martes, 26 de marzo de 2013

LasProvincias.es: La Sindicatura cuestiona el descontrol en el sistema de compras de Ferrocarrils

La Sindicatura cuestiona el descontrol en el sistema de compras de Ferrocarrils
Censura el elevado número de personas con capacidad para contratar bienes sin control presupuestario y la desprotección de datos de usuarios de Metro y TRAM
26.03.13 - 00:09 - M. HORTELANO/ H. ESTEBAN | VALENCIA.

La gestión de compras en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es poco menos que caótica, a juzgar por las consideraciones que la Sindicatura de Comptes realiza en un informe específico sobre la entidad, referido a los años 2011 y 2012. En la Auditoria de eficacia de los sistemas de información y control interno del proceso de gestión de compras de FGV en esos dos años, se concluye que el nivel de confianza «no era suficiente para garantizar la correcta ejecución, contabilización de transacciones e irregularidades contables», por lo que no se asegura la «validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad» de la información relacionada con el sistema de compras dentro de la empresa pública.

En el informe de auditoría, hecho público hace días por la Sindicatura de Comptes, se divide la fiscalización en dos grandes bloques. En el primero de ellos, referido a los sistemas de información que permiten el correcto funcionamiento de la empresa, se hace hincapié en que, aunque FGV dispone de una plan estratégico de tecnologías de la información, «no está aprobado por el Consejo de Dirección». De hecho, ese plan es el que debería definir los proyectos e inversiones que la empresa pública debe llevar a cabo, de acuerdo con sus necesidades de gestión. La falta de concreción de ese documento ha provocado que se hayan producido «pérdidas de oportunidades de negocio y de carácter financiero». Desde FGV aducen que el proceso de reestructuración (dentro de la reordenación del sector público empresarial) ha dificultado su aprobación. Pero, por la falta de ese plan la Sindicatura alerta de que entidad, por ejemplo, «almacena datos de tarjetas de crédito con las que se ha efectuado un pago en los terminales de venta», saltándose el procedimiento de uno de los protocolos de seguridad que aporta medidas de seguridad y gestión de datos para comercios o bancos. En concreto, sólo durante 2011, más de 850.000 ventas en Metrovalencia se hicieron mediante tarjeta de crédito. Así, la información de esas transacciones «fue almacenado sin haberse evaluado los requerimientos de seguridad», algo que supone un «riesgo ante un incidente con dichas tarjetas si su información es robada o mal utilizada». Por no hablar del «riesgo de sanción de la entidad financiera, que podría ascender a 200.000 dólares (según el Síndic de Comptes), además de la cancelación de la posibilidad del pago por tarjeta para los clientes.

En otro ámbito, también en el apartado de tecnologías de la información, la Sindicatura detalla irregularidades técnicas en las salas donde se albergan los servidores de datos de FGV como son «la ausencia de sensores de temperatura, humedad o inundación». Algo, a priori, poco importante, si no fuera porque «el riesgo de que se produzca una pérdida de los archivos de la entidad» es considerable. Es decir, por una simple inundación o gotera en la habitación donde se ubican los servidores de Ferrocarrils se podría perder parte de la información de la empresa o alterar su funcionamiento. También se hace especial mención a la poca seguridad de las contraseñas de las cuentas de los trabajadores y usuarios, que manejan información de interés público. Además, el informe de auditoría asegura que «no se efectúa custodia externa de los soportes de copia», por lo que en caso de accidente en la empresa «no se asegura la disponibilidad de la información». Es decir, las copias de seguridad brillan por su ausencia.

Sin criterios de compra
El segundo de los bloques en que se divide el informe de auditoría, referido a la gestión de compras de la empresa, la Sindicatura concluye que «se carece de un procedimiento formalizado que establezca los criterios» a seguir en la contratación de bienes y servicios. Las compras «ni están documentadas, ni han sido aprobadas por el Consejo de Dirección, ni comunicadas al personal involucrado». Esta situación «representa un riesgo alto de que se produzcan casos de gestión indebida, parcial o no controlada», en base a criterios particulares, pero no aprobados por la dirección. Es decir, el descontrol sobre los gastos y contrataciones de servicios es total en FGV, según alerta la Sindicatura.

