martes, 15 de enero de 2019

laInformación.com: ACS busca nuevo auditor ante el retraso de la sentencia que inhabilita a Deloitte

NOTICIAS ACS DELOITTE - ACS busca nuevo auditor ante el retraso de la sentencia que inhabilita a Deloitte - Empresas - Diario La Informacion:
El grupo que preside Florentino Pérez emprenderá en los próximos días un concurso en el que invitará a los tres grandes del sector; EY, KPMG y PwC.

José Antonio Navas martes, 15 enero 2019, 04:30

ACS no ha podido esperar más. La intención del grupo constructor era mantener a Deloitte como auditor en este ejercicio de 2019, extendiendo una relación que ya supera los diez años y que, conforme a la actual Ley de Auditoría, debería terminar en 2020. Pero los imponderables derivados de la multa impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentes (ICAC) el pasado mes de abril han provocado que la entidad presidida por Florentino Pérez tenga que curarse en salud buscando este mismo año un nuevo auditor, cuya designación será ratificada si no hay otro remedio en la junta general prevista para primeros de mayo. 
La convocatoria del concurso tendrá lugar de manera inminente con la entrega de las correspondientes cartas de invitación a las otras tres grandes firmas del sector. EY, KPMG y PwC llevan meses esperando la 'buena nueva' para incorporar a su cartera de clientes a uno de los más importantes grupos industriales del país con negocios en los grandes mercados internacionales. El contrato vincularía, en principio, a todas las empresas que forman parte del perímetro de consolidación de ACS en España y en el exterior, con la única excepción de la filial australiana, cuyo año fiscal se extiende desde el 1 de julio al 30 de junio siguiente.
De acuerdo con el informe de auditoría del pasado año formulado por la empresa, la operación en juego podría elevarse a un importe cercano a los 20 millones de euros. En 2017, la remuneración de los auditores contabilizada por ACS fue de 19,8 millones de euros, de los que 13,1 millones correspondieron a los honorarios por los servicios de auditoría, en tanto que otros 2,1 millones fueron servicios fiscales y 4,5 millones se pagaron en concepto de otros servicios sin especificar. En 2016 la cifra total fue incluso algo superior, totalizando casi 20,5 millones de los que 13,9 fueron destinados al servicio propio de auditoría.

La contratación de un nuevo auditor por parte de ACS se impone como una necesidad acuciante para la compañía una vez iniciado el nuevo ejercicio de 2019. La multa del ICAC implica la incompatibilidad de Deloitte para seguir auditando al grupo constructor durante los tres próximos años a partir de la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa. La firma auditora recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión del citado organismo dependiente del Ministerio de Economía pero la posibilidad de que la sentencia se retrase de manera indefinida o, en su caso, resulte negativa para los intereses de Deloitte provocaría un serio contratiempo que ACS no está dispuesta a asumir.

La resolución del ICAC tuvo lugar como consecuencia de dos sanciones consideradas graves en virtud del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) y relacionadas con los trabajos efectuados sobre los estados financieros de 2011 y cuyos informes de auditoría fueron emitidos en 2012. Aparte de la difusión pública de las sanciones el ICAC impuso sendas multas a la firma auditora por valor total de 267.260 euros así como otras dos por importe conjunto de 6.000 euros al socio de Deloitte, Javier Parada, en su condición de firmante del informe. 

El ICAC señaló que Deloitte había incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría "susceptible de tener un efecto sobre el resultado de su trabajo" pero no especificó, cuando menos de manera pública y oficial, el detalle de los supuestos incumplimientos. En medios financieros se manejó en su día la posibilidad de que las sanciones pudieran estar vinculadas con los análisis previos efectuados sobre las valoraciones de las participaciones que ACS llegó a disponer en Iberdrola y que, en su día, provocaron uno de los más enconados conflictos de agencia (accionistas contra gestores) que se han producido en el mercado corporativo español.
Al margen de la trascendencia final que pueda tener para Deloitte el pleito con ICAC, en el caso de ACS el problema es ahora una mera cuestión logística ya que el concurso para la búsqueda de un auditor suele llevar un periodo de maduración mínimo de dos a tres meses y el acuerdo para cambiar de proveedor necesita el respaldo de la junta general de accionistas. En estas condiciones, Florentino Pérez no puede esperar mucho tiempo más para tomar una decisión que, por otra parte, tendría que llevarse a cabo de manera obligatoria de cara al año 2020. Si la Audiencia Nacional resolviese el caso a favor de Deloitte una vez encarrilado el concurso podría contemplarse la opción de cerrar la auditoría de este año con el actual auditor emplazando para el año que viene al ganador de la licitación que está a punto de comenzar.

