martes, 3 de septiembre de 2019

BOE.es: Autoridad Portuaria de Alicante, Cuentas Anuales 2018

BOE.es: Autoridad Portuaria de Alicante, Cuentas Anuales 2018
Disposición 12694 del BOE núm. 211 de 2019 - BOE-A-2019-12694.pdf


Resolución de 31 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Autoridad Portuaria de Alicante
Plan de Auditoría 2019
Código AUDInet 2019/452
Intervención Territorial de Alicante.

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.
III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES.
IV. OPINIÓN.
V. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.
VI. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS.

martes, 30 de julio de 2019

ICJCE: Nueva Norma de Calidad de Auditores: Un enfoque de riesgos (YouTube)

ICJCE: Nueva Norma de Calidad de Auditores: Un enfoque de riesgos (YouTube)

 

El pasado mes de febrero se publicaron los borradores de las tres nuevas normas en materia de calidad.

La ISQM 1 y la NIA 220 se han renovado, mientras que la ISQM 2 es nueva. Todas ellas tienen un enfoque nuevo: el enfoque de riesgos y requieren de una mayor proactividad en la gestión de la calidad.

Vídeo elaborado por IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) y traducido por el ICJCE.

martes, 23 de julio de 2019

laInformación.com: La fiscal evoca las súplicas de Celma para cercar a Rato: "Impidieron la auditoría"

NOTICIA BANKIA- La fiscal evoca las súplicas de Celma para cercar a Rato: "Impidieron la auditoría" - España - Diario La Informacion
Atribuye falsedad contable a la excúpula del banco por las cuentas de 2011 e insiste en que ocultaron datos clave a Deloitte de manera intencionada.
Gema Huesca - martes, 23 julio 2019


"Hicieron una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros". Así es como la fiscal Anticorrupción Carmen Laúna determina que la excúpula de Bankia evitó a toda costa facilitar al auditor externo de Deloitte, Francisco Celma, la documentación que reclamó a la entidad encarecidamente para dar el visto bueno a los estados financieros de 2011; los mismos que le sirven ahora para acusar por falsedad contable a un total de 14 personas. 

Lo advirtió desde el mismo arranque del juicio por la salida a bolsa de Bankia: los hechos por los que 34 personas (tres de ellas jurídicas) se sentaban en el banquillo de los acusados podrían ser constitutivos no solo de delito de estafa de inversores sino también de falsedad contable. A su juicio, el hecho de que estos estados no estuvieran auditados no les exime de culpabilidad puesto que se presentaron en un hecho sin precedentes ante la CNMV. Por ese motivo, la fiscal cumplió con sus advertencias y endureció su acusación, la cual ya no dirige contra cuatro personas sino contra catorce; entre ellos el auditor externo de Deloitte. 

Sin embargo, y aunque arremete contra Celma por dar validez a los estados financieros de Bankia y BFA de 2010 (que según expone ya recogían "cuantiosos quebrantos"), sí le respalda en lo que a sus continuos reclamos de información se refiere. De hecho, su escrito de conclusiones definitivas, presentado este mismo lunes durante su intervención en el plenario, se hace eco de los correos que el experto de la firma dirigió a los responsables del comité de auditoría entre finales de 2011 y comienzos de 2012 y que fueron incluidos en el sumario de la causa en plena vista oral, tal y como adelantó este diario.

"La carencia de información es casi absoluta"
"La carencia de información en el área inmobiliaria es casi absoluta. Es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización del trabajo de auditoría", rezan las comunicaciones remitidas por el auditor entre finales de 2011 y 2012. Laúna zanja de esta forma uno de los asuntos más peliagudos de esta vista oral sentenciando que Deloitte no emitió ningún borrador en relación a las cuentas de 2011 (que acabaron siendo reformuladas tras el aterrizaje en la entidad de Ignacio Goirigolzarri) y responsabiliza penalmente por estos hechos a José Manuel Fernández Norniella, Miguel Ángel Soria y Sergio Durá, en calidad de interlocutores de Celma. "Se inició una carrera de obstáculos de cara a dificultar la actividad auditora", apunta.