Y es que, además de esa falta de control sobre los gastos, se habla del «elevado número de usuarios con capacidad de creación y modificación de datos de proveedores», por lo que existe también un riesgo alto de que se puedan realizar compras «sin autorización». Demasiada gente con capacidad de crear órdenes de gasto puede provocar, según el Síndic, «que se tramiten pedidos que no cumplen con las normas de FGV y se realicen compras no autorizadas». Como ejemplo, en el contundente informe auditor se especifica que de los pedidos realizados en 2011 por parte de la empresa pública, un 14% carecen de solicitud aprobada. A eso, hay que unir que el fichero de pagos generado por la empresa para su posterior envío a las entidades financieras es «editable» y puede ser modificación con carácter previo. Eso, por no hablar de que es posible «deshabilitar el control para sobrepasar el presupuesto asignado» y seguir comprando aunque ya se haya agotado la partida para ello.

Tras ser alertada de todas estas irregularidades durante los ejercicios 2011 y 2012, Ferrocarrils remitió en febrero de 2013 un informe a la Sindicatura en el que presentó las alegaciones correspondientes a los fallos detectados en sistemas de información y gestión de compras. En el caso de los fallos informáticos, FGV reconoce los fallos, pero asegura que durante la auditoría, y conforme a las recomendaciones del Síndic, ha corregido buena parte de ellos. Pero la Sindicatura no acepta la versión y recuerda que «la alegación no altera lo señalado en el informe», por lo que rechaza modificarlo. Del mismo modo sucede también con la gestión de compras, de la que la empresa asegura que «es siempre autorizada por el jefe de Compras y el director Económico-Financiero y, a partir de ciertas cantidades, también por la Gerencia». Pero, en este caso, el Síndic tampoco accede a modificar su informe en esta parte, dados los argumentos de la empresa gestora de los Ferrocarriles valencianos.

viernes, 22 de marzo de 2013

CompromisoRSE.com: Premio AECA a la Transparencia Empresarial

Premio AECA a la Transparencia Empresarial

AECA CONVOCA LA DUODÉCIMA EDICIÓN DEL PREMIO TRANSPARENCIA EMPRESARIAL

22/03/2013 09:57:43 La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) convoca la duodécima edición de este prestigioso galardón que tiene por objeto reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de transparencia y divulgación de la información financiera y de buen gobierno.
La duodécima edición del Premio AECA a la Transparencia Empresarial cuenta con el patrocinio de Accenture, la colaboración de Axesor, y el apoyo institucional de la CNMV, Banco de España y Registradores. Este importante galardón tiene por objeto reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de transparencia informativa.
Cuenta con dos modalidades: en la primera participan de forma automática todas aquellas empresas que cotizan en el Ibex-35; la segunda modalidad está abierta a todas aquellas empresas que quieran optar al premio.
Su jurado está integrado por entidades públicas y privadas encargadas de la regulación, mercados y registros corporativos, como: Analistas Financieros Internacionales, Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Colegio de Registradores de España, Asociación XBRL-España, CNMV y Banco de España.
Para valorar las candidaturas, se establece un baremo de puntuaciones que tiene en cuenta las recomendaciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas para la Divulgación de Información Financiera en Internet, emitido por AECA, así como la normativa sobre transparencia informativa en las sociedades cotizadas españolas.
Se trata de un Premio consolidado, altamente valorado por las empresas, referente sobre información corporativa - financiera y de gobierno - hecha pública a través de la Web (1.0 y 2.0).
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de abril, y el fallo del jurado se hará público antes del 30 de junio

elDerecho.com: "Las cuentas anuales de los partidos políticos deberían estar siempre auditadas", por Eladio Acevedo

"Las cuentas anuales de los partidos políticos deberían estar siempre auditadas"
Eladio Acevedo. Auditor de cuentas.

El autor del Memento Experto Informe de Auditoría señala que la futura ley de Transparencia será esencial para que los ciudadanos recuperen la confianza en las administraciones públicas, y destaca el papel de la auditoría como factor determinante para consolidar la confianza de los inversores en el tejido económico español.

-¿Puede explicarnos de forma breve en qué consiste una auditoría de cuentas y su diferencia de los controles internos de control de calidad? ¿Qué aspectos contiene un informe de auditoría?
La auditoría de cuentas es una actividad que tiene por objeto la emisión de un informe que contenga una opinión técnica responsable sobre si las cuentas anuales objeto de examen expresan la "imagen fiel" del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada. Este informe ha de ser emitido por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría habilitado legalmente para ello.
Las entidades auditadas cuentan con un sistema de control interno, ya sea formal o informal, que tiene por objeto evitar que la información financiera contenida en las cuentas anuales contenga errores o irregularidades significativos. Entre los objetivos del auditor, se encuentra el estudio y evaluación de los sistemas de control interno de la entidad auditada con objeto de poder determinar el grado de fiabilidad que puede otorgar al mismo, y, por tanto, el alcance, la naturaleza y los procedimientos de auditoría a realizar para poder emitir una opinión.

