miércoles, 24 de mayo de 2017

REA+REGA: Documento nº 10 RSC e II. Norma UNE 19601

Comunicación de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e Informes Integrados (II) 
Documento nº 10 RSC e II. Norma UNE 19601.pdf

Estimados compañeros, os informamos que ya tenéis disponible en la página web del REA+REGA la nueva Comunicación nº 10, de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSCe Informes Integrados (II) sobre la nueva Norma UNE: Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés,

Un saludo,

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC
e Informes Integrados (II
y Departamento Técnico 
REA+REGA (CGE)

viernes, 19 de mayo de 2017

Comeva.es: Estas son las consecuencias de no aprobar las cuentas anuales en plazo

Estas son consecuencias de no aprobar las cuentas anuales en plazo
La fecha límite para aprobar las cuentas anuales se acerca y queremos aprovechar para recordarte las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación mercantil.

El régimen sancionador de la Ley de Sociedades de Capital establece, en primera instancia, que el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar las cuentas dentro del plazo establecido, dará lugar al cierre del Registro Mercantil para la sociedad mientras el incumplimiento persista además de la imposición de una multa cuyo importe oscila entre de 1.200 a 60.000 euros.

Es importante saber que, aunque sea fuera de plazo, hay que presentar las cuentas lo antes posible,  ya que si se produce el depósito con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, la sanción se verá reducida en un 50%.

El cierre del Registro Mercantil impide a los terceros conocer la situación financiera de la sociedad, produciendo a efectos legales la presunción para los acreedores o terceros de la existencia de complicaciones económicas o de gestión de la sociedad, algo que no conviene en absoluto.

Dado que los administradores de una sociedad responden frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, es evidente que si no se presentan las cuentas en plazo se le podrían reclamar los daños y perjuicios causados.

A esta responsabilidad hay que sumar la responsabilidad por deudas, es decir, por no actuar cuando la situación económica de la sociedad es de insolvencia o incluso de concurso y no disolver o liquidar la sociedad o, en su caso, por no instar la declaración del concurso de acreedores, situación que se puede dar pero desconocerse al no haber formulado y presentado las cuentas anuales en los plazos marcados por la normativa. En este caso, aquellos administradores que no actúen diligentemente en el plazo de dos meses cuando se constate que en la sociedad concurre una causa legal de disolución, incurren en responsabilidad solidaria con su propio patrimonio por las deudas de la sociedad.

Como vemos, las consecuencias que pueden derivarse del retraso de este plazo son muy graves por lo que conviene contar con un profesional para llevar nuestras cuestiones mercantiles al día.

martes, 16 de mayo de 2017

Bolsamanía.com: Economía multa a KPMG con 2,4 millones por su auditoría a la CAM

Economía multa a KPMG con 2,4 millones por su auditoría a la CAM - Bolsamanía.com
También sanciona a PwC por su auditoría a Mercasevilla con 337.000 euros
  • "Se trata de una sanción por aspectos formales de procedimiento que no ponen en cuestión la fiabilidad de las cuentas"
  • Estas sanciones se suman a las que acaba de imponer el organismo de Economía a Deloitte
Bolsamanía - Europa Press | 16 may, 2017

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo supervisor de los auditores dependiente del Ministerio de Economía, ha multado a KPMG con 2,4 millones de euros por incumplir el principio de independencia en la auditoría de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el año 2010 y a PwC con 337.000 euros por infringir las normas de auditoría realizada a Mercasevilla de las cuentas de 2008, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de las sanciones.

Es el informe de auditoria previo a la nacionalización por parte del Banco de España en 2011, posteriormente fue adquirida al Banco Sabadell por un euro.

Fuentes oficiales de KPMG han señalado a Europa Press que "se trata de una sanción administrativa por aspectos formales de procedimiento que no ponen en cuestión la fiabilidad de las cuentas", por lo que la firma ha decidido interponer recurso contra la misma ante los tribunales ordinarios.

"Dado que el supervisor no ha tenido en consideración las pruebas facilitadas que demuestran que no existía falta de independencia, hemos recurrido a las instancias judiciales, donde estamos convencidos de que se constatará que nuestro trabajo se realizó de forma adecuada", han señalado al respecto.

Por su parte fuentes de PwC consultadas por Europa Press han manifestado que presentaron recurso contra la multa, que se hizo firme a finales del pasado ejercicio, y tras perder el recurso decidieron abonarla.

Estas sanciones se suman a las que acaba de imponer el organismo de Economía a Deloitte por importe de un millón de euros por su auditoría de las cuentas de 2011 de Banco Santander y a PwC por su trabajo de auditoría en IBM de 2011.

