viernes, 27 de diciembre de 2013

elEconomista.es: La CNMV presenta las auditorías de 2012

La CNMV pondrá su lupa en los créditos fiscales activados
27/12/2013 - 6:00 Actualizado: 08:59 - 27/12/13

Las empresas cotizadas deben tener muy presente que el supervisor bursátil vigilará con lupa todo los movimientos relacionados con la activación de los créditos fiscales.

Así lo indica en su memoria anual, en la que la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) también anticipó que prestará "especial atención" al impacto fiscal de la actualización de balances sobre las cuentas empresariales de este año.

En un comunicado sobre la supervisión de los informes financieros anuales de las firmas cotizadas correspondiente a 2012, la CNMV adelanta que para el próximo ejercicio centrará sus prioridades también el deterioro del activo no financiero y la contabilización de los bonos contingentes convertibles, los conocidos en el argot financiero como cocos, según informa Ep.

En el informe del supervisor se añaden, además, medidas para garantizar la máxima transparencia y comparabilidad de la información sobre los instrumentos financieros y se apunta la necesidad de mejora en la calidad de las notas de la memoria sobre políticas contables, juicios y estimaciones, entre otros aspectos.

Mientras, el informe de la CNMV de 2012 recoge que disminuye ligeramente el número de informes con limitaciones de alcance respecto a salvedades, que pasan de 12 en 2011 a 10 en 2012 y aumentan las salvedades por excepciones de tres informes a seis (correspondientes a tres emisores de valores).

En 2012, 170 auditorías contenían algún tipo de párrafo de énfasis (179 en 2011), de los cuales 110 ponían de manifiesto una o más incertidumbres (86 en 2011). Una entidad ha presentado una opinión denegada.

Dudas y salvedades

La prolongación de la difícil situación económica se ha traducido en que los informes de auditoría correspondientes a 50 sociedades incorporaran párrafos de énfasis donde el auditor manifestaba dudas sobre la continuidad de los negocios, frente a 35 sociedades del ejercicio anterior.

Los principales motivos por los que la CNMV remitió requerimientos a las entidades fueron la ampliación de los desgloses de información indicados en las cuentas, información adicional sobre cuestiones relativas a los criterios contables aplicados y salvedades de auditoría.

En concreto, la CNMV recibió 395 informes de auditoría relativos a las cuentas anuales de 2012 (sin incluir los fondos de titulización de activos) que corresponden a 234 emisores de valores.

Estos informes suponen un descenso del 1,7% respecto al número registrado en el año anterior, debido al proceso de integración del sector financiero que se desarrolló en 2012 y por el que las entidades afectadas han dejado de ser sujetos obligados a remitir la información regulada, según ha apuntado el supervisor.

Expansión: El 96,7% de los grupos cotizados logra una auditoría limpia

Expansión: El 96,7% de los grupos cotizados logra una auditoría limpia
NimbusRomNo9L-Medi - 1_audit.pdf 
INFORME DE LA CNMV/ Aumentaron los casos en los que el revisor pone en duda la viabilidad de las compañías.
Gabriele Cagliani. Madrid

Luces y sombras. Esta expresión del castellano es un eficaz resumen del informe, presentado ayer por la CNMV, sobre las auditorías de 2012 de las cuentas de empresas cotizadas. Según los datos presentados por el regulador del mercado, la práctica totalidad de estas compañías, un 96,7%, formuló sus cuentas correctamente y, por lo tanto, no tuvo salvedades por parte de su revisor de cuentas. Esta cifra es similar a la que se registró en el informe del año pasado: un 96,3%.

Sin embargo, la prolongada crisis económica hizo sentir su peso entre los grupos cotizados. Así, aumentaron los casos en los que el auditor puso en tela de juicio la viabilidad de las compañías a través de un párrafo de énfasis.

Pescanova
Los revisores de cuentas utilizaron 170 veces este instrumento, que no implica dudas sobre la correcta formulación de los resultados del ejercicio, pero que pone de manifiesto aspectos importantes de la vida de una compañía.

Las dudas sobre la viabilidad se manifestaron en 50 ocasiones, frente a las 35 de 2011. Además, una compañía, Pescanova, presentó las cuentas sin la opinión de su auditor, BDO.

El organismo presidido por Elvira Rodríguez también pone de manifiesto la “concentración” en el mercado de auditoría de las grandes cotizadas.

“El 96,3% de los informes recibidos han sido auditados por las cuatro principales firmas por volumen de negocio”, es decir, Deloitte, PwC, KPMG y EY. El restante 3,7% se corresponde a clientes de BDO. Además, la CNMV matiza que el 100% de las empresas del Ibex 35 se audita con las Cuatro Grandes.

La CNMV no se limitó a actuar como el notario de las decisiones de los auditores, sino que pidió más información a las empresas, sobre todo cuando fueron objeto de salvedades. “Los principales motivos por los que la CNMV remitió requerimientos a las entidades fueron la ampliación de los desgloses de información indicados en las cuentas, información adicional sobre cuestiones relativas a los criterios contables aplicados y salvedades de auditoría”, indicó el regulador.

Los procesos concursales también estuvieron bajo la lupa de la CNMV, que, en el último año, “ha requerido a 13 entidades para que ampliaran la información” al respecto y ha propuesto el nombramiento “del administrador concursal en siete entidades cotizadas”. En 2012, esta circunstancia sólo se verificó en dos ocasiones.

Criterios
El organismo hizo públicos, además, los criterios que guiarán su actividad de supervisión en el próximo ejercicio, de acuerdo con sus homólogos del Viejo Contiente y bajo la coordinación de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (Esma). Su objetivo principal será promover la adopción de las Normas Internacionales de Información Financieras (Niif) por las firmas cotizadas europeas.

También se han individualizado “otras áreas críticas de revisión que se superponen o complementan a las prioridades de Esma”.

Así, se hará especial hincapié en la información sobre el deterioro de los activos no financieros y los datos relativos a la medición del valor razonable (prevista por Niif 13), tras su entrada en vigor el 1 de enero de 2013. “Se incluye también la información sobre los créditos fiscales activados y el impacto fiscal de la actualización de balances”, entre otros aspectos relevantes.

La actividad del regulador
  • Gran parte de las compañías cotizadas españolas formuló correctamente sus cuentas. Así, un 96,7% de ellas no tuvo salvedades.
  • Sin embargo, se impusieron unos 170 párrafos de énfasis, 50 de los cuales ponían en duda la viabilidad de la compañía. En 2011, sólo fueron 35.
  • Las Cuatro Grandes (Deloitte, PwC, KPMG y EY) auditaron al 96,3% de las firmas cotizadas y al 100% del Ibex 35.
  • En 2013, la CNMV nombró a siete administradores concursales, frente a los dos del año pasado.

ABC.es: Casi el 25% de las empresas cotizadas duda de su propia continuidad

Casi el 25% de las empresas cotizadas duda de su propia continuidad - ABC.es
m. núñez / madrid 27/12/2013 - 10.43h
Un informe de la CNMV subraya que el 96% de los informes de las compañías que operan en Bolsa están auditados por las cuatro «grandes»

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó ayer el informe sobre la supervisión de las cuentas anuales de las empresas cotizadas y, entre las novedades, destaca que de las 395 empresas que enviaron los informes, 50 de ellas incorporan párrafos en los que el auditor manifiesta dudas sobre la continuidad del negocio, frente a las 35 sociedades que estaban en esa situación el año pasado.