El informe de auditoría de cuentas anuales debe contener información relativa al alcance del trabajo que realiza el auditor, a la responsabilidad que asume el auditor y la que asumen los administradores de la entidad auditada al formular las cuentas anuales objeto de examen, el marco normativo de información financiera que ha sido empleado en su formulación y los procedimientos de auditoría que el auditor ha aplicado para realizar su trabajo. También contendrá una opinión sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel, y, en su caso, una referencia al informe de gestión.

El informe de auditoría será firmado por el auditor que asume la responsabilidad y la fecha de su emisión, con objeto de delimitar claramente la responsabilidad del auditor.

-El papel de los auditores es vital en la medida en que incide directamente en hacer más fiable y transparente la información financiera de la propia empresa. Esto se hace extensible también a las administraciones públicas mediante el proyecto de ley de Transparencia, ¿qué le parece esta norma?
A finales de los año 80 se llevó a cabo una profunda reforma de la legislación mercantil española que entre otros aspectos, contemplaba la obligación para todas las entidades mercantiles de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil para su libre acceso público a cualquier persona física o jurídica interesada.

Además, se reguló el contenido mínimo de la información financiera a incluir en la memoria integrante de las cuentas anuales y la obligación de que determinadas entidades, por razón de tamaño, sometan anualmente a auditoría sus cuentas anuales. Todo ello ha contribuido de forma decisiva a la apertura que ha experimentado la economía española en los últimos años y a la internacionalización de sus empresas en los últimos años, así como a consolidar la confianza de los inversores y de los agentes económicos en el tejido empresarial español.

En este sentido, la ley de Transparencia resulta esencial para que los ciudadanos recuperen la confianza perdida en las administraciones públicas y, sobre todo, en sus gestores, en la medida en que la información de las mismas sea de libre acceso público y se establezca la obligación de someter a auditoría pública y/o privada su información financiera.

-Una economía global requiere también unas normas de auditoría globales. Las nuevas Directivas sobre Contabilidad y Auditoría en proceso en la Unión Europea van encaminadas a la obligación de auditar a pymes. ¿Esto es un reflejo de la importancia del entramado empresarial pyme también en el ámbito europeo? ¿Las pymes están obligadas a tener auditorías?
La pequeña y mediana empresa juega un papel decisivo en España y en todos los países integrantes de la UE y las instituciones europeas no son insensibles a esta realidad. La legislación mercantil española exime de la obligación de auditar a las pequeñas y medianas empresas que no sobrepasen en el ejercicio de constitución o durante dos ejercicios consecutivos, dos de los siguientes límites: 2.850 mil euros de activo, 5.700 mil euros de cifra de negocio y o 1000 trabajadores.

-¿Es ahora más importante que nunca la necesidad de una auditoría interna independiente en partidos políticos? ¿Qué mecanismos garantizarían esa independencia en los informes?
Los partidos políticos no pueden ser ajenos a un sistema de supervisión de su información financiera y de su gestión, y, por tanto, sus cuentas anuales deberían someterse a una auditoría externa independiente pública y/o privada, tal y como lo hacen tantas entidades mercantiles, asociaciones y fundaciones. Para garantizar la independencia del auditor que efectuase este tipo de trabajo bastaría con aplicar los mismos requisitos de supervisión pública y rotación que se establecen para los auditores que realizan trabajados calificados como de interés público.

-Como autor de Memento Experto Informe de Auditoría, ¿puede indicarnos la estructura la obra y qué valor añadido ofrece al profesional auditor en cuanto a su contenido?
La obra sigue la misma estructura que las Normas Técnicas de Auditoría sobre informes e información comparativa, que son las que regulan la estructura y el contenido del informe de auditoría. Cada elemento del informe de auditoría cuenta con un capítulo propio con objeto de facilitar al profesional su consulta para resolver las dudas que le puedan surgir en su práctica profesional.