Hasta la fecha, la sanción más elevada impuesta por el ICAC ha sido a Deloitte por la auditoría de Bankia, por 12 millones de euros, que finalmente se rebajó a diez millones. Se trata de actuaciones resultantes desde que en el año 2013 el Ministerio de Economía ordenara al ICAC revisar las auditorías de todas las entidades nacionalizadas.

lunes, 15 de mayo de 2017

BOE.es: Resolución ICAC publicando la sanción a Deloitte por la auditoría de Banco de Santander (2011)

Disposición 5386 del BOE núm. 115 de 2017 - BOE-A-2017-5386.pdf

Resolución de 21 de abril de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y a su socia auditora doña Carmen Barrasa Ruiz.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad a las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, S.L., y a su socia auditora doña Carmen Barrasa Ruiz mediante Resolución de 8 de julio de 2015.

(...) Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, S.L., y a su socia auditora doña Carmen Barrasa Ruiz responsables de la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 34.i texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el «incumplimiento de lo establecido en el artículo 12.1, en relación con las medidas de salvaguarda aplicadas, cuando éstas sean insuficientes o no se hayan establecido» por cada una de las auditorías realizadas sobre las cuentas anuales consolidadas del Grupo «Banco Santander, S.A., y sociedades dependientes», y las individuales de la entidad «Banco Santander, S.A.», correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, que concluyeron con sendos informes emitidos con fecha de 27 de febrero de 2012.

BOE.es: Resolución ICAC publicando la sanción a PwC por la auditoría de IBM (2011)

Disposición 5386 del BOE núm. 115 de 2017 - BOE-A-2017-5386.pdf

Resolución de 21 de abril de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, SL, y a su socio auditor don Alan D’Silva Picardo.

Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., y a su socio auditor don Alan D’Silva Picardo mediante Resolución de 16 de junio de 2015.

(...) Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhousecoopers Auditores, S.L., y a su socio auditor don Alan D ́Silva Picardo, responsables de la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 34.b) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, al haber incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la sociedad «International Business Machines, S.A.» (IBM, S.A.)

jueves, 11 de mayo de 2017

teInteresa.es: ¿Por qué el juez libra a MAFO y los auditores del desastre de Bankia?

¿Por qué el juez libra a MAFO y los auditores del desastre de Bankia?
11/05/2017 - VERÓNICA GARCÍA

El famoso folleto de Bankia, la única información que recibieron los accionistas en la salida a Bolsa y de la que después se supo que los datos estaban falseados, lo avaló Deloitte. Las cuentas anuales para el toque de campana del que fuera el mayor banco de crédito de España no mostraban “la imagen fiel de la entidad” y también fueron avaladas. Esta vez por el Banco de España, con Miguel Ángel Fernádez Ordoñez, MAFO, al frente.

Son las conclusiones del juez Fernando Andreu, que ha dado por terminada la investigación por el caso Bankia y pide que se abra juicio oral en el plazo de un mes. 34 personas físicas y jurídicas como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA) el ex presidente Rodrigo Rato o el ex consejero delegado, Francisco Verdú, han sido procesados. Entonces, ¿por qué se exime de responsabilidad tanto a Deloitte como a MAFO y el Banco de España? Estas son las explicaciones del juez.

Si el Banco de España lo hizo mal, no es lo que se investiga

El Banco de España, en su papel de supervisor, fue el encargado de dar luz verde a la salida a Bolsa. El juez considera acreditado que esta decisión derivó en la posterior quiebra de Bankia y su nacionalización.

En unos correos electrónicos, el ya famoso inspector José Antonio Casaus advertía contundentemente y en mayúsculas de la inviabilidad de Bankia y del perjuicio que supondría para las arcas públicas. Sin embargo, el juez considera que estos correos eran una opinión y que la decisión se tomó por los organismos del Banco de España adecuados.

Una decisión “perfectamente legítima y que no por lo errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación penal”, dice el auto. Es decir, no hay evidencia de fraude ni de que los inspectores del Banco de España o MAFO hubieran cometido ningún ilícito penal o intención de delinquir. Tomaron una decisión que pudo ser negligente, pero no fraudulenta. Por eso aún pueden ser condenados civilmente, pero no por la vía penal.

Andreu lo tiene claro, “en este procedimiento, no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España D. José Antonio Casaus, errónea”.

