la base de los principios y normas internacionales. El Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas informó acerca de la revisión en marcha de las Normas Internas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, y asumió el compromiso de elaborar un plan y de convocar a una Comisión de Técnicos que diera inicio a los trabajos.

La reunión de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Externos de las Comunidades Autónomas, de 29 de noviembre de 2013, dio ocasión a que el Presidente de la Sección de Fiscalización informara acerca de la inminente aprobación de las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, circunstancia que había impedido el inicio de los trabajos de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas-Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, comprometiéndose no obstante a convocar una reunión de esta Comisión en el plazo más breve posible.

Así, el 21 de enero de 2014 se reunieron en la sede del Tribunal de Cuentas los miembros del propio Tribunal y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas que forman parte de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas-Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. En dicha reunión se destacó la importancia que para estas Instituciones tiene la disposición de normas técnicas comunes que regulen las actuaciones de fiscalización. En efecto, disponer de tales normas comunes y aplicarlas adecuadamente debe asegurar la realización de fiscalizaciones de calidad que resulten apropiadas a las progresivamente mayores exigencias técnicas que se formulan a nuestras Instituciones y a la creciente demanda del ejercicio práctico de un eficaz control de la actividad económico-financiera de los respectivos sectores públicos sometidos a su función fiscalizadora.

Tras un debate sobre las posibles opciones de elaboración de unas normas nuevas, la Comisión decidió adaptar las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Para ello, se crearon tres Grupos de Trabajo, coordinados cada uno de ellos por un técnico del Tribunal de Cuentas y del que formarían parte técnicos de los OCEX (hasta estar representados en alguno de los tres Grupos todos los OCEX que lo deseasen). El primer Grupo se encargaría de adaptar las ISSAI 100 y 200 (Principios fundamentales de fiscalización del sector público y Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera, respectivamente), el segundo se encargaría de adaptar la ISSAI 300 (Principios fundamentales de la fiscalización operativa),mientras que el tercero se ocuparía de la adaptación de la ISSAI 400 (Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento).

La adaptación de las cuatro ISSAI citadas ha consistido, básicamente, en revisar la traducción oficial española acomodándola a la terminología más habitualmente empleada en nuestras Instituciones, a la recogida en la legislación española y a la empleada en otros documentos de normalización de técnicas auditoras, singularmente en las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES) publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España. También se han adaptado a la normativa española reguladora de la fiscalización del sector público y, en general, a la reguladora del funcionamiento y de la gestión económico-financiera del sector público.

Siguiendo la nomenclatura empleada por el ICAC en la adaptación de las NIA, se ha optado por denominar a la adaptación de las ISSAI como ISSAI-ES, para distinguirlas de las versiones originales aprobadas por INTOSAI.

Asimismo, como parte de la homologación terminológica se ha empleado en la redacción de las ISSAI-ES la denominación de «Instituciones Públicas de Control Externo» (ICEX) para designar conjuntamente al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. La redacción original de las ISSAI emplea el término «Entidad Fiscalizadora Superior», dado que la vocación inicial de las normas era su aplicación por tales Entidades en su condición de miembros de INTOSAI. De ahí que ahora se haya utilizado una denominación más amplia comprensiva de las restantes entidades o instituciones de fiscalización o de control externo existentes en nuestro país.

Un problema que tradicionalmente surge en la traducción de documentos como las ISSAI, originalmente escritos en lengua inglesa, es el empleo de los términos «fiscalización» o «auditoría» para traducir lo que en inglés se denomina de forma invariable «audit». A estos efectos puede ser interesante tomar como referencia las definiciones contenidas en el Glosario adjunto a las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas el 23 de diciembre de 2013:
-  Fiscalización: conjunto de actuaciones del Tribunal de Cuentas para comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y, en su caso, otros de buena gestión.
-  Auditoría: actividad sistemática de revisión, verificación y evaluación de documentos contables y de procedimientos de control y gestión, realizada siguiendo las normas técnicas establecidas al efecto. 
Siguiendo este criterio, el término «fiscalización» se emplea en las ISSAI-ES para designar la función constitucional, estatutaria o legalmente asignada a nuestras Instituciones, mientras que el término «auditoría» designa una de las técnicas empleadas para ejercer esa función (no la única técnica posible, pero sí la más frecuentemente utilizada y la que ofrece mejores garantías de realizar un trabajo de calidad). 
Las técnicas de auditoría que han avanzado en mayor grado en su normalización son las referidas a las auditorías financieras. Por este motivo, la ISSAI-ES 200 es la única cuya denominación mantiene el término «auditoría» y la mayor parte del texto de la misma se refiere a la «auditoría financiera», mientras que las ISSAI-ES 300 y 400 se refieren respectivamente a la «fiscalización de cumplimiento» y a la «fiscalización operativa». También la primera de las ISSAI adaptadas, la ISSAI-ES 100, emplea la expresión «fiscalización del sector público».