Contiene numerosos gráficos, aclaraciones, ejemplos, referencias a las consultas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y comparaciones con la Norma Técnica de Auditoría sobre informes a la que sustituyeron las citadas normas y a las normas internacionales de Auditoría que entraran en vigor para cuentas anuales de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014, de tal forma que e profesional puede hacer un seguimiento de la evolución que ha experimentado la emisión del informe de auditoría a través de las distintas normas que la han regulado y prepara al profesional en su transición a las Normas internacionales.

-La obra plantea también numerosos ejemplos reales. ¿Por qué este enfoque práctico?
Porque este Memento nace con la vocación de servir de ayuda al auditor en la resolución de los problemas que se le planteen en su práctica profesional de la auditoría. A través de esta obra pongo a disposición del lector toda la experiencia profesional que he adquirido gracias a mi actividad docente, como revisor de control de calidad y como miembro de comisiones y grupos de trabajo del ICAC.

La auditora Deloitte, en apuros por su papel en Banco de Valencia

La auditora Deloitte, en apuros por su papel en Banco de Valencia

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas abre una investigación sobre cómo se fiscalizaron las cuentas

VALENCIAPLAZA.COM. 22/03/2013


VALENCIA. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha iniciado una investigación para saber en qué condiciones se realizó las auditoría de Banco de Valencia correspondiente al ejercicio de 2010, el año justo anterior a la intervención de la entidad financiera. Este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía, ha solicitado a Deloitte, la auditora que realizó aquel informe, que aclare si disponía de toda la información sobre Banco de Valencia, según adelantó este jueves el diario Expansión

Deloitte firmó sin salvedades las cuentas de Banco de Valencia aquel año, cuando presentó 83 millones de euros de beneficio, asegurando que reflejaban la imagen fiel del banco. Sin embargo, en el informe de auditoría no se hicieron públicas algunas de las advertencias que hizo la propia auditoria sobre los problemas de liquidez del banco, que acabó siendo intervenido. 

La apertura de este control técnico, que es como se denomina oficialmente la investigación, está sujeta a confidencialidad y es un paso previo a la imposición de medidas sancionadoras.  

Deloitte es la auditora de Banco de Valencia desde el año 2002, cuando tomó el relevo de Arthur Andersen, consultora cuya división de auditoría absorbió. Tras la intervención parte del Banco de España, Deloitte ha continuado auditando las cuentas de la entidad, si bien el FROB pidió a otras consultoras que realizasen otros informes.

De hecho, la denominada auditoría forense, consistente en escrutar las cuentas en busca de irregularidades en la gestión para uso judicial, fue encargada a PwC. Ese informe es en el que se ha basado el FROB para presentar distintas querellas contra los anteriores directivos del banco y contra varias empresas. En todo caso, la llegada de CaixaBank al capital de Banco de Valencia ha consolidado a Deloitte como auditor, ya que esta consultora es, precisamente, la encargada de revisar las cuentas de la entidad financiera catalana.

jueves, 21 de marzo de 2013

EuropaPress.es: FIFA endurece las medidas para optar a sus programas de desarrollo (auditoría)



Fútbol.- FIFA endurece las medidas para optar a sus programas de desarrollo
MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Ejecutivo de la FIFA anunció este jueves la aprobación el Reglamento General de los Programas de Desarrollo, que entrará en vigor el 1 de julio de 2013 y que endurece los requisitos para poder optar a dichos programas.

   El reglamento fue redactado por iniciativa de la Comisión Independiente de Gobernabilidad y la Comisión de Desarrollo de la FIFA lo revisó el lunes pasado. "El texto define las normas y principios que se aplicarán a todos los programas de desarrollo para las asociaciones miembro y las confederaciones, y pretende fomentar su estructura de gobernabilidad y su cumplimiento", reza el comunicado de la FIFA.
    El nuevo reglamento hace hincapié en los "estrictos requisitos de auditoría y cumplimiento", e impone "un conjunto de condiciones adicionales que las asociaciones miembro y las confederaciones deben satisfacer para poder optar a los programas de desarrollo".
   Los requisitos incluyen una auditoría de cuentas anual, el nombramiento de una empresa auditora por parte de la asamblea general de la asociación miembro para controlar los estados financieros anuales que presenta su órgano ejecutivo, la presentación de un informe de auditoría anual a la asamblea general y la designación de un secretario general y un director técnico.