Como consecuencia, se produjo el "hecho extraordinario" de omitir en las cuentas de ese ejercicio ajustes "de capital importancia" tales como los relacionados con activos inmobiliarios y adjudicados que fueron aflorados ya en mayo de 2012. Este asunto es la columna vertebral que sirve a Carmen Laúna para apuntalar su acusación por falsedad contable en tanto considera desde su aterrizaje en la causa que los hechos delictivos no se ciñen a irregularidades en el folleto de salida a bolsa de Bankia, por los que atribuía estafa a la cúpula del banco; sino que el maquillaje de las cuentas de 2010 y 2011 es constitutivo de delito de falsedad contable. 

De ahí que, en sintonía con las acusaciones particulares y populares del proceso, haya señalado directamente como responsables de la debacle de Bankia, no solo a la cúpula contra la que venía ejerciendo acusación, sino también a Ángel Acebes y Miguel Ángel Soria (entonces responsables de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente); el director general de riesgos de BFA Ildefonso Sánchez Barcoj; el interventor general Sergio Durá y otros miembros de este departamento tales como Pedro Bedía, Remigio Pellicer, José María García-Fuster y Araceli Mora. Pide para todos ellos penas que van desde un año de prisión hasta un total de ocho y medio en el caso de Rodrigo Rato. 

El quebranto no vino por sorpresa
La fiscal Laúna pone el foco también en otras pruebas surgidas a lo largo del juicio relativas a las reuniones que se celebraron entre inspectores del Banco de España y el presidente Rodrigo Rato ya cuando la situación de Bankia avocaba a una inmediata intervención del FROB. "El presidente, Rodrigo de Rato, fue receptor de esta información, no solo por las advertencias de sus colaboradores en la entidad sino a través de sucesivas reuniones que mantuvo con diversos responsables del Banco de España", concreta la fiscal haciéndose eco de las testificales de inspectores del supervisor que aludieron a este asunto, como es el caso de la declaración que prestó José Antonio Casaus.

La representante del Ministerio Público no solo se centra en los estados financieros de 2011 sino que también se ampara en las conclusiones aportadas por los expertos del Banco de España en la fase pericial para apuntar que la cúpula del banco era consciente de que los quebrantos que abocaron la caja al abismo se venían arrastrando desde 2010, año en que se produjo el proceso de fusión fría de las siete cajas. Y, pese a exponerlo, ocultaron la verdadera situación patrimonial de la entidad llegando a presentar unas cuentas que, aunque arrojaban unas ganancias de 307 millones de euros, acabaron reflejando pérdidas de 2.977 millones tras la reformulación de dichos estados financieros.

sábado, 20 de julio de 2019

BOE.es: sanción a Deliotte por la auditoría de Abengoa, ejercicio 2014

Disposición 10702 del BOE núm. 173 de 2019 - BOE-A-2019-10702.pdf

Resolución de 24 de junio de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte SL, y al auditor de cuentas don Manuel Arranz Alonso.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas «Deloitte, S.L.», y al auditor de cuentas don MAA, mediante Resolución de 20 de febrero de 2018, que, tras la exposición de hechos y fundamentos de Derecho, resuelve la parte dispositiva lo siguiente:

(...) Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas “Deloitte, S.L.”, y al auditor de cuentas firmante en nombre de la sociedad don MAA, corresponsables de la comisión de dos infracciones graves tipificadas en el artículo 34.b) del TRLAC, al haber incurrido en un “incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de “Abengoa, S.A., y sociedades dependientes” y de las cuentas anuales individuales de “Abengoa, S.A.”, correspondientes, ambas, al ejercicio 2014.
(...)

jueves, 11 de julio de 2019

DiariodeSevilla.es: La Fiscalía reclama seis años de cárcel para el Dioni de Almensilla y un año para el auditor

La Fiscalía reclama seis años de cárcel para el Dioni de Almensilla
Jorge Muñoz 11 Julio, 2019 - 16:02h