Deloitte no, sus socios sí

En el caso de la auditora Deloitte, explica el juez en el auto al que ha tenido acceso Teinteresa.es, ésta no tiene ningún tipo de responsabilidad penal por las actuaciones de sus socios.

Debe tenerse en cuenta, expone Andreu, que Deoitte “se rige por los principios de absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su trabajo de auditoría, autonomía e independencia”. Por eso, es el socio de la auditora Francisco Celma, el responsable de firmar el informe de auditoría, sobre quien recae la responsabilidad. Además, para eximir su responsabilidad penal, Deloitte aportó un Manual de Compliance, asegurando que “cumple con las herramientas y protocolos adecuados”, para exigir a sus socios que no cometan ilícitos.

Eso sí, Deloitte también continuará en la causa como responsable civil, por lo que se expone a una multa, pero sin implicaciones penales.

La CNMV no redactó el folleto

Algo similar ocurre con el tercer pie de la tríada supervisora. La CNMV también avaló las cuentas del banco y el folleto en el que se basa la acusación de fraude a los inversores fue registrado en la comisión.

“Causa cierto estupor”, dice el juez Andreu, “que a una entidad de reciente creación, sin cuentas consolidadas de ejercicios anteriores, se le permitiera salir a bolsa, pero lo cierto es que en este caso la CNMV lo autorizó”. Ese estupor, sin embargo, no es suficiente para considerar que hubiese un delito en la decisión.

Al contrario, el juez instructor cree que los administradores de Bankia actuaron “de mala fe” y comunicaron a la CNMV unas cuentas anuales en las que aseguraban que la salida a bolsa había sido “exitosa” y disponían de una “robusta solvencia”.

Les engañaron, sí, pero en realidad la labor de la CNMV, según el auto, no es verificar las cuentas, sino “comprobar que la información remitida cumple con la normativa aplicable”. Una función meramente procedimental.

No existe el más mínimo indicio de que los mismos (CNMV y Banco de España) tuvieran intervención alguna en la comisión de los delitos investigados, al no haberse acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, haber tenido participación alguna en la formulación y aprobación de las cuentas”, zanja el juez.

Las acusaciones particulares, el 15M PaRato y la Confederación Intersindical de Crédito, tienen un mes para decidir si piden ir a juicio después de cinco años o rechazan las conclusiones del juez y le piden que continúe investigando.

En este tiempo han comparecido ante Andreu 48 personas imputadas, ahora investigadas, se ha llamado a declarar a 40 testigos, se ha solicitado información bancaria a más de 30 entidades y empresas y 44 acusaciones particulares y populares se han personado.

Un 'macrocaso' que está llegando a su fase final: el momento en el que los grandes banqueros y directivos de Bankia se sentarán en el banquillo.

miércoles, 10 de mayo de 2017

20Minutos.es: El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Plan de Auditoría para controlar sociedades mixtas, fundaciones y otras entidades

EUROPA PRESS. 10.05.2017

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno el Plan de Auditorias para 2017 de las entidades dependientes del propio Consistorio las cuales no estén aún sometidas a control y fiscalización previos, como serían las sociedades mixtas y algunas fundaciones.

Según ha explicado el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, el Plan se ha aprobado a propuesta del interventor municipal y alude tanto al de materia económico-financiera como al cumplimiento de objetivos, que resulta "más novedoso".

Así, se informará del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como del grado de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos; se comprobará la gestión económico-financiera; así como la transparencia del Sector Público Municipal así como a la auditoría de cumplimiento cuyo fin es verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación.

El edil socialista ha explicado que las auditorías se realizarán en entidades que hasta ahora no tenían un control económico financiero, como entiende que serían las sociedades municipales mixtas, fundaciones y otras entidades como la Feria de Valladolid, la Asociación Ibérica de Municipios o el Patronato de la Casa de la India.

La Intervención participará, según ha apuntado Gato, en la elaboración de pliegos para contratar empresas externas, que serán las que se encarguen de las auditorías, que se realizarán sobre la anualidad de 2017, por lo que no se llevarán a cabo hasta que concluya el ejercicio, ya en 2018.

El objetivo es "que no se escape nada" y que se auditen aspectos específicos, como el control de la contratación pública, personal, presupuestos, y otras cuestiones que, como ha reconocido Antonio Gato, "ahora mismo no son objeto de control económico financiero".

De hecho, ha recordado que sólo están sometidos a fiscalización "plena" el propio Ayuntamiento, los organismos autónomos Fundación Municipal de Deportes y de Cultura, la Seminci y las sociedades VIVA y Auvasa, mientras que el resto "quedaba prácticamente sin control de intervención".
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