   Además, será de publicación obligatoria en 'FIFA.com' la información detallada sobre las sumas concedidas y los nombres de las empresas y los auditores contratados para los proyectos financiados por la FIFA; un proceso sistemático de licitaciones para gastos iguales o superiores a 50.000 dólares; la centralización de todas las transacciones asociadas a los programas de la FIFA en la 'cuenta de programas de la FIFA', cuyo titular será la asociación miembro o confederación, y la obligación de todos los miembros de evitar los saldos negativos en la cuenta de programas de la FIFA.

   En los últimos 14 años, la FIFA ha concedido más de dos mil millones de dólares en concepto de fondos para el desarrollo, de los cuales 721.75 millones se transfirieron a las asociaciones miembro mediante el FAP y 210 millones se destinaron a las seis confederaciones. El montante restante ha sido invertido en proyectos de infraestructura, incluidos centros técnicos y campos de fútbol, actividades de capacitación, implementación deportiva, y en iniciativas de promoción del desarrollo institucional de las asociaciones miembro.

   El presupuesto de desarrollo de la FIFA para el ciclo financiero 2011-2014 asciende a 800 millones de dólares, es decir, 56 veces la cantidad que se invirtió en el trienio 1995-1998, cuando se introdujeron algunas de las iniciativas más representativas en materia de desarrollo.

lunes, 11 de marzo de 2013

EuropaPress.es: El Parlamento avala mañana el plan de contabilidad para partidos

 

El Parlamento avala mañana el plan de contabilidad para partidos que afecta a sus dirigentes y familiares
Se exigía en la reforma de 2007 y se empezará a aplicar en 2014
El PP insiste en excluir a los grupos municipales e institucionales de los partidos
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS)

   La Comisión Mixta (Congreso-Senado) debatirá este martes en la Cámara Alta las propuestas que los distintos grupos parlamentarios han presentado al Plan de Contabilidad de los Partidos Políticos que empezará a aplicarse el próximo año y que deberá incluir toda la actividad económica de las formaciones, incluyendo datos de sus fundaciones, de sus grupos parlamentarios y hasta de sus dirigentes y familiares más próximos.

   En la reforma de 2007, la Ley de Financiación de Partidos pidió al Tribunal de Cuentas el diseño de un Plan de Contabilidad para que los partidos y fundaciones vinculadas pudieran presentar anualmente sus cuentas de forma homogénea.

   Ese texto, después de un debate interno en el tribunal y tras escuchar a expertos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se remitió hace un año al Parlamento y poco antes de Navidades fue presentado por el presidente de la institución fiscalizadora, Ramón Álvarez de Miranda.

EL MAYOR NÚMERO DE REALIDAD ECONÓMICA
   Según explicó entonces, el plan busca poder analizar cada partido como "una única realidad económica" y eso pasa por buscar "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".

   Así, en virtud de la propuesta del Tribunal de Cuentas, ese Plan de Contabilidad obligará a los partidos a incluir datos de todas las entidades que puedan formar parte de su actividad o tienen incidencia en su labor: Sus fundaciones políticas y sociedades vinculadas, de sus estructuras territoriales, de sus grupos parlamentarios de todos los ámbitos (Cortes, asambleas autonómicas y Corporaciones locales), e incluso de sus máximos dirigentes y sus familiares más directos.

   "Se considerarán partes vinculadas a la formación política el personal clave de la misma, entendiendo por tal los miembros de los órganos máximos de dirección. Quedan también incluidos los familiares próximos de los citados miembros", señala el texto que hace un año entregó el Tribunal de Cuentas y que recoge Europa Press.

   Por familiares próximos el Tribunal de Cuentas entiende "a aquellos que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la formación política". Es decir, su pareja, sus hijos, sus padres y sus hermanos.

   Los principales grupos parlamentarios no han puesto reparos a Plan de Contabilidad diseñado por el Tribunal de Cuentas y sólo el PP ha reiterado su discrepancia con la idea de incluir a los grupos municipales de los partidos, que pide "revisar".

   Cuando compareció el presidente del Tribunal, el diputado del PP Eloy Suárez ya advirtió ese "punto de fricción y conflicto" pues, a su juicio, los grupos parlamentarios y los grupos políticos de las entidades locales deberían quedar fuera de ese plan de contabilidad porque "tienen una normativa propia en los reglamentos de las Cámaras o de los Ayuntamientos".