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros para el ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, por un desfalco que supera los dos millones de euros. Junto al Dioni, que está en libertad desde mayo pasado tras haber pagado una fianza de 40.000 euros, la Fiscalía ha pedido una condena de cuatro años y medio de cárcel y multa de 6.000 euros para el ex presidente de la junta de compensación; y un año menos un día de prisión y 3.000 euros de multa para el auditor Juan Carlos Navarro.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa al Dioni y a Ismael Perea como coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor Juan Carlos Navarro es considerado como cómplice del mismo delito.
En materia de responsabilidad civil, el fiscal reclama el pago de indemnizaciones a la junta de compensación del Sector F que ascienden a los 2.649.172 euros, de los cuales Julio Mateos debe hacer frente como responsable civil directo de 2.164.811,53 euros; mientras que Ismael Perea debe responder de otros 301.695,32 euros, y Juan Carlos Navarro de 182.665,15 euros. La asesoría Asema, un bufete de abogados de la mujer de Juan Carlos Navarro y una entidad bancaria son considerados por la Fiscalía responsables civiles subsidiarios de parte de las indemnizaciones.

En cuanto a los hechos que sustentan la acusación pública, el fiscal sostiene que entre los años 2009 y 2015 Julio Mateos Palacios e Ismael Perea -que fue presidente de la junta de compensación desde 2008 hasta diciembre de 2012-, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación, con ánimo de enriquecerse injustamente y de común acuerdo, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la junta de compensación mediante el libramiento de cheques a favor de los propios acusados o de terceros que con ellos colaboraban, logrando de este modo incorporar a sus respectivos patrimonios un total de 2.466.506,85 euros".

El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Un primer periodo en el que ambos acusados actuaron conjuntamente entre los años 2009 y 2012, y el segundo entre 2012 y 2015, en el que el tesorero acusado "actuó solo" con colaboración de otras personas, dado que el acusado Ismael Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012, y en el que por razones profesionales privadas, el nuevo presidente designado "no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos, sin que conste que la junta de delegados designara a un sustituto para ello como los estatutos legalmente exigen".

En el primer periodo, añade el Ministerio Público, Julio Mateos e Ismael Perea, "a sabiendas de que no se prestaban servicios remunerados para la junta de compensación por ninguno de ellos ni por la mercantil Asema, de la que era administrador único y gestor, firmaron una serie de cheques con cargo a los bonos de la misma" que fueron ingresados a su favor por ambos acusados o en la cuenta corriente de Asema.

Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Julio Mateos cobró 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 cheques a favor de Asema, librados en su mayoría al portado.

En el segundo periodo, el único cuya firma estaba autorizada para disponer de los fondos era el entonces tesorero Julio Mateos, circunstancia que "aprovechó para continuar detrayendo a su favor fondos de la junta de compensación si bien ya en solitario, logrando apoderarse en este segundo periodo de 223.607,19 euros", dice el fiscal.

Además, "con el fin de enmascarar sus actos tendentes a desfalcar los fondos de la junta de compensación", el Dioni contó con la "colaboración" del auditor de cuentas Juan Carlos Navarro, "con quien le unía una relación empresarial y de amistad de tiempo atrás", era apoderado y encargado de la gestión económica del bufete de su mujer, que representaba a la junta de compensación en aquellos procedimientos judiciales en los que la junta figuraba como parte demandada. Navarro fue además el auditor designado por el propio tesorero para emitir unos "certificados de ingresos y gastos para la propia junta de compensación".

En este sentido, dice el fiscal que ambos se concertaron para emitir una serie de talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta, dado que , tal y como cobran a tales cheques, en fechas posteriores procedía a transferir la parte que excedía de lo facturado o pactado por los servicios previamente prestados a las cuentas de Asema, sin que además dichas transferencias se apoyasen en un servicio previo de Asema al acusado Juan Carlos Navarro o al bufete del que éste era apoderado".

El fiscal considera asimismo que la entidad bancaria es responsable civil subsidiario porque "permitió que se dispusiera de los fondos de la junta de compensación mediante cheques librados con una sola firma, la del tesorero, y ello a pesar de constar que, conforme al bastanteo inicial de los estatutos realizado cuando se aperturó la cuenta para disponer de los fondos de la junta de compensación era necesaria la firma mancomunada del presidente y tesorero o quienes oportunamente les sustituyan".

miércoles, 19 de junio de 2019

ExpokNews: Nadie verifica la RSE de Walmart… porque así lo decidió ¿es correcto?

