martes, 4 de septiembre de 2018

Fundaciones.org: Infografía del sector fundacional


CYAN_AEF_fundaciones_v6 - InfografIasectorfundacional.pdf

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) dispone de una infografía sobre el sector fundacional español con información de sus principales atributos, de sus aportaciones al desarrollo socio-económico de España y del perfil del donante.

De acuerdo con los datos del departamento de investigación de la Asociación INAEF (Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones), el sector fundacional español:
  • Está constituido por 8.866 fundaciones activas.
  • El 46% está agrupado en Madrid y Cataluña.
  • Emplea a 240.000 trabajadores, que supone el 1,7% del total en España.
  • Su actividad genera el 0,8% del PIB español.
  • Dedica 8.000 millones de euros a proyectos de interés general.
  • Atiende a 35,62 millones de personas (beneficiarios).
  • El origen de los recursos es mayoritariamente privado. Más de un 80% procede de los legados, donaciones privadas y actividades de tipo económico, mientras que tan solo un 15% proviene de las administraciones públicas.
Descárgate y comparte la infografía del sector fundacional. Su difusión nos ayudará a mejorar el conocimiento y reconocimiento de la labor que realizan las fundaciones españolas.

Estudios del sector fundacional.

lunes, 3 de septiembre de 2018

UAL.es: II Edición del Curso de Experto sobre Formación para la Inclusión Laboral y la mejora de Competencias Socio-Laborales: CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2018/19

II Edición del Curso de Experto sobre Formación para la Inclusión Laboral y la mejora de Competencias Socio-Laborales: CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2018/19 - Universidad de Almería
Delegación del Rector para la Diversidad Funcional  - Universidad de Almería

"Cualificacion Profesional para el Empleo" es un Proyecto dentro de la modalidad de formación continua, que toma la forma de un curso propio de Experto impartido por la Universidad de Almería (UAL) y que está dirigido a personas con Discapacidad Intelectual.
Por segundo año consecutivo, se pretende implementar una modalidad formativa universitaria que favorezca la inclusión laboral y/o mejora de las competencias socio-laborales a través de tres ejes de desarrollo en personas con discapacidad intelectual. 
Este proyecto esta cofinanciado por el Fondo Social Europeo en la convocatoria para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigido a jóvenes universitarios con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Este, a su vez, delega sus funciones en la Fundación ONCE, cuya misión es la inclusión social mediante la formación y el empleo de personas con discapacidad. 
Información: 
- Modalidad: presencial
- Ubicación: Universidad de Almería
- Duración: octubre de 2018 a junio de 2019
- Horario: 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
- Plazas: 15
- Precio: gratuito 
Se dotará de un certificado expedido por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería al finalizar la formación.  
Requisitos: 
Las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos para optar a la realización del curso:
- Tener una edad comprendida entre los 18 y 30 años.
- Tener reconocida oficialmente por el Organismos competente de su Comunidad Autónoma una Discapacidad Intelectual igual o superior al 33%.
- Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, previo al inicio del curso. La inscripción o renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo implica la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si se cumplen los requisitos del mismo.
- Tener habilidades académicas básicas en lectura, escritura y cálculo.
- No tener problemas de salud mental graves.
- Tener autonomía para desplazarse hasta la universidad.
- Manifestar deseo de formarse y una conducta social ajustada. 
Estructura del Curso: 
El curso de “Cualificación Profesional para el Empleo” se basa en tres ejes que encuadran los módulos formativos:
- Social y emocional (8 créditos): Desarrollo de habilidades sociales, emocionales y valores; Comunicación y aprendizajes funcionales; y Aprendizajes funcionales y su aplicación.
- Conocimiento personal (8 créditos): Calidad de vida y autodeterminación; Competencias básicas del empleo en el uso de las TIC; y hábitos de vida saludable.
- Desarrollo laboral (14 créditos): Habilidades laborales, currículo, estrategias y búsqueda de empleo; Orientación y competencias laborales; Compromisos socio-laborales; Nociones básicas de empleo. 
Prácticas en empresas con una duración de 100 horas.  
Plazos: 
El plazo de recepción de solicitudes será desde el 28 de julio de 2018 al 21 de septiembre de 2018
La entrevista de selección se realizará desde el 24 hasta el 28 de septiembre de 2018. Una vez cerrado el plazo de preinscripción se enviará un correo fijando día, hora y lugar de la entrevista. 
De estar interesado/a deben enviar la siguiente documentación a diversidad@ual.es en las fechas indicadas: 
-    Fotocopia del DNI.
-    Certificado de discapacidad donde indique el grado y el tipo.
-    Datos de contacto
ENLACE A LA NOTICIA