Además, los principales motivos por los que la CNMV remitió requerimientos a las entidades fueron la ampliación de los desgloses de información indicados en las cuentas, información adicional sobre cuestiones relativas a los criterios contables aplicados y salvedades de auditoría.

En relación con las auditoras, el estudio del regulador del mercado bursátil señala que el 96,3% de los informes recibidos han sido auditados por las cuatro principales firmas por volumen de negocio (el 96,9% en 2011). Este porcentaje se eleva al 100% en las empresas del Ibex-35.

Por quinto año consecutivo, en 2012, todas las compañías del Ibex presentan auditoría con opinión favorable en un ejercicio en el que, según han avisado tanto la CNMV como los reguladores de mercados europeos, estarán especialmente atentos a la información sobre el deterioro del activo no financiero, los créditos fiscales o la contabilización de los "cocos", entre otros.

En las cuentas de 2012, el porcentaje de auditorías con opinión favorable (96,7%) ha registrado un ligero repunte respecto a 2011 (96,3%). Respecto a las salvedades, disminuye ligeramente el número de informes con limitaciones de alcances, que pasan de 12 en 2011 a 10 en 2012 y aumentan las salvedades por excepciones de tres informes a seis, correspondientes a tres emisores de valores.

Expansión.com: El Tribunal de Cuentas investiga a la Administración Central por gastos irregulares en 2011


El Tribunal de Cuentas investiga a la Administración Central por gastos irregulares en 2011. Expansión.com
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha anunciado hoy que se han abierto diligencias preliminares por irregularidades en la justificación de gastos en la Administración General del Estado (AGE).
27.12.2013

El Tribunal de Cuentas investiga responsabilidades contables en seis organismos de la Administración General del Estado al detectar irregularidades en el cobro de retribuciones y la justificación de gastos en 2011.

Así lo ha asegurado Álvarez de Miranda al presentar ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2011.

Además de la AGE, también se han abierto diligencias preliminares en varios organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Álvarez de Miranda ha señalado que el Ministerio Fiscal ha emitido su dictamen con carácter previo a la aprobación de la declaración de la Cuenta General del Estado y ha puesto de manifiesto esos indicios de responsabilidad contable.

En consecuencia, se tienen abiertas también diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento por irregularidades detectadas en materia de retribuciones de personal en diferentes entidades.

Los organismos afectados son la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que dependen de Exteriores; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Educación; la Fundación del Teatro Real, de Cultura; y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), en la órbita del Ministerio de Presidencia.

En el documento se asegura que los partidos necesitan un «reequilibrio patrimonial», puesto que la «mayor parte» de sus ingresos es dinero público. Este informe, cuyo contenido se conoció a principios de noviembre, también se refiere a que en el período objeto de análisis había 17 partidos en quiebra, al tiempo que se destaca que estas organizaciones no pueden vivir «por encima de sus posibilidades».

En concreto, el órgano fiscalizador se refiere a que, del análisis de las cuentas presentadas, puede concluirse que diez de las formaciones tenían «patrimonio neto negativo» en 2009, mientras que estos partidos con problemas eran 13 en 2010 y de 17 en 2011.

El Tribunal de Cuentas añade en su documento que «las formaciones políticas deberán ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados».

Asimismo, el informe se refiere a que «la financiación pública percibida por los partidos políticos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 ha supuesto un total de 287,1 millones de euros, 247,0 millones de euros y 316,0 millones de euros, respectivamente, según resulta de las comunicaciones remitidas».

Otro aspecto al que se refiere el órgano fiscalizador es a la deuda con los bancos de los partidos analizados, que es de 237,0 millones en 2019, 218,4 millones en 2010 y 275,3 millones en 2011. De este dinero, 145,4 millones de euros, 153,1 millones de euros y 149,9 millones de euros corresponden a deuda con garantía hipotecaria.

Asimismo, el informe apunta que existen donaciones no identificadas por un total de 107.623,03 euros en el ejercicio 2009 y 136.417,11 en 2010 (ambas correspondientes a Izquierda Unida de Andalucía) y por 176.297,24 euros en 2011 (de las que 93.817,24 euros corresponden a Izquierda Unida de Andalucía y 82.480 euros a Partido Aragonés).

Esto incumple la prohibición prevista en el artículo 5 de Ley Orgánica 8/2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

laVozdeGalicia.es: El demoledor informe de auditoría confirma que las cuentas de Lendoiro son mentira

El demoledor informe de auditoría confirma que las cuentas de Lendoiro son mentira
La empresa nombrada por el juez asegura que «no reflejan la imagen fiel de la sociedad»
Alexandre Centeno A Coruña / La Voz 18 de diciembre de 2013 21:50

«En nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de las salvedades mencionadas en los apartados 2 a 8, las cuentas anuales del ejercicio anual finalizado el 30 de junio del 2013 adjuntas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Real Club Deportivo de La Coruña SAD». Es la sentencia del informe de auditoría elaborado por Auren tras analizar las cuentas del Deportivo. Después de varios años en los que la anterior auditora expresaba que no podía emitir una opinión ante las limitaciones de información que le daba el Deportivo, la nueva sociedad, nombrada por el juez, dice que las cuentas no reflejan la imagen real del Deportivo.

El informe de seis folios recoge graves salvedades que provocan que la opinión de Auren sea negativa. Denuncia un desequilibrio patrimonial muy superior al reconocido por Lendoiro y asegura que, incluso tomando como referencia las cuentas aportadas por el club, el Deportivo ya estaría en situación de disolución a 30 de junio de este año sin necesidad de corregir los aspectos que recoge Auren. Subraya la firma auditora que este hecho tendría que haber figurado en la memoria redactada por el club.

A votación en la junta
Estas cuentas, que según Mercedes Silvestre Picado (socia auditora que firma el informe) no reflejan la imagen fiel del Deportivo son las que Lendoiro someterá a aprobación de los accionistas en la junta que está marcada para el viernes en primera convocatoria y el sábado en segunda.
Entretanto, los administradores concursales siguen preparando las cuentas que les pidió el juez para que estas sean puestas a disposición de los acreedores antes de que voten el convenio el día 10 de enero.

Según anunció la pasada semana el juez, si los socios no aprueban las cuentas de Lendoiro en la próxima junta, las elaboradas por Julio Fernández Maestre y Francisco Prada Gayoso serán las que pasen a tener validez una vez que Auren emita un informe y se voten en una nueva junta de accionistas.