En definitiva, con la adaptación de las ISSAI del tercer nivel que han sido aprobadas al día de hoy se ha pretendido una renovación terminológica más acorde con el lenguaje utilizado en España, así como aproximar a los OCEX a los principios y normas de la INTOSAI – organización de la que forma parte el Tribunal de Cuentas- y que constituyen el marco de referencia internacional en la fiscalización pública.

A partir de ahora todas las instituciones públicas de control externo de nuestro país van a guiar la actuación por el mismo conjunto de principios y normas, lo que supondrá una homologación de los resultados que va a beneficiar a todos los implicados –instituciones de control, destinatarios de los informes, ciudadanos interesados y público en general- en la fiscalización.

 ISSAIs--reunion-Ptes

sábado, 19 de julio de 2014

elAdelantado.com: La conexión segoviana de Gowex (el auditor, en búsqueda y captura)

La conexión segoviana de Gowex - Local - El Adelantado
La Policía buscó en la ciudad al auditor de la empresa de comunicaciones, donde tiene establecida su residencia, tras decretar el juzgado su búsqueda y captura.
El Adelantado - Segovia

Los ciudadanos de media España miraban hacia Madrid para conocer lo que está aconteciendo con la empresa en la que ha estallado el último escándalo por supuesto fraude. Pero mientras, la Policía Judicial de la capital del reino realizaba en Segovia indagaciones para intentar localidad al auditor de cuentas de la empresa de telecomunicaciones. Y es que el último imputado por el caso Gowex tiene su residencia en una concurrida Avenida de Segovia.

Se trata del auditor de la empresa de redes WiFi Gowex, Jose Antonio Díaz Villanueva, de 72 años, quien no pudo ser localizado. Al no poderle comunicar la citación judicial, la Audiencia Nacional dio orden de búsqueda y captura. Una vez destapado el falseamiento de las cuentas de la empresa Gowex, las miradas del juez de la Audiencia, Santiago Pedraza, apuntaron hacia el auditor de la empresa, para interrogarse.

Ayer viernes el auditor se presentó voluntariamente en la sede de la Audiencia Nacional.
Según confesó durante su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había ingresado en una clínica de relajación por recomendación de su psiquiatra.

Ilocalizable
El magistrado ordenó este jueves su busca y captura después de que los agentes que intentaron notificarle la citación no lograran encontrarle en dos domicilios y diferentes números de teléfono.
Díaz Villanueva compareció ayer viernes por lo que la orden de detención cursada en su contra ha quedaba ya sin efecto.

Fuentes presentes en el interrogatorio señalaron a Europa Press que el auditor, de la empresa M&A, explicó que el informe de Gotham le provocó un enorme estrés, por lo que su especialista médico le prescribió descanso en un lugar apartado.

De acuerdo con las mismas fuentes, Díaz Villanueva reconoció también que comenzó cobrando por sus servicios en Gowex 27.000 euros, que fueron incrementándose hasta alcanzar, durante el año 2013, la cantidad total de 300.000 euros. También agregó que "nunca" había declarado a la Hacienda Pública estos ingresos y que no tiene propiedad alguna a su nombre ya que sus bienes inmuebles están registrados a favor de sus cuatro hijos.

El juez Pedraz le ha dado un plazo de 15 días para que deposite una fianza de 200.000 euros. "No sé si podré reunir esa cantidad", aseguró el auditor al conocer la cifra. Los familiares del imputado están intentando recabar ayuda para reunir dicha cantidad y evitar así el ingreso en prisión.