Reciban un cordial saludo,

Unidad de Atención a la Diversidad Funcional (UADIF)

sábado, 1 de septiembre de 2018

CincoDías.com: Los escándalos de auditoría más sonados del siglo XXI

Los escándalos de auditoría más sonados del siglo XXI | Compañías | Cinco Días
  • Las auditoras con infracciones graves se enfrentan a multas millonarias
  • La ley obliga a rotar de auditor cada 10 años
1 SEP 2018 - 17:25 CEST

Algunas incidencias en la supervisión de la contabilidad de las empresas han puesto en jaque a la figura de los auditores de cuentas. Pero, ¿quién controla a estos? La Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas fija procedimientos para frenar posibles fraudes administrativos y obliga a todas las compañías a cambiar de auditor cada diez años. Hasta que la rotación no fue obligatoria, las compañías podían revisar sus cuentas con el mismo profesional todo el tiempo que requisieran.

Según el tipo de infracción, la comisión de infracciones, integrada en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), impone al infractor sanciones que van desde la baja temporal o definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) hasta multas económicas. Si la sociedad comete una falta muy grave, el importe será de entre el 3% y el 6% de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio declarado ante el ICAC, con anterioridad a la imposición de la sanción, sin que esta pueda ser inferior a 24.000 euros.

Como mencionan fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), “es importante la formación continua.” El Instituto cuenta con programas de formación repartidos en 17 delegaciones territoriales. “Cada vez que se publica o se hace oficial un nuevo reglamento, estamos obligados a dar formación, tanto del auditoría (sic) como de consultoría”, añaden desde el instituto.
La legislación imperante no ha impedido casos sonados de irregularidades contables:

Gescartera y Deloitte
En el año 2000, saltó a la palestra el caso Gescartera y Deloitte y Touche por un error en las cuentas de la compañía. El Tribunal Supremo confirmó en 2008 dos multas, impuestas por el ICAC, por 1,32 millones de euros. La primera corresponde a una sanción de 685.432,78 euros, por la auditoría del año 1999 y, la segunda, de 632.707,18 euros, por la del 2000.

CAM y KPMG
En 2010, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) presentó unos beneficios de 201 millones de euros. Los resultados de las pruebas de solvencia, los test de estrés a los que se sometió la banca europea, sacaron a la luz que la CAM tenía unas pérdidas sin declarar en su balance por valor de 4.587 millones de euros. Una revisión de cuentas que había realizado previamente KPMG, la cual afirmó que no se le habían facilitado todos los datos por parte de la caja de ahorros. El ICAC sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. El exministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó la multa en 2017.

Bankia y Deloitte
Los peritos del Banco de España concluyeron en 2017 que BFA -participado por Bankia- tampoco formuló bien sus cuentas y debió realizar ajustes por 6.869 millones de euros, con lo que se anotó pérdidas de 4.570 millones de euros, frente a los 30 millones declarados. Se descubrió que el grupo realmente perdió 1.830 millones de euros frente a los 252,87 millones de beneficio que Bankia declaró antes de la marcha de Rodrigo Rato.

Pescanova y BDO
Durante diez años, BDO nunca puso en duda las cuentas de Pescanova. En el informe de 2012, la auditora concretó la deuda que la compañía había acumulado en 1.483 millones de euros, cuando la cuantía real alcanzaba los 2.700 millones. Tras una querella impuesta por uno de los accionistas de Pescanova, el fondo de inversión Cartesian, el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información financiera.

Gowex y EY
Entre 2009 y 2013, la compañía wifi falseó el 99% del contenido de sus cuentas y se revalorizó en el Mercado Alternativo Bursátil un 2.700%. Los imputados se enfrentan a penas de prisión y fianzas por multas y de responsabilidad social superiores a 790 millones de euros. El expresidente del grupo, Manuel Fernández Sousa, se enfrenta a 31 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desimputó al auditor y exsocio de EY, Francisco Gónzález Carrera.