miércoles, 19 de diciembre de 2018

laRazón.es: Andalucía sigue a la cabeza en entes incumplidores en rendición de cuentas

Andalucía sigue a la cabeza en entes incumplidores en rendición de cuentas:
El tribunal fiscalizador estatal situó entre ellos en un informe a los consorcios que la Junta sigue aún desmantelando.
19 de diciembre de 2018. 22:19h

La Junta diseñó una red de consorcios que acabó en los tribunales y estrangulada como parte de lo que sindicatos y oposición bautizaron como «Administración paralela». En el Boletín Oficial del Gobierno regional de ayer, el BOJA en corto, se reflejó, a través de la publicación de anuncios de la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Granada, la disolución de una hilera de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), en un goteo de años que no acaba de cesar. Antes, el Tribunal de Cuentas analizó en su «Informe Global del Sector Público Autonómico» relativo al ejercicio de 2015 la figura del consorcio, entre otras cuestiones, y concluyó de forma genérica que «el resultado de todos» de los que se tenía información aquel año de distintas comunidades había sido «negativo» y que, en relación a la rendición de cuentas, «los principales retrasos e incumplimientos» se presentaban en «los consorcios (37%), empresas y entes públicos sujetos al PGC –Plan General de Contabilidad– (32%) y fundaciones (28%)». «La mayoría de estas entidades corresponden a las comunidades autónomas de Cataluña (41%), Madrid (26%), Andalucía (9%) y Galicia (8%)», anotó el ente fiscalizador.

En relación a Andalucía en particular, el tribunal hizo constar en su reciente trabajo que «cinco consorcios» presentaban «resultados negativos, siendo especialmente significativo» en el caso del «Transporte Metropolitano de Sevilla» y el «Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada». Los datos del ejercicio, excluidas las transferencias y subvenciones concedidas por la Junta, tuvo un signo similar, de acuerdo al informe llevado a cabo por el órgano estatal de cuentas, «siendo el consorcio de 'Transporte de Mercancías de Málaga' el único que, pese a no haber recibido fondos de la comunidad en 2015», mostró unos «resultados» que fueron «positivos».

El tribunal dedicó otro apartado de su trabajo a las fundaciones, entes que también orbitan alrededor de la Administración autonómica. Sin computar de nuevo las transferencias y las ayudas del Ejecutivo regional a éstas, el dibujo final de las mismas tampoco era del todo bueno. Se alude en el informe consultado por este periódico al patrimonio neto, a 31 de diciembre de 2015, de las fundaciones Andalucía Emprende, El Legado Andalusí y Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, para aseverar que tenían «fondos propios negativos». Además, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud y Andalucía Olímpica se encontraban en la misma «situación», aunque se matizó que la cifra no era «significativa». El propio Tribunal de Cuentas admite en su análisis que las administraciones del territorio nacional, «con el argumento justificativo de lograr una mayor eficacia en la gestión pública», han incrementado «notablemente el número de entes instrumentales para la consecución de los más variados fines» en aras, en teoría, «del interés general». Sitúa como posibles «causas últimas» de «la proliferación de estas entidades» un «generalizado proceso de huida del Derecho Administrativo, especialmente en los procesos de contratación; discrecionalidad en las políticas de personal y relajación en los controles económicos». La comunidad andaluza cuenta con un robusto anillo de entes instrumentales que genera gastos a pagar con fondos públicos de diverso tipo. Si se confirma el cambio en la Junta, el nuevo Gobierno andaluz deberá decidir qué hacer con esa estructura, si la desmantela, a favor de lo que se ha mostrado Ciudadanos (Cs), o no.

