viernes, 13 de julio de 2018

Jornada conmemorativa del 30º Aniversario de la Ley de Auditoría de Cuentas (Madrid, 12 de julio de 2018)

Jornada REA conmemorativa del 30 Aniversario de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas (Madrid, 12 de julio de 2018)


Con motivo del 30 aniversario de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores (REA), principal organización de auditores de España, celebró ayer, 12 de julio de 2018, un acto en el que participaron los seis expresidentes y el actual presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), quienes analizaron el camino recorrido en el campo de la auditoría de cuentas en estos últimos 30 años y los objetivos concretos para seguir avanzando en la transparencia y el aumento de la calidad de la información económico-financiera.


En la inauguración de la jornada participaron Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas de España y presidente de Honor del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) y Juan Carlos De Margarida, Secretario del Consejo General de Economistas de España.

Valentín Pich en su intervención hizo referencia a que, "durante estos últimos treinta años, las empresas españolas han apostado cada vez más por la transparencia de sus cuentas, prueba de ello es que, en la actualidad, de los más de 60.000 informes de auditoría que se emiten al año, casi el 30% son voluntarios”. “La claridad y fiabilidad de la información financiera aumenta la confianza de los inversores y resulta clave para lograr un buen rating que permita obtener financiación”.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.
 
Por su parte, Carlos Puig, presidente del REA, reconoció los avances en cuanto a la mejora de la calidad de la información financiera durante estos años, si bien alertó sobre el problema que supone la actual concentración del mercado: “la actual situación del sector, en el que cuatro compañías concentran el 63% de la facturación, no favorece la competencia, repercute negativamente en la calidad y dificulta la libre elección de auditor”, “es necesario luchar contra esta situación de desequilibrio, que es un caso único que no se da en otros colectivos, como el de los abogados en el que sus cinco primeras grandes firmas no alcanzan ni el 20% de la facturación del sector”.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.

El presidente del REA analizó los datos recogidos en una comparativa sobre la situación de la auditoría en España entre 1990 (primer año del que existen datos oficiales del sector) y 2107, realizada por el Servicio de Estudios del REA, destacando que el número de auditorías voluntarias aumentó un 392% entre 1990 y 2017 (de 3.490 a 17.183), dato este especialmente relevante si tenemos en cuenta que el número de empresas en España apenas se ha duplicado en esos casi 30 años (poco más de un millón y medio de empresas en 1990 y cerca de tres millones trescientas mil en 2017). Reivindicó la figura de las pequeñas y medianas firmas de auditores, quienes, en el actual contexto, se encuentran en una situación desfavorecida. Según Puig de Travy, “un tema que en la actualidad está sobre el tapete es cómo pueden simplificarse las normas de auditoría para encargos de empresas de pequeño tamaño o poco complejas, a los efectos de evitar trabajos innecesarios que no dan eficacia a la auditoría y que recargan sus costes con el correspondiente prejuicio tanto para las pymes como para los propios auditores de estas entidades”.



De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda "Principales Hitos - El papel de los Profesionales - Retos", moderada por Ramón Madrid y Eladio Acevedo, vicepresidentes del REA y en la que participaron por orden de antigüedad en el cargo, Ricardo Bolufer Nieto (primer presidente del ICAC: octubre de 1988 a septiembre de 1996); Antonio Gómez Ciria (septiembre de 1996 - octubre de 2000); José Luis López Combarros (octubre de 2000 - mayo de 2004); José Ramón González García (mayo de 2004 – junio 2009); José Antonio Gonzalo Angulo (junio 2009 – febrero 2012); Ana María Martínez-Pina (febrero 2012 – noviembre 2016) y Enrique Rubio Herrera (noviembre 2016-actualidad). Todos ellos respondieron a tres cuestiones: ¿Cómo estábamos en el 88 y cómo estamos ahora en materia de información económico-financiera?; el papel de los profesionales del sector en estos años, y retos en pos de la transparencia y la calidad de la información económico-financiera.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Antonio Gómez Ciria, José Luis López Combarros, José Ramón González García, José Antonio Gonzalo Angulo, Ana María Martínez Pina y Enrique Rubio.