Aena y PWC
El organismo regulador de la práctica auditora impuso el pasado mes de marzo tres sanciones muy graves a PWC, por 10,49 millones de euros. Estas obedecen al incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. Aunque la sanción se publicó en el BOE en 2018, la resolución data de 2016.

martes, 31 de julio de 2018

CincoDías.com: ¿Hay competencia en el sector de la auditoría en España?, por Carlos Puig

¿Hay competencia en el sector de la auditoría en España? | Compañías | Cinco Días
El 68% de la facturación se concentra en siete firmas, lo que implica riesgos sistémicos.
31 JUL 2018 - 08:12 CEST

Recientemente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado el documento anual sobre “la Situación de la Auditoría en España- 2017”, informe que recoge los datos remitidos al ICAC por los auditores y las sociedades de auditoría correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

Aprovechando la publicación de estos datos conviene hacer una serie de reflexiones en relación a la situación del mercado de auditoría de cuentas en España. En primer lugar, este documento solo incluye aquellos trabajos que realizan los auditores sujetos a la Ley de Auditoría de Cuentas, por lo que no reflejan la totalidad de la actividad desarrollada por el sector.

En segundo lugar, de los datos del ICAC, debemos destacar que en España hay 20.997 auditores individuales, de los cuales no llegan a 5.000 los que ejercen la actividad, ya sea como auditores ejercientes (4.016), o prestando sus servicios para otros auditores (955). Por otro lado hay 1.394 sociedades de auditoría, de las cuales 1.379 se hayan adscritas a alguna de las dos Corporaciones de auditores existentes, y de éstas sólo 1.200 sociedades han tenido facturación durante este último período.

La facturación del sector en los trabajos de auditoría regulados por la LAC en este último período ha alcanzado la cifra de 663.272.307 euros, por lo que podemos afirmar que la actividad del sector permanece más o menos estable ya que ha logrado un pequeño crecimiento que no alcanza los 12 millones, lo que representa un incremento de solo el 1,7%. Como se puede desprender de este dato, España no tiene un gran mercado en lo que se refiere a trabajos de auditoría regulados, y esto se debe a que somos un país eminentemente de pymes en el que solo un porcentaje muy pequeño del total de compañías españolas está sujeto a auditorías obligatorias. En este último período del 2017, se han realizado 60.556 trabajos de auditoría, de los cuales 8.270, un 14%, corresponden a informes emitidos a entidades grandes; 21.066, un 35%, corresponden a entidades medianas, y un 51 %, esto es 31.230 informes, son informes emitidos a entidades pequeñas, datos que por sí solos, reflejan el tejido industrial y económico español.

Otro dato muy importante a destacar, y que también se mantiene inalterable, es que aproximadamente el 95% de la facturación del sector se efectúa a través de sociedades de auditoría; y este año, al igual que en los últimos años, su facturación se ha incrementado un 2% respecto al año anterior, mientras que ha disminuido la facturación de los auditores individuales. Por lo tanto, podemos afirmar que de seguir así esta tendencia, llegaremos a un punto en el que el sector estará acaparado por sociedades de auditoría, y con ello el auditor individual tendrá un papel de menor relevancia.

Para tener un mayor conocimiento de lo que es y representa la actividad de auditoría en España, hay que destacar que en el sector trabajan 16.093 profesionales de los cuales 14.294 lo hacen en sociedades de auditoría y 1.799 para auditores individuales. Por tanto el 88%; es decir casi un 90% del empleo se concentra en sociedades.

Por otro lado, y como viene siendo también una constante en el sector, es un hecho que los honorarios de auditoría no son acordes con el nivel de preparación y conocimientos de los profesionales que trabajan, ni con los niveles de calidad y responsabilidad que se exigen para el desarrollo de la actividad de auditoría. Con respecto a este dato la información publicada por el ICAC muestra que en este período el precio/hora promedio se ha situado en 65,42 euros, lo que supone un descenso con respecto al año anterior (66,26 euros) de un 1,3%, y evidencia además que nos encontramos muy por debajo de los honorarios de otros países de nuestro entorno.

En otro orden de cosas, habría que insistir en el gran problema, que bajo mi punto de vista, es una de las grandes lacras de nuestra actividad, como es la enorme concentración que se da en la misma. Así de los datos publicados por el ICAC se aprecia que el 68% de la facturación total del sector se concentra en siete compañías, otro 10% lo hace en aproximadamente unas 60 compañías más, mientras que las 1.133 compañías restantes solamente tiene una cuota de mercado del 22%. Con estos números, parece que la competencia, factor fundamental en el desarrollo del cualquier sector, en el mantenimiento de la calidad y en el desarrollo de la innovación, está en peligro debido a que un grupo muy reducido de sociedades se reparten el mercado.