Nadie verifica la RSE de Walmart… porque así lo decidió ¿es correcto? – ExpokNews:

Es deseable tener aseguramiento externo pero nadie verifica la RSE de Walmart... ¿Por qué? ¡Toma nota!

Walmart asegura estar comprometido a promover la dignidad de hombres y mujeres en las cadena de suministro.

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viernes, 14 de junio de 2019

El juez concluye que Izco se apropió de dinero y ocultó la quiebra del club | SeleccionDN+ | Noticias de Osasuna en Diario de Navarra

El juez concluye que Izco se apropió de dinero y ocultó la quiebra del club | SeleccionDN+ | Noticias de Osasuna en Diario de Navarra
Ve indicios para juzgar al expresidente por la salida de 926.000 euros.
Actualizada 14/06/2019 a las 12:08


Mientras el osasunismo mira a Primera, el seísmo judicial que sacudió los cimientos del club hace cuatro años y que sirvió para reiniciar la entidad, todavía sigue coleando. El juez ha concluido la investigación de la gestión de Patxi Izco (2003 -2012) y estima que hay indicios suficientes de que el presidente “dispuso o autorizó” la salida de 926.000 euros en metálico del club, utilizando parte de este dinero para su propio beneficio personal, y que ocultó la delicada situación económica de la entidad. En un auto que no escatima adjetivos descalificativos para el mandato de Izco, el magistrado de Instrucción nº 2 también aprecia indicios para juzgar al exgerente Ángel Vizcay, y al exauditor Adolfo Suárez. Por contra, decreta el archivo para los restantes miembros de la directiva.

La valoración que el juez Fermín Otamendi hace de la gestión del expresidente de Osasuna se puede resumir en uno de los párrafos del auto: “Hay contundentes indicios de que se apropió de dinero del club e hizo un uso personal del patrimonio de la entidad, y habría ordenado manipular la contabilidad de la entidad para ocultar o dificultar el descubrimiento de dichas acciones, así como la lamentable situación económica a la que había llevado a Osasuna su política expansiva en lo deportivo y despilfarradora en lo económico”. Su gestión del patrimonio social, añade unos folios más adelante, “provocó la quiebra del club”.

Detrás de estas frases, la investigación que se inició por la salida de 2,4 millones en efectivo de las arcas del club se concentra en tres bloques diferenciados. El magistrado aprecia indicios de que Izco dispuso o autorizó que se dispusiera de 500.000 euros en efectivo, cuyos recibos fueron autorizados por él mismo y sin que existan evidencias de su destino. Sí que constan indicios de que parte de ese dinero fue recibido por él mismo para su propio beneficio o el de terceros; otra parte fue empleada por Izco en España y en el extranjero “para gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre, mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e, incluso, en una ITV”. Estos gastos, añade el juez, no estaban relacionados con su actividad como presidente y no contaba con la autorización de los órganos de representación de la entidad. Otra parte del dinero, sigue el auto, fue incorporado al patrimonio de Izco “a modo de sueldo mensual”, cuando ningún precepto estatutario le autorizaba a ello.

El juez también imputa al expresidente el “haber impulsado las actuaciones necesarias para esconder la negativa situación económica del club”, de forma que la contabilidad “no reflejara la imagen fiel de la situación”. Así, añade, se perjudicó a los socios y a terceros, “que no podían conocer, a través de las cuentas anuales y la contabilidad social, el auténtico estado de la entidad”.

El segundo bloque se concentra en 76.611 euros que Izco, según “indicios racionales”, cogió de la caja del club en verano de 2011. La salida fue contabilizada en diciembre bajo el concepto de “pago a agente”, según las indicaciones que dio el propio expresidente al contable del club, “sin que exista ninguna justificación documental del destino dado a dicha cantidad”.