   En cambio, el Tribunal de Cuentas considera que los parlamentarios y concejales, independientemente del grado de autonomía implantado en la toma de las decisiones económicas, llevan a cabo la labor de los partidos políticos en las instituciones, por lo que prefiere incluir sus datos siguiendo el principio de "continuidad de la actividad económica".

   "En consecuencia, a efectos de la representatividad de los estados financieros de los partidos políticos, se considera que las cuentas anuales consolidadas son las que mejor reflejan, en todos los aspectos significativos, la actividad económico-financiera del partido político", señala en el Plan de Contabilidad.

SUS RESULTADOS NO SE VERÁN HASTA 2015
   Una vez aprobadas las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, el Tribunal de Cuentas alumbrará el diseño definitivo del Plan de Contabilidad, que en todo caso no empezará a aplicarse hasta el 1 de enero de 2014, siete años después de cuando lo pidió la ley, y sus resultados se verán en 2015, una vez que venza ese primer ejercicio de vigencia.
   En todo caso, la institución ha precisado que el plazo de aplicación es orientativo y que será el Pleno del Tribunal de Cuentas el que, atendiendo a la evolución de las estructuras contables de los partidos, determine si se alarga o acorta ese periodo transitorio.

Novapolis.es: Conferencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía "Control externo de la actividad económico-financiera del sector público"

Un análisis sobre el control externo de las administraciones pública
Escrito por Martín Corpas    Lunes, 11 de Marzo de 2013 16:21

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández, explicará los mecanismos existentes para el control externo de las administraciones públicas, en un acto organizado por el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Almería, para celebrar el Día del Empresista.

Antonio López Hernández es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, y preside la Cámara de Cuentas andaluza desde 2010, cuando fue nombrado a propuesta del PSOE.


Antonio Manuel López Hernández inició sus estudios universitarios en la Universidad de Granada, donde se diplomó en Ciencias Empresariales (1983). Posteriormente, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga (1983), donde, en 1992, se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales con la tesis doctoral 'La Contabilidad Pública en el Subsector de la Administración Local', calificada Cum Laude por unanimidad.

Desde el año 2000 es catedrático de universidad en el área de Economía Financiera y Contabilidad (Universidad de Granada), habiendo centrado su docencia de grado en materias relacionadas con los sistemas de información financiera de las entidades públicas y de las empresas de negocios. Respecto a la docencia de postgrado, ha participado en numerosos programas de doctorado, máster, seminarios y cursos de especialización.

Sus trabajos de investigación se centran en los ámbitos de la Financiación, Gestión, Sistemas de Información y Control de Entidades Públicas, en los que ha dirigido diversas tesis doctorales. Además es investigador responsable de diferentes proyectos y contratos de investigación financiados por instituciones públicas y privadas.

Asimismo, es autor de varias monografías y numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Obtuvo el Premio Blas Infante (edición 1997), otorgado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en la Modalidad 'Iniciativas innovadoras que favorezcan la modernización de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y de la Administración Local del territorio de Andalucía'.

Estos actos se llevarán a cabo este jueves, en el Salón de Actos de Cajamar, en la Plaza de Barcelona 5. Además de la conferencia de Antonio López, se celebrará la jura o promesa de los nuevos colegiados, que serán presentados por sus padrinos.

domingo, 10 de marzo de 2013

20minutos.es: La Cámara de Cuentas propondrá que se sancione a responsables de administraciones que no rindan cuentas

La Cámara de Cuentas propondrá que se sancione "personalmente" a responsables de administraciones que no rindan cuentas
La Cámara de Cuentas de Andalucía propondrá a los grupos parlamentarios que pueda tener potestad para poder sancionar a los responsables políticos y técnicos de las administraciones e instituciones públicas que no rindan sus cuentas o no las rindan en plazo, una sanción que se dirigirá "directamente a la persona, no a la institución".
EUROPA PRESS. 10.03.2013

La Cámara de Cuentas propondrá que se sancione
El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha indicado que esta será una de las propuestas de modificaciones normativas que el ente fiscalizador pretende hacer a los partidos en el seno del Parlamento andaluz aprovechando la "buena oportunidad" que supone el próximo debate en el Parlamento andaluz sobre la Ley de Transparencia.