Un mercado tan altamente concentrado como el español, no puede gozar de las ventajas anteriormente mencionadas, y además, aporta una serie de riesgos sistémicos que pone en jaque tanto su desarrollo futuro como su estabilidad. Deberíamos analizar esta situación y realizar de forma rigurosa y responsable las acciones pertinentes para reducir sus efectos. Fruto de esta concentración, es que en España, a pesar de ser un país eminentemente de pymes, los pequeños y medianos auditores no tienen un papel relevante, a pesar de que se encuentran en mejores condiciones para prestar servicios a las mismas pymes, que las grandes firmas. Así solamente el 16% del total de los trabajos, es decir 9.802 auditorías, corresponden a entidades con una cifra de negocio superior a 30 millones de euros. Las entidades auditadas con cifra de negocio menor a 6 millones de euros representan un 38% del total. Con estos datos encima de la mesa, parece evidente que los pequeños y medianos auditores deberían liderar el mercado, y sin embargo este hecho no se da.

Carlos Puig de Travy es Presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas

viernes, 13 de julio de 2018

Jornada conmemorativa del 30º Aniversario de la Ley de Auditoría de Cuentas (Madrid, 12 de julio de 2018)

Jornada REA conmemorativa del 30 Aniversario de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas (Madrid, 12 de julio de 2018)


Con motivo del 30 aniversario de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores (REA), principal organización de auditores de España, celebró ayer, 12 de julio de 2018, un acto en el que participaron los seis expresidentes y el actual presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), quienes analizaron el camino recorrido en el campo de la auditoría de cuentas en estos últimos 30 años y los objetivos concretos para seguir avanzando en la transparencia y el aumento de la calidad de la información económico-financiera.


En la inauguración de la jornada participaron Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas de España y presidente de Honor del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) y Juan Carlos De Margarida, Secretario del Consejo General de Economistas de España.

Valentín Pich en su intervención hizo referencia a que, "durante estos últimos treinta años, las empresas españolas han apostado cada vez más por la transparencia de sus cuentas, prueba de ello es que, en la actualidad, de los más de 60.000 informes de auditoría que se emiten al año, casi el 30% son voluntarios”. “La claridad y fiabilidad de la información financiera aumenta la confianza de los inversores y resulta clave para lograr un buen rating que permita obtener financiación”.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.
 
Por su parte, Carlos Puig, presidente del REA, reconoció los avances en cuanto a la mejora de la calidad de la información financiera durante estos años, si bien alertó sobre el problema que supone la actual concentración del mercado: “la actual situación del sector, en el que cuatro compañías concentran el 63% de la facturación, no favorece la competencia, repercute negativamente en la calidad y dificulta la libre elección de auditor”, “es necesario luchar contra esta situación de desequilibrio, que es un caso único que no se da en otros colectivos, como el de los abogados en el que sus cinco primeras grandes firmas no alcanzan ni el 20% de la facturación del sector”.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.

El presidente del REA analizó los datos recogidos en una comparativa sobre la situación de la auditoría en España entre 1990 (primer año del que existen datos oficiales del sector) y 2107, realizada por el Servicio de Estudios del REA, destacando que el número de auditorías voluntarias aumentó un 392% entre 1990 y 2017 (de 3.490 a 17.183), dato este especialmente relevante si tenemos en cuenta que el número de empresas en España apenas se ha duplicado en esos casi 30 años (poco más de un millón y medio de empresas en 1990 y cerca de tres millones trescientas mil en 2017). Reivindicó la figura de las pequeñas y medianas firmas de auditores, quienes, en el actual contexto, se encuentran en una situación desfavorecida. Según Puig de Travy, “un tema que en la actualidad está sobre el tapete es cómo pueden simplificarse las normas de auditoría para encargos de empresas de pequeño tamaño o poco complejas, a los efectos de evitar trabajos innecesarios que no dan eficacia a la auditoría y que recargan sus costes con el correspondiente prejuicio tanto para las pymes como para los propios auditores de estas entidades”.



De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Juan Carlos de Margarida, Carlos Puig, Valentín Pich, Lorenzo Lara y Enrique Rubio.