La poda que nunca llegó
*60 entidades rodean a la Junta entre agencias públicas empresariales, consorcios, fundaciones y sociedades.
*23.899 personas trabajan en lo que se ha denominado «Administración paralela».

martes, 11 de diciembre de 2018

laRazón.es: Una auditoría alerta del «desequilibrio» financiero de las agencias de la Junta de Andalucía

Una auditoría alerta del «desequilibrio» financiero de las agencias de la Junta:
La Cámara de Cuentas desvela que no cumplen «de forma razonable» la conciliación de saldo
Sevilla.  11 de diciembre de 2018. 21:02h

El mismo día que arrancaron las negociaciones para formalizar un cambio de Gobierno histórico en la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización que pone el acento en la difícil situación financiera de las agencias públicas que dependen del Ejecutivo autonómico. Las críticas en torno a la administración paralela de la Junta constituyen un denominador común que une al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los informes avalan esa inquietud.

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la conciliación de saldos pendientes de cobro entre la Junta y la Agencia Andaluza del Conocimiento; la de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Agencia Andaluza de la Energía; la de Medio Ambiente y Agua; la de Obra Pública; la de Servicios Sociales y Dependencia; la de Vivienda y Rehabilitación; y la de Innovación y Desarrollo de Andalucía. En total, ocho entes públicos que cuentan con un importe pendiente de cobro de la Junta que asciende a 863,33 millones de euros, de los que 266,46 millones corresponden a deudas con más de dos años y 32,26 millones a deudas con más de cinco años. Con todo, el problema, según detalla el informe, es que existen «saldos no confirmados que deberían ser oportunamente depurados, de acuerdo con la normativa contable aplicable, bien por no haber sido confirmados por las consejerías u otros centros gestores (o, incluso, no remitidos para su confirmación por las respectivas agencias), bien por no estar soportados por el adecuado documento contable de reconocimiento de obligación o de compromiso de gasto».

En consecuencia, «los potenciales ajustes en los derechos pendientes de cobro» ascienden a 380 millones, el 44 por ciento de los derechos de cobro del conjunto de las agencias fiscalizadas.

A su vez, de esos 380 millones, 236 no han sido confirmados y 144 «no disponen de soporte presupuestario ni se considera que cumplen los requisitos que marca la instrucción quinta de la Instrucción».

La conclusión del ente fiscalizador es que «estos ajustes tendrían un efecto significativo sobre las cuentas rendidas por las respectivas agencias, y pondrían de manifiesto una situación financiera desequilibrada o bien el agravamiento de dicha situación en, al menos, tres de ellas» –la Agencia de Obra Pública, la de Servicios Sociales y Dependencia y la Agencia IDEA–.

«En general, las agencias fiscalizadas –con la excepción de la de la Energía– no están dando adecuado cumplimiento a la Norma de Valoración nº 19 del Plan General de Contabilidad aplicable a estas entidades (Resolución de 2 de octubre de 2009 de la IGJA), que requiere detallar las circunstancias que afectan a los derechos pendientes de cobro registrados. Además, no se cumplen los requisitos que se derivan de la instrucciones tercera, cuarta y quinta de la Instrucción 11/2015, de 10 de diciembre, de la IGJA. Todo ello, dificulta una adecuada y completa comprensión de las cuentas anuales en su conjunto», apuntan.

Como aspecto positivo, la Cámara de Cuentas recoge que tanto los importes de derechos pendientes de cobro como lo proporción de estos que carecen de soporte presupuestario «se han reducido respecto a ejercicios anteriores», ya que a la finalización de 2014 estos eran de 1.500 millones y 779 millones de euros respectivamente.

Entre las recomendaciones que hacen los auditores, piden a la Junta de Andalucía que se dote a las Agencias públicas Empresariales «de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades» para su «equilibrio» y que éstas sólo desarrollen «aquellas actividades que cuenten con financiación adecuada y suficiente».