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martes, 17 de diciembre de 2013

Auditool.og: Informes de auditoría con base en NIA

Informes de auditoría con base en NIA
Los informes de auditoría basados en Normas Internacionales de Auditoría, se deben preparar con base en las siguientes NIA, según sea el caso:

  • NIA 700, Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre estados financieros.
  • NIA 705, Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente.
  • NIA 706, Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente.
  • NIA 710, Información comparativa-Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos.
  • NIA 720, Responsabilidades del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados.
  • NIA 800, Consideraciones especiales-Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos.
  • NIA 805, Consideraciones especiales-Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.
  • NIA 810, Encargos para informar sobre estados financieros.
Por ello, es imperativo profundizar en el estudio y aplicación de las NIA antes señaladas, las cuales deben aplicarse de acuerdo con las circunstancias y con los términos del encargo. Algunos de los puntos a considerar son:
  • La NIA 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, y también de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros.
  • La NIA 700 está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros con fines generales.
  • La NIA 700 protege la congruencia del informe de auditoría. Cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIA, la congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte del usuario y a identificar, cuando concurren, circunstancias inusuales.
  • Las NIA 705 y 706 tratan del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría.
  • La NIA 800 trata de las consideraciones especiales a tener en cuenta cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de información con fines específicos.
  • La NIA 805 trata de las consideraciones especiales aplicables en una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.
Con base en lo señalado en la NIA 705, en el siguiente cuadro se muestra cómo se deben emitir los diferentes tipos de opiniones modificadas, con base en el juicio del auditor.

 
La NIA 706 señala qué debemos entender como “Párrafo de énfasis” y qué como “Párrafo sobre otras cuestiones”:
  • Párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros.
  • Párrafo sobre otras cuestiones es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría.

C.P.C. Horacio Zúñiga Gómez
Socio de Resa y Asociados, S.C.
Fuente: Revista Contaduría Pública www.contaduriapublica.org.mx del Instituto Mexicano de Contadores Públicos www.imcp.org.mx

PymesyAutónomos.com: ¿Qué empresas están obligadas a auditar sus cuentas?

¿Qué empresas están obligadas a auditar sus cuentas?
La Ley de Sociedades de Capital establece que, como criterio general, todas las sociedades mercantiles están obligadas a presentar las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión revisados por un auditor de cuentas. ¿Están, por tanto, todas las empresas a auditar sus cuentas anuales?

Lo cierto es que no, ya que la propia Ley establece una exención a estos casos que se aplicaba hasta ahora a las empresas que podían presentar el balance abreviado, pero que ahora se ha diferenciado.

La figura del auditor sirve para garantizar la calidad y fiabilidad de la información económico-financiera que las empresas publican e inscriben en el Registro Mercantil.

Se entiende que en las pymes que cumplen una serie de requisitos los propietarios asumen directamente tareas de administración y gestión y las organizaciones son muy simples, por lo que no sería necesaria la intervención del auditor.

Hasta ahora se establecía que podían presentar las cuentas sin auditar las sociedades facultadas para registrar el balance y los cambios en el patrimonio neto abreviados. Sin embargo desde la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores los umbrales para presentar cuentas abreviadas se ha modificado y no así la exención de registrar las cuentas auditadas.

Por tanto podrán presentar las cuentas si auditar aquellas sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros.
  • Que la suma total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 euros.
  • Que no superen, de media durante el ejercicio, los 50 trabajadores.
En el resto de los casos será necesaria la auditoría de cuentas.

lunes, 16 de diciembre de 2013

laVozdeGalicia.es: Los accionistas del Deportivo siguen sin tener el informe de auditoría

Los accionistas del Deportivo siguen sin tener el informe de auditoría
A pesar de que ha sido depositado en el juzgado y de que faltan solo cuatro días para la junta en la que se juzgarán las cuentas de Lendoiro.
16 de diciembre de 2013  12:52
 
En cuatro días se celebrará la junta de accionistas del Deportivo (en primera convocatoria) y todavía no ha trascendido el informe de auditoría. Esta documentación, junto al resto de información económica que marca la ley, debería de haber estado a disposición de los accionistas desde el mismo día en que fue convocada la citada junta, es decir, desde el pasado 20 de noviembre.

Cabe recordar que las cuentas que se sometarán a la aprobación o reprobación en la asamblea del viernes o sábado son las que formuló el propio Lendoiro. Sobre ellas, hasta el juez del concurso, el sustituto Rafael García, se manifestó en el sentido de que existían indicios de que no reflejaran la imagen fiel de la sociedad. Precisamente, por esta razón, el juez apartó a Lendoiro y a sus consejeros de las facultades patrimoniales para la formulación de unas nuevas cuentas, encargo que recayó sobre los administradores concursales.

En cualquier caso, el hecho de que los accionistas, a día de hoy no tengan el informe de auditoría es un hecho gravisísimo desde el punto de vista societario. Cabe resaltar además que la empresa auditora, Auren, ya entregó el citado informe la pasada semana en las dependencias del juzgado número 2 de lo mercantil.

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elConfidencial.com: Interventor de Bankia alega que reformuló las cuentas por recomendaciones FMI

Interventor de Bankia alega que reformuló las cuentas por recomendaciones FMI - Lunes, 16 Diciembre 2013 (18:22)
Madrid, 16 dic (EFECOM).- El interventor general de Bankia, Sergio Durá, ha defendido hoy que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma financiera aprobada por el Gobierno provocó que la entidad reformulara sus cuentas, que pasaron de unos beneficios de 309 millones a unas pérdidas de 2.979.

Durá ha declarado hoy durante dos horas como imputado en el "caso Bankia" ante el instructor en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, al que ha asegurado que en los meses de febrero y marzo de 2012 desconocía que se estuviera planteando una inyección de 7.000 millones para recapitalizar la entidad, han informado fuentes jurídicas.

Sin embargo, conocía el grupo de trabajo que se creó para eliminar las dudas que introdujo sobre el grupo la reforma financiera del Gobierno, del que formaban parte Deloitte, miembros del comité de dirección de Bankia y de la consultora McKinsey, cuatro ejecutivos del banco Lazard y tres socios directores del despacho de abogados Clifford Chance.

Durá ha recalcado que Deloitte no presentó el informe de auditoría a las cuentas formuladas en marzo porque se estaba a la espera de que el Banco de España aprobara el primer plan de recapitalización de la entidad, lo cual ocurrió el 17 de abril de ese año.

El socio encargado de auditar las cuentas de Bankia, Francisco Celma, afirmó durante su testifical el pasado febrero que había advertido reiteradamente a la entidad sobre sus dudas acerca de su viabilidad de que las plasmaría en un párrafo de énfasis en el informe que debía elaborar sobre las cuentas.

También había alertado, según explicó Celma en su testifical, de que incluiría una salvedad porque le faltaba documentación "muy relevante" que llevaba reclamando desde diciembre y sobre la que incidió en la reunión del Comité de Auditoría del 27 de marzo.

De hecho, insistió en que había dicho al entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, la noche después de que el supervisor diera su visto bueno al primer plan de saneamiento: "Si se concreta la inyección y nos dais toda la información que estamos pendientes de recibir, vamos a trabajar día y noche para estar en condiciones de dar una opinión de auditoría que será favorable".

Por el contrario, Durá ha asegurado que, aunque no estuvo presente en los Comités de Auditoría de marzo, Celma no habló de salvedades, según le trasladó el ex director general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Ángel Soria -que declaró como imputado el pasado septiembre- y según se desprendía de la propia presentación de Deloitte, han explicado a Efe otras fuentes.

Ha precisado que, de acuerdo con las normas y procesos de auditoría habituales, las salvedades deben transmitirse por escrito y de forma expresa a la entidad.