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda "Principales Hitos - El papel de los Profesionales - Retos", moderada por Ramón Madrid y Eladio Acevedo, vicepresidentes del REA y en la que participaron por orden de antigüedad en el cargo, Ricardo Bolufer Nieto (primer presidente del ICAC: octubre de 1988 a septiembre de 1996); Antonio Gómez Ciria (septiembre de 1996 - octubre de 2000); José Luis López Combarros (octubre de 2000 - mayo de 2004); José Ramón González García (mayo de 2004 – junio 2009); José Antonio Gonzalo Angulo (junio 2009 – febrero 2012); Ana María Martínez-Pina (febrero 2012 – noviembre 2016) y Enrique Rubio Herrera (noviembre 2016-actualidad). Todos ellos respondieron a tres cuestiones: ¿Cómo estábamos en el 88 y cómo estamos ahora en materia de información económico-financiera?; el papel de los profesionales del sector en estos años, y retos en pos de la transparencia y la calidad de la información económico-financiera.


De izquierda a derecha: Ricardo Bolufer, Antonio Gómez Ciria, José Luis López Combarros, José Ramón González García, José Antonio Gonzalo Angulo, Ana María Martínez Pina y Enrique Rubio.

Todos los presidentes coincidieron en destacar los importantes avances en materia de transparencia y el aumento de la calidad, la comparabilidad y la fiabilidad de la información económico-financiera en nuestro país. Así mismo, también valoraron de manera unánime la profesionalización del sector y el aumento de la calidad de los trabajos realizados, así como su capacidad de adaptación a los cambios legislativos y a las demandas realizadas por los usuarios de la información. En cuanto a los retos del sector, señalaron, entre otros, los siguientes: la necesidad de mantener la obligación de auditar en los niveles de tamaño actual –en cuanto que la rebaja de estos niveles supondría una importante pérdida de calidad de la información–; la colaboración público-privada para la mejora de la transparencia de la información de las administraciones públicas; avanzar en materia de buen gobierno corporativo e información no financiera, y adaptarse al desafío tecnológico.


De izquierda a derecha: Francisco Gracia, Carlos Puig, Ricardo Bolufer, José Antonio Gonzalo Angulo, Antonio Gómez Ciria, Ana Mª Martínez Pina, Valentín Pich, José Ramón González, José Luis López Combarros, Enrique Rubio, Ramón Madrid, Lorenzo Lara y Eladio Acevedo.

El acto contó también con la asistencia, entre otras personalidades, de Jesús Betrián y José Luis Díez García, expresidentes del REA, Gerardo Ortega, expresidente del REA y expresidente del Consejo General de Economistas, Fernando González-Moya, expresidente del Consejo General de Economistas, Francisco Gracia, presidente de Economistas Contable (EC) del CGE y Salvador Marín, presidente de COFIDES.

Dispones de toda la información relacionada con este acto en el siguiente enlace y, además, acompañamos el dossier de prensa de la jornada:


Ver la noticia en otros enlaces:    Finanzas.com    El Confidencial    El Comercio    El Diario Vasco    Hoy Extremadura    La Rioja

jueves, 12 de julio de 2018

EconomíaDigital.es: Los Carulla hacen oídos sordos a PwC: ocultan sus sueldos en GB Foods

Los Carulla hacen oídos sordos a PwC: ocultan sus sueldos en GB Foods:
Los dueños de GB Foods ocultan en sus cuentas los sueldos de los directivos de la compañía. Es el tercer año que omiten la información.
Barcelona, 12 de julio de 2018 (13:17 CET)

A la familia Carulla parece no importarle demasiado la opinión de sus auditores, pues año tras año hace oídos sordos a las advertencias de falta de información hechas por PwC. El dato escondido, los salarios de la alta dirección de GB Foods; la empresa que comercializa Gallina Blanca, Avecrem y Yatekomo.

En las cuentas de 2017 de la compañía, el auditor advierte de la opacidad de la saga catalana, también accionista del diario Ara y propietaria de Affinity Petcare. “Las cuentas no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de todo tipo, como pensiones y seguros de vida, relativos al personal de alta dirección”, alertan.

La omisión no es baladí, pues violenta la ley de sociedades de capital y el plan general de contabilidad español. Y es el tercer año que lo hace: los informes ya detectaron lagunas en el ejercicio 2015. Los ejecutivos volvieron hacer caso omiso al aviso.
"GB formula las cuentas según la legislación vigente", defienden los Carulla
El grupo, sin embargo, aseguró a Economía Digital “haber formulado las cuentas según la legislación vigente”. Declinó, a preguntas de este medio, compartir la información ocultada a los auditores.