Críticas a las auditorías privadas
El trabajo de la Cámara de Cuentas también esconde un reproche para las auditorías privadas que se han realizado a estos entes públicos. En concreto, el informe señala que «los informes de auditoría evacuados por profesionales independientes no han tenido en cuenta todos los preceptos que afectan a los derechos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía, a los efectos de expresar su opinión sobre las cuentas anuales: Plan General de Contabilidad aplicable a las Agencias públicas empresariales e Instrucción nº 11/2015 de la Intervención General. En consecuencia, se producen discrepancias significativas con los resultados del presente informe». Por ese motivo, pide a la Intervención General de la Junta de Andalucía «más rigor» en la comprobación del trabajo de estos auditores externos.

lunes, 10 de diciembre de 2018

laVanguardia.com: Carta remitida por Polygon al Comité de Auditoría y Control del Consejo de Administración de Realia

COMUNICADO: Carta remitida por Polygon al Comité de Auditoría y Control del Consejo de Administración de Realia (3):

Nos gustaría recordar a los miembros del Comité de Auditoría y Control que las cuentas anuales de Realia publicadas desde el año 2012 han servido como la información principal con base en la cual los accionistas de las compañía han tomado sus decisiones de compra o venta de acciones, incluyendo las tres ampliaciones de capital (en 2015, 2016 y la que está ahora en curso en 2018) además de las dos ofertas de adquisición de acciones (OPAs) lanzadas por Inversora Carso S.A. de C.V. (en 2015 y 2016). Como tal, las consecuencias de un potencial uso impropio del método ECO de valoración afectan a todos los accionistas.

En el comunicado de prensa de Realia de 3 de diciembre de 2018, la compañía afirma que "cabe señalar que fue en 2012 cuando se estableció en Realia la valoración ECO, decisión que fue ajena de la administración actual que comenzó en 2015". Incluso si fueron otro equipo gestor o consejeros quienes inicialmente tomaron una decisión inadecuada, esto no exoneraría a los presentes miembros del Comité de Auditoría y Control si el uso de un método de valoración es incorrecto. Los miembros actuales, en su puesto desde al menos el año 2015 (y dos de ellos ejerciendo como consejeros desde el año 2007), han tenido multitud de oportunidades de corregir este asunto. Asimismo, nos gustaría resaltar que la razón aducida por Realia en el año 2012 para justificar el cambio del método de valoración de sus actividades de promoción residencial de RICS a ECO (el "proceso de negociación para reestructurar la deuda de su negocio residencial con el sindicato de bancos acreedores") es, en todo caso, irrelevante tras la refinanciación de la deuda de Realia que ocurrió en el año 2016.

Esperamos recibir la respuesta razonada tanto del Comité de Auditoría y Control de Realia, como de EY, acerca de este tema, dentro de los próximos 7 días naturales. En ausencia de una respuesta completa y satisfactoria que aborde adecuadamente nuestras preocupaciones, nos reservamos el derecho a tomar cuantas acciones nos aconsejen adoptar. Estas acciones podrían incluir, sin carácter limitativo, la solicitud de una consulta o una investigación formal al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) acerca del uso del método ECO en el contexto de la preparación de estados financieros de acuerdo a los estándares NIIF como corresponde a una compañía cotizada en la Unión Europea, de acuerdo con los artículos 49 y 50 de la Ley 22/205, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Una copia de esta carta ha sido enviada a TINSA en vista de la opinión que expresan en su Working Paper al que nos referimos con anterioridad.

Le enviamos copia también a EY, en su capacidad de auditor externo de Realia.
Atentamente,

Polygon Global Partners LLP
Cc: TINSA
Mr. Francisco V. Fernández Romero, EY
Mr. Gerardo Kuri-Kaufmann
Mr. Juan Antonio Franco

[1] TINSA Research Working Paper "La valoración de inmuebles desde la perspectiva del Plan General Contable"(https://www.tinsa.es/servicio-de-estudios/otros-informes/la-valoracion-de-inmuebles-a-efectos-contables/)

sábado, 1 de diciembre de 2018

MACUAL: Regulación de la Auditoría, Informes de auditoría y Principio de Empresa en Funcionamiento (01.12.2018)


Auditoría, Transparencia y RSE: etiqueta "Limitación al alcance"
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/search/label/Limitaci%C3%B3n%20al%20alcance