Todos los presidentes coincidieron en destacar los importantes avances en materia de transparencia y el aumento de la calidad, la comparabilidad y la fiabilidad de la información económico-financiera en nuestro país. Así mismo, también valoraron de manera unánime la profesionalización del sector y el aumento de la calidad de los trabajos realizados, así como su capacidad de adaptación a los cambios legislativos y a las demandas realizadas por los usuarios de la información. En cuanto a los retos del sector, señalaron, entre otros, los siguientes: la necesidad de mantener la obligación de auditar en los niveles de tamaño actual –en cuanto que la rebaja de estos niveles supondría una importante pérdida de calidad de la información–; la colaboración público-privada para la mejora de la transparencia de la información de las administraciones públicas; avanzar en materia de buen gobierno corporativo e información no financiera, y adaptarse al desafío tecnológico.


De izquierda a derecha: Francisco Gracia, Carlos Puig, Ricardo Bolufer, José Antonio Gonzalo Angulo, Antonio Gómez Ciria, Ana Mª Martínez Pina, Valentín Pich, José Ramón González, José Luis López Combarros, Enrique Rubio, Ramón Madrid, Lorenzo Lara y Eladio Acevedo.

El acto contó también con la asistencia, entre otras personalidades, de Jesús Betrián y José Luis Díez García, expresidentes del REA, Gerardo Ortega, expresidente del REA y expresidente del Consejo General de Economistas, Fernando González-Moya, expresidente del Consejo General de Economistas, Francisco Gracia, presidente de Economistas Contable (EC) del CGE y Salvador Marín, presidente de COFIDES.

Dispones de toda la información relacionada con este acto en el siguiente enlace y, además, acompañamos el dossier de prensa de la jornada:


Ver la noticia en otros enlaces:    Finanzas.com    El Confidencial    El Comercio    El Diario Vasco    Hoy Extremadura    La Rioja

jueves, 12 de julio de 2018

EconomíaDigital.es: Los Carulla hacen oídos sordos a PwC: ocultan sus sueldos en GB Foods

Los Carulla hacen oídos sordos a PwC: ocultan sus sueldos en GB Foods:
Los dueños de GB Foods ocultan en sus cuentas los sueldos de los directivos de la compañía. Es el tercer año que omiten la información.
Barcelona, 12 de julio de 2018 (13:17 CET)

A la familia Carulla parece no importarle demasiado la opinión de sus auditores, pues año tras año hace oídos sordos a las advertencias de falta de información hechas por PwC. El dato escondido, los salarios de la alta dirección de GB Foods; la empresa que comercializa Gallina Blanca, Avecrem y Yatekomo.

En las cuentas de 2017 de la compañía, el auditor advierte de la opacidad de la saga catalana, también accionista del diario Ara y propietaria de Affinity Petcare. “Las cuentas no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de todo tipo, como pensiones y seguros de vida, relativos al personal de alta dirección”, alertan.

La omisión no es baladí, pues violenta la ley de sociedades de capital y el plan general de contabilidad español. Y es el tercer año que lo hace: los informes ya detectaron lagunas en el ejercicio 2015. Los ejecutivos volvieron hacer caso omiso al aviso.
"GB formula las cuentas según la legislación vigente", defienden los Carulla
El grupo, sin embargo, aseguró a Economía Digital “haber formulado las cuentas según la legislación vigente”. Declinó, a preguntas de este medio, compartir la información ocultada a los auditores.

¿Qué se esconde bajo la categoría de 'alta dirección'? La normativa internacional de contabilidad define como personal de alta dirección a “aquellas personas que tienen autoridad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, incluyendo cualquier miembro del consejo de administración, sea o no ejecutivo”.

De este modo, la empresa debería haber declarado, al menos, la remuneración percibida por Artur Carulla, presidente de la empresa; Ignasi Ricou, consejero delegado; Joan Cornudella, consejero y director ejecutivo del hólding familiar Agrolimen; Luis Muntadas, consejero y director de estrategia y finanzas de Agrolimen; y Manel Gálvez, también consejero.