¿Qué se esconde bajo la categoría de 'alta dirección'? La normativa internacional de contabilidad define como personal de alta dirección a “aquellas personas que tienen autoridad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, incluyendo cualquier miembro del consejo de administración, sea o no ejecutivo”.

De este modo, la empresa debería haber declarado, al menos, la remuneración percibida por Artur Carulla, presidente de la empresa; Ignasi Ricou, consejero delegado; Joan Cornudella, consejero y director ejecutivo del hólding familiar Agrolimen; Luis Muntadas, consejero y director de estrategia y finanzas de Agrolimen; y Manel Gálvez, también consejero.

¿Quiénes son los Carulla?
En 2017, GB Foods obtuvo unos beneficios de 38,7 millones de euros frente a los 27,9 del año anterior; el 38,8% más. Las ventas también se dispararon desde los 540,2 millones hasta los 730,9 millones; el 35,2% más. No obstante, el negocio alimenario es sólo una rama entre sus intereses. El principal motor del grupo es Affinity Petcare, productora de comida para mascotas.

A través de la Fundación Carulla son accionistas del periódico Ara, uno de los principales altavoces del independentismo catalán. En 2016 tuvieron que salir al rescate de la empresa editora del medio de comunicación, Edicions de Premsa Periódica Ara. En concreto, concedió al rotativo un préstamo de 500.000 euros mientras que la firma Acta Diurna --propiedad de la familia Rodés-- prestó otros 250.000 euros.

martes, 19 de junio de 2018

laOpinióndeMurcia.es: Los accionistas todavía no han tenido acceso a las cuentas a tres días de la junta

Los accionistas todavía no han tenido acceso a las cuentas a tres días de la junta - La Opinión de Murcia
El Real Murcia celebrará el jueves la cita suspendida en mayo al estar la auditoría inacabada y en la que se someterá a aprobación el balance económico del ejercico 16-17
19.06.2018 | 04:00

La aprobación de las cuentas del Real Murcia correspondientes al ejercicio 2016-2017 se ha convertido en la asignatura pendiente que la entidad murcianista lleva arrastrando desde el pasado mes de diciembre, cuando se debería haber convocado la obligatoria junta ordinaria de accionistas, una cita que, pasándose por alto los estatutos, Raúl Moro se saltó. Posteriormente, en la asamblea del 11 de abril, Víctor Gálvez, que votaba en nombre del extremeño, decidió no aprobar el balance económico al considerar que había cosas extrañas. La segunda oportunidad para dar el visto bueno a los datos económicos estaba fijado en mayo, concretamente en la junta del día 19 convocada a petición de los Accionistas Minoritarios. Como la auditoría no estaba acabada, los responsables del club pidieron que se suspendiera esa reunión, fijándose finalmente este jueves.

A tres días de que los accionistas se sienten frente al consejo de administración, en esta ocasión presidido por Víctor Gálvez, las dudas son múltiples, ya que de nuevo nadie sabe quién actuará como propietario del paquete accionarial mayoritario de la entidad. Serán Enrique López y Stefan Settels, representantes de la Asociación de Accionistas Minoritarios y que actuarán como presidente y secretario de la cita, los encargados de decidir si hay quorum suficiente para que se celebre la reunión. En caso afirmativo, la junta someterá a aprobación el balance económico, tal y como se establece en el orden del día.


Aunque desde el club se ha afirmado que la auditoría encargada por Víctor Gálvez ya está acabada, los responsables de la Asociación de Accionistas Minoritarios todavía no han recibido la documentación necesaria para estudiarla antes de decidir si votan a favor o en contra de las cuentas. Así lo explicaba ayer en los micrófonos de Onda Regional Nacho Martínez Abarca, integrante de la AAMRM y que actuará como cabeza visible de la asociación ante la ausencia de Pablo Baeza por motivos personales. «Solicitamos por escrito que se nos enviase toda la documentación, pero a día de hoy -ayer para el lector- no hemos recibido nada», indicaba en unas declaraciones realizadas a mediodía de ayer.


El Real Murcia está obligado a facilitar toda esa información a aquellos accionistas que reúnan el capital necesario para poder asistir a la junta. Así lo establece la Ley de Sociedades de Capital, como queda claro en la convocatoria de la asamblea colgada en la web oficial de la entidad grana: «Haciéndose constar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 L.S.C. que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».