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Cuentas Anuales 2016
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/2017/09/boees-csic-cuentas-anuales-2016.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/BOE-A-2017-10188.pdf

Auditoría, Transparencia y RSE: etiqueta "Incertidumbres"
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/search/label/Incertidumbres
  • elEconomista.es: Tubos Reunidos defiende su viabilidad pese a las incertidumbres destacadas por su auditor 
  • http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/2018/03/eleconomistaes-tubos-reunidos-defiende.html
Auditoría, Transparencia y RSE: etiqueta "Salvedades"
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/search/label/Salvedades

Auditoría, Transparencia y RSE: etiqueta "Énfasis"
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/search/label/%C3%89nfasis

Auditoría, Transparencia y RSE: etiqueta "Otras cuestiones"
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com/search/label/Otras%20cuestiones


martes, 27 de noviembre de 2018

Auditoría Pública: el Tribunal de Cuentas del Reino de España (27.11.2018)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS LE DA LA BIENVENIDA
Órgano responsable del control externo del sector público español:
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/

LA INSTITUCIÓN
La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/

Organigrama:
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organigrama/index.html

Resoluciones oficiales:
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/Documentos-Oficiales/

RÉGIMEN JURÍDICO
La Institución se encuentra regulada por la Constitución Española, por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, además de por diversas leyes específicas, como la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, entre otras.https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/regimen-juridico-y-economico/

Normas y manuales:
Las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y los Manuales que las desarrollan regulan, de acuerdo con la legislación vigente, las actuaciones y procedimientos en que se materializa la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, con arreglo a la organización y el funcionamiento de la Institución y teniendo en cuenta las normas internacionales y las buenas prácticas generalmente aceptadas.
Asimismo, las Normas ISSAI-ES constituyen una adaptación a la realidad española de determinadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de tercer y cuarto nivel, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/fiscalizacion/NormasManuales/index.html

Funciones de Fiscalización y Enjuiciamiento

  • La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.
  • El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/regimen-juridico-y-economico/funciones/

Sección de Enjuiciamiento
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/enjuiciamiento/seccion-de-enjuiciamiento/

Búsqueda avanzada:
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS

2018 - 16 - DEPARTAMENTO SEGUNDO - SENTENCIA - SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
SENTENCIA nº 16 del año 2018 dictada por el DEPARTAMENTO SEGUNDO
Procedimiento de reintegro por alcance nº B-215/17; Sector Público Autonómico; Generalidad de Cataluña; Cataluña
Fecha: 12/11/2018 Mostrar detalles Descargar

https://www.tcu.es/repositorio/a3f7ba44-a72c-490b-b73a-7ae902b6fdb6/SENTENCIA%2016_2018_2E.pdf

SENTENCIA NÚM. 16/2018

En Madrid, a doce de noviembre de dos mil dieciocho.

En el procedimiento de reintegro por alcance nº B-215/17, Sector Público Autonómico (Generalitat de Cataluña), Cataluña, en el que han presentado demanda las asociaciones “Abogados Catalanes por la Constitución” y “Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural”, representadas por el Procurador de los Tribunales D. LDT y defendidas por los letrados D. MZV y D. MME; el Abogado del Estado, en la representación procesal que del Estado ostenta; y el Ministerio Fiscal; siendo demandados D.ª IRO, quien ha actuado en el procedimiento representada por el Procurador de los Tribunales D. GdlVdlS y defendida por los letrados D. JCC y D.ª GLM; D. LBS, quien ha actuado representado por el Procurador de los Tribunales D. PSC y defendido por el Letrado D. LSL; D.ª TPiR, quien ha actuado representada por el Procurador de los Tribunales D. ABH y defendida por el letrado D. ORV; D. FHM, D. JDP, D. IGA Y D. JVR, quienes han actuado representados por el Procurador de los Tribunales D. ABH y defendidos por la letrada D.ª MRM; y D. AMG, D.ª JOiA y D.ª JVV, quienes han actuado representados por el Procurador de los Tribunales D. ABH y defendidos por el letrado D. REF; y de conformidad con los siguientes

(...)