¿Quiénes son los Carulla?
En 2017, GB Foods obtuvo unos beneficios de 38,7 millones de euros frente a los 27,9 del año anterior; el 38,8% más. Las ventas también se dispararon desde los 540,2 millones hasta los 730,9 millones; el 35,2% más. No obstante, el negocio alimenario es sólo una rama entre sus intereses. El principal motor del grupo es Affinity Petcare, productora de comida para mascotas.

A través de la Fundación Carulla son accionistas del periódico Ara, uno de los principales altavoces del independentismo catalán. En 2016 tuvieron que salir al rescate de la empresa editora del medio de comunicación, Edicions de Premsa Periódica Ara. En concreto, concedió al rotativo un préstamo de 500.000 euros mientras que la firma Acta Diurna --propiedad de la familia Rodés-- prestó otros 250.000 euros.

martes, 19 de junio de 2018

laOpinióndeMurcia.es: Los accionistas todavía no han tenido acceso a las cuentas a tres días de la junta

Los accionistas todavía no han tenido acceso a las cuentas a tres días de la junta - La Opinión de Murcia
El Real Murcia celebrará el jueves la cita suspendida en mayo al estar la auditoría inacabada y en la que se someterá a aprobación el balance económico del ejercico 16-17
19.06.2018 | 04:00

La aprobación de las cuentas del Real Murcia correspondientes al ejercicio 2016-2017 se ha convertido en la asignatura pendiente que la entidad murcianista lleva arrastrando desde el pasado mes de diciembre, cuando se debería haber convocado la obligatoria junta ordinaria de accionistas, una cita que, pasándose por alto los estatutos, Raúl Moro se saltó. Posteriormente, en la asamblea del 11 de abril, Víctor Gálvez, que votaba en nombre del extremeño, decidió no aprobar el balance económico al considerar que había cosas extrañas. La segunda oportunidad para dar el visto bueno a los datos económicos estaba fijado en mayo, concretamente en la junta del día 19 convocada a petición de los Accionistas Minoritarios. Como la auditoría no estaba acabada, los responsables del club pidieron que se suspendiera esa reunión, fijándose finalmente este jueves.

A tres días de que los accionistas se sienten frente al consejo de administración, en esta ocasión presidido por Víctor Gálvez, las dudas son múltiples, ya que de nuevo nadie sabe quién actuará como propietario del paquete accionarial mayoritario de la entidad. Serán Enrique López y Stefan Settels, representantes de la Asociación de Accionistas Minoritarios y que actuarán como presidente y secretario de la cita, los encargados de decidir si hay quorum suficiente para que se celebre la reunión. En caso afirmativo, la junta someterá a aprobación el balance económico, tal y como se establece en el orden del día.


Aunque desde el club se ha afirmado que la auditoría encargada por Víctor Gálvez ya está acabada, los responsables de la Asociación de Accionistas Minoritarios todavía no han recibido la documentación necesaria para estudiarla antes de decidir si votan a favor o en contra de las cuentas. Así lo explicaba ayer en los micrófonos de Onda Regional Nacho Martínez Abarca, integrante de la AAMRM y que actuará como cabeza visible de la asociación ante la ausencia de Pablo Baeza por motivos personales. «Solicitamos por escrito que se nos enviase toda la documentación, pero a día de hoy -ayer para el lector- no hemos recibido nada», indicaba en unas declaraciones realizadas a mediodía de ayer.


El Real Murcia está obligado a facilitar toda esa información a aquellos accionistas que reúnan el capital necesario para poder asistir a la junta. Así lo establece la Ley de Sociedades de Capital, como queda claro en la convocatoria de la asamblea colgada en la web oficial de la entidad grana: «Haciéndose constar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 L.S.C. que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».

jueves, 14 de junio de 2018

CompromisoEmpresarial.com: El IBEX 35 no gestiona bien los riesgos de falta de independencia de la auditoría externa

El IBEX 35 no gestiona bien los riesgos de falta de independencia de la auditoría externa – Compromiso Empresarial:
BBVA, Enagás, Iberdrola y Santander, las empresas que mejor gestionan el riesgo de falta de independencia del auditor externo, según el segundo informe sobre esta materia elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia.
14 junio 2018

La selección del auditor externo comienza a tener una mayor relevancia en la agenda del gobierno corporativo de las empresas cotizadas, sin embargo, no siempre ha sido así. Es este el motivo por el que la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT) comenzó el pasado año a examinar la transparencia en la web sobre la independencia del auditor externo de las empresas del IBEX 35 (Ver informe completo aquí).