De esta forma, tienen previsto hacer una recopilación de propuestas que tienen que ver con la transparencia, para reunirlas y hacer un planteamientos global y conjunto al Parlamento, de forma que "la idea es sensibilizar a los partidos para que puedan acoger y mirar con buenos ojos las propuestas que mejorarán y favorecerán la transparencia y la rendición de cuentas, así como cumplir dicha rendición en los plazos establecidos, que es uno de los objetivos clave", ha destacado López, quien apunta que se intentará llegar a acuerdo en el pleno de la Cámara de Cuentas en este sentido.

López ha indicado que esperan poder trasladar esas propuestas, que deberán ser aprobadas por el pleno de la Cámara de Cuentas, antes del desarrollo de la Ley de Transparencia, tras lo que incide en que serán propuestas "que conllevaran cambios normativos, bien en la Ley de la Cámara de Cuentas o en la Ley de Hacienda Pública, todas ellas enmarcadas en la citada Ley de Transparencia andaluza".

Ha precisado que "se están estudiando una serie de medidas y propuestas, algunas ya expresadas por el propio ente fiscalizador, que deberá proponerlas a los distintos grupos del Parlamento, encargados de analizarlas y valorarlas y estudiarlas para su posible incorporación, todo ello en el marco de la Ley de Transparencia".

Entre las medidas, López ha apuntado una medida "de cierto calado y llamativa", que será la propuesta para que "se le dé potestad a la Cámara de Cuentas para establecer multas coercitivas a aquellas administraciones o entidades públicas que no rindan cuentas o no lo hagan en plazo".

No obstante, ha indicado que "la peculiaridad sería que la multa o sanción no recaería en la entidad, sino en los responsables personales de la rendición de cuentas, lo que afectaría al responsable político y al responsable técnico o funcionario a cuyo cargo estuviera esta responsabilidad de rendición de cuentas".

López considera que esta medida, que ya se aplica en el Tribunal de Cuentas estatal, "podrá ser realista y efectiva, pues se pondría el punto en la llaga sobre quien es el responsable en la rendición, en el caso de que no haya rendido cuentas o lo haga fuera de plazo, en esos caso asumirían consecuencias y se establecerían responsabilidades personales".

Ha indicado que esa propuesta implicaría "una modificación en la Ley de Cámara de Cuentas", toda vez que "se trata de una medida que apoyaría la capacidad de la Cámara para favorecer la rendición de cuentas y sería el ente fiscalizador el que multaría".

Asimismo, tras apuntar que "todavía no se ha pensado el régimen sancionador ni la cuantía de las multas", López ha indicado que "se podría valorar entre 600 y 3.000 euros, con una graduación; aun no sabemos, pero sí está claro que las cuantías de las sanciones deben ser significativas, de lo contrario el efecto será nulo".


Otras propuestas
En cuanto a otras medidas y propuestas que pretenden incluir en ese paquete con motivo de la Ley de Transparencia, López ha indicado que se propondrá que la Cámara de Cuentas, a través de una herramienta informática, haga un informe anual de seguimiento de recomendaciones de los informes que haga el año anterior.

Otra medida que propondrán será establecer un mecanismo "automático" que "permita verificar que los agentes fiscalizados están incorporando esas recomendaciones en sus prácticas y modelos de gestión", para lo cual habría que establecer una normativa "por la que, una vez transcurrido un tiempo determinado, sean los propios agentes fiscalizados los que obligatoriamente tengan que remitir un informe a la Cámara de Cuentas o el Parlamento, o a ambos, para ver qué medidas se están adoptando y si se están aplicando las recomendaciones efectuadas por el ente fiscalizador".

López ha apuntado otras medidas, que obligue a las instituciones y administraciones a rendir cuentas en plazo, toda vez que considera que "en la época en la que estamos, no es justificable, de ninguna manera, que un ente público no rinda cuenta en los plazos establecidos, pues esa rendición está vinculada a la transparencia y el ente publico debe esas explicaciones a la sociedad; la rendición de cuentas es un elemento clave de la democracia".

En ese sentido, ha apuntado una serie de medidas para favorecer dicha rendición y que en otras ocasiones se han referido, y que se unirían al citado paquete de propuestas que se quiere presentar, como el hecho de que "aquellas entidades públicas que no rindan cuentas en el plazo establecido, no tengan derecho a subvenciones; o incluso, como ocurre con el Estado con la paralización de las transferencias en relación con la participación en los tributos del Estado, se le paralice y no reciban la cantidad que les corresponda a los ayuntamientos de la Participación en los Tributos de la Junta, hasta que no hayan rendido".