Asimismo, ha señalado que Deloitte debería haber avisado de que no iba a presentar su informe, para lo cual tenía un plazo que finalizaba el 30 de abril, mediante una carta dirigida a Bankia, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y al Registro Mercantil.

A pesar de no tenerlo, ha agregado Durá, Bankia presentó a la CNMV esas cuentas por transparencia con el mercado.

Por otra parte, y a preguntas del juez, ha señalado que la crisis económica y la situación macroeconómica llevaron a un cambio de estimación del valor de los activos de Bankia.

Así, ha precisado que circunstancias excepcionales obligaron a reformular esos balances de 2011, que en marzo daban unos beneficios de 309 millones y en mayo, ya bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, arrojaron unas pérdidas de 2.979, pero que tanto unas como otras, que él mismo se encargó de presentar, eran correctas.

Instado a que precisara cuáles eran esas circunstancias, Durá ha argumentado que se trató de la reforma financiera aprobada por el Gobierno en febrero y las recomendaciones lanzadas entonces por el FMI, aunque no ha podido responder al magistrado por qué estos elementos no obligaron a otras entidades a reformular sus cuentas.

Antes de su declaración, el abogado de Durá ha pedido que se suspenda mientras se resuelve el recurso de queja que presentó después de que Andreu rechazara su petición de anular la providencia por la que le llamó a declarar como imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. EFECOM

jueves, 12 de diciembre de 2013

CincoDías.com: La cúpula de PwC irá a juicio por presunto fraude a Hacienda

La cúpula de Pricewaterhouse Coopers irá a juicio por presunto fraude a Hacienda | Empresas | Cinco Días
  • La Fiscalía pide penas de entre 2 y 14 años para 61 socios de la firma
  • Acusados de defraudar 40 millones de la vista de la filial de consultoría a IBM
CINCO DÍAS Madrid 12-12-2013 13:49

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) para los que la Fiscalía pide penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la firma IBM.

Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de PwC; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.

La acción penal también se dirige contra las sociedades Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting), como responsables civiles subsidiarias.
Los socios denunciados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.

Los delitos llevan aparejadas penas individuales que no superan los cinco años de prisión por lo que los acusados serán juzgados por el magistrado José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado Central de lo Penal.

La primera operación descrita por la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que los socios de la PwC no habrían declarado 20,9 millones de euros en concepto de los bonus que percibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM.

“Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos”, señala el escrito del Ministerio Público.

La venta, según la acusación pública, se produjo en octubre de 2002, por lo que en el momento en el que se percibieron los bonus (enero de 2002) “ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio”.

Paralelamente, las cuatro sociedades en las que los socios prestaban servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Así, PwC Auditores dejó de ingresar a Hacienda 4 millones de euros, PwC Jurídico y Fiscal 1,65 millones, PwC Asesores de Negocio 848.869 euros y PwC Consulting 3,1 millones.

Los imputados, según Anticorrupción, habrían presentado la operación de venta como una operación de reestructuración empresarial a fin de defruadar otros 18,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades.

Como consecuencia de esta “operación simulada”, la Fiscalía señala que Pricewaterhouse Coopers --propietaria de la filial de Consultoría-- “transmitió a sus socios las participaciones de la División, siendo los propios socios de Pricewaterhouse Coopers y no la sociedad quienes formalmente vendieron la División a IBM”.

Posteriormente, los socios habrían declarado “indebidamente” en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta “al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos”. Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros.

En una nota de prensa remitida a los medios PwC ha indicado que la vista “le permitirá demostrar que todas las actuaciones llevadas a cabo cumplieron escrupulosamente con la normativa vigente y respondieron a una operación mercantil real, transparente y legal”.

La compañía ha precisado que las acusaciones contra los 61 socios, muchos de ellos ya jubilados, “carecen de rigor y representan un caso flagrante de indefensión jurídica”. “Las cantidades recibidas por los socios fueron correctamente tributadas como incremento del patrimonio en sus respectivas declaraciones de IRPF”, agrega.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Control interno: salvaguarda de los activos. Schweppes - Diamond Mine

Schweppes - Diamond Mine (1997, UK) 
Anuncio de Schweppes sobre los controles en una mina de diamantes.


Control de calidad en auditoría: estructura y responsabilidades

Control de calidad en auditoría: estructura y responsabilidades 
Papel del auditor, de las corporaciones de derecho público y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Sistemas de control de calidad internos (SCCI), controles de calidad y controles técnicos.


http://www.youtube.com/user/fjsierra/

lunes, 9 de diciembre de 2013

Auditool.org: Origen de la palabra "control"

Origen Palabra Control

Control es cualquier medida que tome la dirección, el consejo y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos.

Sabe usted - ¿De dónde viene el termino control?

Los contables medievales recurrían al método del contrarotulus para revisar las cuentas mediante un registro duplicado. En la época en que los mercaderes venecianos crearon el sistema de contabilidad por partida doble --con sus registros de ‘debe y haber’, ‘pérdidas y ganancias’, ‘activo y pasivo’--, que perdura hasta hoy, solían utilizar dos rollos de papel: el deudor, que en el latín vulgar de la época llamaban rotulus ‘rollo de papel’ o de ‘papiro’, y el acreedor, que llamaban contrarotulus ‘rollo de verificación’.
Este último nombre pasó al francés como contrerôlle, que más tarde daría lugar a contrôle, de ahí salió la voz control, que pronto evolucionaría hacia su actual acepción de 'comprobación', 'inspección' o 'vigilancia' para adoptar, más tardíamente, el significado de 'dominio' o 'mando'.

Mejor conocida actualmente como ‘CONTROL’.

De contrerôle se derivó también controleur, nombre del oficial encargado de llevar la cuenta de los gastos en el arma de artillería, que llegó al español como contralor, usado para designar al ejecutivo responsable por los asuntos contable-financieros en un unidad económica; y en algunos países es el nombre dado al funcionario o la oficina que se encarga de controlar los gastos públicos.

Por: Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE
AUDITOR INTERNO – INSTRUCTOR – CONSULTOR – CONFERENCISTA
Artículo Publicado en el Blog de Nahun Frett - http://nahunfrett.blogspot.com/

miércoles, 4 de diciembre de 2013

martes, 3 de diciembre de 2013

elEconomista.es: La Cámara de Cuentas insta a EPSA a recortar personal y bajar su deuda

La Cámara de Cuentas insta a EPSA a recortar personal y bajar su deuda - elEconomista.es
Carlos Pizá (@carlospiza) 3/12/2013 - 23:14
  • La empresa mantiene 700 empleados pese al desplome de sus ingresos
  • Desvía este año 50 millones para subvenciones al pago de intereses de deuda.
  • El pasivo bancario crece en 110 millones sólo en 2011 y rozaba los 500 millones ese año.
El organismo fiscalizador detecta contrataciones generalizadas 'a dedo', cobro ilegal de pluses, salarios que incumplen la ley y un desfase presupuestario de 256 millones acumulado a cierre de 2011.