El magistrado considera que el auditor, trabajador de la empresa M&A Auditores "dio la cobertura necesaria" al expresidente de Gowex, Jenaro García, para falsear las cuentas en la última década. Jenaro García confesó al juez que las cuentas de los últimos cuatro años estaban basadas en datos falsos. Al parecer, se habían inflado escandalosamente los beneficios de esta empresa, que se ha hundido en Bolsa más rápido de lo que creció. (Más información en Nacional).

viernes, 18 de julio de 2014

elPaís.com: El auditor de Gowex no pagaba impuestos

El auditor de Gowex no pagaba impuestos | Economía | EL PAÍS
  • El juez impone una fianza de 200.000 euros al hombre que validó el fraude de Jenaro García 
  • La "extraña" tarjeta de visita del auditor, según Gotham 
José Manuel Romero Madrid 18 JUL 2014 - 21:16 CEST

José Antonio Díaz Villanueva, auditor de Gowex, la empresa que ha estafado a 5.000 accionistas falseando sus cuentas durante años, llegó este viernes al juzgado para declarar cuando nadie le esperaba. El juez Santiago Pedraz, que instruye este caso, había dictado una orden internacional de busca y captura contra Villanueva porque la policía no le había podido localizar en sus dos domicilios conocidos para entregarle la citación como imputado. El magistrado fijó su libertad condicional con la imposición del pago de una fianza de 200.000 euros antes de 15 días.

Por recomendación de su psiquiatra, Villanueva se había aislado en una clínica de relajación debido al enorme estrés que le había provocado la publicación de un informe de la firma de análisis financiero Gotham City que cuestionaba las cuentas de Gowex y ponía en duda la solvencia del auditor.

El juez pone en entredicho todas las explicaciones de Villanueva
Gotham City sostenía que sólo el 10% de los ingresos declarados por Gowex eran verdaderos, que su mayor cliente era falso pues se trataba de la misma compañía de wifi, y que su auditor, José Antonio Díaz Villanueva, era especialmente sospechoso por cobrar unas tarifas muy bajas y trabajar con medios claramente deficientes.

Villanueva certificó durante años la validez de unas cuentas que reflejaban el colosal crecimiento de Gowex en plena crisis económica: entre 2011 y 2013 multiplicó por tres las ventas y por cinco los beneficios. Durante esos años, Villanueva cobró sus servicios a Gowex sin declarar ni un solo ingreso a la Hacienda Pública, según relata el magistrado Pedraz.

Cuando este viernes se enfrentó al interrogatorio en la Audiencia Nacional, el auditor aseguró que había realizado su trabajo para Gowex “conforme a la normativa legal”. El juez sostiene que hay indicios de que no fue así.

Villanueva mantuvo que no recibió indicaciones de Jenaro García, el fundador de Gowex, sobre cómo hacer las auditorías para evitar la verdad. El juez recuerda que el dueño de Gowex afirmó lo contrario: que ordenaba a Villanueva como hacer los informes que validaban sus cuentas falsas.
El auditor aseguró que llevó a cabo las comprobaciones oportunas de facturas y pagos en cuentas corrientes de la empresa de wifi. El juez explicó que esa afirmación resulta imposible de creer dado que el director financiero de Gowex, también imputado en la causa, ha admitido que muchas de las facturas nunca existieron y simplemente las presentaba en una hoja de Excel.

Las explicaciones de Villanueva no convencieron al magistrado, que decretó, ante “la gravedad del delito, libertad provisional con fianza de 200.000 euros a prestar antes de 15 días y, de no hacerlo, su ingreso en prisión provisional”.

El juez señala que la investigación ha acumulado motivos suficientes para considerar que Villanueva dio la “cobertura necesaria” al fundador de Gowex para su acción delictiva y que, por tanto, es responsable de delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y a los consumidores y delito de uso de información relevante. Estos delitos suman penas superiores a nueve años de cárcel. Son idénticos a los que imputa el juez al dueño de Gowex, Jenaro García; y al director financiero de la firma, Manuel Martínez Marugán. Ambos han confesado que durante años falsearon las cuentas con ingresos ficticios de sociedades pantalla que habían creado ellos mismos.