Las nuevas exigencias de la Ley de auditoría de cuentas, que obliga a la rotación de la empresa auditora a los diez años, ampliados hasta los 14 si en si en los cuatro últimos se ha llevado a cabo el trabajo junto con otra sociedad (auditoría conjunta o coauditoría), ha provocado que un importante número de empresas hayan cambiado de auditor en los dos últimos años.

El informe destaca que un total de 23 empresas del IBEX 35 presentan términos de contratación continuada inferiores a cinco años, frente a la mitad de empresas del pasado año (12), gracias a la entrada en vigor de esta Ley. Se trata del indicador analizado por FCyT que más progreso ha registrado. No obstante, el documento advierte que esa rotación no ha servido para abrir el mercado a otras sociedades auditoras, que sigue estando monopolizado por las Big Four (Deloitte, E&Y, KPMG y PwC).

La valoración general de las prácticas de las empresas para gestionar la transparencia e independencia de la auditoría externa no es muy positiva, según las conclusiones del informe: Ninguna de las compañías cotizadas sabe gestionar de manera adecuada los riesgos que supone la falta de independencia de la empresa de auditoría externa, siendo BBVA, Enagás, Iberdrola y Santander las que mejor lo hacen.


La contratación con la empresa auditora de servicios distintos a la auditoría de cuentas eleva el riesgo de falta de independencia al aumentar las probabilidades de conflictos de intereses. Sin embargo, el porcentaje de empresas del IBEX 35 que contrata a la sociedad auditora servicios distintos de la auditoría de cuentas sigue siendo muy alto (82%).

Tan solo tres empresas (Endesa, Iberdrola y Telefónica) parecen mantener la política de no contratar servicios adicionales a la empresa que les realiza la auditoría de cuentas. Además, un porcentaje muy alto de las empresas del IBEX 35 (68%) contrata a su auditora de cuentas servicios de asesoría fiscal, aumentando el riesgo de planificación fiscal agresiva.

El porcentaje de ingresos por servicios diferentes de la auditoría (non audit services) es uno de los criterios más importantes para evaluar el riesgo de falta de independencia. La media del porcentaje de ingresos de las sociedades auditoras por servicios adicionales a las empresas del IBEX 35 es de un 27%, una cifra muy alta si se considera que el límite máximo aceptado por los principales inversores y proxy advisors es del 50%. Las empresas Acciona (71%), ACS (70%), Cellnex (79%) y Meliá (63%) superan los límites fijados por los principales proxy advisors, aumentando el riesgo de que su propuesta de nombramiento o reelección del auditor de cuentas reciba un voto negativo en las juntas de accionistas.

Como ya desveló la FCyT en un reciente informe (Contribución y transparencia 2017. Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35) existe una correlación directa entre el uso de modelos de planificación agresiva por parte de las multinacionales y la contratación de servicios fiscales a las empresas que realizan la auditoría de cuentas a las mismas. Por eso, recuerda el documento, “es conveniente ser especialmente transparentes y restrictivos a la hora de contratar servicios de asesoría fiscal a las empresas que realizan la auditoría de cuentas”.

Únicamente tres empresas del IBEX 35 (AENA, Iberdrola y Meliá) describen con claridad y precisión cada uno de los servicios que pagan a las sociedades de auditoría por distintos servicios y el importe de los mismos.



Ninguna empresa del IBEX 35 informa de manera clara de cuál ha sido el proceso de contratación de la empresa auditora, ni si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la comisión de auditoría a la hora de tomar una decisión, e igualmente, ninguna empresa de la muestra consulta a la junta general de accionistas la autorización para contratar servicios adicionales a su auditora de cuentas, ni la propuesta de remuneración a la misma.