GRATIFICACIÓN AL AUDITOR
La tercera partida irregular que detalla el auto judicial se corresponde a los 350.000 euros que según la investigación Izco habría pagado al entonces auditor, Adolfo Suárez, como “gratificación” al encubrimiento que había hecho Suárez de estas salidas no justificadas y de la delicada situación económica del club a través de las auditorías anuales, que no reflejaban la situación real de la entidad pero que servían de “beneplácito” para que Osasuna no fuera expulsado de la Liga o la directiva tuviera que avalar un resultado económico negativo.

Este pago se hizo el último año de mandato de Izco a través de la sociedad holandesa Castelino, con la que Suárez tenía “fuertes vínculos”, llegando a actuar en su representación. Osasuna transfirió 350.000 a esta sociedad y ese mismo día Castelino realizó una transferencia de 325.000 euros a la auditoría de Suárez. En su auto, el juez subraya que tanto Castelino como Suárez están siendo investigados en la Audiencia Nacional por otra trama en la que hay exaltos cargos del PP implicados.

Para justificar este ingreso procedente de Osasuna, Castelino emitió un contrato falso por unos “supuestos servicios no prestados” en relación a la contratación del jugador Jukka Raitala -fue cedido a Osasuna de forma gratuita,- y estos documentos fueron utilizados por el club y el auditor para justificar la salida de los 350.000 euros, ordenada por Izco y que contó con la firma previa de Ángel Vizcay en el presunto contrato. Sobre las explicaciones dadas por el exgerente las califica de “absolutamente inconsistentes, increíbles e, incluso, en ocasiones absurdas”. Sobre el exgerente, afirma que todas las investigaciones han demostrado que conocía y controlaba el club “al milímetro”.

Ahora el juez da 20 días a las partes personadas para que formulen sus escritos de acusación, pidan el archivo -el fiscal ya lo pidió para Suárez- o reclamen la práctica de nuevas pruebas.

EXCULPA AL RESTO DE DIRECTIVOS: "SU MANDATO FUE PRESIDENCIALISTA"

El juez archiva la causa con respecto a los exdirectivos José Gómez, José Antonio Pascual y Miguel Archanco, y decreta el cese de la condición de posibles responsables sobre Fernando Vera, Íñigo Sanciñena, José Manuel Purroy y Tomás López, que no han sido imputados. El magistrado afirma que la instrucción ha revelado que Osasuna fue, durante el mandato de Izco, “una entidad eminentemente presidencialista” en la que la mayoría de las decisiones, al menos las extradeportivas, “se tomaban por el presidente y el gerente”. La participación en temas económicos y contables del resto de la junta directiva, agrega el auto, “era nula”. El magistrado detalla que el día a día de la operativa del club, incluidas las cuestiones relativas a la contabilidad y lo relativo al pago de impuestos o las cuentas anuales o la realización de la auditoría, “eran cuestiones en las que intervenían muy directamente el presidente y el gerente”. El juez concluye que los demás miembros de la directiva “no estaban al tanto del día a día del funcionamiento del club, de su contabilidad y de las decisiones que el presidente y el gerente adoptaban”.

El juicio por los posibles amaños sigue sin fecha
Dos años y cuatro meses han pasado desde que el juez concluyera su instrucción sobre los posibles amaños en partidos de Osasuna el año del descenso a Segunda División, en 2014. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la encargada de enjuiciar el caso, todavía no ha señalado siquiera la fecha en la que dará comienzo el juicio, que se estima que podría durar en torno a los dos meses por la gran cantidad de acusados (18) y testigos que se esperan.

Por este asunto, que también incluye salidas de dinero sin justificar durante el mandato de Miguel Archanco, y que fue el que desencadenó todos los líos judiciales de Osasuna en marzo de 2015, la fiscalía pide para Archanco 12,5 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva. Para Ángel Vizcay, solicita 14,4 años de cárcel, mientras que para Txuma Peralta la pena que reclama el Ministerio fiscal es de 12,5 años de cárcel.