El informe de fiscalización del ejercicio 2011 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), adscrita a la consejería de Fomento que gobierna IU desde 2012, es un compendio perfecto de la arbitrariedad y la pésima gestión del uso del dinero público por parte de los entes que conforman la administración paralela de la Junta de Andalucía. La Epsa, además, es una de las ocho empresas que el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, ha decidido investigar en piezas separadas a la de la propia empresa pública Invercaria por los indicios de malversación de caudales públicos.

El documento de la Cámara examina, primero, la adecuación a la ley de las fuentes de financiación y el uso de ese dinero por parte de Epsa y, segundo, su gestión de personal. En el primer aspecto, los auditores detectan un desfase acumulado de 256 millones de euros a cierre de 2011 por la asunción de gastos por encima de los presupuestos asignados a la empresa. Consecuencia de ello es, por ejemplo, el impago de las ayudas al alquiler a miles de familias andaluzas desde hace años y el cierre de decenas de agencias de alquiler por el mismo motivo.

El informe señala, aparte de recordar que comprometer más gasto del presupuestado incumple la ley: "La concesión de subvenciones por encima de los créditos aprobados en el presupuesto para este fin, supone comprometer a la Administración para responder ante terceros de compromisos de gastos que han sido adquiridos sin la necesaria disponibilidad presupuestaria".

También resulta llamativo que Epsa endosaba facturas trimestrales a la consejería de Vivienda incluyendo el coste de los servicios cuya gestión tenía delegados, un coste estándar del 6 por ciento por gastos de gestión, y el IVA. La Cámara señala que ese IVA está indebidamente pagado conforme a la ley y que Epsa debe pedir a la consejería (hoy, Fomento) el reintegro de al menos 10,6 millones de euros correspondientes al periodo 2008-2011.

También pide -como la propia consejería ya ha venido haciendo en 2012 y 2013- que Fomento utilice otras vías diferentes a las transferencias de financiación y de capital para respaldar las labores que tiene delegadas Epsa. Esas vías de financiación evitan la fiscalización previa del gasto, justo lo que investiga el juez. Si se usara la encomienda de gestión, como propone la Cámara, se evitaría esa situación.

Ya en 2013 -en el apartado de Hechos posteriores a la conclusión del informe-, la Cámara constata que un crédito presupuestario de 50 millones para Subvenciones de capital destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro se ha destinado, sin embargo, al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la empresa y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago  por proyectos ya iniciados.

Viabilidad en cuestión

En cuanto a su análisis general de la situación económica de Epsa, la Cámara señala que la obtención de beneficios a final de año no es lo suficientemente descriptiva de su realidad financiera. Analiza por ello el flujo de efectivo de las actividades que realiza Epsa, que muestra un resultado negativo de 105 millones en 2011, de 146 millones en 2010 y otros 91 millones en 2009.

La crisis de tesorería que atraviesa la Junta de Andalucía y que derivó en menores transferencias, unida a la caída de la actividad propia de la empresa de promoción y comercialización de activos inmobiliarios, ha llevado a Epsa a tener que recurrir a endeudamiento para obtener recursos y seguir desarrollando los programas que gestiona por encargo de la consejería de Fomento. La Cámara cree además que ese flujo de efectivo negativo continuado debe llevar a la empresa a reestructurar su plantilla, reducir endeudamiento y aumentar su cifra de negocio para garantizar su viabilidad futura. No obstante, constata que en 2012 se habría invertido la tendencia lográndose un flujo positivo de 11,1 millones.

La opinión de la Cámara y sus dudas respecto a la viabilidad futura de Epsa no se recogen en el informe de auditoría de las cuentas de 2012, que no contiene salvedades. No obstante, estos auditores privados de KPMG sí señalan que hay a cierre del pasado año 350 millones en derechos de cobro pendiente de abonarse por la consejería a Epsa, en fecha por determinar. "Una demora significativa en el plazo de cobro que no viniera acompañada de un aplazamiento en los vencimientos de las deudas con entidades de crédito, podría tener impacto en la capacidad de Epsa de atender los pasivos exigibles en los plazos previstos".

Ilegalidades laborales

Con respecto a la plantilla, que a cierre de 2012 es de 700 empleados, el informe señala: "La caída de la actividad de la empresa y de la cifra de negocios durante los últimos ejercicios contrasta con el mantenimiento del mismo número de empleados, según los datos de plantilla media facilitados por la empresa. La eficiencia medida en términos de gestión en euros por persona ha venido disminuyendo sustancialmente desde el ejercicio 2008". Por ello, la Cámara insta al ente -como han hecho todas las empresas privadas dedicadas al sector del ladrillo desde hace un lustro- a adecuar su plantilla al nivel de actividad.

Enumera además ilegalidades ya detectadas en la mayoría de entes públicos fiscalizados en los últimos años:
  • tanto en los expedientes de personal de alta dirección, como en los de directivos intermedios, no consta que su designación se haya realizado mediante procedimiento que garanticen la publicidad y concurrencia. Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad. El pasado 12 de abril, la empresa aprobó que la provisión de estos puestos de trabajo se hará siguiendo los criterios citados, que son los que recoge el Estatuto del Empleado Público y la propia ley de la Administración de la Junta de Andalucía.
  • En relación con los expedientes analizados correspondientes al personal con contrato indefinido ordinario, que provienen de la aplicación del acuerdo de estabilidad de 22 de mayo de 2009, se ha podido comprobar que, para la conversión de los contratos en indefinidos, no consta la realización de los procesos de selección que garanticen los principios constitucionales.
  • Epsa carece de ningún funcionario en plantilla, que es el personal legalmente habilitado y con las potestades administrativas para la concesión de subvenciones, como hace la Epsa. En abril y mayo pasados se publicaron resoluciones para solventar esta ilegalidad, también detectada en muchos otros entes instrumentales de la Junta.
  • Hay seis directivos que cobran más que la presidenta de la Junta en 2011, oscilando sus salarios entre 69.248 euros y 71.530 euros. Esto incumple la ley de Presupuestos de 2010.
  • Un total de 8 trabajadores con contrato de alta dirección y/o directivo intermedio habían percibido conceptos retributivos de indemnización por traslado entre octubre de 2003 y noviembre de 2012 que no les resultaban de aplicación según la normativa aplicable. Todos los trabajadores afectados por este hecho habían causado baja en la empresa a la fecha de realización de los trabajos de campo. Se ha comprobado el inicio de reclamación de las cantidades abonadas que no se encuentran prescritas.

En algunas de estas situaciones -así como en otras de las descritas en su análisis del origen y uso del dinero público por parte de Epsa-, la Cámara aprecia indicios de responsabilidades contables por los gestores. El informe se remitirá al Tribunal de Cuentas estatal, cuya fiscalía determinará si archiva el caso, abre procedimiento en el ámbito administrativo o lo lleva a la justicia ordinaria.

CincoDías.com: La CNMV afirma que "toda la porquería" de Pescanova estaba en la cuenta B

La CNMV afirma que "toda la porquería" de Pescanova estaba en la cuenta B | Empresas | Cinco Días
Elvira Rodríguez dice que era imposible conocer la situación.

La presidente de la CNMV, Elvira Rodríguez.
“Pescanova tenía una contabilidad A y una contabilidad B. La B era más grande y toda la porquería estaba en la B”, ha explicado en un desayuno informativo organizado por Aragonex, en el que ha precisado que, a simple vista, el caso de esta compañía era como el de otras, “con una contabilidad formalmente perfecta y un informe de auditoría limpio”.