Según la FCyT, la mayoría de los informes de independencia del auditor externo, regulados en el artículo 529 quaterdecies, 4 f), de la Ley de Sociedades de Capital, “se han convertido en meros formularios sin valor alguno en los que las comisiones de auditoría se limitan a repetir lugares comunes y frases hechas sin aportar ningún dato relevante; constituyen el mejor ejemplo de lo que los anglosajones denominan boilerplate text, un texto repetitivo y estándar que no aporta información alguna de valor”.

El informe también denuncia la falta de recursos humanos, económicos y técnicos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para poder llevar a cabo su función de investigación y supervisión. “Si no hay más sanciones -concluye el informe- no es porque no se cometan más infracciones, sino porque no hay suficientes recursos para perseguirlas”.

“La mejor forma de abordar los riesgos asociados a la falta de independencia del auditor externo –declara Javier Martín Cavanna, director de la FCyT y coautor del informe junto con Concepción Sacristán- es siendo muy transparentes en la información sobre los diferentes servicios que presta la empresa auditora. Los resultados de este informe muestran, sin embargo, que la información relativa al desglose de los servicios sigue siendo muy genérica, cuando no totalmente opaca”.

CompromisoEmpresarial.com: El ICAC solo cuenta con 13 funcionarios para supervisar la actividad de auditoría

El ICAC solo cuenta con 13 funcionarios para supervisar la actividad de auditoría – Compromiso Empresarial
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la autoridad responsable de la vigilancia del mercado de servicios de auditoría de cuentas de las entidades públicas, carece de los recursos humanos y económicos suficientes para desempeñar correctamente su función.
14 junio 2018


La ley es un simple papel mojado si no se desarrollan mecanismos eficaces para exigir su cumplimiento. Desarrollar mecanismos o instituciones eficaces requiere dotarlas de tres elementos: 1) establecer un marco normativo que defina con claridad sus funciones y garantice su independencia; 2) contar con recursos humanos y técnicos cualificados para que puedan realizar su función, y 3) disponer de recursos económicos acordes con la tarea asignada.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) es el organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que tiene atribuidas las competencias de supervisión pública de todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. El ICAC es, por tanto, la autoridad responsable de la vigilancia del mercado de servicios de auditoría de cuentas de las entidades públicas y también de realizar las actividades de inspección e investigación.

El ICAC cuenta con un marco normativo claro, pero ese elemento por sí solo no es suficiente para que el organismo supervisor pueda realizar su función. Si el ICAC no dispone de los recursos técnicos y económicos adecuados para desempeñar su cometido, el marco normativo se convierte en un brindis al sol, como es el caso.

Si se analiza la última memoria anual disponible del ICAC, la correspondiente al ejercicio 2016, se puede comprobar que el presupuesto del ICAC es de tan solo 8 millones de euros, de los cuales 3,5 millones corresponden a gastos de personal. El número total de funcionarios contratados es de 66.

Dentro del ICAC, la unidad responsable de la investigación e inspección es la Subdirección General de Control Técnico. En la mencionada memoria se dice que esta Subdirección ha contado durante el año 2016 con 15 empleados públicos, incluida la subdirectora general y la secretaria de la subdirectora. Es decir, para la realización de todas las actividades de supervisión relacionada con la actividad de auditoría el ICAC dispone de un total de trece funcionarios.

Si se comparan los recursos de que dispone el ICAC con los de las Big Four (Deloitte, E&Y, KPMG y PwC), que acaparan prácticamente el 100% del mercado de las empresas cotizadas, la desproporción resulta evidente. Durante el año 2016 solo los ingresos por las actividades de auditoría de las Big Four ascendieron 615,4 millones de euros y el número de empleados dedicados a realizar auditorías fue de 7.500.