En este frente judicial, la Audiencia Provincial dejó fuera del juicio a Osasuna como entidad, lo que evitó que la entidad pueda verse afectada administrativamente en caso de una condena por los supuestos amaños de dos partidos del Betis a finales de la temporada 2013-2014 y que acabó con el descenso del club rojillo a Segunda División. Cuando llegue a juicio, es probable que sea el primero que se celebra en España por el supuesto amaño de partidos de fútbol en el fútbol profesional.

Pero además de esta causa, también está pendiente de enjuiciarse los impagos de IRPF e IVA a las arcas forales entre los años 2010 y 2013. Por este asunto, en el que el club ya llegó a un acuerdo con Hacienda y abonó el dinero reclamado, la Fiscalía pide 12 años y 3 meses de cárcel para Patxi Izco, 15 años y 9 meses para Miguel Archanco, la misma pena que reclama para Ángel Vizcay, y 8 años y 9 meses para Txuma Peralta. En unas tres semanas se conocerán además las penas que solicita el fiscal por supuestos delitos en el mandato de Izco tras el auto de este jueves.

Las auditorías de 2004 a 2012 debieron ser desfavorables

La transferencia de 350.000 euros que Osasuna hizo a la Sociedad holandesa Castelino por la presunta gestión del fichaje de Jukka Raitala -que en realidad fue cedido gratis- la desmonta el magistrado Otamendi en su auto en cinco aspectos.

Apunta el juez que el representante de Raitala aseguró no tenía conocimiento de la empresa Castelino. Y que éste consideraba los 350.000 euros de la operación como una cantidad inapropiada para los derechos de imagen del jugador, que él mismo consideraba “de segunda categoría”. Además no hay rastro del pago de Castelino al jugador o a su club.

En el escrito se apunta que ninguno de los empleados de Osasuna conocía la participación de Castelino en la operación de Raitala. Según el auto, resulta ilógico que un comisionista cobre más que lo que, en principio, iba a cobrar el propio jugador.

Apunta el escrito de Otamendi que ni el representante legal de Castelino, ni Izco, ni Vizcay, tampoco Tomás López o José Gómez sabían qué gestiones hizo Castelino para traer a Raitala a Osasuna. Y por último, le resulta llamativo al juez que en la contabilidad del club no aparezca ningún apunte sobre Castelino ni la operación Raitala.

AUDITORIAS DEFICIENTES
Sostiene el juez instructor que existía una “manipulación de la contabilidad de Osasuna” para que ésta “no permitiera detectar las múltiples irregularidades cometidas durante la gestión” de Patxi Izco.
El juez apoya parte de su argumentación en un informe, en el que se apunta que “la contabilidad de Osasuna dejaba mucho que desear”, o en el hecho de que el propio Suárez como auditor del club, “admitió salidas de dinero con papeles firmados por directivos del club sin que se aportaran contratos, facturas ni evidencias de la contraprestaciones recibidas por Osasuna”. Explica en el auto el magistrado Otamendi que solicitó un informe al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre la actividad de sociedad de Adolfo Suárez de los ejercicios 2004-5 a 2011-12 se ajustaba a la normativa.

El informe de la ICAC es demoledor. Apunta que Adolfo Suárez “encubre los múltiples incumplimientos contables de Osasuna” y que sus informes de auditoría “no reflejaba a través de sus salvedades la realidad económica” del club. Según el estudio, la opinión del auditor (Adolfo Suárez) “en todas las auditorias -se refiere al periodo 2004-12- debería haber sido desfavorable e incluso denegada (2006-2007 y 2011-2012)”.

Además según el escrito citado en la instrucción, Suárez incumplió la norma contable en la auditoria de 2011-12 (el de los 350.000 euros a Castelino) en varios aspectos. Debía haber conservado los papeles de trabajo de la auditoria de 2010 y 11 y no lo hizo e incide en cuatro áreas en las que su trabajo fue deficiente: incumplimientos contables en algunas cuentas; la falta de análisis en las operaciones entre Osasuna y la Fundación Osasuna; la no obtención de evidencias en gastos de personal, y la ausencia de trabajo de auditoria en el área fiscal.

Ante el juez, Suárez negó que maquillara las auditorías y dijo que los 325.000 euros era dinero que él había adelantado.