La aparente solvencia de las cuentas —falsas y auditadas por Villanueva— y una obsesiva estrategia de imagen, que pasaba por publicitar cualquier contrato o premio que conseguía, permitió a Gowex sobrevivir a base de créditos —multiplicó por 12 su deuda en apenas dos años— y de la capitalización bursátil, con 5.000 accionistas que confiaron en el futuro de la compañía. La acción salió a bolsa en el mercado alternativo a un precio de 3,5 euros y logró superar los 21 euros en sólo unos años.

En los seis primeros meses de 2014, el valor de la acción llegó a subir un 50%. Pero en un sólo día, tras la publicación del informe Gotham, cayó un 46%. El descalabro anunciado en ese análisis financiero que ponía al descubierto los tremendos agujeros de Gowex se consumó apenas cuatro días después. El fundador, Jenaro García, reconoció ante sus colaboradores el fraude continuado que había perpetrado durante años. Después se fue a la Audiencia Nacional y entregó en el juzgado de guardia un folio donde confesaba su culpa.

jueves, 17 de julio de 2014

elPaís.com: El juez ordena busca y captura internacional contra el auditor de Gowex

El juez ordena busca y captura internacional contra el auditor de Gowex | Economía | EL PAÍS
  • Pedraz fija una fianza de 50.000 euros para el director financiero de la empresa de Jenaro García 
  • Florencia Maté, la mujer del expresidente imputado, no acude a declarar por estar en Costa Rica 
  • La "extraña" tarjeta de visita del auditor, según Gotham 
Madrid 17 JUL 2014

José Antonio Díaz Villanueva, el auditor de la firma M&A que validó durante años las cuentas falsas de Gowex, está en busca y captura. El juez Santiago Pedraz ha dictado orden de detención internacional contra él tras conocer por la policía que Díaz Villanueva, imputado en la causa, está ilocalizable.

Díaz Villanueva puso durante varios años su firma en las auditorías que certificaban la supuesta solidez del proyecto empresarial de Gowex, una firma especializada en instalaciones de redes wifi en espacios públicos.
El auditor, en cuyo historial figura una sanción de dos años de inhabilitación por infracción grave que la Audiencia Nacional rebajó a una multa de 12.001 euros, no observó ninguna anomalía en las cuentas de Gowex. En plena crisis económica, la compañía registró en su contabilidad crecimientos colosales. Entre 2011 y 2013 multiplicó por tres las ventas y por cinco los beneficios. Sólo era una falsa apariencia.

La empresa de análisis financiero Gotham City Research destapó el pasado 1 de julio en un informe remitido a los inversores que Gowex había inflado sus resultados; sus ingresos no superaban el 10% de lo declarado; su mayor cliente eran ellos mismos; y los honorarios que cobró la empresa que auditaba sus cuentas eran sorprendentemente bajos.

El análisis de Gotham concluía que el valor real de Gowex era cero, lo que provocó un fuerte castigo en bolsa al día siguiente para la empresa de Jenaro García (propietario del 47% de las acciones de la compañía).

En los primeros cinco meses del año, la empresa de wifi había subido casi un 50% (su valor bursátil al cerrar 2013 alcanzó los 1.400 millones de euros); un día después del informe de Gotham, el precio de la acción se desplomó un 46%.

Gowex cotizaba en los mercados de Madrid, París y Nueva York sin que ninguno de los supervisores hubiera puesto reparos a las cuentas de la compañía. La compañía empezó a cotizar en bolsa hace cuatro años a 3,5 euros por acción y durante este tiempo llegó a multiplicar por siete su valor (21 euros) impulsado por la maquinaria de publicidad que Jenaro García activaba cada vez que firmaba un acuerdo o conseguía un contrato para suministrar redes de wifi en administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid y el de Nueva York.

Entre la imagen de éxito que publicitaba el fundador de Gowex y sus cuentas falsas auditadas, la compañía forjó una apariencia de solvencia que le permitió conseguir numerosas subvenciones públicas y cuantiosos créditos bancarios para seguir funcionando.