Si bien es cierto que el principal mecanismo de supervisión debe descansar en los propios controles internos de las sociedades auditoras, es indudable la precariedad de recursos con los que cuenta el ICAC para poder desempeñar sus funciones de supervisión con unas mínimas garantías.

miércoles, 13 de junio de 2018

BOE.es: PwC sancionada por infracciones graves por la auditoría de Banco Popular

Disposición 7958 del BOE núm. 143 de 2018 - BOE-A-2018-7958.pdf
Resolución de 25 de abril de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, SL y a su socio auditor don Jose María Sanz Olmeda.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., y a su socio auditor don José María Sanz Olmeda mediante Resolución de 26 de febrero de 2016 que, tras la exposición de hechos y fundamentos de derecho, resuelve la parte dispositiva lo siguiente:

«Primero.–Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas «PriceWaterHouseCoopers Auditores, S.L.,» y a su socio auditor D. José María Sanz Olmeda., firmante del informe de auditoría, corresponsables de la comisión de dos infracciones graves previstas en el artículo 34.b) del TRLAC, al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012 de la sociedad “Banco Popular Español, S.A.,”, y de las cuentas anuales consolidadas de la entidad “Grupo Banco Popular, S.A., y sociedades Dependientes”, cuyos informes de auditoría fueron emitidos el 28 de febrero de 2013.

Segundo.–Imponer a la sociedad de auditoría PriceWaterHouseCoopers Auditores, S.L., dos sanciones de multa por importe del 0,12 % y del 0,15 % de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones, multas que no puede ser inferior a 12.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC, por lo que cada multa ascendería a 119.908 euros y 149.885 euros.

Tercero.–Imponer al socio auditor D. José María Sanz Olmeda, dos sanciones de multa por importe de 3.200 euros y 3.400 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.7 del TRLAC.

Cuarto.–A tenor de lo establecido en el apartado 37.3 del TRLAC, la imposición de dicha sanción llevaría además aparejada su incompatibilidad de los auditores con respecto a las cuentas anuales de la sociedad Banco Popular Español, S.A., y Grupo Banco Popular S.A., correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiere firmeza en vía administrativa.»

La resolución que impone las sanciones indicadas únicamente son firmes en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto o pudieran interponerse.

Madrid, 25 de abril de 2018.–El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Enrique Rubio Herrera.

BOE.es: Deloitte sancionada por infracciones graves por la auditoría de ACS

Disposición 7957 del BOE núm. 143 de 2018 - BOE-A-2018-7957.pdf
Resolución de 25 de abril de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y a su socio auditor don Javier Parada Pardo.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y a su socio auditor D. Javier Parada Pardo mediante Resolución de 26 de febrero de 2016 que, tras la exposición de hechos y fundamentos de derecho, resuelve la parte dispositiva lo siguiente:

«Primero.
Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y al socio auditor D. Javier Parada Pardo, firmante del informe de auditoría, corresponsables de la comisión de dos infracciones graves previstas en el artículo 34.b) del TRLAC, al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2011 de la sociedad ‘‘ACS, Actividades de Construcción y Servicio, SA,’’ y de las cuentas anuales consolidadas de la entidad ‘‘ACS Actividades de Construcción y Servicio, SA, y sociedades Dependientes’’, cuyos informes de auditoría fueron emitidos el 22 de marzo 2012.

Segundo.
Imponer a la sociedad de auditoría Deloitte, SL, dos sanciones de multa por importe del 0,1 % de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones, multas que no puede ser inferior a 12.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.6 del TRLAC, por lo que cada multa ascendería a 133.630 euros (267.260 euros).

Tercero.
Imponer al socio auditor D. Javier Parada Pardo dos sanciones de multa por importe de 3.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.7 del TRLAC (6.000 euros).

Cuarto.
A tenor de lo establecido en el apartado 37.3 del TRLAC la imposición de dicha sanción llevaría además aparejada su incompatibilidad de los auditores con respecto a las cuentas anuales de la sociedad ACS, Actividades de Construcción y Servicio, SA, correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiere firmeza en vía administrativa.»

La resolución que impone las sanciones indicadas únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto o pudieran interponerse.

Madrid, 25 de abril de 2018.–El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Enrique Rubio Herrera.