López ha recordado que en los ayuntamientos "es especialmente bajo el índice de rendición de cuentas".

Asimismo, ha indicado otra medida que podría incorporarse, como el adelanto de fecha límite de rendición de la Cuenta General de la junta a finales de Junio, algo que "se ha solicitado de forma reiterada y que permitirá ganar dos meses y acortar plazos, de forma que podrían dar nuestro informe de la Cuenta General al año siguiente al que ésta hiciera referencia; se ganaría en oportunidad de la información y se ganaría en transparencia".

domingo, 3 de marzo de 2013

EuropaPress.es: El 60% de los ayuntamientos españoles no rinden cuentas y solo se auditan el 5 ó 6% de estos entes públicos



El 60% de los ayuntamientos españoles no rinden cuentas y solo se auditan el 5 ó 6% de estos entes públicos
NECESARIO, SEGÚN ECONOMISTAS, PARA "OFRECER TRANSPARENCIA"
Murcia, a octubre de 2012, es la cuarta CC.AA. con un 53,7% en rendición de cuentas por detrás de Galicia, Cataluña y La Rioja
MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, destaca la necesidad de cualquier entidad, máxime si son administraciones públicas, a que se sometan a auditoría y es que, ha denunciado, "casi el 60 por ciento de las corporaciones locales no han rendido todavía ni cuentas" y solo se auditan el 5 ó 6 por ciento de estos entes públicos.

   "Hay una falta de transparencia enorme" por lo que "es necesario e importantísimo una transparencia, por ejemplo, de los más de 2.300 entes públicos entre organismos, consorcios o fundaciones", ha apostillado Ramón Madrid en declaraciones a Europa Press y en relación al el seminario 'Aspectos contables y fiscales de las entidades sin fines lucrativos', celebrado esta semana en el Colegio de Economistas.

   Así como que "debería auditarse cualquier ayuntamiento que tenga un presupuesto superior a los 5 ó seis millones de euros", en este sentido el decano de los economistas de la Región ha apuntado que "la mayoría de consistorios que no rinden cuentas son pequeños".

MURCIA, LA CUARTA EN RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2011
   Al hilo, ha destacado que la Región de Murcia es, a 15 de octubre de 2012, la cuarta comunidad con un 53,70 por ciento en rendición de cuentas en el ejercicio 2011 por detrás de Galicia, Cataluña y La Rioja; en el conjunto del país, el dato desciende a un 40,8 por ciento, "mucho peor" en las entidades locales, por lo que, en su opinión, "queda mucho por hacer".

   Aunque, no es menos cierto, que la Región de Murcia ha pasado de 105 a 87 entes en 2010, frente a los 152 Valencia, 125 de Aragón, los 95 de Canarias o los 84 del Principado de Asturias.

   En auditorías, el 65 por ciento del sector público estatal está auditado, un 29 por ciento en el autonómico y solo un 5-6 por ciento en la administración local, ha añadido el decano de los economistas murcianos.

   Al tiempo que ha afirmado, con motivo de otro seminario impartido esta semana, 'Las nuevas normas técnicas de auditoría y transición hacia las normas internacionales de auditoría', --de aplicación obligatoria en el año 2014--, que la forma de trabajar anglosajona da más facilidad de desviarse de una supuesta legalidad porque "atrae muchas más interpretaciones" mientras el derecho reglamentista actual "es uno más dos y punto".

   El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, que opina que estos cambios "ahondarán en que el trabajo del auditor sea cada vez más reconocido y preciado por la sociedad" y ha insistido en la importancia de la auditoría "para ofrecer transparencia", considera que hasta entonces "los auditores tenemos mucho que estudiar" por lo que "habrá que ponerse las pilas".

   Por último, ha querido dejar claro que "transparencia no significa que no vaya a haber malversación de fondos", aunque, "hay que rendir cuentas, hacerlas públicas y someterlas a la verificación de un tercero, sean entes públicos o privados".

viernes, 1 de marzo de 2013

Foretica: publicado el cuaderno número 18, dedicado a "Las 30 Reglas de Oro de la RSE para la pymes"

Detalles del documento | 18. Las 30 Reglas de Oro de la RSE para la pyme
Forética es una asociación sin ánimo de lucro con presencia en España y Latinoamérica que engloba a organizaciones y profesionales de la RSC. Tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad

Descargar el documento:
http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_download/694-18-las-30-reglas-de-oro-de-la-rse-para-la-pyme?lang=es