Rodríguez ha precisado que la CNMV no tiene “ninguna posibilidad” de conocer un suceso de este tipo con las herramientas con las que trabaja, ya que Pescanova era una empresa cotizada a los que los analistas internacionales la estaban aconsejando el día antes del preconcurso un 30% por encima de lo que cotizaba y de la que destacaban que tenía un buen producto que tenía futuro.

Tras detectarse sus irregularidades, el supervisor reaccionó rápido y envió al juez toda la información de la que disponía. “No había muchas cosas que investigar porque había muchos hechos demostrados. Le pudimos dar al juez toda la información que necesitaba y dimos una respuesta muy rápida. En estos casos hay que ser muy serios”, ha apostillado.

Además, ha destacado que el caso Pescanova fue el primero en el que se implantó una nueva manera de comunicar, ya que la situación afectaba a la sociedad. “Fuimos indicando con la cautela y discreción los pasos que íbamos dando para que la gente supiera que la institución estaba ahí”, ha concluido.

(...)

domingo, 24 de noviembre de 2013

EuropaPress.es: El PP propone en el Congreso supervisiones "más exigentes" de las auditorías de las empresas

El PP propone en el Congreso supervisiones "más exigentes" de las auditorías de las empresas
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS)

   El PP propondrá este martes al Pleno del Congreso instar al Gobierno a aprobar una "regulación y supervisión pública e independiente más exigente" de la actividad auditora y un incremento del desglose de la información contable que deben suministrar las empresas como condición 'sine qua non' para mejorar la intermediación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

   Según recuerdan los 'populares' en su iniciativa, que recoge Europa Press, la intermediación financiera en España está principalmente canalizada por el sector bancario, cuyos problemas se transmiten "con especial fuerza" a la economía real y dificulta su financiación.

   Por eso --y también porque es una exigencia recogida en el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario--, el PP cree necesario un sistema financiero "más pluralista" que ofrezca alternativas de financiación distintas de los mercados para las pymes, que no pueden hacer frente a la infraestructura contable y de control que implica obtener crédito por esa vía.

NEGOCIACIÓN A VARIAS BANDAS
   Para conseguir esta diversificación, el partido que sustenta al Gobierno aboga por afrontar un proceso de diálogo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de los Registros y del Notariado con las empresas españolas, las compañías auditoras de cuentas y los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, tanto españoles como internacionales.

   Así, basándose en la "transparencia y la gobernanza empresarial", se debe "mejorar la calidad de la información financiera" lo que, según el PP, se puede hacer con cambios en la regulación y supervisión pública de la actividad auditora para que sea "independiente y más exigente", así como una revisión de los planes contables para establecer nuevas obligaciones de desglose en la información, "de forma que los inversores puedan conocer más desagregadamente la marcha de las distintas actividades económicas que realiza una empresa".

   El otro gran objetivo a perseguir, la mejora en la diseminación más efectiva de la información contable, puede afrontarse con la puesta en marcha de nuevas vías para facilitar la difusión de información de fuentes oficiales, como el Registro Mercantil o la CNMV.

ElPaís.com: "Es la hora del control externo", por Antonio Mira-Perceval Pastor (síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana)

Es la hora del control externo | Economía | EL PAÍS
24 NOV 2013 - 00:00 CET

Una de las cosas que más preocupa a los ciudadanos es el correcto uso de su dinero. En épocas de crisis, muchos ciudadanos adquieren mayor conciencia del hecho de que lo público no es que no sea de nadie, sino que es de todos, y les preocupa el uso que se haga de su dinero. No solo quisieran evitar la corrupción, sino el despilfarro y la ineficiencia: pagan sus impuestos no para que alguien se los quede, los malgaste o los asigne incorrectamente, sino para satisfacer las necesidades de índole pública y ello con el mayor grado de eficiencia posible.

Es en este momento cuando los ciudadanos miran con mayor intensidad a las instituciones de control externo (OCEX), porque esperan de ellas que les digan si las cuentas que presentan los gobernantes son veraces, si el dinero se ha gastado con respeto a la legalidad y si se ha gastado con eficacia y economía.

El sistema español de control externo está constituido por el Tribunal de Cuentas, con competencia sobre todo el sector público y, por tanto, sobre todo el territorio de España, y los órganos de control externo autonómicos, con competencia sobre el sector público de la respectiva comunidad autónoma. En teoría, se puede producir solapamiento, e incluso duplicidades de actuación, ya que el Tribunal de Cuentas y los órganos de control autonómicos —allí donde existen— podrían fiscalizar simultáneamente las comunidades autónomas y las entidades locales. En realidad no ocurre así, ya que el Tribunal de Cuentas se limita a fiscalizar a las comunidades autónomas donde no hay OCEX y elabora un informe anual conjunto sobre la base de sus propias fiscalizaciones y las de los OCEX, y los programas de fiscalización de las entidades locales se coordinan con los OCEX para evitar solapamientos. En realidad, no hay problema de duplicidad, sino de insuficiencia, ya que los recursos legales, materiales y humanos puestos a disposición tanto del Tribunal de Cuentas como de los OCEX resultan insuficientes para el cumplimiento de su misión.

Es preciso que las instituciones de control hagamos balance y nos preguntemos qué debe cambiar en nuestro ámbito de actuación para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas.

La insuficiencia de medios es fundamental  si se quiere fortalecer el control externo
Al formarse el sistema español de control externo al ritmo de desarrollo de los distintos estatutos de autonomía, los OCEX autonómicos no son uniformes, ni tienen la misma tradición ni, desde luego, la misma experiencia, por lo que no es sencillo, ni inteligente, hacer tabla rasa con el objeto de hacer un diagnóstico encaminado a su mejora, ni, desde luego, puede un artículo de prensa pretenderlo. Por ello me centraré en la insuficiencia ya mencionada como cuestión fundamental que se debe abordar si se quiere fortalecer el control externo para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de las horas de trabajo que supone la realización de una auditoría sabe que el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuentan el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos resulta insuficiente para fiscalizar con regularidad al sector público estatal, al sector público autonómico y, desde luego, al sector público local, constituido por ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, comarcas, mancomunidades, consorcios, entidades metropolitanas, entidades locales menores y las empresas, entes y organismos que de todos ellos dependen. Es más, creo que serían insuficientes también si limitáramos esa fiscalización regular a aquellas entidades locales que superen un tamaño razonable.

La carencia de medios se pone de manifiesto en los retrasos con los que, en muchos casos, se publican los informes de los sectores público estatal y autonómico y en la baja proporción de entidades locales que son auditadas.

En cuanto a la insuficiencia de medios legales, basta comparar las herramientas puestas a disposición de la inspección de los tributos para ejercer su función con las que cuentan los distintos órganos fiscalizadores para ejercer la suya, siendo claramente favorable esa comparación para la inspección.

La Ley General Tributaria aprobada hace no muchos años relaciona las facultades de la inspección, que incluyen la posibilidad de adoptar medidas cautelares y ha reforzado especialmente las sanciones por incumplimiento del deber de suministrar información a la Administración Tributaria —incluso de terceros— y por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la misma, estableciendo sanciones que pueden ir desde los 150 hasta los 600.000 euros.