En una huida sin rumbo fijo, Jenaro García intentó durante cuatro días desmentir con palabras el demoledor análisis de Gotham. Pero al llegar el quinto día de la crisis sin lograr la liquidez que precisaba para contrarrestar los efectos del informe de Gotham, García reunió a su consejo de administración para admitir la falsedad de las cuentas de su compañía y el fraude que había perpetrado durante al menos cuatro años. Tras explicar a sus colaboradores el engaño y la quiebra, se presentó en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional donde entregó en un folio su confesión de culpa. Gowex multiplicó por 12 su deuda en los dos últimos años, de tres millones de euros a más de 36.

Francisco Manuel Martínez Marugán acompañó como director financiero a Jenaro García en su aventura empresarial. El juez Pedraz le interrogó y el número dos de Gowex admitió la existencia de una doble contabilidad en la empresa.

Martínez Marugán aludió a la “fuerte personalidad” de su jefe para intentar justificar tantos años de trabajo conociendo el fraude sin denunciarlo. El director financiero confesó al magistrado que para llevar a cabo la doble facturación que permitía maquillar las cuentas con ingresos inexistentes crearon tres empresas. También detalló que en los últimos meses, su jefe le planteó la creación de más sociedades de este tipo para seguir con los amaños. El director financiero aseguró al juez que en ese momento se quiso ir de la compañía, pero que no pudo porque estaba demasiado metido en todo el entramado.

Tras escuchar las explicaciones de Martínez Marugán, el juez le fijó una fianza de 50.000 euros que deberá pagar el director financiero antes de 15 días si quiere evitar la cárcel.

Otra consejera de la empresa, María Florencia Maté, esposa del fundador de Gowex, tenía que declarar en la Audiencia Nacional pero su abogado explicó que se encontraba de viaje en Costa Rica, su país de origen. El juez ha vuelto a citarla el proximo 28 de julio.

José Antonio Díaz Villanueva, Florencia Maté y Francisco Manuel Martínez Marugán están imputados junto a otras siete personas en la causa abierta en la Audiencia Nacional por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas; delitos relativos al mercado y a los consumidores (hay unos 5.000 inversores estafados) por falseamiento de información económica y financiera; y un delito de uso de información relevante. El instructor de la causa entiende que se ha producido un fraude “que causa una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, con repercusión en la economía nacional y perjuicio a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

La pena a la que se enfrenta Jenaro García, fundador de Gowex, podría superar los diez años de cárcel. El principal acusado confesó su culpabilidad de manera voluntaria en la Audiencia Nacional y puso a disposición del magistrado su ordenador y teléfono personal. Tras escuchar a Jenaro García, el juez le impuso una fianza de 600.000 euros, que deberá entregar antes de 15 días para evitar su ingreso en prisión provisional.

El fundador de Gowex contó el pasado lunes al magistrado que tenía una cuenta en Luxemburgo con más de tres millones de euros. El juez ordenó ayer el embargo de esta cuenta.

Gowex, con 140 trabajadores, presentó el pasado martes en los juzgados de lo Mercantil preconcurso de acreedores.



La "extraña" tarjeta de visita del auditor, según Gotham


EL PAÍS
Captura de la página del informe de Gotham en la que habla del auditor y muestra su tarjeta de visita

El informe sobre Gowex de la misteriosa firma de análisis Gotham destinó algunas páginas a poner sobre la mesa sus dudas sobre la fiabilidad del auditor M&A, ya que consideraba "extremadamente raro" que una empresa de wifi con un volumen de facturación tan elevado recurriera a una firma de auditores tan desconocida.

Gotham acudió a hablar con el auditor, según cuenta en el informe, y y consiguió la tarjeta de visita del auditor José Antonio Díaz, cuya fotografía incluye en el informe. El analista de Gotham subraya lo extraño que es que la firma M&A no dispusiera de correo electrónico propio, y que lo que Díaz facilite sea una cuenta genérica de Gmail, apuntada a mano en el reverso de la tarjeta. También le llamó la atención el lugar donde el auditor tenía su sede: "un despacho de 8x10" en una zona "que no parece de influencia". Según la tarjeta, la oficina está en la calle Ayala 116 de Madrid.

Gotham subrayó incluso "lo extraño" que le resultan los honorarios de la auditoria en su trabajo con la compañía de wifi (de entre 40.000 y 70.000 euros), teniendo en cuenta la complejidad de una empresa como Gowex, cotizada y presente en tantos países.

Consulte el informe completo de Gotham (en inglés)