Basta comparar las herramientas de la inspección de los tributos con las del resto 
Frente a ello, la obligación de proporcionar información de terceros es mucho más difusa, y las multas que puede imponer el Tribunal de Cuentas oscilan entre 60 y 900 euros y se aplican mediante un procedimiento mucho más rígido y tortuoso. Algo similar ocurre con el resto de los órganos de control externo, dándose el caso de que casi ninguno de los mismos posee potestad sancionadora.

Por ello, planteo aquí algunas ideas que, tras el debido debate y reflexión, podrían convertirse en medidas a adoptar por los órganos de control externo o en reformas legislativas:

1. Generalización de las auditorías/fiscalizaciones anuales a todas las entidades locales que superen una mínima dimensión y establecimiento de las auditorías/fiscalizaciones de mandato (o periódicas) para el resto.
Para llevar a cabo esta propuesta caben dos posibilidades:
a) Hacerlo según el modelo actual, con o sin una colaboración subordinada de empresas de auditoría. Ello exigiría dimensionarlos adecuadamente en cuanto a recursos materiales y humanos con un incremento notable de las actuales dotaciones presupuestarias.
b) Establecer un modelo, análogo al de otras experiencias europeas, en el que el órgano de control externo más cercano al ente auditado realizara la auditoría con sus propios medios o con la colaboración de empresas de auditoría, cargando los costes al ente auditado.

2. Elaboración de una ley general (o, en su caso, leyes de los parlamentos autonómicos con competencia para ello) de fiscalización análoga a la Ley General Tributaria (que sirve a la Administración Tributaria ya sea estatal, autonómica o local) que establezca los procedimientos fiscalizadores y las obligaciones de colaboración con los órganos de control de entidades públicas así como de las empresas privadas y particulares, y el régimen sancionador que habrá de ser tan eficaz y expeditivo como el que recoge la LGT.

3. Generalización de los estudios sectoriales y las auditorías operativas, que tienen como objetivo pronunciarse acerca de la economía, eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios públicos locales.

La adopción de estas medidas contribuiría a mejorar el control externo, favoreciendo la mejora de la gestión y la detección de incumplimientos en el uso del dinero público.

Antonio Mira-Perceval Pastor es síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana.

sábado, 23 de noviembre de 2013

VozPópuli.com: El auditor de Decathlon España abronca a sus directivos por no revelar sus sueldos

Vozpópuli - El auditor de Decathlon España abronca a sus directivos por no revelar sus sueldos
PwC vuelve a incluir una salvedad en su informe sobre la filial de la multinacional francesa de ropa deportiva en España. En 2012, la división española, con más de 11.000 empleados, facturó más de 1.300 millones y ganó 97 millones, un 4,8% menos.
Empresas | 23-11-2013 

Un año más, Decathlon España, SAU, la filial española de la cadena francesa de ropa deportiva, se ha ganado un tirón de orejas de su auditora, PwC, por no detallar las retribuciones de sus altos directivos. Según consta en el informe de auditoría que acompaña las cuentas de la sociedad en el ejercicio 2012, PwC ha vuelto a incluir una salvedad por incurrir en esa omisión en su análisis preceptivo.

Pese a lo que establecen la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad, un año más la empresa no ha incluido en su memoria “información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier índole devengados en el curso, así como de las obligaciones contraídas en materias de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, respecto del personal de alta dirección de la sociedad”, explica PwC, que ya en 2011 incluyó por ese motivo una salvedad a las cuentas de la sociedad.

La auditora también ha vuelto a incluir otra salvedad por la no inclusión de información relativa a la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la empresa.

La única información que aporta Decathlon España en su memoria es que un 5% de su cifra de negocios procede del mercado de “deportes colectivos” y el 95% restante, del “resto de deportes”.

La filial, que explica que los miembros de su consejo de administración "no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas", y tampoco acciones ni opciones, tenía a 31 de diciembre pasado una plantilla de 10.469 efectivos (la media del ejercicio ascendió a 11.132 empleados).

Decathlon España continuó en 2012 su expansión con la apertura de seis nuevas tiendas y registró una cifra de negocio de más de 1.338 millones de euros, un 3,2% menos. El beneficio neto ascendió a 97 millones de euros, ligeramente por debajo (un 4,8%) del de 2011.

Perteneciente al grupo francés Oxylane, Decathlon abrió su primera tienda en 1976 en las proximidades de Lille (Francia) y actualmente está presente en 18 países, con más de 700 tiendas en todo el mundo.

Con una plantilla total cercana a los 40.000 efectivos (según datos de 2011), en España inició sus operaciones en 1991 y abrió su primer establecimiento en 1992 en Montigalá (Barcelona). Actualmente cuenta con un centenar de tiendas en todo el país.

viernes, 22 de noviembre de 2013

laVozdeGalicia.es: Lendoiro entregó las cuentas al auditor fuera de plazo tras el ultimátum del juez

Lendoiro entregó las cuentas al auditor fuera de plazo tras el ultimátum del juez
Un escrito firmado por la auditora y por el abogado del Deportivo recoge que la documentación no llegó a Auren hasta ayer y que, en contra de lo que obliga la ley, no está supervisada por los concursales.
Alexandre Centeno A Coruña / La Voz 22 de noviembre de 2013

Un día tuvo que transcurrir desde que el juez ordenara a Lendoiro entregar las cuentas a la firma auditora -bajo amenaza de retirarle las facultades administrativas de lo contrario- para que el presidente del Deportivo cumpliera con el mandato judicial. No fue hasta ayer cuando Auren recibió la documentación necesaria para poder confeccionar el informe de auditoría.



Lendoiro revisa unos papeles con una azafata, con su cuñado al lado. césar quian
Así lo recogen una certificación firmada por el abogado del Deportivo, Rafael Chaver, y Mercedes Silvestre Picado. En la misma, la socia auditora de Auren dice: «Con fecha 21 de noviembre, yo doña Mercedes Silvestre Picado he recibido las cuentas anuales del Real Club Deportivo de La Coruña SAD, formuladas y firmadas por los administradores». Posteriormente, en el mismo escrito explica que «las mencionadas cuentas anuales no vienen supervisadas por los administradores concursales de la sociedad, tal y como señala el artículo 46.1 de la Ley Concursal».

Horas después de que el pasado miércoles el juez del concurso emitiera una providencia en la que advertía a Lendoiro de que podría retirarle facultades en caso de no presentar las cuentas debidamente firmadas y completas en cinco días, el presidente del Deportivo colgó un comunicado en la web en el que aseguraba que ya había remitido la documentación tanto a los administradores concursales como a la auditora.

Sin embargo, el propio abogado del Deportivo reconoce en un escrito remitido al juez que no se hizo entrega de las cuentas hasta ayer: «La entrega formal se ha llevado a efecto en el día de hoy -por ayer-, concretamente en la persona de doña Mercedes Silvestre Picado». De hecho fue el propio Rafael Chaver el que, según la documentación que figura en el juzgado entregó las cuentas esta mañana en la sede de Auren y no con anterioridad.

Tras la entrega de la documentación y, en caso de que esté en orden, Auren tiene, como mínimo, un mes de plazo para confeccionar el informe de auditoría que, según el Deportivo, estará en 20 días. En cualquier caso, Lendoiro ya está incumpliendo con la obligación de tener a disposición de los accionistas toda la documentación desde el momento en el que se convocaron las juntas generales, lo que podría provocar la impugnación de las mismas.

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CincoDías.com: El Banco de España, el INE y la IGAE verificarán las cuentas autonómicas

El Banco de España, el INE y la IGAE verificarán las cuentas autonómicas | Economía | Cinco Días
  • Eurostat pidió al Ejecutivo una mayor coordinación en la elaboración de la contabilidad pública
  • Los técnicos europeos han visitado seis veces en dos años a España
Jaume Viñas - Madrid - 22-11-2013 21:22

El INE, el Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son los tres organismos encargados, cada uno en su parcela, de elaborar las cuentas que España remite a Bruselas. Para mejorar la coordinación y la calidad de las cifras recabadas, el Ejecutivo ha aprobado la puesta en marcha de un Comité Técnico de Cuentas Nacionales que aglutinará a representantes de estas tres instituciones. Este nuevo ente se incluyó a través de una enmienda a la ley aprobada la semana pasada que estableció la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Además de elaborar las cuentas autonómicas, el Comité Técnico efectuará “actuaciones directamente encaminadas a la verificación y contraste de la información suministrada” por las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Fuentes de Hacienda desvinculan la creación de este órgano de las críticas realizadas por los técnicos de Eurostat, que detectaron fallos en la elaboración de la información y reclamaron una mayor coordinación entre el INE, el Banco de España y la IGAE. De hecho, el Ejecutivo asegura que, de manera informal, ya existía un comité técnico formado por estas tres instituciones.

En cualquier caso, fuentes de Hacienda reconocen que el comité técnico sí que debería servir para dar respuesta a las incertidumbres mostradas por los técnicos de Eurostat que, en los dos últimos años, han visitado seis veces España. Y, a pesar de las críticas vertidas en distintos informes, Hacienda recuerda que no se ha producido ninguna “visita metodológica”, que se fija cuando existen riesgos graves en las estadísticas nacionales. El objetivo es que, de alguna forma, el Comité Técnico actúe en el ámbito interno de forma similar a como lo hace Eurostat con los Estados miembros. Es decir, con una comunicación fluida y visitas periódicas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que las cuentas nacionales reflejen la situación real de las finanzas. El funcionamiento del Comité Técnico se aprobará mediante un reglamento de próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otra parte, la Ley de Control de la Deuda Comercial Pública aprobada el jueves incluye una disposición adicional que estipula que “en las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas se efectuarán anualmente los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoría, verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido imputación presupuestaria”. Las comunidades ya aceptaron esta medida, que ahora se incluye en una ley votada por el Congreso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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jueves, 21 de noviembre de 2013

elEconomista.es: "El reto del auditor forense ante los datos", por Ángel Requena (socio de KPMG)

El reto del auditor forense ante los datos - elEconomista.es
  • Los auditores están descubriendo complejos métodos para cometer delitos
Ángel Requena -10:00 - 21/11/2013

No es de extrañar que el impacto más significativo en los trabajos de revisión forense durante los últimos 10-15 años sea el aumento del volumen de los datos. Parte de la asistencia de los auditores forenses al asesor jurídico consiste en identificar, recopilar, revisar y analizar toda la documentación relevante, y presentar conclusiones de forma que puedan ser comprendidas por el usuario final que, además del cliente y dependiendo de la cuestión que se trate, pueden ser los reguladores, otras partes en litigio y sus asesores jurídicos, así como los tribunales competentes.

Antes, la recopilación de datos solía centrarse exclusivamente en los papeles guardados en estanterías, almacenes y archivos. Ahora hay que buscarlos en servidores, ordenadores, agendas electrónicas y teléfonos inteligentes, ya que hay innumerables documentos que se cargan en programas informáticos de revisión y de eDiscovery -localización de información electrónica para fines forenses-.

En muchos aspectos, manejar datos electrónicos está requiriendo más tiempo y generando más riesgos que cuando el papel era el soporte mayoritario. Quizás, entonces, resultaba más fácil determinar la relevancia de la información que ahora que los datos electrónicos son un elemento clave de casi todos los trabajos y donde es habitual que existan numerosos sistemas relacionados que comparten datos. Por ello, actualmente, es clave que el cliente identifique con el auditor forense y/o el asesor jurídico los datos que pudieran ser relevantes.

El volumen de datos y las posibles complicaciones para obtenerlos influirá en el tiempo que tarda el auditor forense en llevar a cabo su trabajo, por lo que la comunicación entre el asesor jurídico y el auditor forense es esencial para gestionar las expectativas y los plazos.

Ahora es vital la ayuda del cliente
En el pasado, un trabajo típico de auditoría forense no solía exigir demasiado del cliente, salvo la información general y relevante, y alguna ayuda para localizar la documentación, acceder a la misma e interpretarla, pero esto ha cambiado de forma significativa en la era de los datos. Ahora, por ejemplo, es vital la ayuda del cliente para conocer la compleja configuración de su servidor y sus políticas de almacenamiento de datos.

Otro punto importante en el análisis de datos es la fiabilidad e integridad de los mismos. El asesor jurídico debe conocer y ser consciente de dónde proceden los datos y cualquier limitación con respecto a éstos, como, por ejemplo, que los datos correspondientes a algunos periodos estén incompletos. Una vez identificados los datos relevantes, debe comprobarse que son íntegros, de tal manera que un auditor forense no puede afirmar que se ha realizado una revisión completa de, por ejemplo, todos los gastos si no tiene la seguridad de que se han recibido todos los datos relevantes. Si los datos no son completos, fiables ni razonables, la utilidad del análisis de esos datos será limitada.

Por último, dependiendo de la complejidad de los aspectos relativos a los datos, podría ser necesario contar con un perito específico distinto que testifique sobre esta materia. En cualquier testimonio, ya se trate de una investigación o una evaluación de la cuantía de los daños, que se base en datos, es de esperar que formen parte del examen aspectos tales como el modo en que se recabaron, analizaron y comunicaron los datos. El asesor jurídico y el perito a los que se ha recurrido tienen que compartir el mismo punto de vista en lo que respecta a la función que han desempeñado los datos en el trabajo y el impacto que ejercen en las conclusiones del perito.

Cuando se recurre a peritos forenses, los abogados deben implicarse activamente en el modo en que los datos están impactando en el trabajo y, en definitiva, en las conclusiones de su perito. De este modo, el asesor jurídico podrá comprender las pruebas que presenta su perito, lo que ayudará tanto en el interrogatorio directo del perito al que ha recurrido como en el contrainterrogatorio de los peritos de la parte contraria.

Vemos así que la profesión de auditoría forense está en constante cambio y evolución. Los autores de delitos económicos están descubriendo nuevos métodos para cometer fraude y los litigios son cada vez más complejos, con lo que, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes, los auditores forenses han de adquirir nuevas habilidades y emplear nuevas técnicas para esa función tan importante como es el análisis de los datos.

Ángel Requena, socio del área de Forensic de KPMG en España.